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Constitucional

Constitucionalidad del art. 1.2 del RD 424/2017: inexistente invasión de competencias locales en materia de control financiero

EDJ 2018/515730El TC desestima el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de Canarias contra el art. 1.2 del RD 424/2017, de 28 de abril (EDL 2017/55218), por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.Denunciaba el gobierno autonómico recurrente que el precepto controvertido infringía el reparto competencial que resulta del bloque de la constitucionalidad, al obviar las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local que ostentaba la Comunidad Autónoma en virtud del art. 32.4 de su Estatuto de Autonomía (art. 149.1.18ª CE, EDL 1978/3879); competencias que, por otro lado, fueron objeto de desarrollo por la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias (EDL 2015/40519).Alegaba igualmente el Gobierno impugnante, que el Estado, al ejercer sus competencias en materia de «Hacienda general» (art. 149.1.14ª CE), no podía impedir que las CCAA con competencia en materia de régimen local ejercieran sus competencias respecto de las haciendas de los entes locales ubicados en su territorio.A este planteamiento se opuso el abogado del Estado señalando que el precepto objeto de conflicto responde a un adecuado ejercicio, por su carácter específico y concreto –la tutela o control financiero de los entes locales–, de la competencia estatal que se deriva del art. 149.1.14ª CE.Y, planteado así el conflicto, el TC ha resuelto que el art. 1.2 RD 424/2017 cuestionado, al establecer una referencia a determinadas fuentes aplicables al control interno de las entidades del sector público local, no pretende agotar el sistema de fuentes ni establecer una relación jerárquica entre ellas; sino que no hace otra cosa que cumplir con su función de desarrollo reglamentario de la normativa estatal precisando que este carácter no es obstáculo a la aplicación de las normas pertinentes cualquiera que sea su rango y el ámbito de su competencia.Así, a juico del Pleno del TC tal precepto no impide que el Gobierno canario pueda ejercer, en su caso, la función de tutela financiera de las entidades locales, limitada a la ejecución o aplicación de la regulación, cuya delimitación o concreción realiza el precepto objeto de controversia.Igualmente, tampoco impide a la Comunidad Autónoma ejercitar sus más genéricas competencias de desarrollo y ejecución en materia de régimen local, por lo que en modo alguno se infringe el límite constitucional supuestamente transgredido a juicio del recurrente.

Constitucional

Nulidad parcial Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017 en relación con la obtención por silencio positivo de la licencia de actividad

EDJ 2018/516905El TC estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad un grupo de diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra determinados precepto de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas (EDL 2017/5576).Denunciaban los impugnantes como «motivo de orden general» una serie de motivos principales para, a continuación, señalar también otros con carácter subsidiario.Así, el motivo alegado por los recurrentes con carácter principal consistía en la infracción del art. 9.3 CE (EDL 1978/3879), por una vulneración de de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de todos los poderes públicos.Estimaban los impugnantes que con los preceptos impugnados se había producido una “modificación sustancial del régimen jurídico de protección del medio ambiente en la Región de Murcia … sin contar con un solo informe de carácter técnico (ambiental o de salud pública) ni jurídico que avale o respalde las modificaciones realizadas”, lo que, en su opinión, constituía una vulneración “evidente” de la cláusula constitucional de interdicción de la arbitrariedad.Según razonaban lo impugnantes, la Ley 2/2017 afectó a un total de 84 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición transitoria de la Ley 4/2009, de 14 de mayo (EDL 2009/72235), de protección ambiental integrada de la Región de Murcia y daba nueva redacción a tres de los cuatro anexos que la acompañan, por lo que la importancia y calada de dicha modificación desmentía, en opinión de los recurrentes, el propósito formalmente declarado en el preámbulo de la ley impugnada, que afirmaba que se abordan meras «modificaciones puntuales de la normativa vigente».Siendo ello así, esto es, siendo la modificación de gran envergadura, los recurrentes criticaban que el procedimiento parlamentario que dio lugar a la ley parcialmente impugnada se desarrollara sin el examen ni el estudio de informe alguno, de carácter técnico o jurídico, por lo que el reproche de arbitrariedad e inseguridad jurídica se circunscribió esencialmente a la omisión de informes técnicos y jurídicos en la génesis parlamentaria de la norma.Y el Pleno del TC señala que de las  afirmaciones vertidas por los actores en el escrito de recurso, se deduce que la posible vulneración del art. 9.3 CE se apoya sobre dos ideas fundamentales: a) de una parte, los recurrentes sostienen que una reforma tan sustancial del ordenamiento medioambiental de la CA habría requerido un proyecto de ley que viniera acompañado de informes técnicos y jurídicos idóneos para acreditar la bondad de la reforma; y b) de otro lado, argumentan que la ley finalmente aprobada no ha podido alcanzar un estándar mínimo de calidad técnica, al no haberse contado, en su aprobación, con ningún elemento de juicio adecuado para valorar la idoneidad técnica y jurídica de la nueva opción normativa.Siendo ello así, el Pleno señala que los recurrentes no han identificado una fuente normativa de la que pueda deducirse la obligatoriedad, en el ordenamiento jurídico de la Región de Murcia, de aportar concretos informes técnicos y jurídicos (que hayan debido obrar como antecedentes). Así, dice el Pleno que los recurrentes no mencionan, de hecho, ninguna norma propia del Estatuto de la Región de Murcia o del reglamento de la Asamblea Regional de la que resulte la obligación de contar con determinados antecedentes, por lo que tal denuncia carece de fundamento.No obstante lo anterior, la Sala sí estima, ya en relación con los motivos opuestos como subsidiarios, que el art. 64.3 de la Ley impugnada incurre en vicio de inconstitucionalidad por vulneración del art. 149.1.18 CE, si bien precisando que dicha inconstitucionalidad sólo afecta a un inciso determinado del precepto; que  sólo da lugar a la declaración parcial de nulidad de dicho inciso ya que éste puede seguir desplegando efectos fuera del ámbito puramente medioambiental y que, en último término, esto supone que debe salvarse la constitucionalidad del párrafo segundo de dicho precepto.Así, no habiéndose controvertido el plazo de resolución de seis meses establecido en el art. 64.3, párrafo primero de la Ley de protección ambiental integrada de Murcia se declara que dicho párrafo resulta inconstitucional, por vulneración del art. 149.1.18 CE, sólo en el inciso que dispone «transcurridos los cuales se entenderá estimada la solicitud».Además, señala el Tribunal que este inciso es, además, nulo en relación con todas las actividades del anexo I de la Ley de protección ambiental integrada de Murcia, a excepción de las previstas en suapartado 4 (“las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural) y 5 (“los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando lo establezca su normativa específica” del citado anexo), ya que la licencia de actividad opera, en estos dos casos, como instrumento general de control preventivo no medioambiental, no quedando afectados por la norma general de procedimiento común prevista en el art. 24.1, párrafo segundo, LPAC (EDL 2015/166690).Y concluye el TC señalando que debe estimarse que la regla de silencio positivo sigue siendo válida fuera de los casos de control preventivo ambiental y que también puede conservar su vigencia, en el mismo ámbito, la regla del párrafo segundo del reiterado art. 64.3, según la cual la estimación por silencio de la solicitud no implica la adquisición de facultades contrarias a la legislación urbanística y sectorial.

Contencioso-administrativo

IBI. Inexistente derecho a exención del impuesto a favor de inmueble destinado a educación concertada: falta de coincidencia entre titular del centro y propietario del inmueble

EDJ 2018/513405El TS declara haber lugar al recurso de casación formulado por Ayuntamiento contra la sentencia de TSJ que reconoció al demandante en la instancia el derecho a la exención en el IBI respecto de los inmuebles destinados al proceso educativo del colegio concertado, de los que era propietario, pese a que la titularidad del centro educativo pertenecía a otra persona (jurídica), una Fundación privada.Impugnada que fue por el Ayuntamiento dicha decisión señala la Sala que, en último de término, de lo que se trata en este caso es de aclarar si es o no conforme a Derecho la aplicación de la exención del impuesto cuando el titular de un centro docente, acogido al régimen de concierto, no es a la vez el propietario de ese centro dedicado a la educación concertada, para lo cual, dice la Sala, que  resulta forzoso interpretar el art. 62.2.a) del TRLHL (EDL 2004/2992), así como los art. 1, letra b) y penúltimo párrafo, del RD 2187/1995 (EDL 1995/17024) .Planteada así la cuestión, la Sala declara que el hecho imponible del IBI está constituido por la titularidad del derecho de propiedad sobre los inmuebles, de la concesión administrativa sobre los mismos o de los derechos reales de usufructo y superficie.Igualmente señala el Tribunal que es sujeto pasivo del impuesto quien sea titular del derecho que sea constitutivo del hecho imponible; siendo ello así y  puesto en conexión el art. 62.2.a) TRLHL con los arts. 61.1 y 63.1 del TRLHL, la Sala concluye que la titularidad de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza en régimen de concierto y la del centro educativo concertado han de coincidir en la misma persona o entidad para gozar del beneficio tributario sobre el IBI, tributo que grava, precisamente, la titularidad de los inmuebles.Por lo anterior, la Sala estima en este caso el recurso formulado por el Ayuntamiento y declara que la sentencia recurrida interpretó de manera errónea el ordenamiento jurídico al considerar que, según el art. 62.2.a) del TRLHL, para gozar de la exención en el IBI prevista en el mismo no era preciso que el titular del centro educativo concertado fuera al mismo tiempo titular de los terrenos y edificios dedicados a la enseñanza, pues dicho precepto «no se refiere a la titularidad del bien inmueble», sino que declara la exención «sobre el propio bien inmueble», y porque entender que no basta con la mera «afectación de los bienes inmuebles a la finalidad educativa» supondría «hacer una interpretación extensiva de un precepto tributario».

Contencioso-administrativo

Capacidad procesal de los entes locales: la necesidad de informe o dictamen previo del secretario municipal legalmente previsto para actuar en defensa de bienes y derechos se refiere a los intereses municipales en general

EDJ 2018/513457El TS declara no haber lugar al recurso de casación formulado por Ayuntamiento contra la sentencia de TSJ que declaró la inadmisibilidad de la totalidad de los recursos contencioso-administrativos interpuestos y acumulados contra la concesión de una explotación minera por parte de la C. autónoma en territorio municipal, y ello en aplicación de lo dispuesto en el arts. 69.b) y 45.2.d) de la LJCA (EDL 1998/44323) y en relación con el art. 54.3 del RDLeg 781/1986 (EDL 1986/10119).Recurre en síntesis el Ayuntamiento pues estima el Ayuntamientos no estaba ejercitando acción judicial alguna para la defensa de sus bienes o derechos, ya que el objeto del procedimiento judicial es el otorgamiento de una concesión de explotación para recursos mineros por parte de la Comunidad Autónoma a una empresa privada en el término municipal y que ello es distinto del interés legítimo que les asiste en defensa del derecho al medio ambiente (art. 45 CE, EDL 1978/3879) y defensa del principio de legalidad (art. 9.3 CE), por entender que la misma no es conforme a DerechoSiendo ello así la Sala, la Sala considera que no asiste la razón la Ayuntamiento pues declara que el requisito establecido en el art. 54.3 del TRRL se integra en el supuesto regulado en el art. 45.2 d) LJCA, que establece la necesidad de acompañar al escrito de iniciación del recurso contencioso-administrativo el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.En este sentido, la Sala señala que la exigencia del art. 54.3 TRRL participa de la naturaleza y alcance procesal que la jurisprudencia viene estableciendo respecto de dicho requisito procesal del art. 45.2.d), que tiene esa doble faceta de adopción del acuerdo para recurrir por el órgano competente y sujeción a las normas establecidas para su adopción.En consecuencia, el ámbito de aplicación se refiere, de acuerdo con la Ley procesal , al ejercicio de las acciones correspondientes por las corporaciones locales en general, partiendo de la consideración de su legitimación al efecto, que supone la defensa de sus derechos e intereses, a los que se alude con la expresión «bienes y derechos»" del art. 54.3.

Contencioso-administrativo

Necesaria aplicación de las normas de valoración del suelo del RD 1942/2011 a efectos del cálculo del justiprecio expropiatorio. Alcance de los estudios de mercado estadísticamente significativos

EDJ 2018/98216El TS declara no haber lugar al recurso de casación formulado por empresa promotora a quien, por ministerio de la Ley y a petición propia, el Ayuntamiento expropió determinados terrenos que, conforme a las determinaciones del Plan General de Urbanismo, estaban destinados a redes públicas, pero por un justiprecio muy inferior al pretendido, contra la sentencia dictada por el TSJ que di por bueno el referido justiprecio que en su día había fijado el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa autonómico.Recurría la promotora afectada pues consideraba que en la valoración del terreno hubo infracciones relevantes, determinantes de la decisión adoptada en la sentencia de instancia, argumentando, en síntesis, que la sentencia inaplicó las normas que considera infringidas, aplicando otro método de valoración previsto para finalidades diferentes, por lo que ha eliminado el propósito uniformizador que preside el Reglamento de Valoraciones para dotar de mayor precisión metodológica a las valoraciones.Argumentaba así la recurrente, entre otros razonamientos, que la sentencia de la Sala de instancia, aun partiendo de la base de que para la valoración del suelo resulta aplicable el art. 22 del Reglamento de Valoraciones aprobado por Real Decreto 1492/2011 (EDL 2011/243594), consideró indiferente la aplicación del citado precepto, por entender que «lo importante para determinar el valor del suelo no es tanto la fórmula aplicada con uno u otro método de cálculo, ambos correctos y válidos sino, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2014, recurso 2635/2011, los parámetros utilizados para ello, es decir, los distintos valores de venta, construcción, gastos de urbanización...pues la Ley no establece cual haya de ser la fórmula para calcular el valor de repercusión».Y, planteado así el recurso, la Sala señala que desde la entrada en vigor del Reglamento de Valoraciones, no se aplican otras normas de valoración del suelo, referidas al método residual, que las contenidas en éste y que a él han de estimarse referidas las remisiones que se contienen en el TRLS, aprobado por RDLeg  2/2008, de 20 de junio (EDL 2008/89754) y en el posterior, aprobado por RD 7/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/188203), que le sustituyó; sin vigencia directa alguna ya en el ámbito expropiatorio ni de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, ni, menos aún, del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio (EDL 1993/16888).Así, dice la Sala que las referencias a estudios de mercado estadísticamente significativos debe considerarse como un concepto jurídico indeterminado que el intérprete del art. 22 del Reglamento de Valoraciones deberá integrar en cada caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes en los estudios aportados por las partes y de las que concurran en el inmueble objeto de valoración, debiendo dejarse constancia motivada de dicha apreciación en vía administrativa, que permita su control en vía jurisdiccional.

Civil

Caducidad de la acción de nulidad contra el Acuerdo sobre elección de portavoz de grupo político municipal

EDJ 2018/516930El TS desestima el recurso de apelación formulado por portavoz del grupo municipal socialista de determinado Ayuntamiento contra la sentencia de la AP que, ratificando la de instancia, desestimó la demanda que en su día formuló interesando la nulidad (y/o, subsidiariamente, la anulabilidad) del acuerdo de la Comisión Ejecutiva Provincial, sobre la elección de portavoz del grupo municipal socialista en el AyuntamientoEn este caso, la demanda fue desestimada, tanto en primera como en segunda instancia, por considerar que la acción había caducado al haber sido interpuesta una vez transcurrido el plazo de 40 días desde la adopción del acuerdo que establece el art. 40.3 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación (EDL 2002/4288), conforme al cual «los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos».Formulado recurso de casación por parte del actor contra dicha desestimación alegando como motivo un supuesto error en la decisión sobre cuál es el dies a quodel plazo de caducidad de la acción de anulación del acuerdo, la Sala señala que la excepción a la regla general sobre el inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación del acuerdo social solo se justifica por la existencia de circunstancias excepcionales que impiden que el asociado tenga la posibilidad de conocer que se ha dictado un acuerdo que considera perjudicial.Y añade la Sala que la existencia de esa excepción no puede confundirse con la posibilidad de dejar al arbitrio del asociado el inicio del plazo de ejercicio de la acción de impugnación, cuando éste no pone ningún interés en tomar conocimiento de un acuerdo.Siendo ello así, y acreditado en este caso que el actor sí pudo tener conocimiento del acuerdo en cuestión es por lo que a juico de la Sala no concurren en este caso circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de la literalidad del art. 40.3 LODA, pues no se ha causado ninguna indefensión al demandante, ya que no ha existido una convocatoria clandestina que buscara evitar el conocimiento del acuerdo por los afiliados afectados.Aún más, la Sala señal que ha sido la propia conducta del demandante en este caso la que ha propiciado que no tuviera conocimiento del contenido concreto del acuerdo adoptado, por lo que el dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de impugnación del acuerdo del partido político demandado es el de adopción del acuerdo impugnado y, en consecuencia, cuando interpuso la demanda, la acción estaba caducada.

Civil

Inexistente intromisión ilegítima en el honor en las manifestaciones vertidas por un político municipal sobre la persona de otro de signo distinto

EDJ 2018/96415El TS desestima el recurso de apelación formulado por político municipal contra la sentencia de la AP que, ratificando la de instancia, desestimó la demanda que en su día formuló contra otro político por una supuesta intromisión ilegítima en el honor de aquél, por unas manifestaciones vertidas sobre su persona.Así, en este caso, son objeto de enjuiciamiento unas manifestaciones de contenido crítico de las que se hicieron eco diversos medios de comunicación, realizadas en rueda de prensa por el demandado en respuesta a unas acusaciones previas del demandante, siendo el demandado concejal del Ayuntamiento y el demandante dirigente del partido opositor al del primero de dicha localidad, y lo que se discute es el juicio de ponderación entre honor y libertad de expresión realizado por el tribunal sentenciador al considerar la parte recurrente que la crítica fue desproporcionada incluso en un contexto de contienda política.Planteada así la cuestión, dice la Sala que valorando la condición de políticos de ambos litigantes, el trasfondo de enfrentamiento por la gestión municipal y la relevancia y cercanía temporal de las imputaciones previas del demandante al demandado, debe concluirse que las concretas expresiones que aquel viene considerando como ofensivas no tienen sin embargo la significación lesiva que se les atribuye al estar amparadas por el amplio ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión, particularmente cuando se ejerce para exponer opiniones o juicios de valor sobre asuntos públicos como la gestión municipal en un contexto de contienda o rivalidad política.Por lo anterior, la sala confirma que las expresiones vertidas en su día no constituyen intromisión ilegitima en el derecho al honor del recurrente y desestima su recurso.

Social

Recuperación de servicio previamente externalizado: subrogación en contrato de trabajadora por existir sucesión de empresa

EDJ 2018/511686El TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio de Defensa y, confirmando la sentencia dictada por el TSJ, ratifica la improcedencia del despido de una trabajadora ya que el hecho de que una Administración recupere la prestación del servicio, anteriormente externalizado, bien con los mismos trabajadores que tenía la empresa que prestaba el servicio, bien con las mismas instalaciones, maquinaria, infraestructura que las que utilizaba la empresa contratista, o bien con ambos elementos determina que, normalmente, estemos ante un supuesto de transmisión de empresa que está situado en el ámbito de aplicación del art. 44 ET (EDL 2015/182832).El cuestión debatida en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consistía en determinar si debía subrogarse el Ministerio de Defensa en el contrato de una trabajadora que venía desarrollando labores de limpieza en las instalaciones de una base militar, en virtud del contrato administrativo de servicios de restauración colectiva suscrito por la Administración con una empresa especializada, cuando, tras la finalización de la concesión, el Ministerio pasa a desarrollar dicha actividad con su propio personal y con los medios materiales que había puesto a disposición de la adjudicataria.Siendo ello así, el dato de que las infraestructuras o los medios materiales pertenezcan a la Administración que descentraliza, y los hubiera entregado a la empresa contratista para que llevara a cabo la actividad o el servicio encomendado, no impide que pueda apreciarse una sucesión empresarial encuadrable en el ámbito de aplicación de la Directiva. Ello puede ser determinante, incluso, para comprobar la existencia de transmisión empresarial.Por lo anterior, en este caso efectivamente concurre la existencia de una operación de reversión del servicio contratado y la entrega de los elementos patrimoniales que resultan inevitables para la continuidad de la actividad, lo que revela la transmisión de un conjunto de medios que conforman una determinada actividad económica que mantiene su identidad tras la reasunción del servicio por parte del Ministerio de Defensa.Por ello, la sala señala que la concurrencia de esos elementos determina que estemos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 (EDL 2001/19273) y del art, 44 ET; sin que, por otra parte, resulte de aplicación el art. 301.4 TRLCSP (EDL 2011/252769) que se refiere a supuestos distintos -que se caracterizan, precisamente, por la ausencia de una transmisión empresarial- de los aquí contemplados en los que, como se avanzó, existe una sucesión de empresa en los términos que establece tanto la Directiva como el art. 44 ET.

Contencioso-administrativo

Procedente reintegro de subvención concedida a Ayuntamiento por incumplimiento material y temporal del proyecto para el que fue concedida

EDJ 2018/104132El TS declara no haber lugar al recurso de casación formulado por Ayuntamiento contra la Sentencia dictada por TSJ que, sobre procedimiento de reintegro de subvención, desestimó el recurso formulado en su día por dicho consistorio y declaró conforme a derecho la Resolución que mandaba el reintegro de la subvención concedida al mismo, en relación con el Convenio de Colaboración firmado entre el citado ente local y la Consejería de turismo, para la puesta en marcha de un Plan Turístico en dicho municipio.La resolución impugnada declaró procedente el reintegro en base a los incumplimientos por parte del Ayuntamiento en cuestión, tanto en orden a la ejecución del proyecto como al cumplimiento del plazo.Recurrida ahora en casación de dicha resolución la Sala señala que inexcusable exigencia del cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones.Y la Sala señala en primer lugar que el otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica.En este sentido la Sala, con cita de sentencias anteriores dictadas por ella misma recuerda que la subvención no responde a una «causa donandi», sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues a juico del Tribunal, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesiónAsí, dice la Sala que quien pretende obtener en su provecho caudales públicos por la vía de la subvención debe guardar esa conducta respetuosa con las obligaciones, materiales y formales, a cuyo cumplimiento se subordina la entrega de aquéllos.Aún más, la Sala recuerda que, entre dichas obligaciones formales se encuentra la de justificar o acreditar ante la Administración que el beneficiario ha realizado las actuaciones, a cuya ejecución venía subordinada la concesión del incentivo.Por otro lado, dice la sala que la acreditación tiene un doble carácter, ha de hacerse en tiempo y forma, por un lado, y con ella ha de demostrarse que el cumplimiento material de las exigencias impuestas se llevó a cabo dentro del tiempo previsto en la resolución individual de concesión del beneficio, por otro. Aún más, la obligación de justificación se incumple también, en principio, cuando, fijada una fecha límite para hacerlo, la beneficiaria de la ayuda pública no acredita en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones que le habían sido impuestas, tal y como ocurrió en este caso.

Doctrina administrativa

JCCA. Interpretación del régimen de los expedientes de los contratos menores del art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

EDD 2018/105508Se formula consulta por Ayuntamiento sobre diversas cuestiones que se refieren en suma a la interpretación del art. 118.3 de Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (EDL 2017/226876), en relación con la contratación menorLa Junta informa, en primer lugar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 118, números 1 y 3, de la Ley 9/2017, para la tramitación de un contrato menor adjudicado directamente, además de la aprobación del gasto y la factura, es necesario en todo caso el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y ha de justificarse en el expediente que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación pública, así como que se ha comprobado la circunstancia de que, con la adjudicación de dicho contrato menor, el contratista no se encontrará en la situación de incompatibilidad prevista en el art. 118.3 de la Ley.Por otro lado, la DGT informa que el límite a la adjudicación de contratos menores a un mismo contratista, establecido en el aptado. 3 del art. 118, en relación con los umbrales señalados en su apartado 1, debe entenderse referido a contratos del mismo tipo o clase, para prestaciones que no sean cualitativamente diferentes, adjudicados directamente y con cargo a los créditos de un mismo ejercicio presupuestario anual. En el caso de que un contrato menor se financie con cargo a créditos de más de un ejercicio presupuestario, deberá tenerse en cuenta la cuantía correspondiente a cada anualidad de forma que el citado límite se cumpla en cada ejercicio presupuestario anual.Y concluye el centro informador señalando que, en el supuesto de delegación de las facultades del Alcalde o de la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación en otros miembros u órganos de la Corporación local, la limitación establecida en el art. 118.3 podrá entenderse referida a los contratos adjudicados por cada órgano que ejerza las facultades de contratación, cuando estos últimos ejerzan tales funciones con autonomía funcional y responsabilidad y dichos contratos se financien con cargo a un presupuesto que tengan asignado o del que dispongan en exclusiva, todo ello sin perjuicio de la prohibición de fraccionamiento del objeto de los contratos.

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