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¿Cómo acabarías con la economía sumergida?

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En los últimos meses se han adoptado medidas para frenar la economía sumergida.

La más reciente, es una propuesta del Ministerio de Hacienda que permitirá a las familias deducirse los servicios domésticos contratados.

Perseguir el fraude fiscal y aflorar la economía sumergida, es algo que no solo preocupa a España. En Portugal se ha aprobado una medida por la que se premiará, mediante sorteo semanal, a aquel que haya contratado un servicio o comprado algo, legalmente.

Lefebvre – El Derecho quiere conocer sus propuestas para acabar con la economía sumergida. Opina aquí.


La recaudación de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude fiscal cayó en 567,1 millones de euros en 2013 hasta los 10.950 millones.

Gestha achaca esta caída de los ingresos tributarios al “agotamiento” del actual modelo organizativo de la AEAT, así como a su actitud de “mirar para otro lado” en la lucha contra el fraude.

Caída de los resultados de la AEAT en la lucha contra el fraude

Resultados AEAT*

Realizado 2012

Realizado 2013

Variación 2013-2012

Resultados de la prevención y control de fraude tributario y aduanero (Indicador 3)

10.400,95

10.091,46

-309,49

Ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria. (Indicador 3.1)

8.821,48

8.186,76

-634,72

Minoración de devoluciones. (Indicador 3.2)

1.579,48

1.905,70

326,22

Ingresos inducidos por actuaciones de control (indicador 4.1) ( Extemporáneas sin requerimiento previo e ingresos por delito)

1.116,33

858,72

-257,61

RESULTADOS TOTALES

11.517,28

10.950,18

-567,10

Fuente: Gestha. / *En millones de euros

Entre las medidas que Gestha propone, solicita que se autorice a los 2.200 técnicos de inspección para investigar empresas con unos ingresos de hasta doce millones de euros, frente a los cuatro millones actuales. De esta forma, considera que se podría multiplicar eficazmente la lucha contra la economía sumergida, ya que el 72% del fraude se concentra en empresas de mayores dimensiones y no en las microempresas donde a día de hoy la AEAT concentra las inspecciones. Esta medida contribuiría en nuestro país a reducir su volumen de fraude en diez puntos hasta el nivel de los países de nuestro entorno.

De hecho, los límites que impone la Agencia Tributaria suponen que el 75% de los efectivos dedicados a la inspección solo pueden comprobar la actividad fiscal de microempresarios, pequeñas empresas y trabajadores o pensionistas, mientras que existe un déficit en la comprobación de las grandes empresas y fortunas del país.

Además, de producirse un “cambio de rumbo” en la lucha contra el fraude, los 750 inspectores que en estos momentos cuenta la AEAT se centrarían en investigar a las empresas de mayor tamaño para reducir la enorme bolsa de dinero negro de nuestra economía, que Gestha cifra en el equivalente al 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros.

La imparable destrucción de empleo y la pérdida de condiciones laborales ha colocado a muchas familias al borde de la exclusión social. Una dramática situación que ha sido aprovechada por empresas para ofrecer trabajos irregulares: sin contrato o a tiempo parcial pero que encubren una jornada completa.

Este problema se ha agudizado con la crisis hasta situarse la Comunidad Valenciana por encima del 26% del PIB, lo que supone más de 25.850 millones de euros ocultos. Significa que las arcas públicas dejan de ingresar alrededor de 9.000 millones de euros al año

Es por ello que CCOO PV ha iniciado una campaña de concienciación sobre la idea de que “lo que no paga quien defrauda, lo acabas pagando tú”. Según el secretario de Acción Sindical, “hay que desterrar la idea de que la persona más lista es la que evade impuestos, puesto que necesitamos que el Estado recaude para garantizar los servicios públicos y el Estado del bienestar”. En ese sentido, el sindicato ha presentado una amplia propuesta fiscal para conformar un sistema más progresivo y equitativo.

Asimismo, la campaña contempla una serie de medidas de denuncia de las situaciones de explotación que se están dando en las empresas. Para ello, ha habilitado un espacio en la página web en el que poder hacerlo garantizando la privacidad de la fuente denunciante. El sindicato se compromete a estudiar todos los casos y a tramitar aquellos que contengan elementos suficientes como para que prospere la denuncia. “Pensamos que mucha gente no se atreve a dar el paso por miedo a las consecuencias, por lo que el sindicato se brinda a ser cauce para hacerlo”, asegura Mayor.

 

La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Según se desprende del informe, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.

Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.

El efecto capital y la brecha entre provincias

Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país.

Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.

En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.

Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial.


Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP

Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno.

Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.

Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.

Si desea conocer con más profundidad los datos arrojados por el informe elaborado por Gestha, haga clic aquí

El Consejo de Ministros del Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves la creación de la 'Factura de la Suerte', un nuevo sorteo que premiará algunas de las facturas emitidas y comunicadas a la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT) con el objetivo de reducir la evasión fiscal en el país.

Según explica el Ejecutivo en un comunicado, el objetivo de la 'Factura de la Suerte' es "valorar y premiar" a los contribuyentes que luchan contra la economía sumergida, prevenir la evasión fiscal y la competencia desleal y lograr un sistema fiscal más equitativo.

En este sentido, explica que podrán participar en este sorteo de forma automática todos los consumidores finales con facturas emitidas desde el 1 de enero de 2014 y comunicadas a la Autoridad Tributaria que incluyan el número de identificación fiscal de los compradores.

Aunque aún no se conocen los detalles de estos sorteos, la prensa portuguesa apunta que el primero de ellos se celebrará en la primera semana del mes de abril, para después organizarse con periodicidad semanal y en algunas ocasiones especiales. Los premios podrían consistir en el primer año en la entrega de coches.

El Ejecutivo luso confía en que el conjunto de medidas adoptadas recientemente para reforzar la lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal se traduzca en un "importante aumento de la equidad fiscal, ampliando la base tributaria para crear las condiciones necesarias para una futura reducción de impuestos".

Portugal sigue con esta decisión los pasos de Eslovaquia, que el pasado 30 de septiembre comenzó a celebrar un sorteo especial de lotería con periodicidad quincenal con el fin de combatir el fraude fiscal, y en el que los ciudadanos pueden participar mediante la validación de sus recibos y facturas por importes superiores a un euro y cuyos premios oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros.

Informació facilitada por EuropaPress


La solución a mi juicio es tan sencilla que asusta. La única manera de acabar con la economía sumergida, o paliarla en la mayor medida posible, es acabar con el papel moneda. Que todo el mundo resulte obligado a tener cuenta corriente donde se reflejen los abonos y adeudos de cada cual.

Con una rebaja en el IVA.

Reflotando la economía.

Condenando a tantos corruptos que hay en este país, y ayudando a que la gente consiga un trabajo con un sueldo que les permita vivir.
No es tan difícil de conseguir, lo que hay que tener es interés en hacerlo.

Suprimiendo el sistema de Estimación Objetiva por signos, índices o módulos.

Suprimir el INEM, tal y como está actualmente establecido. Fijar tramos en el IVA, a partir de determinadas cuantías, para abaratarlo.

Cuanto menor sea el máximo que se pueda pagar en metálico más difícil es la economía sumergida, lo ideal es que ningún pago pueda realizarse en metálico.

Impuestos bajos y sencillos. Ejemplaridad de los servidores públicos.

Bajar el IVA, incentivar con desgravaciones importantes a aquellos que superen alguna cifra de negocios determinada.

Si los costes de S.S. y Fiscales fuesen bajos no se produciría el porcentaje tan alto que hay de act. sumergida, que está produciendo tanta exclusión social.

Suprimir dinero en papel sustituyéndolo, dejando solo monedas para transacciones hasta 20 euros, pequeños pagos, etc.

Simplemente bajando los impuestos de tal manera que el ciudadano/contribuyente vea una carga impositiva razonable. Creo que un buen ejemplo puede ser la recaudación y fraude en impuestos como Sucesiones y Donaciones, en aquellas CCAA que tienen elevadas bonificaciones y las que no.

Reduciendo impuestos. Prestando servicios de calidad al ciudadano para que vea repercutidos los impuestos que paga en una calidad de vida.

Reducir o eliminar los impuestos a las empresas de nueva creación o altas de autónomos durante 1 o 2 años, o hasta que no se facture un mínimo. Sucede en otros países y permite trabajar declarando sin unos coste que superen los ingresos. Permite arrancar empresas e iniciativas que más adelante proporcionarán ingresos a las arcas del estado, algo que de otra manera sería imposible.

Creo que, entre otras cosas, es un problema de concienciación. Para producir conciencia en este sentido es fundamental la ejemplaridad de los poderes públicos. En tanto se mantenga y se promueva la situación de falta de ejemplaridad (políticas injustas (en el sentido material) y comportamientos públicos corruptos muy generalizados) la economía sumergida encontrara un muy fácil acomodo en nuestras cabezas y la seguiremos practicando con conciencia de legitimidad.

Incorporando la posibilidad de deducir gastos sobre rehabilitación de viviendas, edificios, vehículos y servicios sanitarios, por ejemplo. Obligaría a los ciudadanos a solicitar factura. Además, eliminar el régimen de módulos y exigir llevanza de contabilidad a todas las actividades económicas. Además, doblar el número de inspectores de Hacienda, e incentivar mediante comisiones a aquellos que denuncien.

Tarjeta de plástico como único sistema de pago.

Bajar el IVA y las cotizaciones a la SS Bonificaciones en IRPF por consumo de bienes y servicios superiores a 3.000 euros.

Denunciaría a todos mis amigos, familiares, conocidos y hasta a mi misma. Acabar con la economía sumergida requiere un cambio cultural y no sólo legislativo. Para el cambio cultural se precisa que no haya injusticia social, pues de otro modo seguiremos apoyando, fomentando y contratando la economía sumergida si ello es la única alternativa viable a un medio de vida o a una prestación necesaria que de otro modo no podemos pagar.

Bien sencilla, haría desaparecer el dinero físico, efectuándose pagos y cobros únicamente a través de cuenta bancaria o similar. Que cada uno deba de justificar (cuando le toque inspección) el origen de cualquier ingreso. Y asunto terminado: garantizado que desaparece no solo la economía sumergida. También corrupciones, mafias y similares.

Hola soy autónomo en un pueblo y veo como la mayoria de mi competencia con cartillas agraria tienen su tallercito, o empleados públicos la tarde la dedican a trabajar para la calle sin rendir cuentas. Mi propuesta sería que en toda construcción, autoconstrucción, obra mayor o menor, un ayuntamiento que cobra permiso de obra en base al proyecto de obra que realiza el arquitecto, exija adjuntar facturas por la cuantía del proyecto de obra antes de conceder cédula de habitabilidad, conexión de agua, luz, etc. Así todos los promotores exigirían facturas. Y dichas facturas deducibles en la renta.

A) Salarios dignos que permitan y hagan atractivo estar trabajando legalmente.

B) Puesta en práctica de la progresidad fiscal, no puede ser que quien más percibe sea el que menos tribute, desalienta a los ciudadanos, y se imita unos no tributan por la vía legal y los otros al no poderlo hacer por la vía legal lo hacen por la vía de hecho, lo primero se permite con la anuencia de todos los gobiernos, y lo segundo se castiga.

C) No puede ser que una persona gane menos si trabaja que si está en el paro.

D) NO puede ser que si una persona trabaja, con un salario de 700 € no llegue al final de mes. Con estos salarios se obliga a la gente a entrar en la economía sumergida.

E) La cuestión no es como eliminarla, la cuestión es que los poderes públicos no hacen otra cosa que promocionarla con la desaparición de la cohesión social y los salarios indignantes.

F) Con 600 / 700 € mes, si pagas el alquiler de un piso no comes, si comes no pagas el alquiler. Es así de simple.

G) El salario mínimo interprofesional en España es menos de la mitad que en Francia, Inglaterra, Luxemburgo, Holanda, Bélgica.

H) NO se puede ser europeo para pagar impuestos, y africano para recibir salario, y sudamericano para recibir servicios sociales. Es la peor versión del encuentro de civilizaciones preconizada por el Sr. Zapatero.

Al mismo tiempo que se llevase a cabo una disminución del volumen de la Administración se tendrían que tomar las siguientes medidas: 1º) Eliminar y/o bajar drásticamente tributos (impuestos, tasas...)

2º) Bajar cotizaciones de la Seguridad Social.

3º) Agilizar o suprimir trámites administrativos y burocráticos, introduciendo grandes simplificaciones.

4º) Liberalización generalizada de los mercados.

5º) Sólo en el caso de haber realizado lo anterior: persecución del fraude, cosa que resultaría muy sencillo porque el fraude habría prácticamente desaparecido.

La rigidez del mercado laboral dificulta la elección del tipo de contrato y el alta del trabajador. En ocasiones en las que el empleo es de baja duración como la hostelería o el textil en el que acumulaciones de pedidos exigen mayor agilidad en el tramite administrativo de alta y contratación, hacen que en ocasiones sea más fácil trabar sin alta que pedir los datos, pasarlos a la gestoría, preparación del contrato, y firma para presentación en organismo público.

En el mundo online, con el que a través de una APP compras y cambias billetes de tren y avión, o compras un libro, se podría crear un sistema similar de altas y contratos sin necesidad de documentos físicos.

Ello unido al coste de cotización que es excesivamente elevado hacen más fácil la economía sumergida que el cumplimiento normativo.

¿Cómo acabaría con la economía sumergida? desarrollando APP para que las empresas por ellas mismas y sin necesidad de gestorias pudieran tramitar el alta y contratación y reduciendo un 50% las cargas sociales de las mismas. No a través de bonificaciones si no reduciendo los tipos.

Bajar los impuestos para que salga rentable presentarlos y ser más transparente con las cuentas públicas para saber en que se gastan los políticos el dinero público, así la ciudadanía sentiría que sus contribuciones sirven para algo.

La economía sumergida surge queda ampliamente respaldada por el pago y el cobro en dinero que tradicionalmente se denomina en "B". Por tanto, que todas las operaciones y transacciones empresariales se realizasen por medios electrónicos y por medio de los medios de pago exclusivamente referentes a: tarjeta de crédito o transferencias. Estas medidas acabarían entre otras propuestas con este tipo de economía.

Bajando impuestos y simplificando su cobro...el administrador lo que quiere es vivir tranquilo y no defraudar a Hacienda, si lo hace es por supervivencia, por llegar a cubrir sus costes de vida, no por indisciplina tributaria o por ánimo de defraudar.

Para concienciar a los ciudadanos lo primero que hay que hacer desde la administración y desde los poderes es dar ejemplo. Luego rebajar los impuestos. Existen más medios pero sin los dos primeros será difícil ponerlos en práctica. Tolerancia cero con los fraudes de la clase dirigente. Si no educamos no podemos exigir educación.

Permitiendo que todas las facturas por servicios profesionales fueran deducibles en el IRPF con un limite de 4.000 euros.

Aumentando la pena del delito a delito de cárcel.

Legalizando el tráfico de drogas y la prostitución. Y también bajando a la mitad, por lo menos, los tipos impositivos de los impuestos, así como las cotizaciones de la seguridad social. Además de lo dicho anteriormente, establecer en el IRPF una desgravación sobre el consumo. Esta medida estimularía la demanda interna y por tanto la economía del país, y además se controlaría a todos los que prestan servicios o venden productos. Lo definitivo, retirando de la circulación el dinero físico (circulación fiduciaria). Todo se pagaría mediante tarjeta de débito o crédito, o a través de banco.

Bajar la carga impositiva de todos los impuestos y tasas, con ello, al aumentar el volumen de declariones tributarias, generaría mayor recaudación. A esto hay que acompañarlo de una legislación administrativa penal más coercitiva para con los defraudadores.

Acabaría con la economía sumergida, eliminando el pago en efectivo e implantando la moneda digital regulando un proceso automático de transparencia de la información de la tesorería del país.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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