El convenio de ámbito inferior a la empresa y su posible prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial

Es cuestión compleja resolver si la prioridad aplicativa del art.84.2 E...

Es cuestión compleja resolver si la prioridad aplicativa del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 se extiende a las relaciones entre convenio colectivo de sector y convenios colectivos de ámbito inferior a la empresa (centro de trabajo, pluralidad de centros y franja). Respecto a la resolución de tal debate, existen criterios judiciales divergentes (en contra de la extensión; SAN 4-5-15, procedimiento nº 62/15. A favor, SAN 1-12-14, procedimiento número 259/14).

Los ámbitos inferiores de negociación están reconocidos en el art.87 ET  -EDL 1995/13475-. Existe, por ello, la posibilidad de que en una empresa conviva más de un convenio colectivo porque la normativa autoriza la existencia de los convenios de ámbito inferior a la empresa. Sin embargo, el convenio colectivo de empresa es la unidad negocial más generalizada, ya que representa el 74,17%. Los convenios infraempresariales suponen, aproximadamente, una cuarta parte de la totalidad de los convenios de ámbito empresarial.

La reforma de 2012 ha establecido la regla de la preferencia aplicativa del convenio de empresa frente al convenio de sector en determinadas materias estratégicas para la gestión flexible de las relaciones laborales. La cuestión por las que se nos pregunta es si podemos aplicar las reglas previstas en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 a la negociación colectiva de ámbito inferior a la empresa.

Resolviendo el conflicto, la interpretación literal y sistemática de referido artículo, y apartado, nos lleva a considerar que la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y que no se amplía esta referencia a otros espacios.

Expresa referido precepto (el subrayado es nuestro) que: La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa , que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art.83.2  -EDL 1995/13475-.

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1  -EDL 1995/13475-.

Se trata, la prevista, de una excepción a la prohibición de concurrencia entre convenios estatutarios establecida en el art.84.1ET  -EDL 1995/13475-. Dispone la prevalencia del «convenio de empresa», que es diferente a la regla general de prioridad temporal y esa prioridad se extiende, además, a los convenios de «grupo de empresas» o para una «pluralidad de empresas» vinculadas y nominativamente identificadas.

La excepción a la regla general descrita consiste en reconocer la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en la lista de materias referidas. Se permite, además, negociar un convenio colectivo de empresa en cualquier momento de la vigencia de los convenios colectivos de ámbito superior sin que sea necesario esperar a la finalización de la vigencia del convenio colectivo de ámbito superior.

Se procura descentralizar de esta forma la negociación colectiva para facilitar una negociación de las condiciones en un nivel más próximo y, por ello más adecuado, a la realidad de las empresas (EM RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-).

Pero en mi opinión, tal previsión, y privilegio, no puede extenderse más allá de sus términos: el convenio de empresa se aplica en las materias que se enumeran en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 con independencia del convenio que exista a nivel no solo superior sino también inferior porque la unidad de fijación de las condiciones de trabajo es el concepto empresa (empresa, grupos de empresas, empresas vinculadas). Esta unidad no puede, a su vez, ser fragmentada por la negociación colectiva empresarial en unidades privilegiadas inferiores de fijación de condiciones de trabajo (centro o centros de trabajo, convenio franja).

El legislador hubiera podido establecer la prioridad aplicativa de unidades de fijación de condiciones de trabajo inferiores a la empresa y no lo hizo. Al contrario, se insiste en el precepto en el concepto «empresa» en varios de sus apartados, que hemos, por ello, subrayado. Y partiendo de esta literalidad, el concepto empresa se diferencia del de centro de trabajo, que solo es aquella parte de la empresa a la que el trabajador se halla adscrito para desempeñar su cometido. Es cierto que, pese a que se defina jurídicamente el concepto de centro de trabajo en el art.1.5 ET  -EDL 1995/13475-, el legislador no siempre establece una nítida distinción entre empresa y centro de trabajo.

Se trata, en cualquier caso de conceptos diferentes. Según sentencia reciente del TJUE 13-5-15 (TJCE 2015, 24) , C-392/13 (fundamentos, 44, 45, 46)  -EDJ 2015/65758-, el concepto de centro es una entidad diferenciada que, en el marco de una empresa, tiene cierta permanencia y estabilidad, está adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y dispone de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y de un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas.

El Tribunal de Justicia precisó que los conceptos de «empresa» y de «centro de trabajo» son distintos y que el centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa. Sin perjuicio, claro está, de que puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias unidades distintas.

La unidad de fijación de condiciones es, insistimos, la «empresa», concepto diferenciado, y no otro inferior, si consideramos, además, que la prioridad aplicativa del convenio de empresa es un privilegio jurídico, una excepción a la regla general de prohibición de afectación y que supone la prevalencia de un tipo de convenio sobre los restantes.

Pudiera pensarse que el legislador no considerara necesario hacer extensiva, de forma explícita, la prioridad aplicativa del convenio de empresa al convenio de centro o franja porque la entendiera sobreentendida. Sin embargo, existen razones poderosas para entender que no se trató de una mera omisión consciente. Entre ellas, que si el precepto se contrae a la unidad «empresa», y no a otra inferior, es porque así se evitan abusos que desvirtúen la negociación colectiva, en empresas disgregadas en múltiples centros, en distintos territorios, o con centros de trabajo difusos (por ejemplo, empresas de vigilancia y seguridad que disponen de «lugares de trabajo»).

Creo también que, partiendo de la empresa como exclusiva unidad de fijación privilegiada, y no de las inferiores (convenio de centro de trabajo o u0022convenio franjau0022) se protege el principio de igualdad, al reconocer a todos los trabajadores de la empresa, y por el mismo trabajo, las mismas condiciones. Se hace a partir de favorecimiento del principio de único convenio colectivo, que pretende evitar desigualdades para los trabajadores de una misma empresa.

Es la empresa y no el centro de trabajo, por tanto, la unidad de imputación para la regulación de todas las materias que se consideran primordiales si se trata de conseguir una gestión flexible. Es ésta la unidad de negociación que se puede proveer con un convenio propio y con preferencia aplicativa.

Se trata de una interpretación restrictiva, sin duda, y puede considerarse, al contrario, que si la intención del legislador, y su preferencia, es la de facilitar una negociación de las condiciones en un nivel «más próximo», y por ello adecuado a la realidad de las empresas (principio de proximidad), como expresa la EM RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-, debería utilizarse una interpretación amplia, de tal forma que si las partes negocian un convenio de ámbito inferior a la empresa, en este caso el convenio de centro sería entonces el «convenio más próximo».

También puede entenderse que rechazar esta última posibilidad significa un obstáculo importante para las empresas pluricelulares que tienen plantillas muy reducidas, ya que se les impide por esta vía alcanzar el objetivo de adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades concretas de la empresa. Considerando, además, la realidad negociadora de la unidad franja donde es posible que no haya convenio de empresa sino tan sólo la coexistencia de convenios franja que regulan las condiciones de trabajo de grupos diferenciados de trabajadores.

Pero, en el caso sobre el que se nos pregunta, no se trata de modificar las condiciones de trabajo, que sí permite tomar como referencia el centro de trabajo, sino de procurar la flexibilidad y la competitividad, y el propio legislador no ha podido ser más explícito al establecer el límite del privilegio que dispone, constriñéndolo a la empresa y no al centro o al convenio franja.

El criterio se extendería también, por lo tanto, a la concurrencia entre convenio de empresa y convenio de centro. Se produciría una situación de concurso prohibido si estando vigente un convenio de empresa, se negocia con posterioridad un convenio colectivo de centro de trabajo. En el supuesto descrito, tendría prioridad aplicativa el primero, convenio colectivo de empresa, sobre el convenio colectivo de centro y la vigencia de este último quedaría aplazada hasta que el convenio colectivo de empresa entrara en fase de ultraactividad.

El debate se situaría en otros términos si abordáramos la conveniencia de modificar el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 para dar cobertura formal al supuesto ahora controvertido, añadiendo, por ejemplo, al término «convenio de empresa» la expresión, «convenios de rango o ámbito inferior». Pero el planteamiento ya es «de lege ferenda», y no el actual, que parte de unos términos claros: «condiciones establecidas en un convenio de empresa».

Tal y como se señala en la cuestión planteada, tras la L 3/2012  -EDL ...

Tal y como se señala en la cuestión planteada, tras la L 3/2012  -EDL 2012/130651-, se da una preferencia aplicativa al pacto colectivo de empresa, respecto a lo que puede considerarse como «núcleo duro» del convenio -que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios de ámbito superior, dice el nuevo precepto-, con respecto del convenio sectorial, estatal, autonómico, e incluso, de ámbito inferior. La alteración de las reglas existentes hasta ese momento, justificándose dicho cambio, según se dice en la EEMM, en que «la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa», que pasa así a convertirse en referente prioritario de la reforma, pasando a un lugar distante tanto la autonomía colectiva, como, conforme se ha señalado, los intentos de uniformidad de las condiciones de trabajo (Merino Segovia). La cuestión no es ya por tanto, la de la propia preferencia normativa, incluso lo que supone de intromisión o inmiscusión en el ámbito de la autotutela -en el fondo, toda regla de preferencia aplicativa o de solución externa de la concurrencia de convenios lo supone-, sino el ámbito en que ello se produce, desde una cuádruple perspectiva: a) En una situación de crisis, en la que el empleo, repitiendo la frase tópica, se convierte en un bien escaso y preciado, que dificulta el reequilibrio negociador; b) En un ámbito de relaciones laborales en el que prima la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente dificultad de actuación sindical y la fuerte presencia patronal; c) Y ello, adoptado, en un momento de regresión sindical, consecuencia de la misma crisis económica; d) Y finamente, en parte consecuencia de lo anterior, desoyendo las opiniones de los agentes sindicales y los anteriores acuerdos al respecto, decidiéndose desde una perspectiva claramente unilateral y apartada de todo consenso político ni social (lo que no augura horizontes de estabilidad a dicha medida).

Viene este prolegómeno a cuento a los efectos de justificar mi interpretación de la cuestión que se plantea, de esa preferencia «parcial» (es decir, respecto a determinados contenidos del convenio), del de empresa respecto a los de ámbito superior o incluso inferior, partiendo en todo caso de que nos encontramos ante una eventual concurrencia de convenios colectivos estatutarios (así lo recuerda Cruz Villalón, entre otros). Pues bien, si ya es discutible desde una perspectiva de un sistema democrático de relaciones laborales, esa interferencia política en la autonomía colectiva, que parece introducir una regla imperativa, apartándose de la posibilidad de adopción negociada por parte de los interlocutores sociales representativos de reglas de solución de la concurrencia de convenios, acogiéndose al art.83.2 y 3 ET  -EDL 1995/13475-, mucho más lo sería en ámbitos cada vez más cercanos al empleador, donde más dificultad de intervención sindical -o unitaria sin duda existe, y donde las diferencias de trato, por más que se puedan intentar justificar, son más apreciables y evidentes, lo que evidencia situaciones que pueden ser de incremento de los desequilibrios, hacía arriba o hacia abajo.

Dicho lo anterior, y con esa «duda de pervivencia» del nuevo precepto estatutario, una vez que «se considere» por el poder político y/o económico, superada la situación creada por la crisis financiera, o que otro distinto equilibrio político y sindical conduzca a una eventual nueva regulación de la materia social, y sin entrar en una diversidad de cuestiones que pueden derivar de la utilización de esta técnica añadida de descuelgue del convenio, relacionada pues con lo que se señala en el art.82.3 ET  -EDL 1995/13475 (como efectos temporales de dicho acuerdo, impugnabilidad del mismo, control de oficio, ec), lo cierto es que:

a) El precepto, en su literalidad, alude de modo expreso, en mi opinión, a ámbitos que son, aparte de la misma concreta actividad, puramente territoriales, y por lo tanto, cuando se refiere a «otro de ámbito inferior», entiendo que debe de considerarse que el precepto se quiere referir a un ámbito territorial inferior al de ámbito estatal, o autonómico, es decir, claramente al provincial, o eventualmente, comarcal o local, menos frecuentes. Lo que, junto a suponer una interpretación coherente y lógica del precepto, es además acorde con que se pueda negociar excluirse de un ámbito en el que se está integrado (el territorial superior), por parte de quienes puedan tener legitimación suficiente para ello, pero que sin embargo, no parece razonable que puedan «incluir», dentro del ámbito de aplicación de ese convenio de empresa excluyente, a quienes no forman parte del ámbito de aplicación del convenio del que, sobre esas materias listadas, se acuerda la exclusión. No debe olvidarse que una cosa, muy discutible sin duda, es acordar que se aplique, con preferencia a lo dispuesto en el convenio de ámbito superior a la empresa que rige en la misma, lo acordado al efecto sobre determinadas materias listadas en el art.84,2 ET  -EDL 1995/13475-, y otra bien distinta, sin soporte normativo en mi opinión, pretender que se aplique también esa nueva regulación contenida en el «acuerdo de exclusión», a ámbitos que no estaban regulados por el convenio de ámbito superior a la empresa. Pues ni es lo que parece querer la norma, ni además, se debe insistir, existe legitimación alguna para entrometerse en el ámbito regulador de un convenio preexistente, no sometido a la vigencia del convenio que, sobre ciertas materias, deja de aplicarse.

b) Añadido a lo anterior, no debe olvidarse que las reglas de legitimación para convenir estatutariamente (ET art.87  -EDL 1995/13475-) no han sido modificadas por el afán reformador. Y en su consecuencia, es lo lógico deducir que, en el ámbito de empresa, nos encontremos con legitimaciones distintas de las que permitieron convenir a nivel de mero centro de trabajo, o de franja de trabajadores, lo que haría inviable esa pretensión de «incluir dentro de su ámbito de exclusión» a quienes no representan suficientemente. Lo que, en otro caso, conduciría a una situación de evidente distorsión, tanto normativa, como de representatividad, que resultaría de muy difícil encaje.

c) Por último, entiendo que debe de tomarse como referente interpretativo, que conduzca a una evaluación normativa acorde a exigencias constitucionales, la primacía que deriva tanto de los art.28 y 37 CE como de los compromisos internacionales, que comporta la interpretación de la legalidad ordinaria, si no colisiona con tales preceptos, en el sentido menos restrictivo del ejercicio del derecho. Y en su consecuencia, que no se deba realizar una interpretación extensiva de una norma que, en cuanto es intervencionista y limitadora, por más que se justifique en razones de interés general o de la incidencia sobre el empleo de la crisis (Exposición de Motivos de la L 3/2012  -EDL 2012/130651-), del libre derecho de negociación colectiva por parte de los interlocutores sociales. Y en su consecuencia, no pareciendo admisible una interpretación extensiva de la limitación que del art.83 ET  -EDL 1995/13475 comporta la nueva redacción del precepto comentado, que regula como una facultad de los sujetos colectivos negociadores con legitimación adecuada y suficiente, la de fijar el ámbito de aplicación del pacto colectivo (el que «las partes acuerden», art. 83.1 ET) y la de articular, si tienen legitimación suficiente para ello, la estructura de la negociación colectiva.

El tiempo próximo nos dirá sobre la pervivencia del precepto, y por supuesto, sobre su interpretación judicial.

Entendemos que la prioridad aplicativa del convenio de empresa prevista en el...

Entendemos que la prioridad aplicativa del convenio de empresa prevista en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 no puede extenderse a los convenios de ámbito inferior a la empresa, ya sea convenios de centro de trabajo o convenios franja.

No parece que sea esa la voluntad del legislador, cuando en el primer párrafo del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 se refiere expresamente a los convenios de empresa, y en el penúltimo párrafo señala, específicamente, que esa misma prioridad aplicativa tendrán los convenios colectivos para un grupo de empresa o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1º ET, sin contener mención alguna a los convenios colectivos de ámbito inferior al de empresa, pese a que el citado art.87.1º ya contiene una referencia singular a este tipo de convenios de ámbito inferior, tanto en su párrafo primero como en el cuarto en referencia a los convenios franja para un grupo de trabajadores con perfil profesional específico.

Queremos decir con ello, que el legislador ha contemplado de manera expresa, singular y específica la relación entre el art.84.2º y el art.87.1º ET  -EDL 1995/13475-, aplicando la prioridad del art.84.2º a los convenios colectivos de ámbito superior al de empresa del art.87.1º, pero sin hacer esa misma extensión a los convenios de ámbito inferior al de empresa que igualmente regula ese mismo art.87.1º ET.

Exclusión que sin duda no es un simple olvido del legislador, sino la manifestación expresa de la voluntad de no querer extender más allá esa novedosa normativa sobre la prioridad del convenio colectivo de empresa, haciéndola descender incluso a niveles inferiores al de empresa.

Siendo esta novedad legislativa una de las reformas más relevantes y trascendentes de las contenidas en la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-, parece evidente que no se ha atrevido el legislador a dar el paso de llevas estos efectos flexibilizadores de la negociación colectiva al ámbito inferior al de empresa.

Desde la perspectiva de un análisis de la eventual inconstitucionalidad de esa posibilidad, la lectura de la STC 12-1-15 no permite despejar las dudas sobre el alcance constitucional de la hipotética prioridad aplicativa de convenios inferiores al ámbito de empresa.

Como en la misma se dice, resulta «incuestionable que la descentralización de la negociación colectiva constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pretender, atendiendo a las consideraciones de política social y económica que estime relevantes, la modificación introducida por el art. 14.tres de la Ley 3/2012  -EDL 2012/130651 en el art. 84.2 LET  -EDL 1995/13475-, tanto en lo relativo a la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior, como en lo referido a la prohibición de acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa , no vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE  -EDL 1978/3879-), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)».

Tras lo que seguidamente se afirma con rotundidad que «al legislador le corresponde ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas de concurrencia y articulación de los convenios, pudiendo ampliar o restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en función de la opción que en cada momento considere más oportuna»; concluyendo definitivamente que esa opción «no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE  -EDL 1978/3879-), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE), teniendo en cuenta que no existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva; que respecto de esta última el legislador tiene libertad de configuración para fijar su estructura y ordenación, y que del Texto Fundamental no se deduce tampoco que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores».

Razonamientos de los que parecería desprenderse en una primera aproximación carente de mayor profundidad analítica, que el Tribunal Constitucional hubiere considerado igualmente ajustada a la Constitución la eventual prioridad aplicativa de convenio colectivos de ámbito inferior al de la empresa, si es que el legislador hubiere optado por esa solución.

No es por lo tanto este el camino para llegar a nuestra conclusión, sino simplemente la mera interpretación de las normas de legalidad ordinaria.

De haber sido voluntad del legislador extender esa posibilidad a los convenios de ámbito inferior al de la empresa debería de haberlo establecido de forma expresa en el art.84.2º ET  -EDL 1995/13475-, de la misma forma que así lo hace para los convenios de ámbito superior de grupos o pluralidad de empresas vinculadas, en aquella referencia al art.87.1º ET en el que se regulan igualmente los convenios de ámbito inferior al de empresa.

Es cierto que esta conclusión podría considerarse contraria a lo que se indica en la Exposición de Motivos de la L 3/2012  -EDL 2012/130651-, cuando explica que la novedad que ahora se incorpora va encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores, lo que podría interpretarse como una voluntad de permitir incluso la prioridad aplicativa de los convenios de ámbito inferior al de empresa por ser el nivel más cercano a la realidad empresarial.

Pero el mecanismo para ajustar la realidad empresarial a ese marco más cercano de cada uno de sus centros de trabajo lo encontramos en el art.82.3º ET  -EDL 1995/13475-, que al regular el descuelgue, nos dice expresamente que se trata de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, «sea este de sector o de empresa», lo que permitiría el descuelgue del convenio de la propia empresa en alguno de sus centros de trabajo.

Esa referencia al convenio de empresa en el descuelgue, es el mecanismo que ha habilitado el legislador para poder ajustar a los niveles más cercanos de la realidad empresarial en cada centro de trabajo lo previsto en el convenio colectivo aplicable, cuando es el de empresa.

I) Planteamiento de la cuestión: incidencia de la reforma laboral de 2012 en...

I) Planteamiento de la cuestión: incidencia de la reforma laboral de 2012 en tres factores clave de la negociación colectiva

El convenio colectivo de ámbito sectorial suele acordar los niveles retributivos y demás condiciones laborales esenciales, pero ocurre que las situaciones económicas pueden ser muy heterogéneas en las empresas afectadas por el mismo. Partiendo de que la negociación colectiva debe ser un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a la productividad y competitividad empresarial, y demás circunstancias de la empresa, y a fin de facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, propiciando así la viabilidad económica del proyecto empresarial, la reforma laboral del 2012, primero a través del RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-, y luego con la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-, y como se desprende de sus respectivas Exposiciones de Motivos, incorpora una serie de modificaciones como son, en primer lugar, el régimen del descuelgue de los convenios colectivos estatutarios (sectoriales o de empresa) regulados en el título III del ET  -EDL 1995/13475-, para que, ante la falta de acuerdo y solución del conflicto por otras vías autónomas, facilitando de este modo el desbloqueo, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (en adelante CCNCC) u órganos similares de las Comunidades Autónomas. A tal fin, se da nueva redacción a la Disp.Final 2ª ET (redacción dada por la disposición adicional quinta de la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-) pasando la CCNCC, como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de carácter tripartito y paritario e integrado por representantes de la Administración General del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a asumir funciones no solo en materia de asesoramiento, estudio, información y consulta sobre la negociación colectiva, sino también, y en esto reside la novedad, de «intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de desacuerdo en el periodo de consultas para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3 de esta Ley».

La segunda modificación, que es la determinante para resolver la cuestión debatida en este Foro, se refiere a la descentralización de la estructura de la negociación colectiva favoreciendo el nivel de empresa, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión flexible de las condiciones de trabajo, disponiendo ahora el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.

La tercera modificación se refiere a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo, pretendiendo el legislador evitar una «petrificación» de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio, previniendo ahora el art.86.3 ET  -EDL 1995/13475 que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia, y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.

II) Constitucionalidad de la reforma laboral de 2012 y del modelo de negociación colectiva

El RDL 7/2011  -EDL 2011/95328 había previsto que, salvo que un acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado según el art.83.2 ET  -EDL 1995/13475 estableciera reglas distintas sobre estructura de la negociación colectiva o concurrencia entre convenios, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendría prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en una serie de materias. Pero la L 3/2012  -EDL 2012/130651 corrigió esa solución y dio un paso más de manera que ahora el art.84.2 ET dispone que los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art. 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa del convenio de empresa.

En otras palabras, la prioridad aplicativa del convenio de empresa ya no es una regla dispositiva para los convenios colectivos de ámbito estatal o autonómico, aclarando las SSTC 119/14, de 16 julio  -EDJ 2014/113359-, y 8/15, de 22 enero  -EDJ 2015/2020-, así como la STS de 26-3-14, rec. 129/13  -EDJ 2014/124166-, que la prioridad del convenio colectivo de empresa y la prohibición a los convenios colectivos sectoriales y acuerdos interprofesionales de disponer de tal prioridad aplicativa no vulnera la Constitución y son compatibles con la negociación colectiva y la libertad sindical. La Carta Magna no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente, de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución  -EDL 1978/3878 le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/81, de 8 abril, FJ 7  -EDJ 1981/11-). Aun siendo el sindicato una pieza clave de nuestro sistema de relaciones laborales tan legítima resulta desde el punto de vista constitucional la opción legislativa que otorgue prioridad a la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, como aquella otra que considere oportuno dar preferencia aplicativa al convenio de empresa para ajustar las condiciones de trabajo a la concreta realidad y necesidades de la entidad empresarial. La opción del legislador en el actual escenario político, y como respuesta a la crisis económica global que en España ha incidido muy negativamente en el empleo, ha sido dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada sobre el resultado de una negociación centralizada, asumiendo como prioritario el de la «cercanía del representante a la empresa, sobre el de su lejanía», en lo tocante a la regulación de condiciones de trabajo sobre determinadas materias.

Y es que, en efecto, nuestro marco constitucional ha optado por un modelo plural de negociación colectiva en el que el legislador tiene libertad de elección y, en dicho marco, constan como elementos a elegir y determinar tanto la ordenación de la estructura como la propia articulación de la negociación colectiva. El legislador goza de un amplio margen de libertad para delimitar, como derecho necesario, aspectos de la estructura, contenido, alcance y límites de la negociación colectiva, en razón de la superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa. De ello, se puede concluir que una regulación que prioriza el convenio de empresa no va necesariamente en contra de lo previsto en los convenios 87 y 98 de la OIT.

III) La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y no alcanza a los convenios de ámbito inferior a la empresa

El art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 establece de un lado que la regulación que se desarrolle en un convenio colectivo de empresa, el cual se puede negociar en cualquier momento durante la vigencia de un convenio colectivo superior, haciendo inaplicables con ello las reglas sobre concurrencia de convenios previstas en el art.84.1 ET, tendrá prioridad absoluta sobre lo reglado en convenio colectivo superior o sectorial y, por otro, que dicha prioridad es aplicable a determinadas condiciones de trabajo, no a cualquiera. Dicha prioridad se extiende a los convenios colectivos de grupos de empresa o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1 ET.

Los términos de redacción del precepto permiten que el convenio colectivo de empresa se pueda negociar antes, durante y después de un convenio sectorial, eliminando la norma clásica de concurrencia prior tempore.

La doctrina científica parece convenir [así, Del Rey Guanter, XXVII Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva, Madrid, 10 diciembre 2014] en que la exégesis del art. 84.2 ET  -EDL 1995/13475 contiene una prioridad absoluta parcial, en cuanto referido a determinadas materias, entre las cuales no están contempladas la estructura salarial, los conceptos extrasalariales y la jornada, respecto exclusivamente de un convenio colectivo estatutario del Título III, esto es, no se predica de acuerdos, pactos u otras figuras que están previstas en el Título I, y su ámbito de aplicación se circunscribe al convenio colectivo de empresa, y por extensión, a los convenios colectivos de grupo de empresas y de empresas vinculadas, pero no así a los convenios colectivos ámbito inferior a la empresa que menciona el art.87.1 ET, ya se trate de unidades de carácter vertical (tales como los convenios de departamento, sección o centro de trabajo de una empresa, ex art.1.5 ET) u horizontal, esto es, convenios colectivos de franja dirigidos a un grupo de trabajadores homogéneo desde el punto de vista de un perfil profesional específico (pilotos de líneas aéreas, médicos, jugadores profesionales).

Por otra parte, ya no es solo que la literalidad del aptdo. 2 del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 no ha querido incluir a los convenios de ámbito inferior a la empresa dentro de la preferencia, sino que el precepto, en cuanto manifestación de una excepción o privilegio a la norma general sobre concurrencia de convenios referida en su apartado precedente, conduce indefectiblemente a la conclusión de que la voluntad inequívoca del legislador ha sido la de no dar a los convenios infraempresariales el mismo tratamiento que a los convenios de ámbito de empresa. La descentralización de la negociación colectiva lo es primando al ámbito empresarial para promocionar su adaptabilidad a las exigencias del mercado en materias clave para la competitividad y la productividad empresarial, si bien la prioridad aplicativa solo es predicable de las materias listadas y sin alcanzar a los convenios de ámbito inferior a la empresa. Expandir la solución más allá del ámbito legal sería tanto como contradecir la intención del legislador.

En suma, cuando el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475 establece la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y de manera deliberada no completa esta referencia haciendo mención a otros espacios de negociación con expresiones tales como «otros convenios de ámbito inferior».

La solución que propugnamos viene respaldada por sentencia de la Sala de lo Social del AN 4-5-15, demanda 62/15  -EDJ 2015/73610-, afirmando que:

«Con arreglo al precepto reproducido [art.84.2 ET  -EDL 1995/13475-] el Convenio de empresa puede negociarse en cualquier momento aún cuando hubiere un Convenio en vigor, de lo que cabe inferir que en todo caso existe un deber de negociar el Convenio de empresa, deber este que no es predicable de igual forma respecto del convenio de ámbito inferior si existe un convenio en vigor, de manera que en este caso tanto la empresa como los representantes de los representantes de los trabajadores puedan rehusar acudir a la negociación (art. 89.1 E.T). Igualmente es de reseñar que la prioridad aplicativa del Convenio de empresa sobre el de ámbito superior en aquellas materias que relaciona el referido art. 84.2 E.T, hace que el proceso de conformación de la voluntad de las partes en la negociación de este instrumento normativo no pueda resultar válido para la adopción de un instrumento de ámbito inferior que carece de tal preferencia.»