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Social

Prestaciones de Seguridad Social e intereses moratorios

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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La cuestión que se plantea a los integrantes de este foro, tiene que ver con el pago de las prestaciones de Seguridad Social y la posibilidad de que los beneficiarios puedan reclamar el abono de intereses moratorios.

La práctica forense evidencia que son muchos los casos en que las sentencias de los órganos del orden social de la jurisdicción, dejan sin efecto resoluciones administrativas o decisiones de las mutuas colaboradoras que afectan a prestaciones de la Seguridad Social y que vienen a reconocer derechos prestacionales inicialmente denegados en vía previa a la judicial.

Así, por ejemplo, son frecuentes las sentencias que reconocen prestaciones que habían sido previamente denegadas por la Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social. Y lo que ocurre en otros supuestos, es que el beneficiario procede a reintegrar una cantidad que se ha declarado indebidamente percibida por la Entidad gestora en decisión que, posteriormente, es dejada sin efecto por sentencia judicial.

Lo que se plantea a los expertos que integran el foro, es si entienden posible que se pueda condenar a las Entidades gestoras o a las mutuas colaboradoras, no solo al pago de una prestación inicialmente denegada, o a dejar sin efecto el reintegro de una determinada cantidad, sino también al abono de los intereses moratorios; y, en su caso, desde que fecha comenzaría a correr el devengo de tales intereses.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de junio de 2018.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

La obligación de restituir una cantidad indebidamente cobrada lleva aparejada la obligación de abonar el interés legal si el que aceptó el pago indebido obró de mala fe, así se desprende de lo establecido en el art.1896 -EDL 1889/1- en relación con el art.1985 CC. En este sentido se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla La Mancha 22-2-17, rec 339/16 -EDJ 2017/32852-, que deniega el abono de los intereses materiales reclamados por la parte actora al Servicio Público de Empleo Estatal por no apreciar una mora culpable al obedecer la actuación del Organismo demandado al complejo solapamiento de prestaciones por desempleo y salarios de tramitación en el período concurrente.

Así pues, no toda restitución de cantidad indebidamente cobrada lleva aparejada el devengo de intereses por mora sino solo aquella en que la aceptación del pago indebido evidencie mala fe, la cual no solo se ha de acreditar, sino que además parece que es difícil de apreciar en el caso de las Entidades Gestoras que como integrantes de la Administración pública se rigen por el principio de legalidad (art.103.1 y 2 Const-EDL 1978/3879-), o en el caso de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones (art.80.4 LGSS-EDL 2015/188234-) .

Ahora bien, si se llegase acreditar que dichas entidades han obrado de mala fe en la aceptación del pago indebido, no cabe duda que procedería la condena de las mismas al abono del interés legal de la cantidad indebidamente aceptada que se devengará, lógicamente, desde la fecha en que se produjo dicha aceptación, pues, solo así, se indemnizará íntegramente al acreedor los perjuicios sufridos al no tener a su disposición la cantidad indebidamente pagada.

Cuando sea la Mutua colaboradora la que incurre en mora en el pago de una cantidad determinada correspondiente a una prestación reconocida por la Entidad Gestora, como sucede en el caso de la prestación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, entrará en juego lo establecido en el art.1108 CC-EDL 1889/1- y, por tanto procederá el abono del interés legal del dinero y como el art.1100 de dicho texto legal establece que no es necesaria la intimación del acreedor para que el deudor incurra en mora, cuando la obligación o la Ley lo declaren expresamente, la fecha de devengo del interés legal se producirá desde que se dicta la resolución administrativa reconociendo la prestación, habida cuenta de la ejecutividad de dicha resolución (Véase en este sentido la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ Cataluña 16-4-99, rec 7677/98 -EDJ 1999/15540-).

También procederá el abono del interés legal del dinero en el caso de retraso de la Mutua colaboradora en el abono de prestaciones periódicas no vitalicias reconocidas por la Entidad Gestora, produciéndose el devengo de intereses desde la fecha en que se tendría que haber abonado la correspondiente mensualidad, habida cuenta que en dichas prestaciones no es necesaria la capitalización ni la intervención de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por el contrario en el caso de abono de una prestación vitalicia por parte de la Mutua Colaboradora, al ser precisa la intervención de la Tesorería General de la Seguridad Social, para el cálculo de su correspondiente capitalización, se habrá de estar a lo dispuesto en el art.260 LGSS-EDL 2015/188234-, en el art.63.1 RD 1993/1995, de 7 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social -EDL 1995/16574- y en el RD 1637/1995, de 6 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social -EDL 1995/15829-, que otorga competencias a la TGSS para la fijación y recaudación de los capitales coste.

Por último, si es la Entidad Gestora la obligada al abono de una prestación reconocida ya sea una cantidad determinada o periódica, vitalicia o no, resulta de aplicación lo establecido en el art.24 L 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria -EDL 2003/127843- y procederá el abono del interés legal del dinero si en el plazo de tres meses desde que se dictó la resolución no ha procedido a su pago, aunque el devengo de intereses se producirá desde la fecha en que se dictó la resolución que reconocía la prestación.

La cuestión a la que debemos dar respuesta consiste en determinar si se puede condenar a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social o a las Mutuas Colaboradoras, no solo al pago de una prestación inicialmente denegada, o a dejar sin efecto el reintegro de una determinada cantidad, sino también al abono de los intereses moratorios; y, en su caso, desde que fecha comenzaría a correr el devengo de tales intereses.

Según dispone el art.576.1 L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, (en adelante LEC)-EDL 2000/77463-, coincidente en lo esencial con la redacción del art.921 Ley homónima de 1881-EDL 1881/1-, y de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la Ley. Pero, más adelante, en su apartado 3º, introduce una importante precisión, cual es que ello es así «salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas».

Y el concepto de «Haciendas Públicas» que utiliza la Ley, como hace notar la STS 4ª, 11-12-07, rec 1513/07 -EDJ 2007/260428-, no debe entenderse en sentido restrictivo, sino que la regla debe ser igualmente aplicada a todas las Administraciones Públicas y, sin duda, el sistema de Seguridad Social participa de esa naturaleza, por lo que, como señalaron las SSTS, 4ª, 9-12-92 (rec 982/92) -EDJ 1992/12122- y 16-6-93 (rec 535/92) -EDJ 1993/5873- resultan de aplicación a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las especialidades que respecto de los intereses moratorios establece la Ley General Presupuestaria (en adelante LGP), especialidades que, sin embargo, no devienen predicables de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, por no tener éstas la condición de gestoras, sino de meras colaboradoras en la gestión (TS, 4ª, 6-6-07, rec 1579/06 -EDJ 2007/70563-), pues se trata de asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos legalmente (art.80.1 RD Leg 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social-EDL 2015/188234-).

En fin, que como subraya la STS ,4ª, 25-10-05, rec 1693/04 -EDJ 2005/230458-, no puede sustraerse el patrimonio de la Seguridad Social de las especialidades de la LGP, lo que ya puso de relieve la STCo 114/1992, de 14 septiembre -EDJ 1992/8757-, estableciendo que las Entidades Gestoras que integran la denominada Administración institucional de la Seguridad Social son entidades de Derecho Público a las que se encomienda la gestión del servicio público de la Seguridad Social. De lo que se deduce a las Entidades Gestoras no se les aplica el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos (TS, 4ª, 31-3-10, rec 1817/09 -EDJ 2010/84362-). Mas dichas especialidades de la LGP no se pueden extrapolar a las Mutuas, que no están calificadas ni equiparadas in totum a las Administraciones públicas ni otros entes públicos, por su papel de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Atendiendo al art.24 L 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria -EDL 2003/127843-, (antiguo art.45 LGP de 1988-EDL 1888/12913-), de redacción ambigua e imprecisa como advirtió con razón la STCo 209/2009, de 26 noviembre -EDJ 2009/275694-, «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación». Este interés de demora señalado por el citado art.17 no es otro que el que resulte de aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 69/1996, de 18 de abril, examinando el artículo 45 de la LGP de 1988-EDL 1888/12913-, de similar redacción a la del 24 de la actual LGP-EDL 2003/127843-, entendió que no había lugar a declarar su inconstitucionalidad desde la perspectiva de los art.14 y 21 Const-EDL 1978/3879- siempre que se interprete, y esto es importante subrayarlo, la resolución judicial desde la que comienzan a correr los intereses de demora sea la dictada en la primera instancia (doctrina reiterada en las SSTCo 110/1996, de 24 junio, FJ 3 -EDJ 1996/4388-; 113/1996, de 25 junio, FJ 3 -EDJ 1996/4391-; 81/2003, de 30 abril, FJ 5 -EDJ 2003/8881-; y 157/2005, de 20 junio, FJ 3 -EDJ 2005/118928-).

La posterior STCo 81/2003 de 30 abril -EDJ 2003/8881-, vino a precisar con mayor exactitud el sentido de la doctrina establecida por la STC 69/1996 -EDJ 1996/1560-, de acuerdo con las exigencias que emanan del principio de igualdad, al señalar la necesidad de distinguir dos momentos: Uno, el de comienzo de devengo de los intereses, que es el de la sentencia dictada en la primera instancia que condena a la Administración al pago de cantidad determinada y líquida, y otro, el de la exigibilidad de dichos intereses, que es el de firmeza de dicha sentencia.

Debe entenderse en una recta interpretación del art.24 LGP 2003-EDL 2003/127843- (antiguo art.45 LGP de 1988-EDL 1888/12913-) que los intereses se devengan desde la primera sentencia que declara la responsabilidad de la entidad gestora, salvo que esta abone el principal en el plazo de tres meses desde la fecha de notificación de la sentencia. En caso de no haber procedido a abonar la cantidad objeto de condena en el plazo fijado, los intereses se devengan desde el primer día siguiente al nacimiento de la obligación, esto es, desde el día siguiente a la notificación de la primera sentencia que declaró la responsabilidad de la Administración. El precepto, y como expone la STS 4ª, 11-12-07, rec 1513/07 -EDJ 2007/260428-, instrumenta un plazo de tres meses para que las Entidades Gestoras puedan considerarse incursas en la mora, una vez producida la cual sus efectos se retrotraen al instante en que efectivamente se produjo el incumplimiento. Dicho plazo de tres meses concedido a la Administración no significa que ese tiempo haya de ser excluido del cómputo de intereses, sino que tiene como finalidad facilitar a la Administración el control del gasto y conceder la autorización pertinente para el abono de la deuda, pero nada más.

En el supuesto de insolvencia empresarial, la fecha inicial para el cómputo de intereses es la de la notificación del auto que declare dicha insolvencia, pues si la obligación legal para la Entidad Gestora del pago de la prestación nace con dicho auto, a partir de su conocimiento puede y debe abonar la prestación sin necesidad de requerimiento alguno, aunque disponga del plazo de tres meses para hacer efectivo el pago, y una vez transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se devengarán los intereses (TS ,4º, 6-6-07, rec 1579/06 -EDJ 2007/70563-).

Por otra parte, que el art.287.1 LRJS-EDL 2011/222121- en relación a la ejecución de las sentencias frente a entes públicos conceda un plazo de dos meses desde la firmeza de la sentencia para su cumplimiento voluntario, no significa que el día inicial para el cómputo de los intereses moratorios no sea el de la fecha de notificación de la primera sentencia, pues si la Administración Pública no cumple voluntariamente la sentencia en el plazo de gracia de tres meses que tiene establecido ese plazo no puede ser excluido del cómputo de intereses (TSJ Valencia 13-1-15, rec 2732/14 -EDJ 2015/31018-).

En corolario, si la entidad gestora o servicio común no pagasen dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial de instancia ha de abonar el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. Pero si abona lo adeudado, como por ejemplo los atrasos de la pensión, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la sentencia de instancia queda liberada del abono de los intereses regulados en el art.576 LEC-EDL 2000/77463-.

Como panorama inicial, debemos indicar que los efectos del paso del tiempo en la satisfacción de la obligación de indemnizar debe tener determinadas consecuencias en el Ordenamiento laboral que justifican plenamente que en el ámbito de esta jurisdicción social, la interpretación de los art.1101 y 1108 CC-EDL 1889/1- atienda -incluso- a un mayor automatismo que el orden civil, de manera que la regla general en la materia ha de ser -supuestos exorbitantes aparte- la de que las deudas en favor del trabajador generan intereses a favor de éstos desde la interpelación judicial, TS 4ª, 2-2-15, rec 395/14 -EDJ 2015/69688-.

Tal interés por mora, TS 4ª, 10-11-10, rec 3693/09 -EDJ 2010/259142-, no es el previsto en el art.29 ET -EDL 1995/13475-, siendo así que la previsión contenida en tal precepto -el diez por ciento de interés anual- va exclusivamente referido a las deudas salariales y -sabido es- que las mejoras voluntarias de Seguridad no son salario, sino en su caso -tratándose del complemento del subsidio por IT- rentas sustitutivas del salario, y que en tanto que deuda de cantidad -sin preceptivo aseguramiento- es posible objeto de actualización a través de los intereses sustantivos comunes (art.1110, 1101 y 1108 CC -EDL 1889/1-) y los genéricos procesales (art.576.2 LEC-EDL 2000/77463-) (TS 31-10-02 -rcud 3902/00-; y 8-6-09 -rcud 2873/08-, dictadas para indemnizaciones fijadas en Convenio Colectivo para supuestos de IP), porque «si se pretende conceder al acreedor a quien se debe una cantidad una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega, debe representar la suma (...), porque si las cosas, incluso fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos -léase frutos civiles o intereses- no parece justo que los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, al acreedor» (así, la TS -Sala 1ª- 9-2-07 -rec 4820/99-, en línea con diversos precedentes como las resoluciones de 3-6-05 -rec 4719/98- y 5-4-5 -rec 4206/98-, que rechazan todo automatismo en la aplicación del brocardo in illiquidis non fit mora).

En palabras de la misma Sala Primera, esta interpretación atenuada de la máxima de que tratamos - in illiquidis no fit mora - entronca con la conclusión de que la sentencia no opera la creación de un derecho con carácter constitutivo, sino que lo tiene meramente declarativo, pues a través de la misma lo que se hace es declarar un derecho a la obtención de una cosa o cantidad que, con anterioridad a la resolución judicial, ya pertenecía y debía haberle sido atribuida al acreedor, y así, la completa satisfacción de los derechos del acreedor exige que se le abonen los intereses de tal suma, aún cuando fuese menor de la por él reclamada, desde el momento en que se procedió a su exigencia judicial (TS 19-2-04 -rec 941/98, -EDJ 2004/6324-, con cita de las SSTCo 206/1993, de 22 junio -EDJ 1993/14925-; y 114/1992, de 14 septiembre -EDJ 1992/8757-).

Respecto a la deuda de seguridad del empresario, TS Sala 4ª, 12-3-13, rec 1531/12 -EDJ 2013/127614-, 30-3-15, rec 3204/13 -EDJ 2015/5858- y núm. 371, 4-5-16, rec 2401/14 -EDJ 2016/78274-, su existencia nos sitúa «en el marco de la responsabilidad contractual y del art.1101 CC-EDL 1889/1-, que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que «en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas». Y nuestra conclusión sobre la obligación de indemnizar es la de que a la cifra indemnizatoria finalmente obtenida ha de aplicársele, desde su devengo, no solo desde la interpelación judicial, sino en la fecha de la consolidación de las secuelas y hasta la sentencia que fija el importe de la indemnización, el interés legal moratorio; y desde la fecha de esta sentencia, los oportunos intereses procesales (art. 576 LEC -EDL 2000/77463-)», lo que comporta «añadir el reconocimiento del derecho del demandante al abono de los intereses por mora devengados desde la fecha de consolidación de sus secuelas; fecha que debe coincidir con la de efectos de la declaración de la incapacidad permanente absoluta».

En relación con los intereses que deben abonar las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, TS 4ª, 6-6-07, rec 1579/06 -EDJ 2007/70563-, la TS, 10-6-03 (rec 4213/02) -EDJ 2003/241249-, y las que cita, indicaban que «La cuestión, en términos tan específicos como en los que aquí se nos plantea, no ha sido resuelta hasta ahora por esta Sala, si bien la misma ha tenido varias ocasiones de ocuparse de algunos aspectos relacionados con los intereses de los que aquí tratamos» (...), «dando por supuesta la aplicabilidad a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de la especialidad que respecto de los intereses de referencia establece la LGP», sin ser de aplicación tal especialidad, sin embargo, a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, por no tener éstas la condición de gestoras, sino de meramente colaboradoras en la gestión.

«Y con mayor aproximación al problema (apoyándose asimismo en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 69 del Pleno, de fecha 18 de abril de 1996 -EDJ 1996/1560-) se han pronunciado nuestras Sentencias de 4 de noviembre de 1997 (Recurso 1698/97) -EDJ 1997/7531- y 13 de diciembre de 2002 (Recurso 1609/02) -EDJ 2002/61285-, razonando ésta última (F.J. 2º), con cita de la anterior, que "La materia controvertida ha sido objeto de la sentencia de 18 de abril de 1996 del Tribunal Constitucional que declaró que dicho artículo -se refiere al art. 45 de la LGP-EDL 1888/12913- no es inconstitucional siempre que se interprete que la resolución"(...) desde la cual han de correr los intereses, es la dictada en la primera instancia (...)". Razona la sentencia citada que la Hacienda Pública en su obligación de pagar el interés de demora en su función indemnizatoria que responden a una exigencia material de la justicia, principio rector de nuestro Estado de Derecho, ha de ser tratada en igualdad con el ciudadano, por lo que no hay razón constitucionalmente relevante para un trato distinto en elemento temporal previsto en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1-"(...), "Así pues, distinguiendo entre firmeza y ejecutoriedad de la sentencia se concluye que la resolución judicial a que se refiere el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria no es otra que la de instancia, y por ello los intereses se devengaran en las mismas condiciones temporales que las previstas en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para después señalar que: "Conforme a la doctrina expuesta, aparece claro que la fecha inicial del devengo de los intereses de referencia, cuando la deudora de ellos sea una Administración pública, habrá de computarse en relación con la fecha de la sentencia de primer grado de la que tales intereses se deriven, sean cuales fueren las vicisitudes (las más frecuentes los recursos que contra la aludida resolución se hubieran podido entablar) que el proceso haya seguido ulteriormente, y el tiempo transcurrido desde que la primera resolución se pronunciara hasta la fecha en que su ejecución se lleve a efecto, pues como razona la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de abril de 1996 (F.J. 5º), con referencia también a la anterior, número 206 del año 1993,"siendo tales intereses una exigencia material de la justicia, principio rector de nuestro Estado de Derecho, ha de ser rechazada de plano la posibilidad de que el ciudadano, cuando trate con las Administraciones públicas y sea su acreedor, resulte peor tratado por no conseguir la íntegra compensación de un derecho de crédito reconocido judicialmente" (...) “El artículo 576.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-EDL 2000/77463- (antes artículo 921 LEC), al referirse a los intereses de la mora procesal, establece que "desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará a favor del acreedor, el devengo de un interés (...)", y ello conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del propio precepto, será de aplicación a todo tipo de resoluciones jurisdiccionales, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas, es decir, excepto lo establecido en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria (anterior artículo 45 LGP), conforme al cual, "si la Administración no pagare al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado”.

Lo que aquí hemos expuesto, no lleva a las siguientes conclusiones.

Es posible que se pueda condenar a las Entidades gestoras o a las mutuas colaboradoras, no solo al pago de una prestación inicialmente denegada, o a dejar sin efecto el reintegro de una determinada cantidad, sino también al abono de los intereses moratorios.

Estos deberán ser reclamados, art.1100 y 1108 CC-EDL 1889/1- y art. 24, Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria-EDL 2003/127843-.

Respecto a las Entidades Gestoras, estos intereses se devengan desde la sentencia que fija los mismos, en primera instancia, siempre que no sean satisfechos en el plazo de tres meses.

Respecto a las Mutuas, se debe seguir el régimen común, devengándose desde la interpelación judicial. Con anterioridad, desde que resulten fijadas las secuelas o las cantidades sean debidas.

Como se expone, son frecuentes las sentencias que reconocen prestaciones que habían sido previamente denegadas por la Entidades gestoras o por las colaboradoras de la Seguridad Social. Y lo que ocurre, en otros supuestos, es que el beneficiario procede a reintegrar una cantidad que se ha declarado indebidamente percibida por la Entidad gestora en decisión que, posteriormente, es dejada sin efecto por sentencia judicial.

Se nos pregunta sobre el pago de intereses moratorios en tales casos. Debe comenzar precisándose que tanto los intereses estrictamente moratorios como los llamados judiciales o ejecutorios tienen una existencia determinada por la ley, lo que les otorga el calificativo de legales.

Los intereses de demora en el Derecho administrativo se regulan, con carácter general, en la L 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)-EDL 2003/127843-, que siguió el camino iniciada por la anterior Ley de 1977, la que positivizó un régimen especial en favor de la Administración. Aquella norma se entendía aplicable tanto a intereses procesales como estrictamente de demora.

La LGP contiene el régimen general de los intereses de demora surgido de aquellas obligaciones que asume la Hacienda Pública, nacidas de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen (art.20 LGP -EDL 2007/28330-). Los preceptos de la LGP serán de aplicación en los escasos supuestos que no exista una legislación específica al respecto.

En dicha norma son dos los artículos importantes para nosotros: el art.17-EDL 2003/127843-, que establece el cuánto, y el 24-EDL 2003/127843-, que concreta el cómo se aplican estos intereses. Antes de aplicar la LGP, debemos considerar lo que indica la legislación sectorial de que se trate, y sólo en ausencia de normativa específica es cuando debemos tener en cuenta lo que a continuación se aborda. Con la misma redacción que tenía el artículo 45 de la anterior LGP-EDL 1888/12913-, el artículo 24, denominado «Intereses de demora», establece lo siguiente: «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta Ley-, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación».

Como no existe una legislación específica en materia prestacional de Seguridad Social, la jurisprudencia ha declarado aplicable a la Seguridad Social este régimen privilegiado de intereses de la Ley General Presupuestaria (sentencias de la Sala Cuarta del TS 7-10-91, 27-4-93, 29-4-93, 14-7-93, 27-10-93, 9-2-94, 19-6-95, 17-1-96, 25-10-05) y no el de los intereses procesales de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1-.

Después de promulgarse la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, hoy vigente, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se pronunció en sentido favorable a continuar aplicando a la Seguridad Social el régimen privilegiado de interés de demora de la Hacienda Pública, ya que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se hacía referencia a «haciendas públicas» en plural, en lugar de «hacienda pública» en singular, como ocurría en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1- (Sentencia de la Sala 4ª, 24-9-03).

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo viene aplicando, además, sin matización alguna, la norma especial de la Ley General Presupuestaria después de la entrada en vigor de la L 47/2003-EDL 2003/127843- (así en sentencia 31-3-10, RCUD 1817/2009 -EDJ 2010/84362-).

El art.287.4 e) LRJS-EDL 2011/222121- remite a esta normativa: «Cuando la Administración Pública fuera condenada al pago de cantidad líquida, el devengo de intereses procederá conforme a lo dispuesto en la legislación presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de diligencia en el incumplimiento, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar».

No hay duda entonces respecto a los intereses procesales, que tienen como finalidad la compensación al acreedor triunfante en el proceso, tanto por el daño inflacionario como por el moratorio. También pretenden disuadir de la interposición de recursos infundados o con pocas expectativas de prosperar. Estimulan el pronto cumplimiento de las resoluciones judiciales que condenan a pagar cantidades líquidas. Potencian así la ejecutoriedad de las resoluciones de condena mediante el encarecimiento de la tardanza.

Al no ser compatibles los intereses moratorios con los llamados procesales, judiciales o ejecutorios, de reconocerse la posibilidad de acumulación, sería la acumulación sucesiva de intereses la solución que parece más factible, además de ser la que aplica el Tribunal Supremo para otros supuestos. Se devengarían, sobre el papel, intereses moratorios desde la demanda, y los procesales desde la primera sentencia que condene a una cantidad determinada.

Sin embargo, pese a que en ambos casos la Administración disfruta de una situación privilegiada cuando se contrasta con el régimen de los particulares, en los intereses procesales la única especialidad de la que ésta goza es la cuantía (dos puntos menor que la de los particulares). Por ello, son los intereses moratorios el ámbito donde se reconocen más privilegios para la Hacienda Pública, lo que supone incluso, en nuestra esfera prestacional de Seguridad Social, la imposibilidad de que se hagan efectivos tales intereses si las prestaciones no han sido reconocidas administrativamente.

Lo decimos porque, para que opere el primer supuesto, la mora no procesal, es decir, los intereses de demora en sentido estricto, las prestaciones han tenido que ser «reconocidas administrativamente» y, sin embargo, en el supuesto por el que se nos pregunta, lo que sucede es, al contrario, que éstas previamente han sido denegadas por la Entidades gestoras o por las colaboradoras de la Seguridad Social o se han declarado indebidamente percibidas por la Entidad gestora. Habrá de esperarse entonces a una resolución judicial que concrete tal prestación y entonces el único abono procedente, en su caso, será el de los procesales.

Como expresa la Sentencia núm. 532/2011, 6-4-11, del TSJ de Castilla y León (Valladolid), rec 532/11 -EDJ 2011/84857-: «Para que corran intereses, debe exista previamente un acto de reconocimiento del derecho pecuniario reclamado, el cual puede consistir en una resolución administrativa o en una sentencia judicial. Si tal acto se ha producido, entonces desde que es conocido y notificado a la Entidad Gestora (o desde que se dicte, si es la propia Entidad Gestora la que lo ha hecho, o desde que termine el plazo fijado para su abono, si estuviera sometida la deuda reconocida a plazo) se abre un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago y si no lo hace efectivo dentro del mismo, la Entidad Gestora habrá de añadir el interés legal del dinero, computando como dies a quo aquél en el que se dictó o notificó el acto de reconocimiento de la deuda pecuniaria. Pero en este caso no consta que exista resolución de la Entidad Gestora reconociendo el derecho al pago de la prestación reclamada, por lo que el dies a quo del devengo de intereses solamente puede tomar como referencia la sentencia de instancia y aplicarse en los términos de dicho artículo desde que venza cada uno de los plazos de pago allí establecidos. Se trata por tanto de intereses procesales y no de intereses de demora».

Tal postura, la que niega la posibilidad de reclamar intereses de demora, mientras no exista tal reconocimiento administrativo, es el criterio del que informa, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo: www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/ficha14_053.pdf

Cuestión distinta es, que partiendo de lo que ha declarado la jurisprudencia de la Sala Tercera (STS 27-5-2002, rec 5347/97 -EDJ 2002/19641-, que cita las de 10-6-94 -EDJ 1994/11142- y 14-7-95 -EDJ 1995/4177- y SSTCo núm 23/1997 -EDJ 1997/1889- y 69/1993 -EDJ 1993/2000-), y obviando dicha norma presupuestaria, pues en dicho precepto se contemplan, como decíamos, estrictos intereses moratorios en ambos casos, se pudieran postular (lo que sería muy controvertido) los llamados intereses “compensatorios”. Son distintos a los dos tipos referidos, ya que tienen la función de restablecer el desequilibrio producido en el patrimonio del deudor consecuencia de no poder disponer de una suma de dinero en el tiempo en que la misma se encuentra indebidamente en poder del acreedor

Estos intereses pueden calificarse de legales u ope legis y se computa su devengo desde la fecha del ingreso, pero su abono, no lo podemos dejar de decir, tiene un complicado encaje en el caso concreto al que se refiere la pregunta.

En materia de intereses procesales la cuestión debemos entenderla definitivamente resuelta con la abundante doctrina jurisprudencial que ha venido a sentar el criterio de estimar aplicable a las entidades gestoras de seguridad social el mismo principio previsto en el art.575.3 LEC -EDL 2000/77463- para las Haciendas Públicas en general, a tener del cual el devengo de intereses se rige por las reglas que resultan de aplicación en cada caso, y con carácter general, conforme a lo dispuesto en el art.24 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de noviembre) -EDL 2003/127843-, en lo que se refiere a la reclamación de intereses al INSS y a la TGSS por retraso en el pago de prestaciones de Seguridad Social reconocidas.

Baste recordar a estos efectos la STS 11-12-2007, rcud.1513/2007 -EDJ 2007/260428-, y las que en ellas se citan, en las se asume que los intereses del proceso deben devengarse frente a las entidades gestoras conforme aquel precepto dispone, transcurridos tres meses desde la notificación de la sentencia, pues sólo desde ese momento podrá iniciar los trámites necesarios para tramitar el oportuno expediente de gasto, (STS 31-3-2010, rec.1817/2009 -EDJ 2010/84362-).

La regla del art. 24 de la Ley General Presupuestaria -EDL 2003/127843- lo que nos dice es que «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley -EDL 2003/127843-, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación», y la interpretación que de esta norma ha hecho el Tribunal Constitucional en la STC 26-11-2009, nº 209/2009 -EDJ 2009/275694-, y en las que en ella se citan, es coincidente con la que ya hemos expuesto de la Sala IV del TS y está referida a los intereses procesales que no a los moratorios propiamente dichos, por lo que en nuestra opinión tampoco resuelve definitivamente la cuestión.

Respecto a esa clase de intereses, la doctrina jurisprudencial expuesta despeja las dudas relativas a su propia exigencia y al momento a partir del que deben computarse.

Pero en lo que afecta a los intereses de mora la cuestión resulta mucho más compleja tratándose de prestaciones de seguridad social en lo que no hay una regla específica a tal respecto, cuando sin embargo son variadas las normas que imponen una determinada fecha de efectos económicos del reconocimiento de prestaciones sin alusión al devengo de intereses.

En la más reciente jurisprudencia podemos encontrar diferentes sentencias de la Sala IV Tribunal Supremo que se han pronunciado indirectamente sobre aspectos relacionados con esta misma cuestión, al resolver en favor de la competencia del orden social de la jurisdicción para reclamar el FOGASA los intereses de mora generados una vez que debe entenderse recaída la resolución presunta de reconocimiento de prestaciones al operar el silencio positivo a los tres meses de solicitud del interesado previsto en el art. 28.7 del Real Decreto 505/1985 -EDL 1985/7973-, sin respuesta por parte de dicho organismo.

Son muchas las SSTS que se han dictado en los últimos meses sobre esa cuestión y por citar la última de ellas bastará que aludamos a la STS 13-3-18, rcud 3798/16 -EDJ 2018/32840-, en la que se incluyen algunos apuntes que pueden ser interesantes en lo que ahora tratamos.

Como en la misma se dice, «los intereses correspondientes a una prestación», en este caso, la que debe abonar FOGASA, no pueden «desgajarse del tronco principal -el importe que corresponde a la prestación que los produce-», en lo que puede valorarse como un reconocimiento, cuanto menos implícito, de que estas prestaciones devengan intereses de mora a partir del momento en el que el transcurso del plazo da pie a considerar que la prestación ha sido reconocida en virtud de la resolución presunta que debe entenderse estimatoria una vez que opera el silencio positivo.

Y así se concluye en todas estas sentencias, que acaban pronunciándose en favor de la competencia del orden social de la jurisdicción «para conocer de las reclamaciones de intereses de demora contra el FOGASA», cuando antes han dicho «que los intereses correspondientes a una deuda reconocida constituyen los frutos civiles del importe principal adeudado (art.354.3º CC-EDL 1889/1-), que participan de la misma naturaleza y, como accesorios, siguen al principal», en lo que es una clara alusión a los intereses de mora de los art.1101 y 1108 CC, que no a los procesales, a los que igualmente se alude de forma específica en dichas sentencias para dejar claro que los intereses de mora «tienen la misma naturaleza y forman parte del que podríamos denominar capital total adeudado, a semejanza de los intereses procesales que produce un principal reconocido por sentencia desde el momento de su reconocimiento y hasta su completo pago», en lo que no solo supone la específica distinción entre una y otra clase de intereses, sino la admisión de que en ambos casos juegan semejantes reglas para su exigencia, más allá, obviamente, de que los intereses procesal requieran como elemento constitutivo para su nacimiento la existencia de una resolución judicial que reconozca la prestación y deba ser ejecutada.

Con independencia de la mayor o menor dificultad que pudiere suponer la extrapolación a las entidades gestoras de la seguridad social de los mismos criterios aplicados al FOGASA, lo cierto es que todas estas sentencias parten del presupuesto de entender que ya se ha dictado una resolución que reconoce el derecho a la prestación – siquiera sea de manera presunta por silencio positivo-, en lo que vienen a coincidir con lo dispuesto en el art.24 LGP -EDL 2003/127843- en el que literalmente se dice que los intereses se generan a los «tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación», en lo que supone admitir la existencia de dos distintos títulos habilitantes, uno es la resolución judicial, pero el otro es el «reconocimiento de la obligación», que bien pudiere ser mediante una resolución administrativa que ha evitado la pendencia de un proceso judicial y que ha servido por sí sola para generar la mora que da lugar al pago de los intereses.

El problema estará en los supuestos en los que la resolución de la entidad gestora deniega la prestación que posteriormente es reconocida en la resolución judicial.

No parece que tratándose de prestaciones de seguridad social pueda aplicarse la misma doctrina acuñada por el Tribunal Supremo en aplicación del interés por mora del art.29.3 ET -EDL 2015/182832- referente a las deudas salariales, tal y como así se dice en la STS 10-11-10, rcud 3693/09 -EDJ 2010/259142-, en un supuesto en el que se trata de deudas de la empresa por impago de una mejora de IT.

Pero como en esa misma sentencia se acaba finalmente razonando, eso no obsta a que deban reconocerse a favor del acreedor los intereses sustantivos por ser la única forma de otorgar una protección judicial completa de sus derechos, y en cuanto lo contrario supondría que el deudor se apropiara de unos frutos que deberían de haberse generado en el patrimonio del acreedor.

Aboga dicha sentencia por aplicar en el ámbito de la rama social del derecho los mismos principios del derecho civil, aún con más razón si cabe, en atención al carácter social y tuitivo de esta parte del ordenamiento jurídico, lo que justifica una interpretación de los art.1100 y 1108 CC -EDL 1889/1- que atienda -incluso- a un mayor automatismo.

Este último extremo es el que ciertamente nos genera más dudas por tratarse de prestaciones de seguridad social, pues si bien es cierto que el reconocimiento judicial del derecho evidencia que esa debería de haber sido la decisión de la entidad gestora a la solicitud del trabajador, la especial naturaleza de esta clase de deuda nos resulta difícilmente compatible con la objetividad y automatismo por el que se rige el devengo de intereses de mora frente al empleador (TS 21-1-15, rcud 304/13 -EDJ 2015/26940-; 17-6-14, rcud 1315/13 -EDJ 2014/106575-), lo que nos lleva a considerar que en el caso de las prestaciones de seguridad social debería de estarse a la doctrina tradicional que limita los intereses de mora a las situaciones en las que se demuestre que el deudor ha incurrido en una falta de diligencia que determine el incumplimiento de la obligación- en este caso legal- y consecuente indemnización de daños y perjuicios al acreedor.

Y en lo que hace al momento desde el que deben computarse, creemos que en el caso en el que sea factible por concurrir circunstancias que lo justifiquen, la respuesta no puede ser otra que la de estar a la regla general de la interpelación judicial o extrajudicial (TS 30-1-08 –rcud 414/07 -EDJ 2008/56645-; 8-6-09 –rcud 2873/08-, EDJ 2009/205390, 10-11-10- rcud 3693/09) -EDJ 2010/259142-, que en la práctica vendría coincidir con la reclamación previa.

La cuestión que se plantea es muy interesante, y no suele llegar con frecuencia al ámbito judicial, bien por resolverse sin discordancia, una vez existente resolución judicial firme que reconoce una prestación de la Seguridad Social y la fecha de efectos de la misma, o incluso por cierto desconocimiento del tema, especialmente cuando la entidad condenada al pago es el Instituto Nacional de la Seguridad Social-Tesorería General de la Seguridad Social. Más controversia, y por ende litigiosidad, generan las reclamaciones en las que, normalmente como consecuencia de mejoras convencionales, interviene una aseguradora privada, y es de aplicación la Ley del Contrato de Seguro, sobre lo que existe una mayor intervención jurisprudencial en relación con el alcance de la aplicación de su art.20 -EDL 1980/4219-, que regula el interés moratorio en dicho ámbito del aseguramiento privado. En todo caso, debe partirse del principio general de que, conforme al art.1108 CC-EDL 1889/1-, si «la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal». Lo que, aunque no aclara la cuestión planteada, si nos sirve de referencia, partiendo de que no se entrará en la cuestión de los intereses puramente procesales, que ya se refieren, conforme al art.56 LEC-EDL 2000/77463-, a los que derivan del alcance económico contenido en la Sentencia de instancia, distintos por lo tanto de los moratorios, que se iniciaría, en su caso, desde la fecha en que se reunían las condiciones para tener acceso al derecho prestacional denegado sin razón legal por la Entidad Gestora.

Estamos por lo tanto ante una cuestión muy condicionada por las concretas circunstancias -como, por otra parte, es lo normal en la mayoría de controversias-. En ese sentido, conviene así traer a colación, como doctrina unificada, que señala como su origen la elaborada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en relación precisamente con la aplicación de intereses moratorios derivados de la Ley del Seguro, lo establecido en la STS, Sala IV, de 3-5-17, que señala lo siguiente:

«4. Manteniendo plena congruencia con lo expuesto, esta Sala IV ha abordado la cuestión entendiendo en algunas ocasiones que, efectivamente, cabía exonerar a la aseguradora de los intereses del art. 20 LCS -EDL 1980/4219-, mas se daba la circunstancia de que, o bien era controvertida la inclusión del actor en la póliza (STS/4ª de 15 marzo 1999, rcud. 1134/1998 -EDJ 1999/6076-), o la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente (STS/4ª de 18 abril 2000 -rcud. 3112/1999-, EDJ 2000/10397), o se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante (STS/4ª de 14 noviembre 2000 -rcud. 3857/1999-,EDJ 2000/44323), o estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, el cual no quedó fijado hasta que se dictó la sentencia recurrida (STS/4ª de 26 junio 2001 -rcud. 3054/2000-, EDJ 2001/35598). En esa misma línea, se dictaron las STS/4ª de 26 julio 2006 -rcud. 2107/2005-, EDJ 2006/261570, 10 noviembre 2006 -rcud. 3744/2005-, EDJ 2006/319299 y 30 abril 2007 -rcud. 618/2006-, EDJ 2007/70530.

5. Partiendo de lo expuesto, hemos de concluir que la sentencia de contraste se apartaba de dicha doctrina al sostener que la justificación para la exoneración de abono de intereses puede hallarse en la falta de concreción de la cantidad en la que se fije la indemnización.

Ni en aquella sentencia, ni en la que ahora se recurre se ofrecían otros elementos de justificación para eludir los intereses moratorios que no fueran el argumentar que había de estarse a la espera del resultado del litigio.

Hemos de añadir, además, que el carácter netamente sancionador de la obligación impuesta en el art.20 LCS -EDL 1980/4219- no excluye un aspecto también compensatorio de las consecuencias perjudiciales que el retardo en el percibo de la indemnización comporta para el accidentado. Al respecto, debemos indicar que las STS/4ª de 17 julio 2007 (rcud. 4367/2005) -EDJ 2007/184444-, 12 marzo 2013 (rcud. 1531/2012) -EDJ 2013/127614- y 16 mayo 2014 (rcud. 2670/2013) -EDJ 2014/106566-, que la parte recurrente cita, no pueden servir para apoyar el recurso, pues, aun cuando razonan sobre el art. 20 LCS, se refieren a otros aspectos distintos a los que aquí nos ocupan y no contienen argumento alguno relativo a la cuestión de la liquidez de la indemnización.

6. Excluido tal motivo como justificación suficiente, nos encontramos con que en el presente caso, como bien indica el Ministerio Fiscal, la aseguradora recurrente ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente. No se aprecia en este caso complejidad alguna para que por parte de la aseguradora se avanzara una cuantificación económica mínima que, con independencia de la discrepancia ulterior, pudiera servir de elemento a tener en cuenta en el cumplimiento de su obligación. Y, finalmente, ninguna duda cabía a la recurrente sobre su obligación desde la fecha del siniestro, por lo que no es posible aceptar la excusa de la necesidad de conocer el importe final a indemnizar.

TERCERO.- 1. En consecuencia, la sentencia recurrida acierta cuando fija la obligación de la aseguradora de abonar el interés del art. 20 LCS -EDL 1980/4219- desde la fecha del siniestro».

En otra intervención judicial, como la representada por la STSJ de Castilla-La Mancha de 25-10-2016, se señalaba lo siguiente:

«debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con jurisprudencia unificada, no es necesaria mención expresa a la condena de intereses en el fallo de la Sentencia, al obrar ello ope legis, incluso aunque no se hubiera solicitado en el escrito de demanda. Así, entre otras muchas, se señala en la STS 5-5-14, cuando señala que:

"(...) la norma del art. 576 LECiv -EDL 2000/77463- -antes art. 921, EDL 1881/1- actúa «ope legis» en todo tipo de resoluciones judiciales (SSTS 13/10/89 y 20/01/92 -rcud 38/91 -EDJ 1992/396-), de forma que -STS 10/04/92 rcud 722/91 -EDJ 1992/3550-, con cita de las de 09/07/84 y 02/12/88- 'cuando en la sentencia se condena al pago de una cantidad líquida, aunque en ella nada se haya dispuesto sobre los intereses a que se refiere el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-EDL 1881/1-, siendo éstos fruto de una obligación legal, puede decidirse sobre ellos en ejecución de sentencia sin incidir en exceso alguno'. De ahí que se haya estimado que se contraviene implícitamente lo ejecutoriado cuando los intereses se deniegan por no estar expresamente recogidos en el fallo que se ejecuta (SSTS 01/03/90 y 06/11/93, rcud 398/92 y STS 07/02/94 -rec. 1398/93 -EDJ 1994/958-)".

Por lo tanto, no era necesario para poder generar derecho a los intereses solicitados ni que la Sentencia del Juzgado de lo Social hubiera hecho mención expresa a ello en el Fallo de la misma, ni tampoco la posterior de este mismo Tribunal dictada confirmando aquella en Suplicación”, que añadía finalmente:

"Por último, en cuanto a la pretendida infracción del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, por no encontrarnos ante una condena a cantidad líquida, cuantificada, es de tener en cuenta que señala dicho precepto que, efectivamente, dicho precepto señala en su apartado 1 que 'Desde que fuera dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero liquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley'. Una primera lectura podría conducir a considerar que solamente si se ha cuantificado de modo claro y concreto la cantidad objeto de condena, se genera el derecho al devengo de los intereses mencionados. Sin embargo, y tal como señala la juzgadora de instancia, debe entenderse, en una interpretación razonable y finalista, que también se devenga el derecho a ales intereses cuando la cuantificación se puede obtener a través de operaciones sencillas, máxime si, como ocurre en el caso, tal cuantificación se realiza de modo normal y ordinario por la entidad condenada, prueba de lo cual es que procedió al pago, en ejecución provisional (artículo 294,1 LRJS -EDL 2011/222121-), que precisamente realizo por lo tanto, para proceder al abono de la prestación económica durante la tramitación del Recurso de Suplicación que la propia entidad ahora recurrente había formulado, el cálculo cuantitativo de dicha prestación, sin que se planteara incidente alguno cuestionando la cuantía por la misma calculada y provisionalmente abonada. Lo que evidencia tanto que es una operación sencilla la de cuantificar el importe de la condena prestacional reconocida, como ser la práctica habitual de la recurrente, que es la que tiene la información, los datos, y el programa informático, para realizar de modo habitual dicho cálculo. Siendo, además, práctica forense habitual, la de hacerse remisión en el fallo de las Sentencias dictadas en procesos de Incapacidad Permanente, a condena en la cuantía reglamentaria, aludiéndose al porcentaje pertinente sobe la base reguladora tenida como acreditada, y a la fecha de efectos, lo que permite realizar de modo sencillo el cálculo indicado".

En resumen, que como una pequeña propuesta global, sin duda muy atemperada por la diversidad de circunstancias que puedan concurrir, se puede concluir que se genera derecho a los intereses moratorios desde la fecha de efectos de la prestación denegada sin razón para ello, que es desde el momento en que se produce el daño para el beneficiario de la misma. Y ello, aunque no se haga una expresa mención en la Sentencia que la reconoce, al no ser ello necesario. Y por supuesto, al margen de los intereses procesales desde la Sentencia de instancia que primeramente hubiera reconocido el derecho, si hubiera que ejecutarse la misma conforme al artículo 287 LRJS -EDL 2011/222121-. Resolviéndose las desavenencias que, en su caso la liquidación pudiera generar, en trámite incidental de ejecución, conforme al artículo 238 LRJS-.

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