Se han incorporado al texto las aportaciones realizadas por las distintas Fiscalías durante el año 2013. En cada uno de los temas abordados se realiza un diagnóstico de las situación y se formulan propuestas concretas de mejora. El anterior Libro Blanco data de 1995.
El Libro se divide en tres grandes capítulos:
- En primer lugar, la intervención del fiscal en el proceso penal, que ocupa el 75% del trabajo total de los fiscales.
- La necesaria autonomía del Ministerio Público como garantía de la imparcialidad que debe gobernar sus decisiones.
- Y en tercer lugar, se estudian diferentes aspectos organizativos y de gestión de la plantilla fiscal, tanto en el ámbito de los recursos humanos como de la tecnología al servicio de la fiscalía, todo ello a la luz de la descentralización organizativa y atendiendo a la progresiva especialización de los fiscales en sus diferentes campos de actuación.
Los fiscales consideran que, en caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al Ministerio Público, se deberán crear en cada Fiscalía unidades especializadas, en las que la Policía Judicial actúe bajo la dependencia funcional y orgánica de la Fiscalía.
Además, en la actualidad, de forma indiscriminada, todos los atestados policiales (en torno a cinco millones) ingresan en la organización judicial, aumentando el volumen de asuntos que en muchos casos van a ser archivados. Los fiscales proponen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad remitan al órgano investigador competente sólo aquellos atestados en los que haya indicios sobre persona determinada.
Por otra parte, los fiscales proponen llevar al ámbito administrativo el tratamiento penal de las faltas, ya que deben asistir a más de 325.000 juicios de faltas, la mitad de los cuales terminan con sentencias absolutorias.
Asimismo, los fiscales consideran que se debe reducir el catálogo de delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado.
Como fórmula para reducir la enorme litigiosidad actual en el orden penal, el Libro Blanco propone fomentar la mediación y las conformidades. A tal fin, ya se ha suscrito un Protocolo de colaboración entre la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía.
Respecto de la necesaria autonomía del Ministerio Público, el Libro Blanco considera que se debe fortalecer a la Fiscalía General como órgano directivo del Ministerio Fiscal, dotando a sus tres unidades (Secretaría Técnica, Inspección Fiscal y Unidad de Apoyo) de mayores niveles de autonomía en la gestión.
