Pese a que el paro lo secundan menos de 20 personas de los miles que trabajan en la Ciudad de la Justicia, el "atasco" se debe a que se concentra en los servicios de registro y reparto del decanato civil y social y en el área de apoyo de los juzgados mercantiles, considera un acuerdo aprobado este martes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En este acuerdo, la Sala de Gobierno ha aprobado por unanimidad "reiterar su enésimo llamamiento a las partes en conflicto" --comité de huelga y Conselleria de Justicia-- para que intensifiquen sus esfuerzos: para garantizar unos servicios mínimos, pero también para buscar una solución definitiva dentro de los límites de la situación económica.
Aunque dice entender y compartir las reivindicaciones económicas de los funcionarios, la Sala de Gobierno dice que no puede "permanecer impasible ante la situación que se está creando por la forma en que se está ejercitando el derecho de huelga" y advierte de que están poniendo en riesgo la tutela judicial de los ciudadanos.
Pese a que a finales de septiembre el número de demandas pendientes llegó a alcanzar las 5.728, gracias al aumento de los servicios mínimos hasta un 60% se logró rebajar hasta los 3.162; sin embargo, la impugnación de estos servicios mínimos ha propiciado el aumento de los escritos acumulados.
