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JUSTICIA

El TC respalda que las corporaciones locales puedan recibir anticipos con cargo a la tesorería de las CCAA

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que las Corporaciones Locales pueden recibir anticipos con cargo a la tesorería de la respectiva comunidad autónoma.

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Dinero,economía

La sentencia explica que "el objeto del anticipo es el de adelantar una cantidad de fondos durante un periodo de tiempo limitado, cuyo fin es atender a concretas y excepcionales finalidades de liquidez, pero no de financiación. En modo alguno, se trata de una transferencia definitiva".

Con esta argumentación el Tribunal ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el artículo 36 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. Dicho precepto establece la posibilidad de que se conceda a las entidades locales pagos anticipados de tesorería "a cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación en ingresos del Estado o en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía", con los límites y requisitos previstos en dicho artículo.

La sentencia concluye que el anticipo contemplado en la Ley autonómica 10/2016 no altera ni incide en los criterios de reparto de la participación que corresponda a los entes locales con cargo a los ingresos del Estado. "Se trata así de anticipos que, atendiendo a su régimen jurídico, no afectan a las competencias del Estado, pues no son por su propia naturaleza susceptibles de modificar el régimen de participación en ingresos estatales".

El Tribunal apunta que "no altera la anterior conclusión el hecho de que el Estado haya establecido sus propios anticipos a las entidades locales", por dos motivos; uno, porque ambos anticipos son legalmente incompatibles y dos, porque la regulación de los anticipos estatales, en cuanto herramienta presupuestaria, se ciñe al propio presupuesto del Estado.

En razón de ello, no tiene incidencia en los anticipos que las comunidades autónomas puedan establecer, de acuerdo con sus competencias en materia presupuestaria, según disponen los artículos 17 y 21 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 190 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por otra parte, el Tribunal ha declarado inconstitucional el artículo 13.2, párrafo segundo de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. Este precepto regula la oferta de empleo público 2017 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

La sentencia explica que esta norma especial es “instrumental” al establecimiento de una jornada ordinaria de 35 horas que llevó a cabo el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, declarado inconstitucional en la STC 142/2017, de 12 de diciembre. Por tanto, “debe ahora declararse igualmente la inconstitucionalidad del párrafo segundo del art. 13.2, de la Ley 10/2016, por ser su contenido complementario al de la regulación de la jornada”.

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