Así lo manifestó el decano a los representantes de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) durante una reunión celebrada el pasado lunes, según ha informado a Europa Press el portavoz de esta asociación, Isidro Moreno.
En el encuentro, ALTODO reclamó al ICAM que apoye esta iniciativa, si bien Hernández-Gil se limitó a garantizar que no habrá sanciones. Asimismo, el decano informó de que en unos días la Junta de Gobierno se pronunciará sobre si respalda o no a este colectivo.
Para evitar dudas, el ICAM ha colgado en su página web un recordatorio para aclarar esta cuestión. "Ante las numerosas consultas recibidas en este departamento, relativas a las excusas de los letrados a la realización de las guardias, recordamos que la vigente normativa reguladora del turno de oficio permite a los abogados excusarse de la realización de las mismas, sin otro requisito que la previa comunicación al Colegio con al menos cuarenta y ocho horas de antelación", señala.
"En consecuencia, las renuncias que se efectúen de conformidad con dichas normas, no conllevarán la incoación de expediente disciplinario alguno", agrega.
Esta medida supondría que a partir del próximo 1 de octubre los jueces se verán obligados a dejar en libertad a los detenidos que no puedan costearse un abogado de oficio. En la actualidad, las guardias son pagadas por el ICAM a través de los fondos del dinero aportado por la Comunidad.
Asamblea el próximo 13 de septiembre
Además, la Plataforma de Defensa de la Asistencia Jurídica Gratuita celebrará el próximo 13 de septiembre una asamblea en los Juzgados de Plaza de Castilla para acordar nuevas medidas de presión.
La renuncia colectiva a las guardias es una medida propuesta por ALTODO ante "la reducción en más de un 50 por 100 de las retribuciones de los abogados de oficio impuesta por la Comunidad de Madrid", según apunta ALTODO en su página web.
El 21 de septiembre, se presentarán en la sede del Colegio de Abogados de Madrid de forma conjunta, todos los escritos de renuncia, con la intención de paralizar por completo el servicio a partir del día 1 de octubre si la Comunidad no atiende a sus reivindicaciones.
