JUSTICIA

El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana aprueba la Memoria de 2015

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El Consejo ha dictaminado cinco Anteproyectos de Ley.

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Los miembros del Consejo Jurídico Consultivo, reunidos en Pleno extraordinario, han aprobado la Memoria de la Institución correspondiente al ejercicio 2015, en la que se recoge de forma exhaustiva la actividad del CJC en dicho periodo.

La parte esencial de dicha actividad, esto es, la emisión de Dictámenes, se ha saldado con un total de 751 Dictámenes, 9 más que en el ejercicio 2014, lo que supone que un año más el Consultivo valenciano se sitúa como el segundo autonómico español más productivo.

Cabe destacar, en cuanto a la actividad puramente consultiva, el descenso de los Anteproyectos de Ley dictaminados, que han pasado de 13 en 2014 a 5 en 2015, aunque ha aumentado el número de proyectos normativos sometidos a consulta por la Generalitat, de 104 a 130.

También ha experimentado un leve aumento el número de expedientes de responsabilidad patrimonial dictaminados, de 416 a 444. La responsabilidad patrimonial continúa así siendo la principal materia objeto de Dictamen. Como dato llamativo, en uno de los expedientes se reclamaba una cuantía económica superior a los 50 millones de euros.

Aumentan también las consultas facultativas, presentadas al CJC voluntariamente por administraciones y entidades públicas, pasando de 23 en 2014 a 28 en 2015.

También destaca la tendencia, que se ha visto reforzada en lo que llevamos de 2016, al aumento en la entrada de expedientes con carácter de urgencia.

La principal autoridad consultante vuelve a ser un año más la Administración Autonómica, y dentro de ella la Conselleria de Sanitat.

El Pleno del CJC se ha reunido en 2015 en 44 ocasiones, apenas una menos que en 2014.

Vigésimo aniversario

Durante su intervención en el Pleno, el presidente del CJC, Vicente Garrido, ha hecho referencia al vigésimo aniversario de la constitución del Consejo, que se celebra este 2016.

Garrido ha destacado que se han cumplido los objetivos marcados cuando el CJC se puso en marcha el 20 de junio de 1996: "Consolidar una institución que fuera importante en el ámbito del Derecho y que alcanzara gran prestigio con el paso del tiempo".

El presidente del CJC ha añadido que "el Consejo es hoy puntero en el mundo de la función consultiva en España y más allá de España", en referencia a la participación del CJC en jornadas internacionales como la celebrada este mismo año en Luxemburgo.

El año 2015, según Vicente Garrido, ha sido también el de la consolidación de la Institución en las Cortes Valencianas, donde la mayoría de la Cámara ha expresado su respaldo al CJC.

Actividad extraconsultiva

En este apartado destacan dos importantes acuerdos adoptados en 2015 por el Pleno del CJC. El primero, de 6 de octubre, hace referencia a la implementación de un portal de Transparencia que, de acuerdo con la Ley autonómica 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, se puso en marcha el 9 de octubre de 2015.

En segundo lugar, cabe destacar el acuerdo alcanzado en el Pleno del 5 de noviembre en torno a la modificación parcial del Reglamento de la Institución, que fue más tarde aprobada por Decreto del Consell de 15 de enero.

Especial relevancia tuvo la visita en febrero a la sede del CJC del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quien pronunció una conferencia sobre interpretación de la Constitución que significó el pistoletazo de salida a las celebraciones del vigésimo aniversario.

Sugerencias y observaciones

En el tradicional capítulo de la Memoria dedicado a observaciones y sugerencias sometidas al Consell a raíz de los Expedientes dictaminados en 2015, se reflexiona sobre cuatro materias.

En primer lugar, la actuación de la Intervención de la Generalitat en algunos de los procedimientos que han de someterse al CJC, una actuación exigida por la Ley de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y Subvenciones de la Generalitat, de febrero de 2015.

Dicha Ley establece asimismo la necesidad de tramitar las bases de las subvenciones como disposiciones de carácter general, lo que supone un notable aumento de los Expedientes llegados al CJC consistentes en proyectos normativos que regulan bases de subvenciones o ayudas. Respecto a ellos, se establecen unas conclusiones provisionales que lleven a aligerar la mecánica de ese tipo de normativa.

Se habla también sobre la potestad de la Administración de interpretar los contratos administrativos, de la cual se recalca que no debe ser un ejercicio ilimitado y arbitrario.

Por último, se eleva una recomendación a la Conselleria de Sanitat a la hora de tramitar los expedientes de reclamación de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en caso de servicios prestados por mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.