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PENAL

La relación entre la ley y su interpretación a propósito del debate sobre la "doctrina Parot"

Por Manuel Jaén Vallejo

Magistrado y Profesor Titular de Universidad. Asesor en el Ministerio de Justicia.

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El pasado día 17 de agosto el profesor Ruiz Robledo publicó en el diario «El País» un artículo sobre "Beccaria y la «doctrina Parot»", con algunas imprecisiones puestas atinadamente de relieve en la nota sobre "Del Derecho Penal" publicada en el mismo diario el 23 de agosto por los profesores Quintero Olivares y Álvarez García, contestada a su vez por aquél el 27 de agosto. El tema objeto de debate no era otro que el del principio de legalidad penal, que representa una de las principales garantías del ciudadano, pues le garantiza a éste su libertad, permitiéndole que pueda organizar sus comportamientos, sin temor a intervenciones imprevisibles del Estado en el ejercicio por éste del ius puniendi. Un principio que ha permanecido inmutable a lo largo ya de más de dos siglos y que hunde sus raíces político-ideológicas en la época de la Ilustración[1], en la segunda mitad del siglo XVIII.

Ciertamente, el principio de legalidad no es un «invento» de Beccaria, aunque no cabe negar que generalmente se le atribuye en la doctrina la formulación de aquel principio básico del derecho penal, en su obra Dei delitti e delle pene (1764), sin duda influenciada por las obras de Rousseau (Contrat social) y de Montesquieu (De l'Esprit des lois), representando el mayor exponente de este principio en su tradición contractualista, por lo que tampoco el artículo del profesor Ruiz Robledo merecía una respuesta crítica tan contundente. Fue Beccaria quien afirmó, en su Dei delitti e delle pene, que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, afirmándose más tarde, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que "la ley es la expresión de la voluntad general" (art. 6), que "ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la ley" (art. 7), y que "nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada" (art. 8). Se expresaba así la necesidad de que la ley, en la que se establecieran los delitos y las penas, tuviera un origen parlamentario, convirtiéndose así aquélla en la expresión de la voluntad de la sociedad. La soberanía reside en el pueblo y se manifiesta por las leyes, emanación de la voluntad general expresada en el órgano legislativo. Surge así una concepción democrática del principio de legalidad, que se mantendrá a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

También Paul Johan Anselm von Feuerbach, citado correctamente por el profesor Ruiz Robledo, tuvo un papel destacado en el derecho penal y, en particular, en cuanto al principio de legalidad. A él se atribuye la clásica formulación latina del principio de legalidad (en su Lehrbuch de 1801), nullum crimen, nulla poena, sine lege, fórmula considerablemente ampliada en la actualidad, afirmándose ahora: nullum crimen, nulla poena, sine lege scripta, stricta, certa et previa (ningún comportamiento puede ser calificado como delito, ninguna pena impuesta, que no estén fijados en una ley previa formal precisa).

Von Feuerbach vinculó el principio de legalidad a la teoría de la pena por él defendida, una teoría de prevención general (coacción psicológica-social), porque, ciertamente, sólo así, conociéndose lo prohibido, podía cumplir la pena aquella función preventiva asignada. En este sentido, afirmaba este autor que "las transgresiones se impiden si cada ciudadano sabe con certeza que la transgresión será seguida de un mal mayor que aquél que correspondería a la no satisfacción de la necesidad mediante la acción delictiva"[2], de lo que deducía que "la conexión del mal con el delito tiene que ser amenazada en una ley"[3]. Previamente Beccaria había otorgado ya a la legalidad penal esa misma función de servir al logro de los fines preventivos, al señalar en su obra que sólo las leyes claras y simples pueden permitir evitar los delitos[4].

De todos modos, entiendo que la cuestión de fondo de la referida polémica, a propósito del mencionado artículo de prensa del profesor Ruiz Robledo, está en la «doctrina Parot», que fijó el Tribunal Supremo en su Sentencia 197/2006, y que es objeto de debate a propósito de las numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional[5] que la han avalado desde diferentes perspectivas constitucionales, aunque otorgando el amparo en algunos casos - por vulneración del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes -, en los que ya se había producido una resolución judicial firme aplicando el criterio más favorable de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad sobre el máximo legal de cumplimiento (30 años), y no sobre cada una de las penas impuestas en las diversas condenas, establecido en aquella sentencia, que lleva en la práctica al cumplimiento íntegro de la pena máxima.

El debate se ha visto intensificado, además, a raíz de la sentencia del TEDH del pasado 10 de julio, que cuestiona la «doctrina Parot», condenando a España por vulneración del art. 7 CEDH. Sentencia, no firme, que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá, disponiendo para ello de 3 meses.

Se trata, pues, de una cuestión de enorme trascendencia práctica, y que tiene que ver con la relación entre la ley y su interpretación, relacionada a su vez con la retroactividad o no de la ley penal y de la jurisprudencia. ¿Qué consecuencias puede tener un eventual cambio en la interpretación de la ley a través de una modificación de la jurisprudencia, como la que tuvo lugar a propósito de la «doctrina Parot»? ¿Se deben aplicar las mismas limitaciones que respecto a la ley misma?, es decir, producido un cambio de criterio desfavorable en la jurisprudencia, ¿puede ésta aplicarse retroactivamente? Y si el cambio es favorable, ¿puede aplicarse con carácter retroactivo, lo mismo que se hace con la ley?

En mi opinión, partiendo del hecho incontrovertido de que la ley tiene que ser interpretada necesariamente, y que, por tanto, entre la ley y su interpretación hay una innegable unidad, deben regir las mismas exigencias para la interpretación propia de la jurisprudencia que para la aplicación de la ley, de manera que una jurisprudencia que interpreta la misma ley de manera más rigurosa no puede ser aplicada a hechos cometidos antes de la fecha en que se adopte ese nuevo criterio interpretativo que es más perjudicial para el afectado. Dicho con otras palabras: lo que rige para definir el alcance de la norma rige también para un cambio jurisprudencial. En esta línea parece pronunciarse la STEDH de 10 de julio, aunque nuestro Tribunal Constitucional, en los casos en los que se ha aplicado la «doctrina Parot», basa el rechazo de la aplicación del principio de legalidad – con cita curiosamente del propio TEDH – en que las cuestiones relativas a la ejecución de la pena ya impuesta quedan extramuros del derecho a la legalidad penal.

En fin, se trata de cuestiones de un alto interés dogmático y práctico, sobre las que debe versar la discusión, y que el TEDH habrá de decidir cuando resuelva el recurso que el Gobierno español ha anunciado que presentará próximamente contra la sentencia de aquel Tribunal contraria a la «doctrina Parot», y que, de confirmarse, habrá de traducirse en la excarcelación de numerosos etarras.

Notas

[1] Cfr. Cuello Contreras, J., El derecho penal español, PG, 3ª ed., 2002, pp. 196 y ss.

[2] Feuerbach, P.J.A. von, Revision der Grudsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 1799, I, pp. 45 y ss.

[3] Ibídem.

[4] De los delitos y de las penas, Alianza editorial, trad. de J. A. de las Casas, Madrid, 1986, p. 105.

[5] Hasta la fecha, salvo error, 36 Sentencias publicadas en el BOE (de la 39 a la 69/2012, de las que 3 otorgan el amparo, 25 lo deniegan y 3 lo inadmiten; y las Sentencias 108, 113, 114, 128 y 152 de 2012, 1 otorga el amparo, 2 lo deniegan y 2 lo inadmiten), destacando la STC 39/2012, en donde se contiene la doctrina aplicada posteriormente en las otras Sentencias.

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