Con el inicio del nuevo año nos planteamos una serie de propósitos ante la expectativa de poder cumplirlos durante ese periodo. En materia Laboral nos enfrentamos ante una etapa en la que se acometerán una serie de cambios legislativos con el fin de adecuar el marco español al entorno europeo y a las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Para ello, será necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores e incluir nuevos títulos que regulen nuevos derechos fundamentales de los trabajadores y tenga en cuenta la nueva realidad laboral marcada por la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral.
En materia de contratación será necesario que la ley garantice el contrato indefinido como modalidad ordinaria y que la formalización de contratos temporales sean realmente causales. Para ello, la ley deberá incorporar nuevas medidas coercitivas con el fin de paliar el uso indebido de la contratación temporal que se viene sucediendo en España en los últimos años. Además, serán necesarias medidas específicas especialmente para el sector servicios y en las Administraciones Públicas, donde el abuso de la temporalidad sin causa es más marcado. Para intentar acotar este abuso la negociación colectiva deberá desempeñar un papel clave para fijar en los convenios un número o proporción de contratos temporales, así como la concreción de las causas legales para que estos se formalicen. Asimismo, tras las recientes sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE), los legisladores tendrán que trasladar a la normativa lo que determinó este Tribunal en materia de indemnización por despido para los trabajadores temporales frente a los contratos indefinidos.
Respecto a la negociación colectiva, tras la reforma laboral en 2012 que introdujo cambios en esta materia, la última crisis ha evidenciado que es necesaria la implantación de más medidas. Por un lado, las empresas y los sindicatos tienen que recuperar la autonomía de la negociación colectiva en aras de mantener las tasas de trabajadores que estén cubiertos por convenio. Y, por otro, si finalmente se mantiene el principio de prioridad aplicativa, deberán incorporarse una serie de garantías para que su uso sea realmente el adecuado, utilizando para ello criterios como el tamaño de la empresa, determinar la legitimación del sindicato a la hora de negociar, etc. Asimismo, serán necesarios cambios para que las partes dispongan de manera efectiva de mecanismos para poder adoptar los convenios de empresa a los convenios sectoriales de ámbito superior, tal y como se estableció en la reforma de 2012.
Otra de las cuestiones prioritarias a tener en cuenta este 2017 es que las medidas de flexibilidad interna deberán tener prioridad sobre los despidos y estas deberán ser incentivadas económicamente para intentar paliar la destrucción de empleo que venimos padeciendo en los últimos años.
Respecto a los despidos es la materia en la que los legisladores tendrán más trabajo ya que la crisis ha puesto de manifiesto las numerosas “corruptelas” que han tenido lugar estos años. En términos generales acabar con el uso del falso despido disciplinario, a cambio de facilitar el despido objetivo por causas económicas, modificando para ello la actual legislación. También será necesario clarificar los supuestos de nulidad del despido, establecer nuevas causas para el despido objetivo individual y adecuar los umbrales del despido colectivo a que han determinado las sentencias europeas.
Otro reto que tendrá lugar este año es que se haga efectiva la conciliación de la vida laboral con la personal gracias a la adopción de una serie de medidas destinadas a tal efecto (finalizar la jornada laboral a las 18:00 horas, cambiar el huso horario para conciliar horarios, etc.).
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