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LABORAL

El origen del enfado de los desempleados con convenio especial

Por Enrique García Tomás

Graduado Social.

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El enfado que entre un sector de futuros pensionistas ha producido este verano un criterio de aplicación del artículo 8 del Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo ha venido a demostrar que la elaboración de la Ley de modificación, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue precipitada.

Se publicó el día 2 de agosto de 2011 para no ser de aplicación inmediata totalmente, sino para que su articulado entrara en vigor en diferentes fechas ocasionando con ello confusión y dudas. Porque, además, no era todo lo concreta y drástica como la ocasión de reforma merecía. Entre otras cosas, mantenía indefinidamente derechos anteriores, no acordes con su propio objetivo, a determinados colectivos y ese fue el motivo de que el Gobierno la modificara en marzo de 2013, mediante el Real Decreto-Ley citado, estableciendo que hasta el 31 de diciembre de 2018 se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación vigentes el 31 de diciembre de 2012 en determinados supuestos, uno de los cuales es el de las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

La norma mencionada no hizo sino salvaguardar unos derechos teóricamente adquiridos (algunos de dudosa racionalidad, si, como creo, la idea de la anticipación en el acceso a la jubilación era sustituir desempleados por pensionistas), pero poniéndoles una fecha límite. Lo cual implica que para el colectivo que he citado anteriormente nada cambian, hasta el año 2019, las condiciones que existían para jubilarse cuando se extinguió su relación laboral.

Y así lo entendió la entidad gestora hasta que un funcionario diligente advirtió que eso podía tener otra interpretación que restringiera derechos a quienes sin haber pasado por una situación legal de desempleo suscribieran un convenio especial, a quienes la Ley de medidas en materia de Seguridad Social (vigente desde el día 1 de enero de 2008), les permite, seguramente por razones políticas transaccionales, el acceso a la jubilación anticipada a los 61 años. Como eso provocó desestimaciones de pensiones, se elevó la consulta a la Dirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, que, 15 meses después de entrar en vigor la norma, dictó un criterio de actuación, que fue rectificado mes y medio más tarde siendo cada vez más agraviante. Porque primero consideraba como nueva alta en un régimen del sistema suscribir un convenio especial si no se era preceptor de una prestación por desempleo y luego la suscripción de cualquier convenio especial. Pero las organizaciones sindicales cursaron las protestas pertinentes y el criterio de la citada Dirección General ha sido anulado totalmente desde su principio, incluso no considerando alta nueva en un régimen del sistema de Seguridad Social la del trabajo realizado simultáneamente al percibo de la prestación de desempleo parcial o a las causadas por desempleados en periodos cortos de actividad temporal.

Eso ocurre porque no se estudia el alcance final de que se legisla, que, a veces, tienen que puntualizar los tribunales y afortunadamente en esta ocasión no han existido pronunciamientos judiciales, que pudieran empeorar la situación.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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