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FISCAL

La reforma fiscal y su contexto

Por Enrique Chinchilla

Profesor de dirección financiera del IESE.

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El anuncio de la reforma fiscal ha suscitado una serie de expectativas sobre su calado, así como un posible alivio en la presión fiscal que hemos venido soportando durante estos años.

Su contenido aún no nos ha sido desvelado, a la espera del informe de la comisión de expertos, su adecuación o ajuste a las directrices políticas, así como a los compromisos con nuestros socios europeos. De momento, el Gobierno no ha anunciado en su hoja de ruta que los cambios en el conjunto del sistema tributario entrarán en vigor el año 2015, haciendo coincidir su promesa electoral de bajada de impuestos con el final de la legislatura. Así pues, parece que la intención del Gobierno pasa por seguir manteniendo su agenda de subidas impositivas, al objeto de cumplir con sus compromisos de ortodoxia y consolidación fiscal en la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, pues en el contexto actual de la austeridad no es una opción sino una necesidad.

El aumento de la presión fiscal está siendo una de las señas de identidad de esta legislatura, en la que se han incardinado una serie de medidas destinadas a aumentar la recaudación impositiva, habida cuenta que el importe del déficit público anual llegó a ser de dos dígitos con el anterior Gobierno (y no se puede olvidar que dicha política es insolidaria con las futuras generaciones, pues el déficit de ayer son los impuestos de hoy y la deuda del mañana).

Al objeto de taponar la hemorragia del déficit público por la "herencia recibida", una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue la desdecirse en su ideario político de "reducción de impuestos", procediendo a anunciar un aumento del IRPF, hasta el punto de situar a España como un referente en el ránking de países con un mayor tipo marginal.

Como broche a las subidas impositivas en la imposición personal, algunas Comunidades Autónomas también han venido desarrollando el músculo de sus competencias legislativas, incrementando el tramo autonómico del IRPF (tipo marginal máximo del 56% en Cataluña y Andalucía vs. 51,5% en Madrid), además de resucitar el denominado Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio, así como los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

A su vez -en una encrucijada ya de por sí especialmente complicada a resultas del deterioro de los resultados empresariales-, el Gobierno también decidió aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, mediante el despliegue de una seria de medidas anunciadas en un primer momento como transitorias, pero que parece que han venido para quedarse.

Asimismo, también se acabó claudicando en el aumento del IVA -aún cuando el titular del Ministerio de Hacienda manifestase textualmente que "no se trata de un aumento de impuestos, sino de un cambio en su ponderación"-, venciendo las resistencias acerca del carácter regresivo de la imposición indirecta, y descontando el daño colateral de que dicha iniciativa perjudicase el despegue del consumo y la reactivación económica.

En suma, a nadie se le escapa que la crisis económica ha comportado una caída del PIB en España, y que dicho encogimiento se ha acabado trasladando a las familias y las empresas, que también se han visto abocadas a asumir una serie de sacrificios, entre otros la asunción de un mayor esfuerzo fiscal.

Sin embargo, a pesar de las subidas impositivas, el nivel de recaudación ha quedado por debajo de lo previsto, debido al adelgazamiento de las bases imponibles derivado del aumento del desempleo, la contención en las retribuciones salariales, el deterioro de los resultados empresariales, así como la caída del consumo a resultas de la incertidumbre y la salida de la crisis.

Es por ello que puede haber habido una cierta sensación de fracaso en la política de subida generalizada de impuestos, además de que se encuentre a faltar una rendición de cuentas en la ejecución de los presupuestos aprobados. Adicionalmente, las subidas impositivas pueden haber contribuido a mantener el fraude fiscal en torno a un 20% del PIB, complementando el mosaico de que el actual sistema fiscal está agotado, pues no parece que tenga mucho más recorrido.

Esta caída en los niveles de recaudación de los impuestos, unida a la resistencia en la reducción de gastos del conjunto de las Administraciones Públicas (a pesar de las medidas de ajuste adoptadas), ha conducido a financiar el persistente déficit público recurriendo al aumento de la deuda pública (que desde el inicio de la crisis ha evolucionado exponencialmente del 36% al 100% del PIB).

En este sentido, a nadie se le escapa que uno de los talones de Aquiles de la recuperación económica pasa por reconducir la situación de las Cuentas de las Administraciones Públicas, al objeto de volver a generar credibilidad en los mercados, evitando el riesgo de una nueva subida de la prima de riesgo, así como escenarios que propicien un rescate condicionado por parte del BCE.

En dicho contexto, en el diseño de la reforma fiscal deberán valorarse los efectos que se desprenden de la ley económica sobre los rendimientos decrecientes, cuyo ejemplo paradigmático es la curva elaborada por el profesor Arthur Laffer en la década de principios de 1980. La mencionada curva es la resultante de confrontar los tipos impositivos con el nivel de recaudación, y su característica más relevante muestra que el incremento de los tipos impositivos no comporta necesariamente un aumento de la recaudación fiscal.

Como complemento a la esperada bajada de tipos impositivos, es conveniente que en el nuevo marco resultante de la reforma fiscal se incorporen una batería de medidas tendentes a incentivar el ahorro, la inversión en I+D, la creación de empleo, así como otra serie de iniciativas para impulsar la competitividad de las empresas españolas y su internacionalización. Dicha reforma también debiera complementarse con una reforma de la Administración Tributaria, pues un sistema fiscal vale lo que valga la Administración encargada de aplicarlo.

Por último, con objeto que la reforma fiscal no quede en una mera reordenación interna de impuestos, debiera ir acompañada de un plan de reformas tendentes a perserverar en la reducción del gasto público.

A este respecto, merece recordarse el debate con un alto cargo, en el que se apuntaba que el recorte del gasto del Estado no era tan sencillo como "hacerse la manicura", sino despejar la disyuntiva de si en las actuales circunstancias "había que cortarse la mano derecha o la mano izquierda" -aunque los hombres de negro, es posible que nos hubieran cortado las dos manos (dicho en sentido metafórico)-.

En todo caso, nadie dijo que fuera a ser fácil redimensionar el llamado Estado de Bienestar a las nuevas circunstancias, pero no resultaría de recibo que el Gobierno cayera en la autocomplacencia y anunciase una reforma fiscal simplemente cosmética, o antepusiera las encuestas electorales a decisiones que permitan la vuelta a la senda del crecimiento económico.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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