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CIVIL

¿Cabe la acreditación del contenido de un acuerdo mediante un medio distinto del acta?

Por Antonio Pontón Práxedes

Presidente de la Audiencia Provincial de Huelva

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En primer lugar, y con carácter previo a abordar las diferentes cuestiones suscitadas respecto de la Ley de Propiedad Horizontal y que viene a servirnos como  fronteras que delimitan el espacio jurídico en el que se mueve la legislación y la jurisprudencia en cuanto a la calificación de los actos o acuerdos. Y esta calificación se divide entre los actos nulos de pleno derecho y aquellos otros que son revestidos de mera anulabilidad.

Para ello acudimos a la Sentencia 445/2007 del Tribunal Supremo de 18 de Abril de 2007 que expresa de forma rotunda el parecer del Supremo en referencia a dicho asunto y leo textualmente:

“La doctrina jurisprudencial que, con alguna excepción, cita la Sentencia de la Audiencia (SSTS de 24 septiembre 1.991, 26 junio 1993, 7 junio 1997 y 26 junio 1998), sobre la distinción entre nulidad radical y anulabilidad en materia de propiedad horizontal, es, como recuerda la sentencia de 5 de mayo de 2000 , la que se viene manteniendo como más acertada por la moderna doctrina de esta Sala.

Más recientemente, las sentencias de 7 de marzo de 2002, de 25 enero y 30 de diciembre de 2005 , explican las diferencias entre nulidad (que es la que se propugna en el caso) y anulabilidad, sujeta a caducidad, y recuerdan que la jurisprudencia posterior a las sentencias que se invocan en el recurso, pero en cualquier caso referida al texto de la Ley de Propiedad Horizontal anterior a su reforma por la Ley 8/99, se definió claramente por considerar meramente anulables los acuerdos que entrañasen infracción de algún precepto de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la respectiva Comunidad, quedando reservada la más grave calificación de nulidad radical o absoluta solamente para aquellos otros acuerdos que, por infringir cualquiera otra Ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para el caso de contravención o por ser contrarios a la moral o el orden público o por implicar un fraude de ley, hayan de ser conceptuados nulos de pleno derecho, conforme al párrafo 3º del artículo 6 del Código Civil y, por tanto, insubsanables por el transcurso del tiempo.

Consecuentemente, siempre que se trate de impugnaciones basadas en infracciones normativas del régimen de la propiedad horizontal, como es el caso, la jurisprudencia sostiene que para enervar acuerdos se requiere haberlos impugnado dentro de los treinta días siguientes al que se adoptó o a la notificación conforme previene el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal y aún así el acuerdo tiene carácter provisionalmente ejecutivo, salvo que judicialmente se ordene la suspensión”.

Por tanto, se entiende no sólo por la Ley de Propiedad Horizontal, sino también por el Tribunal Supremo la intención de dejar unos márgenes mínimos que habrán de ser respetados al objeto de no ser considerados como nulos de pleno derecho. Al hilo de la pregunta suscitada, la Sentencia 463/2010 de 7 de Julio de 2010 de la Audiencia Provincial de Madrid que sin entrar de lleno en la concreción de la cuestión, expresa  la dirección de la Jurisprudencia hacia la clasificación de dichos supuestos como válidos en nuestro derecho.

La referida Sentencia que aborda la acreditación de los acuerdos, en este caso, respecto de la firma del administrador y sostiene que:

“Con respecto al acta de dicha junta, no es motivo, a juicio de esta Sala, que lleve a declarar la ineficacia de la misma, porque una cuestión son los acuerdos adoptados en una Junta, y otra cuestión distinta el acta en la que dichos acuerdos se documentan, teniendo el acta como única función determinar el contenido de dichos acuerdos, pero puede existir un acuerdo perfectamente válido aunque indebidamente documentado y un acuerdo perfectamente documentado que sin embargo sea ineficaz porque los acuerdos, pese a documentarse debidamente, pueden ser contrarios a derecho por cualquier motivo”.

En este sentido, y tras una intensa búsqueda, he encontrado una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Febrero de 1996 y que, como no podía ser menos, sucede en una Comunidad de vecinos de Marbella, donde el anterior Presidente, o como refiere la Sentencia, el Sr. M. en cuyo poder se encontraba el libro de actas, se negó a entregarlo al nuevo Presidente o al nuevo Secretario, debiendo estos últimos abrir un nuevo libro que fue posteriormente legalizado por Notario Público.

El Sr. M alega la nulidad radical de los acuerdos adoptados en la Junta por no haber sido reflejados en el libro de actas, sin embargo, tal como acertadamente expone la Sentencia en el fundamento de derecho tercero que paso a continuación a leer:

“Finalmente, tampoco el motivo tercero podrá prosperar, pues aduciéndose en el mismo la nulidad de los acuerdos por no haber sido reflejados oportunamente en el libro de actas, parece olvidar lo que acertadamente razona la resolución recurrida, de que el referido libro se encontraba, en un principio, en poder del anterior Presidente, el actor hoy recurrente, quien se negó a entregarlo al nuevo, sin perjuicio de lo cual, este último procedió a la apertura de un nuevo libro de actas, todo lo cual deslegitima al que hoy recurre para solicitar la nulidad de un acuerdo con base en un incumplimiento legal del que él es el único responsable”.

Por último, en el mismo sentido se expresa la Sentencia Nº 807/2001 de 17 de Junio de 2002 de la Audiencia Provincial de Barcelona que aborda la nulidad o no de los acuerdos tomados sin la firma ni la presencia del Presidente, ni del Secretario. Dicha Sentencia será detenidamente analizada en el siguiente punto.

Sin embargo, si quería reseñar el párrafo que afirma, ante la negativa del Presidente a convocar Junta General y sobre la acreditación de acuerdos sociales en medios diferentes al acta, lo siguiente: “Tampoco cabe negar validez al acta por el hecho de que la misma no aparezca transcrita en el libro de actas, debido a que la parte demandada es quien tiene en su poder dicho libro y se niega a facilitarlo a los actores”.

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Ponencia extraída de las XXI Jornadas andaluzas de la Propieda Horizontal y los Tribunales de Justicia. Sevilla, 15 y 16 de junio de 2012.

Organiza: Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla.Consejo Autonómico Andaluz de Administradores de Fincas Colegiados.

Coordina: Vicente Magro Servet. Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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