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PROPIEDAD INTELECTUAL

El caso UPC Telekabel Wien: propiedad intelectual e intermediarios

Por Maitane Valdecantos Flores

Abogada-Economista. Responsable del Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Eurotax Abogados. 

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a) Introducción

La Sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una serie de cuestiones prejudiciales, planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de Austria), ante el recurso de casación interpuesto por un proveedor de acceso a Internet, que da nombre a este caso, UPC Telekabel Wien GmbH (en adelante UPC TELEKABEL), en un procedimiento iniciado por dos productoras cinematográficas, Constantin Film Verleih GmbH (en adelante CONSTANTIN FILM) y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (en adelante WEGA) con motivo del ofrecimiento por parte de un site de Internet (cuyo dominio es kino.to) de la posibilidad de descargar o ver en "streaming" algunas películas producidas por CONSTANTIN FILM y WEGA, sin su consentimiento, motivo por el que solicitaba al tribunal competente la adopción de medidas cautelares para que se ordenase a UPC TELEKABEL, el bloqueo del acceso de sus clientes al site en cuestión.

El Handelsgericht Wien ( primera instancia), prohibió a UPC TELEKABEL facilitar a sus clientes dicho acceso, debiendo bloquear el acceso al sitio web y la dirección IP que tenía en aquel momento, y cualquier otra de la que pudiera tener conocimiento.

En apelación, el Oberlandesgericht Wien, modificó parcialmente la resolución del Hadelsgericht Wien, por haber éste especificado indebidamente, los medios que UPC TELEKABEL, debía emplear para bloquear el sitio web, estableciendo que sólo podía ser obligada a prohibir a sus clientes el acceso al sitio de Internet bajo la forma de una obligación de resultado, pero que debía de ser libre de elegir los medios para lograrlo.

Así, llegamos al momento procesal en que UPC TELEKABEL interpone recurso de casación, y en estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof suspende el procedimiento, y plantea al TJUE las cuestiones prejudiciales que a continuación se exponen.

b) Cuestiones prejudiciales

Las cuestiones prejudiciales que fueron planteadas por el Oberster Gerichtshof son las siguientes:

1) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29[...] en el sentido de que una persona que pone a disposición del público en Internet prestaciones protegidas sin el consentimiento del titular de los derechos (artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29) está recurriendo a los servicios de los proveedores de acceso [a Internet] de las personas que acceden a dichas prestaciones?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

2) Para que estén permitidas la reproducción para uso privado [artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29] y la reproducción transitoria y accesoria (artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29), ¿es necesario que la matriz utilizada haya sido reproducida, distribuida o puesta a disposición del público de manera legal?

En el caso de que dé una respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión y, por tanto, deban adoptarse medidas cautelares contra el proveedor de acceso [a Internet] del usuario con arreglo al artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29:

3) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, y en particular con la ponderación que éste exige entre los derechos fundamentales de los interesados, prohibir de manera global (es decir, sin requerir la aplicación de medidas concretas) que un proveedor de acceso [a Internet] facilite el acceso de sus clientes a un determinado sitio de Internet en el cual, de manera exclusiva o predominante, se pongan a disposición contenidos sin el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando el proveedor de acceso pueda evitar la imposición de sanciones coercitivas por incumplir dicha prohibición acreditando que, por su parte, ha aplicado todas las medidas razonablemente exigibles?

En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión:

4) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, y en particular con la ponderación que éste exige entre los derechos fundamentales de los interesados, imponer a un proveedor de acceso [a Internet] la adopción de determinadas medidas al objeto de dificultar a sus clientes el acceso a un sitio de Internet en que se pone a disposición un contenido de manera ilegal, cuando dichas medidas conlleven un coste nada desdeñable y, pese a todo, sus efectos puedan eludirse con facilidad incluso sin tener conocimientos técnicos especiales?»

c) Intermediarios, medidas cautelares, y efectivo acceso a las prestaciones protegidas

La sentencia, resuelve la primera de las cuestiones prejudiciales en sentido afirmativo, por lo que la segunda de ellas, pierde su sentido, toda vez que únicamente se planteaba para el supuesto de respuesta negativa.

Esta primera cuestión, se refiere al artículo 8, apartado 3 de la Directiva 2001/29 relativa a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, que recoge que "Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor".

A este respecto, sentencia el TJUE que debe interpretarse el precepto anteriormente citado, en el sentido de que "una persona que pone a disposición del público en un sitio de Internet prestaciones protegidas sin el consentimiento de quien es titular de los derechos con arreglo al artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, recurre a los servicios del proveedor de acceso a Internet de las personas que acceden a esas prestaciones, el cual debe considerarse un intermediario en el sentido del artículo 8, apartado 3".

Por lo tanto, como intermediario, podrá solicitarse, en la materia que nos ocupa, que se dicte una medida cautelar por la que se vea afectado, y que exija un comportamiento activo por su parte, siempre dentro de unos parámetros de razonabilidad.

Aduce además, que del considerando 59, se desprende que el término "intermediario", designa a cualquier persona que transmita por la red la infracción contra la obra o prestación protegidas, cometida por un tercero, no desvirtuando dicha afirmación la necesidad de vínculo contractual entre el proveedor de acceso a Internet y quien ha cometido la infracción de los derechos de autor o derechos afines.

Declara asimismo, que los titulares de dichos derechos, no deben demostrar que algunos de los clientes de dicho proveedor acceden efectivamente al site en cuestión, citando las sentencias de 24 de noviembre de 2011, C-70/10, y de 16 de febrero de 2012, C-360/10, para avalar la necesidad de que los Estados Miembros eviten las infracciones de derechos de propiedad intelectual, y no sólo las hagan cesar, concluyendo que "no es determinante que quienes componen ese público hayan tenido o no efectivamente acceso a dicha obra".

d) Ponderación de derechos y principio de proporcionalidad: propiedad intelectual, libertad de empresa y libertad de información

Teniendo en cuenta, la respuesta afirmativa a la primera de las cuestiones prejudiciales, el TJUE resuelve la tercera, también en sentido afirmativo, no manifestándose al respecto de la cuarta, prevista únicamente para el supuesto de respuesta negativa a la anterior.

Comienza refiriéndose a que en un requerimiento judicial como el que es objeto del procedimiento principal, " han de tenerse en cuenta en particular las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales aplicables, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" y que los Estados Miembros deben procurar no basarse en una interpretación de la Directiva, "que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios del Derecho de la Unión, como el principio de proporcionalidad".

Recoge también, que un supuesto como el que nos ocupa, hace que se enfrenten los derechos de autor y derechos afines a los de autor (protegidos en virtud del artículo 17.2 de la Carta), la libertad de empresa de que gozan los operadores económicos (en virtud del artículo 16 de la Carta), y la libertad de información de los usuarios de Internet (garantizada por el artículo 11 de la Carta).

A este respecto, aunque comienza reconociendo que "el derecho de libertad de empresa incluye en particular el derecho de toda empresa a poder disponer libremente, dentro de los límites de la responsabilidad que asume por sus propios actos, de los recursos económicos, técnicos y financieros de que dispone", finaliza sentenciando que el requerimiento, objeto del presente, "no parece atentar contra la esencia misma del derecho a la libertad de empresa de un proveedor de acceso a Internet como el del procedimiento principal", apartándose del criterio jurídico vertido por el Abogado General.

Pilares de esta conclusión son para el Tribunal, el hecho de que el requerimiento permita al destinatario definir medidas concretas que hayan de adoptarse para alcanzar el resultado y el hecho de que el requerimiento le permita eximirse de su responsabilidad demostrando que ha adoptado "todas las medidas razonables".

Parece desmesurado, que el intermediario, no sólo tenga que decidir cuáles son las medidas concretas que debe tomar, sino que también deba hacer valer ante un juez "antes de que se le imponga una sanción, que las medidas adoptadas eran efectivamente las que podían esperarse de él para impedir el resultado prohibido", cuando, tal y como se recoge en la misma sentencia, "él no es el autor de la vulneración al derecho fundamental de la propiedad intelectual que provocó la emisión del requerimiento".

Se estima aún más desmesurado, cuando respecto a la libertad de información, recoge la sentencia, que el intermediario debe acometer lo recogido en el párrafo anterior, "sin que se vean afectados los usuarios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder lícitamente a la información", indicando a su vez que "es preciso que las normas de procedimiento nacionales prevean la posibilidad de que los internautas hagan valer sus derechos ante el juez, una vez conocidas las medidas de ejecución adoptadas por el proveedor de acceso a Internet".

Todas estas pautas han de estar dirigidas a garantizar el derecho de propiedad intelectual, a "impedir, o al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de acceder a esas prestaciones puestas a su disposición".

e) Conclusión

A estas alturas, parece evidente que un prestador del servicio de acceso a Internet, sea considerado un intermediario en lo que se refiere al artículo 8.3 de la Directiva 2001/29.

No obstante, no hay que olvidar que las medidas cautelares, han de respetar las exigencias derivadas de los derechos fundamentales que la jurisprudencia establece, es decir, han de ser justas, equitativas y proporcionadas.

Como se ha aducido en no pocas ocasiones, el derecho de autor no es intangible, y por tanto, su protección no puede garantizarse en términos absolutos, y hacer soportar al intermediario, una medida cautelar tan gravosa, que le obligue a conseguir el resultado de impedir o dificultar las violaciones de derechos de propiedad intelectual, sin concretarle cómo hacerlo, sin mermar la libertad de información de los internautas, y debiendo acreditar al juez la razonabilidad de los medios utilizados para ello, sin ser el autor de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, no parece ni justo, ni equitativo ni proporcionado.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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