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PENAL

El acuerdo de suspensión condicional de la acción penal entre EE.UU. y HSBC ¿Sería posible en nuestro sistema jurídico?

Por Sharon Pinto

Abogada asociada de Vialegis Abogados.

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Recientemente la prensa internacional se ha hecho eco del acuerdo alcanzado entre el banco HSBC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las Fiscalías de los estados de Nueva York y Virginia, por el que la entidad de crédito ha pagado 1.900 millones de dólares como parte de un acuerdo de suspensión condicional de la acción penal, por un caso de blanqueo de capitales de los cárteles de narcotraficantes mexicanos y estados tales como Irán, blanqueo que se habría producido durante años a través del sistema financiero de Estados Unidos. Sin perjuicio del impacto que supone los importes satisfechos, el acuerdo tiene una clara ventaja para HSBC, ésta no deberá enfrentarse a juicio alguno por tales hechos, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones.

¿En qué consiste exactamente el acuerdo de suspensión condicional de la acción penal? Se trata de un acuerdo transaccional con el gobierno en el cual, la persona física o jurídica investigada acepta de forma inequívoca, su responsabilidad por los hechos que se le imputan y se compromete a adoptar determinadas medidas correctivas a cambio de no ser acusada por los delitos cometidos, obviando así el correspondiente procedimiento judicial. Los términos del acuerdo suelen contemplar el pago de multas, la plena cooperación con las investigaciones o juicios que puedan llevarse a cabo, así como el compromiso de adoptar ciertas medidas de control interno para evitar futuras infracciones. Si el acuerdo es incumplido, podrán ser objeto de acusación por tales hechos, pudiendo además usarse la admisión de los hechos que se incluyen en el acuerdo como prueba en su contra.

El acuerdo alcanzado por HSBC con las autoridades estadounidenses ha pasado por admitir de forma clara e inequívoca su responsabilidad en determinados hechos delictivos. Así, HSBC ha reconocido entre otras cosas, que sus ejecutivos ignoraron deliberadamente durante años las señales de advertencia de que los cárteles de la droga de México estaban utilizando a dicha entidad financiera en Estados Unidos para lavar cientos de millones de dólares.

El acuerdo es completo y prevé hasta el más mínimo detalle. Tiene una duración de 5 años, durante los cuales HSBC se compromete a poner todo su empeño en que no se cometan nuevas infracciones. Para ello, además de incrementar el gasto destinado a evitar las prácticas de blanqueo de capitales y de pagar la suma de 1.900 millones de dólares, que lo son en concepto de "decomiso" y no de multa, se compromete a tomar una serie de medidas correctivas. Esas medidas de corrección van desde el relevo de toda la cúpula directiva, al incremento de la plantilla dedicada a evitar el blanqueo de capitales, pasando por la separación de los departamentos de Compliance y Jurídico o la implementación de nuevos métodos para clasificar a los clientes según su riesgo, de acuerdo a determinados factores tales como su país de origen, los productos y servicios que utilizan, el tipo de negocio o su estructura legal. El acuerdo también prevé diferir el pago de una parte del bonus a un determinado nivel de altos ejecutivos durante la pendencia del acuerdo. Huelga decir que HSBC se compromete además a seguir cooperando con las autoridades, e incluso a hacerlo en el futuro en cualquier investigación que pudiera llevarse a cabo. El listado de las medidas correctivas que HSBC se compromete a implementar constituye la verdadera referencia sobre el nivel a exigir a todas las entidades financieras en el futuro.

Las autoridades estadounidenses por su parte se comprometen a no iniciar, ni continuar, ningún procedimiento penal contra HSBC por los hechos reconocidos en el propio acuerdo, siempre y cuando se cumplan y respeten los compromisos asumidos por HSBC, es decir, cualquier hecho punible no contemplado en el acuerdo es susceptible de ser perseguido penalmente, así como cualquier infracción penal futura que pudiera cometerse. Por lo tanto, el acuerdo constituye una suspensión de la acción penal condicionada al cumplimiento de las medidas correctivas.

El acuerdo prevé además de forma expresa que el mismo no será vinculante para otras agencias federales que las firmantes del propio acuerdo y en concreto, establece que el mismo no vincula ni a la División Fiscal ni a la División Criminal contra el Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por lo tanto, a diferencia de otros sistemas jurídicos, cada una de las agencias del Gobierno Federal norteamericano goza de personalidad jurídica propia y no queda condicionada por las decisiones de las demás.

Diferir la acusación o imputación no es novedoso en el sistema penal americano, es habitual en personas que delinquen por primera vez, en delitos que se cometen por la dependencia a las drogas o el alcohol, siempre y cuando se sometan a un tratamiento de desintoxicación; o en casos de justicia juvenil donde se estima más adecuado una intervención a nivel educativo que a nivel punitivo.

Sin embargo, el acuerdo de suspensión condicional de la acción penal en casos como el que nos ocupa, los delitos económicos perpetrados por grandes compañías, tienen otra justificación bien diferente, las propias compañías intentan alcanzar tales acuerdos argumentando que resulta más adecuado un acuerdo en dichos términos que someterse a un juicio, por los perjuicios que una hipotética condena pueden provocar, no sólo de índole económica, si no aquéllos considerados colaterales, como puede ser la pérdida de numerosos empleos. El ejemplo de esos efectos colaterales fue la condena penal hace una década a Arthur Andersen por el caso Enron que se llevó 25.000 empleos por delante.

¿Es trasladable al sistema jurídico español un acuerdo en tales términos? Hoy por hoy no, en el caso que nos ocupa, el delito de blanqueo de capitales, estamos ante un delito público, que no requiere de denuncia previa de la persona agraviada, pudiendo por tanto iniciarse un procedimiento penal con la simple denuncia de cualquier ciudadano. Los Jueces y Tribunales no podrían hacer caso omiso de tal denuncia por el simple hecho de haberse pactado previamente el pago de multas o la implementación de medidas correctivas, ni por supuesto, el Ministerio Fiscal podría decidir no ejercer acusación alguna amparándose sólo en dicho acuerdo, otra cosa es que dicho acuerdo podría suponer una atenuación de la pena, pero en caso de condena, en modo alguno exoneraría de responsabilidad penal a la persona jurídica en los términos previsto en el art. 31 del Código Penal, ni de responsabilidad civil subsidiaria.

Otra cosa es que la posibilidad legal de un acuerdo en tales términos sería una opción interesante en nuestro sistema jurídico. Se ahorraría tiempo y dinero, las personas jurídicas pagarían multas económicas, que al fin y al cabo es lo que la sociedad demanda, estaría obligada a demostrar durante un determinado tiempo que quiere reformarse y que va a poner todo de su parte para que tales prácticas ilegales no vuelvan a repetirse, sometiéndose a un control durante un determinado tiempo, supeditándose así el archivo de la investigación penal al cumplimiento del acuerdo alcanzado con las autoridades y, por otra parte, los individuos podrían ser perseguibles penalmente por los delitos que hubieran podido cometer. Aunque sinceramente, una vez cobradas las multas, que es de lo que se trata, nadie se acordaría de continuar el procedimiento penal contra las personas físicas.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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