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VIOLENCIA DE GÉNERO

La mediación en la violencia de género

Coordinador: Gema Gallego Sánchez

Magistrada. Servicios especiales

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La experiencia judicial viene demostrando la importancia que ha adquirido la posibilidad de mediación entre los litigantes, en concreto, en el curso de los procesos de naturaleza matrimonial, tales como la separación y el divorcio, o los de regulación de las relaciones paterno filiales. Se dirimen así los conflictos que se solventan, de una manera más ágil y acertada para las partes, que mediante el seguimiento de las diferentes fases del procedimiento judicial oportuno, que se presenta siempre largo y costoso, para quienes están implicados en el proceso en cuestión.

En nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, tal posibilidad de mediación quedó enervada por la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando estableció en su art. 44 -EDL 2004/184152-, la reforma del art. 87 ter de Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754- y, al desarrollar las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dispuso cómo "está vedada la mediación" entre otros, en los procesos de nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno filiales, o que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar... en que los implicados, sean víctima /autor, inductor o cómplice, de actos de violencia de género.

La razón de tan tajante prescripción legal, se acomodaba así, por un lado, al reconocimiento de la situación de precariedad, física y emocional de la víctima, ubicada en el círculo de la violencia e impediente del normal desarrollo de su conciencia y voluntad en relación a los aspectos ya personales, ya económicos, derivados de la crisis de pareja en la que está inmersa; y por otro, al favorecimiento de una aplicación rigorista de la ley penal, al imputado por estos delitos, impidiendo que la mediación pueda alcanzar a la calificación del delito, banalizando o rebajando en cierto modo, la gravedad de tales conductas criminales, en aras a lograr aquélla.

No obstante la rotundidad de los términos legales, desde diferentes sectores judiciales, doctrinales y políticos, se empieza a plantear la opción de acoger, bajo firmes y determinados condicionamientos, la posibilidad de mediación profesional en los supuestos de los que venimos hablando...

¿Cuál es la opinión de los componentes de nuestro Foro?

El análisis de las respuestas emitidas, apuntan un porcentaje mayoritario a favor de la mediación, como procedimiento a instaurar en los supuestos de comisión de conductas constitutivas de delitos de violencia contra la mujer.

Se invoca el Derecho Comunitario para indicar "que el derecho español deberá adaptar su ordenamiento jurídico interno para acoger y regular esta figura y para promover esta institución, hasta ahora simplemente consentida... La mediación tiene además un valor añadido, que no es sólo una solución a la actual sobrecarga que sufren los tribunales, es mucho más... entraña un verdadero cambio cultural".

Se sostiene que "el uso de la mediación por Jueces y Tribunales se encuentra amparado por lo dispuesto en los arts. 117,3 y 117,4 de la Constitución -EDL 1978/3879-... y que a través de la mediación en el proceso penal, adquieren plenitud los derechos reconocidos en el art. 24 y 25 de la Constitución."

En relación a la actual prohibición legal, una de las respuestas, es especialmente crítica con la Ley 1/04 -EDL 2004/184152-, argumentando cómo la citada Ley "no ha sido la panacea ... Las muertes violentas en el seno de las relaciones afectivas no han disminuido, han progresado geométricamente", y ante ello... "la mediación, legalmente prohibida, es una de esas posibilidades del cambio"...

Es una de las respuestas afirmativas de la validez de la mediación se describe cómo mediante ésta "la víctima, puede expresar al infractor directamente sus sentimientos, de dolor, de miedo, de angustia y de contribuir de ese modo a superar el impacto del delito... y ello ... obliga al ofensor a reflexionar, a situarse en la posición de la víctima y por tanto a cambiar de perspectiva, a empatizar, situándose en su posición y entendiendo mejor ésta"..

Opción, tan optimista como rechazada, por la rotunda respuesta de la Fiscal componente del Foro, que apunta cómo "el agresor, por lo general, no admite su culpabilidad. Siempre encuentra justificación a su conducta. Es difícil que asuma su responsabilidad. Siente que su conducta es la respuesta apropiada a una provocación por parte de la víctima"... No obstante el reconocimiento que realiza, de que la mediación "constituye una posibilidad real en todos los órdenes jurisdiccionales" no se entiende, no ya en el orden penal, "y ello por los intereses de naturaleza pública que se dilucidan, porque parece evidente que el ius puniendi del Estado no puede ser objeto de negociación"... sino en las infracciones constitutivas de violencia contra la mujer "si partimos de la idea de que la desigualdad genera la violencia, y supone una violación de los Derechos Humanos.... Las características del delito -mantiene tal ponente- el bien jurídico afectado, su carácter pluriofensivo, la situación de la víctima, la gravedad de la conducta, obligan a excluir la violencia de género del ámbito de aplicación de la mediación."

Aún así, y admitiéndose por otro de los Magistrados "que la solución extrajudicial no garantice el cambio de la conducta agresora del violento, ni invite a la prevención general precisamente, ni enmiende las manifestaciones impropias de las relaciones afectivas, no significa que en los primeros estadios de las crisis violentas de pareja y en las infracciones menores no se deban buscar alternativas negociadas al delito".

La última de las respuestas ofrecidas, destaca el aspecto práctico de la mediación ..."La situación de saturación en que se encuentran los órganos jurisdiccionales, ha dado lugar a buscar soluciones de toda índole y a un amplio debate sobre las soluciones y mecanismos para disminuir la litigiosidad" y mantiene, una posición "matizada y equidistante", respecto de la mediación en violencia de género, negando que sea "un mecanismo válido en todo caso y para todos los supuestos, siendo necesario aplicar técnicas especializadas... y quedando fuera aquellos supuestos de violencia grave que excluyan precisamente la igualdad... no entiendo acertada esta previsión cuando es evidente y necesario discernir situaciones en esta materia, ... puede ser un mecanismo adecuado para solucionar conflictos en supuesto de violencia, si bien mediante un tratamiento especifico, cuando se discrimine el grado de violencia a que se refiera y con absoluta garantía de la igualdad de partes."

La mediación penal es aquélla que se desarrolla en el ámbito del proceso penal, como forma principalmente de reparación del daño a la víctima y como mecanismo de rehabilitación social delincuente. En la mediación se pretende el diálogo con el ofensor, para el arreglo del conflicto que subyace y el diálogo es el verdadero protagonista. La mediación penal puede relacionarse claramente con la institución de la conformidad si bien no toda conformidad deriva de una mediación.

Mi experiencia personal, como juez de lo penal, en sentencias de conformidad, se refiere no tanto, a la mediación en sí misma, sino a la intervención, entre las partes cuando ya ha sido alcanzado el acuerdo, pues en la mediación judicial no debe coincidir la persona del mediador con la que debe decidir el proceso. La coincidencia en la misma persona de la función mediadora y la potestad para resolver el litigio mediante sentencia, tiene muchos peligros, como el hecho de poder prejuzgar, o el riesgo de que se presuma que el juez ha utilizado la mediación, como forma de conseguir un acuerdo, con la única finalidad de evitar una resolución y consecuentemente de reducir el trabajo en el órgano jurisdiccional.

La mediación puede utilizarse en todo tipo de conflictos y en las cuatro jurisdicciones, sin perjuicio de que en determinada clase de conflictos, por su etiología y naturaleza sea muy difícil un proceso de mediación. En concreto, en aquellos conflictos en los que existe una desigualdad, evidente e insalvable, entre víctima y maltratador donde la mediación no cabría como una forma de resolver el conflicto en sí, "conflicto" que como tal, es la comisión de un acto delictivo.

Sin embargo la exclusión por la Ley Orgánica 1/2004 -EDL 2004/184152-, de la mediación en asuntos de violencia de género, es muy criticada. Así entre otros en un Seminario sobre "Justicia Reparadora" celebrado en septiembre 2007, en el que se trató de la Mediación Penal y su introducción en el ordenamiento jurídico español se dijo:

"En particular, se considera un error que la Ley Orgánica 1/2004 -EDL 2004/184152-, excluya en todo caso la mediación en asuntos de violencia de género por cuanto no siempre se da en los mismos, una situación de desigualdad entre partes. El uso de la mediación permitiría aquí dar una mejor protección a los derechos e intereses legítimos de las víctimas, de forma que prohibir indiscriminadamente, en todos los casos la mediación, no hace sino perjudicarlas y desprotegerlas, privándolas de la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 de la Constitución -EDL 1978/3879-".

Si el objetivo de la jurisdicción debe ser pacificar los conflictos, ello no suele ocurrir cuando recae sentencia, donde siempre hay vencedores y vencidos; en materia de violencia contra la mujer, la sentencia no sólo no supone el final del conflicto, sino que en ocasiones, genera nuevos conflictos o agrava el existente.

La mediación debe considerarse, no como un sistema alternativo a la resolución de conflictos, sino un sistema complementario de la vía judicial, porque téngase en cuenta que nos encontramos en materia penal, donde la pena cumple unos fines, una vez se ha cometido un acto delictivo. Ahora bien la mediación es compatible con el sistema judicial siendo perfectamente complementario del mismo, pues el uso de la mediación por Jueces y Tribunales se encuentra amparado por lo dispuesto en los arts. 117,3 y 117,4 CE -EDL 1978/3879-... y entiendo que a través del uso de la mediación en el proceso penal, adquieren plenitud los derechos reconocidos en el art. 24 y 25 CE.

Si el concepto constitucional de tutela judicial efectiva se sustenta en la idea de protección de derechos, tanto de la víctima como del imputado, entendemos que la mediación es la mejor forma de prestar la completa tutela judicial efectiva. Pues se procede a la más plena reparación del daño causado a la víctima, no sólo el daño económico sino también el daño moral y, al mismo tiempo constituye la forma más adecuada de rehabilitación del delincuente. El uso de la mediación en el proceso penal permite que las víctimas sean y se sientan verdaderamente escuchadas y que no sean tratadas como extrañas al procedimiento.

En España no ha existido hasta el momento una tradición en el ámbito de la mediación, y de hecho tras la reforma procesal de 1984 tan sólo existía un 1% de acuerdos en los procesos civiles planteados ante los Tribunales españoles; sin embargo en una experiencia realizada a instancia del Consejo General del Poder Judicial, poco tiempo después de esta reforma procesal y previa selección de varios jueces que practicaban la mediación, donde se impartió un curso en técnicas de mediación y comunicación en general, donde se comprometieron a practicar los conocimientos y regresar tres meses después para analizar los resultados, la experiencia resultó que el 70% de los juicios de los celebrados en los que se intentó la mediación, acabaron por acuerdo.

Actualmente se está avanzando bastante, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, con sistemas que consisten no en la mediación judicial concretamente dicha, sino en la remisión que hace el juez a las partes para que sometan su conflicto a la mediación de un tercero experto.

Es decir, lose pretende es el diálogo entre partes, el que reporta amplios beneficios para las mismas, en primer lugar la víctima puede expresar al infractor directamente sus sentimientos, de dolor, de miedo, de angustia y de contribuir de ese modo a superar el impacto del delito. Se destaca que la víctima es más receptiva y está más dispuesta a escuchar. Se constata un mayor nivel de satisfacción en las víctimas, por sentirse escuchadas, entendidas y tratadas de manera más justa.

También el diálogo se defiende en favor del ofensor, ya que el encuentro con la víctima propicia que sea más consciente del daño y genera la responsabilidad del hecho. Obliga al ofensor a reflexionar, a situarse en la posición de la víctima y por tanto a cambiar de perspectiva, a empatizar, situándose en su posición y entendiendo mejor esta.

El proceso de mediación pivota sobre la empatía, es decir, en la habilidad de colocarse en el lugar del otro y por tanto de intentar entenderlo mejor.

Las ventajas de la mediación pueden cifrarse en que las propias partes son las que dirimen sus conflictos, lo que determina que estos acuerdos fruto del convencimiento de las mismas se cumpla por tal convencimiento y no por coacción.

En muchos de los casos de violencia contra la mujer, el derecho de familia está íntimamente unido, en la que a mi juicio la mediación es un procedimiento pacífico de resolución de conflictos, innovador y compatible con la vía judicial, que permite mejorar considerablemente la calidad de la tutela judicial efectiva.

El Derecho Comunitario indica que el derecho español deberá adaptar su ordenamiento jurídico interno para acoger y regular esta figura y para promover esta institución, hasta ahora simplemente consentida.

La mediación tiene además un valor añadido, que no es sólo una solución a la actual sobrecarga que sufren los tribunales, es mucho más... Entraña un verdadero cambio cultural que los miembros de la Unión Europea y España quieren que constituya un signo de identidad de la nueva Europa.

En efecto, diferentes Directivas Comunitarias expresan cómo la mediación es a la justicia, lo que la diplomacia a la política internacional. Y debería ser siempre la primera vía natural de resolución de conflictos pues alienta la madurez de los individuos al permitirles decidir por ellos mismos como solucionar conflictos, sin privarles jamás del derecho a acudir, en cualquier momento a los Tribunales de justicia. Por tanto es un sistema complementario a la Administración de Justicia y en ningún caso sustitutivo de la misma.

La mediación, como instrumento auxiliar de la justicia presenta una metodología especialmente adecuada para mejorar la respuesta a los intereses en juego que subyacen en determinados tipos de conflictos, en los que los enfrentados necesitan mantener una relación posterior viable. Resultando claramente una forma de resolver conflictos, y entre ellos los concernientes a los de violencia contra la mujer que en la mayoría de los casos entrañan problemas de derecho de familia.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 20 de diciembre de 1993 reconoce que la violencia de género "constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre". La Resolución del Parlamento Europeo sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres de 16 de septiembre de 1997 la vincula "al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso o político..." El primer artículo de la Ley española 1/2004, de 28 diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -EDL 2004/184152- la identifica como "una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres".

Violencia y desigualdad de género son fenómenos de raíz común: donde triunfa la violencia es derrotada la igualdad y, en definitiva, los derechos de las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género nos referimos a una construcción social, que tiene que ver con la desigualdad y con el deseo de controlar a las mujeres y que se concreta en agresiones individuales, y que forma parte de un problema estructural porque cada agresión individual está intrínsecamente unida a la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre la mujer, incluso, si es necesario, mediante la utilización de la violencia. Las razones que llevan a un hombre joven, maduro o anciano, a la agresión pueden ser diversas, pero en todas subyace un sentimiento de propiedad y superioridad respecto a la mujer. El agresor, por lo general, no admite su culpabilidad. Siempre encuentra justificación a su conducta. Es difícil que asuma su responsabilidad. Siente que su conducta es la respuesta apropiada a una provocación por parte de la víctima

Si partimos de la idea de que la desigualdad genera la violencia y supone una violación de los Derechos Humanos, nos cuesta enlazar su realidad con la posibilidad de recurrir al instituto de la mediación para la resolución del conflicto. La figura de la mediación no constituye una novedad en nuestro Derecho Positivo. Está configurada como medio de resolución del conflicto o de evitación del mismo, y aparece contemplada en los órdenes jurisdiccionales: civil, (la mediación supone un verdadero factor de prevención y solución a los conflictos intrafamiliares para evitar que llegue a desencadenarse un episodio de violencia, pero no cuando éste ya ha sucedido), contencioso-administrativo y social. La posibilidad de evitar el proceso o habiéndolo iniciado lograr una solución de consenso, constituye una posibilidad real en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el orden penal, y ello por los intereses de naturaleza pública que se dilucidan, porque parece evidente que el ius puniendi del Estado no puede ser objeto de negociación.

Partiendo de esta premisa, ¿es susceptible la posibilidad de ampliar la utilización de este sistema a los casos en que se ha producido una conducta violenta por un hombre respecto de su víctima a la que se ha unido por una relación afectiva presente o pasada? La LO 1/2004, de 28 diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prohíbe expresamente la mediación en su art. 44 -EDL 2004/184152-, cláusula que se incluye en el art. 87 ter 4 LOPJ -EDL 1985/8754-. Las características del delito, el bien jurídico afectado, su carácter pluriofensivo, la situación de la víctima, la gravedad de la conducta, obligan a excluir la violencia de género del ámbito de aplicación de la mediación.

La razón de esta prohibición estriba en la desigualdad, en el desequilibrio de poder en el que se encuentran agresor y víctima al efecto de poder garantizar un acuerdo y un resultado de corresponsabilidad en un clima de colaboración y respeto mutuo.

Entre un sistema penal en el que lo que ocurría dentro del domicilio no interesaba, y otro, que convierte en delito -para un solo sexo- lo que durante años han sido meras faltas, debe poder existir un punto medio.

Ya sé que la política centrada no arrastra el voto radical, pero conseguir el voto de la mitad del género humano no debe suponer excluir el del otro medio.

Tapar machismo con hembrismo es dar la vuelta a la tortilla, es decir, seguir teniendo tortilla.

Propugno en consecuencia la mediación en los supuestos de violencia contra la mujer -igual que en la que hay contra el hombre- porque ante la imposición ideológica sexista que no comparto y que rezuma la parte general de la Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral contra la Violencia de Género -EDL 2004/184152- (su art. 1 axiomatiza generalizando: "la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres"....) lo mejor es seguir escuchándose.

Si hay un conflicto, y la mediación trata de resolverlo, la solución negociada es la mejor solución.

Pero si lo que se pretende es dar la vuelta a los argumentos, alguien que ya ha decidido apostar por el derecho penal del enemigo, por el derecho penal de autor, nos dirá que no cabe la mediación allí donde hay una parte débil "que no está en condiciones de igualdad a la hora de alcanzar un acuerdo" -que es lo que dijo la Diputada de CiU que consiguió introducir la enmienda por la que la Ley Orgánica expresamente prohíbe la mediación en esta materia-.

Por supuesto, la Ley define lo que es y quién genera esa violencia, y diga lo que diga el Tribunal Constitucional, no puedo encontrar más indigno y acusado de modismo el argumento, de que la Ley compensa desfases del pasado, a costa de incrementos penológicos indebidos, para el futuro.

El castigo regalado por la ley, el que se añade por encima del acto realizado, es sencillamente por decirlo en términos de la propia Ley, una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de algunas mujeres sobre algunos hombres.

El derecho penal no entiende de discriminaciones apriorísticas y por ende la misma acción no puede ser más grave en función del sexo que tenga el que la realice, porque la ciencia nos enseña que los genes y el sexo son primero, y nada tienen que ver con la culpabilidad, la voluntad y la intención criminal.

Meterse en el discurso del dominio conlleva tantos matices, que ahondar en él podría acabar descubriendo quién domina a quién realmente. Aburre, desde ambos lados de la tortilla, buscar vencedores y vencidos. Salvo a quienes quieren jugar a las guerritas.

Por eso soy partidario de escuchar, de permitir que un intermediario medie entre los afectados que de forma voluntaria traten de encontrar el origen de su conflicto, sus causas.

Alguien que exponga los dos puntos de vista, que abogue por conocer al menos el criterio del contrario ante la situación que desembocó en la falta de dialogo y que permita encontrar acuerdos mutuos que reparen efectivamente el daño generado a la víctima, eso sí, exclusivamente para los supuestos de abierta discriminación penológica de nuestro Código Penal -EDL 1995/16398- (amenazas, maltrato y coacciones), y no para los delitos graves (lesiones, sexuales y muerte).

Que el maltratador reconozca su responsabilidad, o busque alternativas diferentes a la imposición del daño ajeno ante un tercero neutral, es tan positivo, en las infracciones menores, como que la víctima consiga hacer que se oigan sus postulados, refuerce su papel, recupere su autoestima, evite la reincidencia, se recupere o incluso supere el conflicto y rehaga su vida afectiva.

Que la solución extrajudicial no garantice el cambio de la conducta agresora del violento, ni invite a la prevención general precisamente, ni enmiende las manifestaciones impropias de las relaciones afectivas, no significa que en los primeros estadios de las crisis violentas de pareja y en las infracciones menores no se deban buscar alternativas negociadas al delito.

Con lo que hasta la fecha se ha hecho, es evidente que la Ley Orgánica -EDL 2004/184152- no ha sido la panacea que se nos vendió políticamente. Las muertes violentas en el seno de las relaciones afectivas no han disminuido, han progresado geométricamente las no tradicionales de signo contrario, la utilización ventajosa y el abuso del derecho a costa de estirar la letra de la Ley, y pese a ciertas manipulaciones vinculadas a quienes originaron esta Ley, queda mucho por hacer y por cambiar en lo hasta ahora hecho.

La mediación, legalmente prohibida, es una de esas posibilidades del cambio.

La cuestión que se nos somete resulta la relativa a la posibilidad de la operatividad de la mediación en los supuestos de violencia contra la mujer, y si es posible en los supuestos de conductas constitutivas de delitos graves cometidas contra las víctimas.

La situación de saturación en que se encuentran los órganos jurisdiccionales, ha dado lugar a buscar soluciones de toda índole y a un amplio debate sobre las soluciones y mecanismos para disminuir la litigiosidad, proponiéndose mecanismos de solución de conflictos como la mediación, el arbitraje, u otros sistemas de composición, requiriendo igualmente la modificación de las normas procesales, limitación del número de instancias o recursos, establecimiento de tasas judiciales, adaptación de la planta judicial o de la organización de las oficinas, etc

Nos referimos a la mediación que se ha propuesto definirla legalmente como aquella actividad en la que una parte neutral con carácter técnico y en posesión de conocimientos adecuados, independiente de los actores institucionales en el proceso e imparcial ayuda a dos o mas personas implicadas en un delito o falta, como víctima o infractor, a comprender el origen del conflicto, causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y elaborar acuerdos sobre el modo de reparación tanto material como simbólica. Siendo en todo caso de carácter voluntario, gratuito, oficial, confidencial, flexible y bilateral.

Existe un claro y terminante obstáculo legal para la aplicación de la mediación, con carácter general, a los supuestos de los que conocen en el ámbito penal los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, art. 87 ter de la LOPJ -EDL 1985/8754- (redacción dada por la LO 1/2004 -EDL 2004/184152-), ya que de forma taxativa en el nº 5 se determina: "En todos estos casos está vedada la mediación". Ahora bien, no entiendo acertada esta previsión cuando es evidente y necesario discernir situaciones en esta materia, y la mediación puede ser un mecanismo adecuado para solucionar conflictos en supuesto de violencia, si bien mediante un tratamiento especifico, cuando se discrimine por un lado el grado de violencia a que se refiera y con absoluta garantía de la igualdad de partes. Se constituye en un modelo alternativo de resolución del delito y de enfrentarse a él, ya que además de las consecuencias del castigo que determine el CP -EDL 1995/16398-, es preciso que se resuelva el conflicto que se origino en la pareja y el restablecimiento del equilibrio que permita la convivencia entre ellos, en este sentido la participación y decisión de los directos implicados pueden ayudar a ello. Entiendo, sin embargo, que no es un mecanismo válido en todo caso y para todos los supuestos, siendo necesario aplicar técnicas especializadas que la formación del mediador puede aportar, así como la información que otros técnicos puedan aportar, quedando fuera aquellos supuestos de violencia grave que excluyan precisamente la igualdad.

A este respecto entiendo que la regulación actual prohibiendo en todo caso la mediación en todo supuesto de violencia, impide la resolución por esta vía de importante número de situaciones conflictivas de pareja, de menor entidad a las que se les da únicamente una respuesta penal. Con lo que seria conveniente la reforma del precepto, y la regulación especifica de la mediación en el ámbito penal como se ha instado desde diversos ámbitos.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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