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CIRCULACIÓN

A 110 km/h, por decreto: consecuencias penales

Por D. Eduardo de Urbano Castrillo

Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Doctor en Derecho

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I. Introducción

El RD 303/2011, de 4 de marzo (EDQL 2011/8041), ha establecido desde las 6,00 horas del 7 de marzo hasta el 30 de junio de 2011, un nuevo límite máximo de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y autovías.

La medida, se justifica por la necesidad de "la reducción del consumo de energía... [pues] diferentes estudios e investigaciones indican que la reducción de la velocidad de circulación de los vehículos en autopistas y autovías disminuye considerablemente el consumo de combustible".

La reforma ha constituido una sorpresa y ha suscitado numerosas críticas, en especial por lo incierto de su eficacia y su carácter temporal, ya que "se aplicará transitoriamente en atención a los resultados obtenidos", lo cual sugiere una evidente incertidumbre.

El nuevo límite máximo fijado nos sitúa, comparativamente, entre los países más lentos de Europa a pesar de que nuestras infraestructuras son de las más modernas y permiten mayor seguridad en la circulación. Las estadísticas dicen que la mayor parte de los accidentes se producen en carreteras secundarias.

De los datos de la Comisión Europea resulta que sólo Irlanda, Chipre y Noruega cuentan con límites inferiores al español. El resto de países, salvo Reino Unido -su límite es 112 Km/h.- permiten una mayor velocidad (es el caso de Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Grecia, Polonia, Bulgaria...).

Y es que, desde hace tiempo, el legislador español tiende a identificar velocidad peligrosa con determinada velocidad objetiva -que criminaliza-, cuando la causa de los accidentes no está tanto en ello sino en la velocidad inadecuada en un momento y circunstancia concreta. Se puede tomar una curva a 80 y salirse de la carretera y circular a 160 con toda seguridad. Por eso, los límites de velocidad, en sí mismos, constituyen un fundamento discutible de una política sancionadora cada vez más dura. "Velocidad inadecuada" y no "velocidad elevada" es, en mi opinión, el concepto clave.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, esta decisión plantea dos grandes cuestiones: su legalidad y sus efectos. De un lado, está cuestionada ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por modificar una Ley -la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 1990- vía Decreto, y de otro, afecta, de modo indirecto, incluso al Código Penal, que tiene rango de Ley Orgánica.

No voy a entrar en cuestiones de legalidad contencioso/administrativo tanto porque el tema está "sub iudice" como porque mi objetivo en este breve comentario, es tratar las consecuencias de la norma en el orden penal

El nuevo decreto incide en el delito de velocidad excesiva, regulado en el art. 379.1 CP (EDQL 1995/16398) que, como se sabe, castiga a quien "condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior (...) en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente" con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en todo caso, además, con privación del derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Ello significa que, desde el pasado 7 de marzo, el nuevo delito del art. 379.1 pasa de cometerse por circular a partir de 200, como hasta ahora, a ser sancionado desde los 190 Km/h.

En términos jurídicos, supone una reforma peyorativa para el interesado ante la cual, al margen de su acatamiento, se abren las siguientes posibilidades:

a) Instar la paralización del proceso incoado por delito, en base al nuevo límite, mediante el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad por presunta vulneración del principio de legalidad, en su modalidad de jerarquía normativa (art.9.3 CE, EDQL 1978/3879), en relación al art. 24.1 CE.

b) Plantear en juicio, si cuando éste se celebre ya no está vigente la nueva norma, que se tenga en cuenta la norma (más favorable) que rija en ese momento procesal.

c) Fundar, en su caso, el eventual recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada en base al presente decreto, en que la norma aplicada ya no está en vigor.

d) Y, si todo ello no tiene éxito, solicitar la revisión de la condena, si cuando se produzca la ejecución de la sentencia condenatoria, la norma anterior ha recobrado su vigencia.

La prosperabilidad de lo apuntado, naturalmente, se contrae a que el conductor circulara a más de 190 y menos de 200 km/h., pues si la velocidad fuera superior a esta última, la nueva norma no incide en la condena aunque sí podría instarse una reducción o un cambio de la pena, que tenga en cuenta la proporción del nuevo límite aprobado.

Las prisas no son buenas consejeras y cuando no se prevén todas las consecuencias de una decisión, transitoria además, la buena voluntad que pueda inspirar esta medida, no basta para atajar las cuestiones de derecho transitorio que sin duda se producirán en relación a los casi cuatro meses que -salvo prórroga- durará esta medida.


Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de abril de 2011.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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