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PENAL

Los “juicios paralelos”, como atenuante analógica 

Coordinador: Gemma Gallego

Magistrada.

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I. Planteamiento de la cuestión

Resulta una constante en los medios de comunicación, la aparición de noticias relacionadas con las causas que se incoan a diario por Juzgados y Tribunales, fundamentalmente del orden jurisdiccional penal (...). Noticias que, junto a lo que podríamos llamar datos "contrastados" extraídos de las causas mismas -que además, y en la mayoría de las ocasiones, han sido declaradas secretas en el curso de la instrucción- incorporan juicios de valor más o menos explícitos, o nutridos editoriales, en los que las personas afectadas aparecen ya como culpables ante la opinión pública, del delito que está siendo objeto de investigación (...). Estamos hablando de los llamados "juicios paralelos" que afectan sin duda, a los derechos a la intimidad y al honor de quien se halla inmerso en esa primera fase del proceso penal y generan, en la mayoría de las ocasiones, una condena anticipada, con flagrante vulneración del derecho de defensa y de la presunción de inocencia que corresponde a todo ciudadano, hasta que, en su caso, sea condenado en sentencia firme, obtenida en un proceso con todas las garantías y en base a pruebas lícitas de cargo.

El tema, sin duda, es grave y preocupante, y quizá la solución pasa por reformas legales que al parecer se están acometiendo, ya en la línea de fijar un plazo general, durante el cual no quepa informar sobre un asunto sub iudice, ya tipificando el delito de filtración sumarial, como sucede en Italia o Alemania.

[[QUOTE1:“Estamos hablando de los llamados "juicios paralelos" que afectan sin duda, a los derechos a la intimidad y al honor de quien se halla inmerso en esa primera fase del proceso…”]]

En este contexto descrito, y mientras se producen esas reformas legales supongamos que un acusado, condenado por delito tras el acto de juicio, se ha visto sometido durante el proceso a uno de esos "juicios paralelos", vulnerándose además, el secreto del sumario (...).

¿Podría reclamarse en el acto de juicio, la aplicación de una atenuante analógica por vulneración del derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia, de forma similar a la antigua atenuante analógica de dilaciones indebidas?"

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 3 de mayo de 2012.

La cuestión sometida a debate en el presente foro, exige un breve análisis de la regulación legal del secreto sumarial en nuestro ordenamiento jurídico, así como de la previsión legal del art. 21,7ª CP -EDL 1995/16398- al regular las denominadas atenuantes analógicas cuya aplicación tiende de ordinario a reparar una vulneración de derechos.

La STC de 3-6-06, estableció que la regulación legal del secreto sumarial no se presenta como un límite frente a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento por cualquiera -incluidas las mismas partes en el supuesto previsto en el párrafo 2º del art. 302 LECrim. (EDL 1882/1)- de las actuaciones seguidas en la fase sumarial hasta la apertura del juicio oral. Quedarían por tanto cubiertos por el secreto del sumario los conocimientos extraídos de las propias actuaciones judiciales, pero no lo sabido al margen del proceso, lo que significa, no sólo que los terceros que tengan conocimiento de algunos hechos relacionados con la investigación judicial puedan relatarlos públicamente, sino que los propios testigos y el imputado pueden descubrir públicamente lo que hayan declarado ante el Juez instructor, pues el conocimiento de tales datos no procede del sumario, sino de la percepción directa o indirecta de los hechos.

Nuestro TC ha hecho hincapié en que la razón última del secreto sumarial no radica en la conveniencia de salvaguardar la imparcialidad del juzgador evitando presiones e influencias externas de los medios de comunicación y de la opinión pública, sino en la necesidad de garantizar la propia investigación judicial de la que depende el éxito de la justicia penal. De igual modo, nuestro TC en la Sentencia de 24-09-86 -EDJ 1986/109-, reconoció que el derecho a la presunción de inocencia, no solo tiene una vertiente procesal, sino también extraprocesal, al afirmar que "opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo".

Llegados a este punto, tal vertiente extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, debe de ponerse en relación con la doctrina elaborada por nuestro TC y TS en relación con la denominada atenuante analógica de dilaciones indebidas, inicialmente de creación jurisprudencial, y hoy recogida de forma expresa en el catálogo del art. 21 CP -EDL 1995/16398-. Dicha doctrina afirma que la dilación se proyecta sobre la culpabilidad, pues el indebido transcurso del término hace que el inculpado sufra por adelantado las consecuencias de su sometimiento al proceso, consiguiendo por la vía de la atenuante analógica actuar como factor compensatorio del reproche penal que le es exigible.

Siendo esto así, si se entiende que el derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal se ve menoscabado cuando "revelaciones indebidas" esto es, vulneradoras del secreto de sumario, trascienden a la opinión pública a través de los medios de comunicación social dando lugar a lo que se conoce como un juicio paralelo favorable a la condena; en principio, y siempre en los casos más graves, no estaría proscrito acudir a la vía de la atenuante analógica como medio reparador de la vulneración de dicho derecho fundamental, de forma análoga a como se venía haciendo con las dilaciones indebidas, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora o incluso de las acciones penales pertinentes contra los autores de dichas revelaciones indebidas.

La doctrina del Tribunal Supremo (SSTS 32/2004 -EDJ 2004/8283- y 322/2004 -EDJ 2004/17476-, entre otras muchas) y la doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecieron el criterio de que el derecho a un juicio en plazo razonable, reconocido expresamente en el art. 24,2 CE -EDL 1978/3879- y en el art. 6 del Convenio de Roma de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales -EDL 1979/3822-, permitía una reparación inmediata dentro del propio proceso penal, mediante una atenuación de pena que compensara la dilación indebida, utilizando la vía de las atenuantes analógicas. Actualmente esta solución ha sido recogida por el Legislador, dado que en el vigente art. 21,6 CP -EDL 1995/16398- se reconoce como atenuante "la dilación extraordinaria e indebida del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".

La doctrina del Tribunal Supremo permite plantear la posibilidad de atenuaciones de pena cuando se produzcan lesiones de otros derechos fundamentales, lo que conllevaría el beneficio de economía procesal de no tener que acudir a ninguna instancia jurisdiccional para obtener la reparación de la lesión ya que sería en el propio proceso penal donde se repararía el daño producido. Ese es el sentido esencial de la doctrina jurisprudencial a que antes se ha hecho referencia y resulta sugerente plantearse si una persona que se ha visto sometida indebidamente a un juicio paralelo, con violación del principio de presunción de inocencia y con perjuicios innegables y devastadores para su imagen y honor, podría reclamar la compensación de esa lesión, mediante la aplicación de una atenuante analógica, con la consiguiente reducción de pena.

El Tribunal Constitucional en Sentencia 166/1995 -EDJ 1995/6544- ha afirmado que el derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24,2 CE -EDL 1978/3879-, es un derecho ejercitable ante el Estado, pero también frente a los particulares. Se trata de una presunción iuris tantum en virtud de la cual nadie puede ser condenado o sancionado sin prueba de cargo suficiente. Afirma el Alto Tribunal que "la presunción de inocencia tiene una dimensión extraprocesal y comprende el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo". Habrá, por tanto, vulneración de este derecho cuando en informaciones periodísticas se de trato de culpable a una persona cuando no exista la previa condena. Por ello, la STC 219/1992 -EDJ 1992/11973- declaró que "la exigencia de una información veraz obliga a respetar el derecho de todos a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 CE y que el único acto que puede quebrar la presunción de inocencia del acusado es la sentencia del tribunal que declara la autoría del delito".

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la presunción de inocencia no constituye, en sí misma, un derecho fundamental distinto y autónomo del que emana de los arts. 10 y 18 CE -EDL 1978/3879- (Derecho a la dignidad, derecho al honor, derecho a la intimidad), por lo que la vulneración de la presunción de inocencia cuando se produce a través de "juicios paralelos" ha de invocarse mediante la vulneración de estos otros derechos, singularmente, los concernidos en el art. 18 CE. Es decir, no basta que se produzca una información paralela al proceso, sino que tal información sea lesiva del derecho al honor para que se entienda vulnerado el derecho de presunción de inocencia.

Pues bien, la dilación indebida pudo repararse y se repara actualmente en el propio proceso penal mediante una atenuante porque se trata de la violación de un derecho fundamental integrante del derecho a un proceso justo que se produce en el propio proceso y como consecuencia de la deficiente actuación del propio Estado. En cambio, en el caso de los juicios paralelos, la violación del derecho fundamental se puede producir, y de hecho se produce, por agentes ajenos al propio Estado (los medios de comunicación), extramuros del proceso y mediante la lesión de otros derechos fundamentales, singularmente el derecho al honor. Por ello no existe identidad entre las dilaciones indebidas y la lesión de la presunción de inocencia mediante el juicio paralelo. Son situaciones radicalmente distintas y no parece acertado atribuirles las mismas consecuencias.

Por otra parte, para apreciar la existencia de dilaciones indebidas no debe introducirse un nuevo objeto de investigación y prueba. Basta el examen del proceso para determinar si ha existido dilación y si ésta es indebida. En cambio, para determinar si un juicio paralelo ha supuesto una lesión del derecho al honor y, por consiguiente, de la presunción de inocencia, debe introducirse un nuevo objeto procesal, autónomo, con pruebas también independientes, lo que supondría una distorsión añadida del objeto central de enjuiciamiento, que no es otro que la declaración de responsabilidad penal.

Como conclusión, estimo que la lesión del derecho a la presunción de inocencia a través de un juicio paralelo no puede ser reparada en el propio proceso penal mediante una atenuación de pena sino que es necesario acudir a la jurisdicción civil formulando una reclamación autónoma.

Antes que nada, conviene aclarar que entenderemos por juicio paralelo, y así, según Espin Templado, se considera que por juicio paralelo debe entenderse el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto sub iudice a través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en los hechos sometidos a investigación judicial. Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso.

Quiere esto decir, que al cabo de un determinado periodo de tiempo, en el que han ido apareciendo informaciones sobre los hechos, las personas afectadas aparecen ante la opinión pública como culpables sea cual sea el sentido general, lo que sin duda constituye un plus agravatorio.

Al mismo tiempo, es obvio, que originan juicios paralelos sin garantías, y generan una condena anticipada con "linchamiento" como modalidad de ejecución de la pena (de muerte civil en estos casos) olvidando el derecho de defensa y el de presunción de inocencia que corresponde a todo ciudadano.

Por todos son conocidos importantes casos que tras sufrir procesos públicos de ataques a su honorabilidad en tanto se instruían las causas, acabaron finalmente en resoluciones absolutorias, y valgan como ejemplo, el Caso Diego Pastrana, ciudadano canario presentado en los medios de comunicación, como asesino y violador de una niña de 3 años, hija de su compañera sentimental, hasta que la autopsia descartó la existencia de una agresión sexual y todo indicio de agresión, inclinándose por la muerte accidental, fruto de una caída de un columpio; el Caso Marta Domínguez, que llevó a nuestra internacional atleta a ser acusada de formar parte de una red dedicada a la venta y suministro de sustancias dopantes, así como de defraudadora fiscal, cargos que posteriormente fueron retirados, decretándose el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en su contra; y, por no hacer más largo este recordatorio dejaremos aparte importantes asuntos sub iudice que penden sobre nuestros tribunales y que implican un abusivo descrédito para quienes lo sufren, máxime cuando se ha vulnerado el secreto del sumario, poniendo en la palestra a personas conocidas.

Las soluciones legales pasan por autorizar al Juez para prohibir la información en un caso concreto, que se encuentre en fase sumarial; fijar un plazo general, o tipificar el delito de filtración sumarial. Esperemos que, las anunciadas reformas legales, aborden la cuestión.

También es cierto y así ha de resaltarse que la mayoritaria doctrina de la Sala Segunda y así, entre otra, la contenida en las SS de 9-2 -EDJ 1993/1146-, 12-5 -EDJ 1993/4465- y 14-5 -EDJ 1993/4508- y 21-7-93 -EDJ 1993/7482-, requiere para la apreciación de la atenuante 10 del art. 9 -EDL 1973/1704- la confrontación de los hechos de análoga, parecida o semejante significación al contenido de las atenuantes que como típicas se contienen en el texto penal, puesto que la analogía, parecido o similitud ha de tener un término comparativo de no pretender la creación de una figura de atenuante incompleta extra legem.

No podemos tampoco olvidar que las circunstancias analógicas, aunque sean atenuantes y por tanto beneficien al reo, deben interpretarse de forma restrictiva y estricta, pues lo contrario, sería tanto como erigir al juez en legislador. Piénsese en el tiempo que tardó en cuajar la atenuante de dilaciones indebidas, hasta que, finalmente vio la luz legal en la reforma de la LO 5/2010 -EDL 2010/101204-. Reconozco que hay cierta analogía en lo fundamental, que es la orientación a conseguir la máxima adecuación a la culpabilidad en la imposición de la pena, en la que ha de comprenderse el gravamen derivado de un inadecuado tratamiento procesal como el representado por una injustificada publicidad, que no pocas veces se traduce en verdadero escarnio, pero en principio, creo que no tiene cabida en la atenuación por la que se nos pregunta, pues solo mediante una interpretación forzada se asemeja a la de dilaciones indebidas.


Planteada la posibilidad de apreciación de una atenuante analógica, similar a la antigua de dilaciones indebidas al haber sido condenado por sentencia precedida de lo que se ha venido denominando "juicio paralelo", propiciado, o no, por "filtraciones" del sumario, invocando bien de derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia, la respuesta la considero necesariamente negativa.

En principio, conviene recordar que las circunstancias atenuantes son elementos accidentales del delito, en cuanto no condicionan su existencia, pero sí determinan una moderación de la pena, al evidenciar una menor imputabilidad, culpabilidad o antijuridicidad, su enumeración, en seis apartados hasta la introducción por LO 5/2010 de 22 junio -EDL 2010/101204-, de la atenuante de dilaciones indebidas, cumplía, salvo en la última (antes 6ª), de "análoga significación", con el requisito de certeza, exigible a cualquier norma penal, al surgir la duda, al determinar el objeto de comparación procedente, bien ampliándolo hasta afirmar que "la analogía podría basarse en la totalidad del ordenamiento jurídico", o reduciéndolo a "la confrontación de los hechos de análoga, parecida o semejante significación al contenido de las atenuantes que, como típicas, se contienen en el texto penal" (STS 435/1994 de 4 marzo -EDJ 1994/1970-). Finalmente, se había llegado a la conclusión de que la referida analogía es suficiente que "se refiera a la idea básica que inspira el sistema de circunstancias atenuantes, es decir, la menor entidad del injusto, el menor reproche de culpabilidad o la mayor utilidad a los fines de cooperación con la justicia desde una perspectiva de política criminal" (STS 426/2001 de 6 abril -EDJ 2001/7889-). Pero es más, si la Sala Segunda, acorde con el criterio del Pleno no Jurisdiccional de la misma de 21 mayo 1999, venía ya reconociendo la referida atenuante de dilaciones indebidas, incluso como muy cualificada (entre otras STS 71/2011 de 4 febrero -EDJ 2011/6167-), no se comprende la necesidad de la expresa introducción, como 6ª del art. 21 -EDL 1995/16398-, y ello sin perjuicio, y en esto hay que insistir, que en modo alguno las dilaciones indebidas son de "análoga significación" con las restantes del art. 21, teniendo, si se busca un término comparativo, semejanza con la prescripción, hasta el punto de haber sido calificada de "cuasi prescripción (STS 116/2011, de 1febrero -EDJ 2011/13895- ).

Ahora bien, la referida ampliación del art. 21 -EDL 1995/16398-, primero por vía jurisprudencial y después legislativamente, "desde una perspectiva de política criminal", no permite reconocer una análoga significación a los supuestos en que "la voz de la calle", con conocimiento lícito o ilícito de los hechos pendiente de enjuiciamiento, a veces manipulada por intereses torticeros, haya anticipado su veredicto que corresponderá a un Tribunal y que incluso en los supuestos del Tribunal del Jurado, está prevista la recusación de los candidatos a jurados (arts. 21 y 40 LOTJ -EDL 1995/14191-). Desde luego, el inevitable ambiente, favorable o adverso, que rodea la celebración de determinados juicios, en modo alguno puede incluirse en el art. 21 CP.

Lo mismo podemos decir en cuanto a la presunción de inocencia consagrada en el art. 24 CE -EDL 1978/3879-, que ampara al acusado hasta que sea condenado por sentencia firme. Si el imputado por un delito o el condenado en instancia considera que el tribunal ha realizado una valoración de la prueba ilógica, arbitraria y contraria a las reglas de la experiencia y del criterio humano, y que ha partido de una presunción de culpabilidad derivada del "sentir de la calle", la solución desde luego no pasaría por atenuar los rigores de la pena impuesta con la aplicación de una atenuante, sino por el ejercicio de acciones y recursos que considere pertinentes y sean procedentes en donde se proceda a la valorar la existencia de una prueba de cargo suficiente, validadamente obtenida, con respeto a los principios que la disciplinan (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) y en la que los criterios valorativos se hayan realizado conforme a los principios de la lógica, la ciencia y la experiencia, debiendo tenerse en cuenta además, el amparo que para el imputado representa la tipificación de la calumnia, injuria, acusación y denuncia falsa o la revelación de secretos.


Sobre la pregunta de si puede reclamarse la aplicación de una atenuante analógica por vulneración del derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia en los supuestos en que el acusado, condenado por delito, se ha visto sometido durante el proceso a un juicio paralelo, vulnerándose el secreto del sumario; la respuesta solo puede ser afirmativa, en tanto se plantea como pretensión de parte -lógicamente de la defensa del citado acusado-.

Sobre la prosperabilidad de dicha pretensión, la respuesta, que viene precipitadamente a la mente, es que dichas vulneraciones son ajenas al proceso mismo, puesto que se habrían producido fuera de él, en el supuesto juicio paralelo, de modo que es difícil entender que, como consecuencia de éste, pueda entenderse vulnerado el derecho a un juicio con las debidas garantías y a la presunción de inocencia.

Sobre la vulneración del derecho a un juicio justo, debemos afirmar que el juicio sin garantías es el juicio paralelo, aunque la falta de la debida custodia de la causa o infidelidad de los operadores que intervienen en el procedimiento se encuentre en su origen. En este caso no puede considerarse que esa infracción procesal, que despliega sus efectos fuera del proceso, tenga necesariamente relevancia en la sentencia condenatoria, por lo que no cabría apreciarse, salvo que afectase al principio de presunción de inocencia, cuando ese procedimiento externo hubiera podido influir en el juzgador al valorar las pruebas.

[[QUOTE1:“Sobre la vulneración del derecho a un juicio justo, debemos afirmar que el juicio sin garantías es el juicio paralelo, aunque la falta de la debida custodia de la causa (…) se encuentre en su origen.”]]

En efecto, sobre la presunción de inocencia, esto es, que toda persona acusada de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario, ha venido siendo interpretada por el Tribunal Constitucional en sentido restrictivo "la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido por la Ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías", de modo que sólo puede producirse tal vulneración en una Sentencia condenatoria dictada sin dichas garantías. Pero, también es cierto, tiene un ámbito más amplio, que recoge la STC núm. 109/1986 de 24 septiembre -EDJ 1986/109-: "opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo."

Así deberíamos preguntarnos si ese juicio paralelo, en que se ha "condenado" en los medios de comunicación al acusado, como consecuencia de la infracción de los deberes de custodia y fidelidad que se imponen a todos los operadores que intervienen en el procedimiento judicial, pudiera haber influido en los órganos de enjuiciamiento (incluidos los jurados), -personas a las que también va dirigida la información pública-, y si ese conocimiento externo pueda condicionar de algún modo la valoración de la prueba practicada en el procedimiento, aún de forma subconsciente, con la presencia de aquél material ajeno al procedimiento y por tanto obtenido sin las debidas garantías. En ese caso, tendrá que ser el propio tribunal que valora la prueba y al mismo tiempo valora la concurrencia de atenuantes, quien discrimine la posible influencia de ese material externo, por lo que resultaría paradójico que se dicte una condena con base en la valoración de las pruebas hábiles para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, y, al mismo tiempo, pueda compatibilizarse con dicha atenuante, que vendría a cuestionar dicha valoración por esa influencia externa. Así, creo, es difícil que prospere.

II. Resultado del debate

La cuestión planteada resulta ciertamente original, y ha determinado un primer pronunciamiento mediante la respuesta que viene "precipitadamente a la mente", esto es, "que dichas vulneraciones son ajenas al proceso mismo -puesto que se habrían producido en el supuesto juicio paralelo- de modo que es difícil que, como consecuencia de éste, pueda entenderse vulnerado el derecho a un juicio con las debidas garantías y a la presunción de inocencia".

Tras esta primera aproximación que conlleva una mayoritaria respuesta "necesariamente negativa", se analiza la cuestión oponiendo por un lado, la naturaleza misma de las circunstancias atenuantes, que "son elementos accidentales del delito en cuanto no condicionan su existencia, pero sí determinan una moderación de la pena, al evidenciar una menor imputabilidad, culpabilidad o antijuridicidad" (...) y sin olvidar, por otro lado, "que las circunstancias analógicas, aunque sean atenuantes y por tanto beneficien al reo, deben interpretarse de forma restrictiva y estricta (...) pues lo contrario, sería tanto como erigir al juez en legislador".

No obstante ser éste el sentido mayoritario de las respuestas, sí se diseña lo que sería "el marco jurisprudencial de la cuestión", con la propia doctrina del Tribunal Supremo que aboga por la posibilidad de plantear "atenuaciones de pena, cuando se produzcan lesiones de otros derechos fundamentales (...) lo que conllevaría el beneficio de economía procesal de no tener que acudir a ninguna instancia jurisdiccional para obtener la reparación de la lesión ya que sería en el propio proceso penal donde se repararía el daño producido". Partiendo precisamente de la propia atenuante analógica de dilaciones indebidas -que tuvo origen jurisprudencial, lo que también se recuerda- se sintetiza la doctrina elaborada en su análisis por nuestros Tribunales, Constitucional y Supremo, que han afirmado cómo en definitiva "la dilación se proyecta sobre la culpabilidad, pues el indebido transcurso del término hace que el inculpado sufra por adelantado las consecuencias de su sometimiento al proceso, consiguiendo por la vía de la atenuante analógica actuar como factor compensatorio del reproche penal que le es exigible".

Por ello se llega a reconocer que hay "cierta analogía en lo fundamental" entre la atenuación por la que se pregunta y la de dilaciones indebidas, que es "la orientación a conseguir la máxima adecuación a la culpabilidad en la imposición de la pena" (...) considerándose incluso, en una de las repuestas, que "no estaría proscrito acudir a la vía de la atenuante analógica, como medio reparador de la vulneración de dicho derecho fundamental".

[[QUOTE1:"…”la dilación se proyecta sobre la culpabilidad, pues el indebido transcurso del término hace que el inculpado sufra por adelantado las consecuencias de su sometimiento al proceso,…”]]

La mayoría entiende, sin embargo, que "la solución desde luego no pasaría por atenuar los rigores de la pena impuesta con la aplicación de una atenuante, sino por el ejercicio de acciones y recursos que considere pertinentes y sean procedentes en donde se proceda a la valorar la existencia de una prueba de cargo suficiente, válidamente obtenida, con respeto a los principios que la disciplinan (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas)".

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