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PENAL

La “doctrina Parot”

Coordinador: Gemma Gallego

Magistrada. Servicios Especiales

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Existe una interesante polémica en la comunidad jurídica española, a raíz de la STS 28-2-2006 -EDJ 2006/11467, por la que se estableció la denominada "doctrina Parot"...que trata sobre la determinación del criterio para la aplicación de los beneficios penitenciarios -en concreto el de la libertad condicional, que aquí nos interesa- establecidos en las Secciones 4ª y 5ª del Capítulo V del Título III del Libro I del CP de 1973 -EDL 1973/1704-, respecto a aquéllos condenados a diversas penas privativas de libertad, susceptibles de verse afectadas por el límite máximo de cumplimiento, previsto en la regla 2ª del art. 70 citado CP.

La cuestión se plantea con la interpretación del art. 100 -EDL 1973/1704- en relación con el art. 70 -preceptos ambos, transcritos más abajo- de la que se deduce la pregunta a la que van a responder los componentes de nuestro Foro; a saber, si los beneficios penitenciarios que reducen la duración de las penas privativas de libertad, deben aplicarse teniendo en cuenta ese límite máximo de cumplimiento, o por el contrario, deben computarse a cada una de las distintas penas impuestas que se encuentre cumpliendo el reo, y por el orden de su respectiva gravedad.

El distinto criterio jurídico sostenido en diferentes supuestos por los Tribunales Supremo y Constitucional, ha determinado alarmantes excarcelaciones de determinados penados (...) que lo eran incluso a más de dos mil años (...). Supuestos alarmantes para la ciudadanía, incapaz de comprender que está sucediendo en los juzgados y tribunales (...) que no evitan tales dislates.

Evidentemente, se trata de una polémica que no puede considerarse cerrada, en la medida en que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional el recurso de amparo, interpuesto por el penado afectado por el criterio de cómputo de beneficios penitenciarios fijado por aquella STS.

Por eso resulta verdaderamente interesante saber, cuál es el criterio jurídico de los ponentes de nuestro Foro.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 6 de octubre de 2011.

La cuestión objeto de este Foro, relativa a si la conocida como "doctrina Parot" establecida en la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467-, y ratificada por sucesivas sentencias de dicho TS, entre las que cabe destacar las SSTS 924/06 -EDJ 2006/311713-, 898/08 -EDJ 2008/243672-, 1076/09 -EDJ 2009/307270-, 195/10 -EDJ 2010/31679-, y la más reciente de 3/5/11 -EDJ 2011/79001- se ajusta o no a derecho, está generando una amplia polémica. Dicha doctrina, a la hora de interpretar el ya derogado art. 70 del CP 73 -EDL 1973/1704-, y computar los beneficios penitenciarios a los condenados a penas privativas de libertad al amparo de dicho CP, se aparta del criterio hasta ese momento existente consagrado entre otras por la STS 529/1994 -EDJ 1994/2099- y avalado por numerosas resoluciones posteriores, que afirmaba que el límite penológico establecido en dicho artículo, que no podía exceder del triplo del tiempo por el que se impusiere la más grave de las penas y en cualquier caso de los 30 años, operaba como una "pena nueva, resultante y autónoma", de suerte que era a dicha nueva pena a la que debían de referirse los beneficios otorgados por la Ley, como son la libertad condicional y la redención de penas. Dicha doctrina reinterpreta dicho precepto, para negar que su aplicación de lugar al nacimiento de una nueva pena desde la que operar de forma autónoma, entendiendo que los beneficios penitenciarios deben de aplicarse sobre cada una de las penas impuestas en sentencia que se vayan cumpliendo de forma sucesiva, hasta alcanzar el límite máximo fijado en el mencionado art. 70, que por tanto funcionaría, no como una pena, sino tan solo como un techo punitivo.

Dicho cambio de doctrina que redunda en un evidente alargamiento del tiempo efectivo de cumplimiento de los penados, resulta a mi entender ajustado a la literalidad gramatical de los arts. 70, 100 y cc. CP 73 -EDL 1973/1704-. En primer lugar no existe norma legal que prohíba la aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial aunque sea, como lo es ésta, perjudicial para el reo, siempre que dicho cambio, tal y como exige el TC, no sea irreflexivo ni arbitrario, se razone suficientemente y tenga vocación de futuro, como así ha sido. En segundo lugar, los beneficios penitenciarios responden a las exigencias de la individualización de la pena, y operan sobre las "penas" y no sobre la "condena", término este último que sólo se utiliza por el legislador para determinar dicho máximum de cumplimiento, encontrándonos además con que el art. 988 LECrm, -EDL 1882/1- al regular esta misma materia, expresamente menciona que se dictará Auto, en el que se relacionarán todas las penas (en plural), determinando el máximo de cumplimiento de las mismas, de lo que cabe inferir que las penas relacionadas no pierden su individualidad como tales penas, en beneficio de una supuesta nueva pena resultante de tal acumulación. En tercer lugar, cabe señalar que conforme al tenor literal del art. 70,1º, las penas privativas de libertad impuestas deben de cumplirse de forma sucesiva y por el orden de su respectiva gravedad, no estableciendo dicho artículo ninguna norma concursal equiparable a las previsiones de los arts. 69 bis y 71 de dicho CP para el delito continuado y el concurso ideal de delitos, de cuya aplicación sí que resulta una nueva pena, única y distinta de las correspondientes a las infracciones cometidas. Finalmente, señalar que el TS parte de la afirmación de que las resoluciones que aprueban las liquidaciones de condena tienen por su propia naturaleza, carácter provisional, y por ello pueden verse modificadas por las incidencias del cumplimiento, no teniendo reconocidos efectos de cosa juzgada, de suerte que hasta el dictado del Auto de licenciamiento definitivo, el expediente histórico-penal del recluso esta "vivo". A modo de reflexión, señalar que quizás este último argumento sea el más feble, por cuanto de facto, dicha doctrina se aplicará a penados con liquidaciones de condena ya practicadas y aprobadas judicialmente por resolución firme, que serán dejadas sin efecto por otra resolución ulterior que afectará de forma relevante a un derecho fundamental, como es la libertad del penado, si bien habrá que esperar a conocer los pronunciamientos que caso por caso adopte el TC al resolver los recursos que penden ante el mismo.

La cuestión que se somete a debate reaviva la polémica que en su momento se suscitó con la denominada "doctrina Parot" resultante de la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467- que discrepando del criterio sostenido por el Auto impugnado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entendió que la acumulación de las penas impuestas por asesinatos terroristas y otros delitos, al acusado Henri Parot no podía dividirse en dos grupos de condena, siendo así que conforme a consolidada jurisprudencia deben refundirse en una sola unidad de ejecución.

Dos fueron las cuestiones que examinó la citada resolución -EDJ 2006/11467-: la primera se refería a los requisitos para la acumulación o refundición de penas del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, en el sentido de que se pueda beneficiar respecto de su cumplimiento con la limitación temporal que supone no poder superar la duración del triplo de la más grave de las penas impuestas ni tampoco el límite de los 30 años. Otra cuestión se refería a la alternativa entre aplicar esos límites a la unidad de ejecución o hacerlo de forma individualizada respecto a cada una de las penas integradas en aquella. Los hechos que habían sido objeto de la resolución de la Audiencia Nacional y de la citada sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fueron cometidos cuando aún se hallaba vigente el Código Penal de 1973, por lo que los razonamientos de ambos Tribunales hacían referencia a esa legislación. La regulación de la acumulación o refundición de penas no varió, en el art. 76 CP 1995 -EDL 1995/16398-, a salvo la fragmentación de ese último límite temporal, de modo que se estableció con carácter general el de veinte años, pero con la doble posibilidad de llegar a los veinticinco o los treinta. Finalmente, conforme al art. 1,2 de la LO 7/2003, de 30 junio -EDL 2003/17963-, la escala de las limitaciones específicas se extendió hasta los cuarenta años para algunos supuestos de terrorismo y otros delitos de especial gravedad. Ha perdido interés, por el contrario, cuanto se refiere a la redención de penas por el trabajo, ya que ésta desapareció en la reforma del año 2003. La citada sentencia dejó claro que el límite máximo de cumplimiento cifrado en veinticinco, treinta o cuarenta años, según las circunstancias no constituía una pena distinta de las impuestas a cada uno de los delitos por los que había recaído condena y, en consecuencia, los beneficios penitenciarios obtenidos por un preso habrían de aplicarse sobre cada una de las que fueran cumpliéndose hasta alcanzar el indicado tope máximo. Esta interpretación posteriormente se ha seguido en las SSTS 924/2006 -EDJ 2006/311713-, 108/2008 -EDJ 2008/31062-, 898/2008 -EDJ 2008/243672-, 917/2009 -EDJ 2009/367896-, 1076/2009 -EDJ 2009/307270- y 195/2010 -EDJ 2010/31679-.

Esta resolución -EDJ 2006/11467- obtuvo un voto particular suscrito por tres magistrados que discreparon del resto de sus compañeros y que fundamentaron de la siguiente manera: "Tercero (Fundamento Jurídico): En este último caso, o sea, en el de cumplimiento sucesivo; que es el del condenado que recurre a tenor del precepto antes trascrito, existe un máximo de tiempo de cumplimiento, que no podrá exceder del triplo de la pena más grave de las impuestas y, en ningún caso, de treinta años. Y así sucede que, en virtud de las normas citadas, las penas impuestas en la sentencia, tratadas conforme a las reglas de aplicación previstas, se transforman se refunden", dice la jurisprudencia; en otra de la misma naturaleza, pero distinta. Distinta porque en ella se integran diversas penas para formar una sola. Y porque la magnitud de ésta difiere (a veces extraordinariamente, como aquí) del conjunto de las originarias. De este modo es como surge la pena de cumplimiento. Esto es, la resultante de aplicar el límite establecido al respecto en la regla 2ª del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, que determina la pérdida de relevancia de lo que de las penas impuestas quede fuera de él. Cuarto; Así se constituye "la unidad punitiva" (al fin, resultante) a extinguir por el reo. Cierto que, todavía, sólo en principio, pues sobre ella, según ese mismo Código Penal, operará normalmente (en realidad, por regla general), la redención de penas por el trabajo; que, según la previsión del art. 100, incide sobre las impuestas, una vez tratadas conforme a las mencionadas reglas de aplicación, "para el cumplimiento". Quinto; Basta reparar en lo que prescribe el Código Penal de 1995 -EDL 1995/16398- y en sus ulteriores vicisitudes, para advertir hasta qué punto el legislador fue consciente de que el Código derogado no prestaba base legal para una decisión como la que aquí se cuestiona; que es por lo que consideró necesario modificar de manera sensible su régimen de cumplimiento de las penas. La Exposición de Motivos de la LO 7/2003, de 30 junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas -EDL 2003/17963- es suficientemente expresiva al respecto: «La Ley reforma el artículo 78 del Código Penal para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crímenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias...Y en el fundamento jurídico Séptimo se afirma que esta técnica de disgregación «equivale lisa y llanamente a aplicar de manera tácita y retroactiva en perjuicio del reo el artículo 78 del Código Penal de 1995, en su actual redacción debida a la Ley Orgánica 7/2003».

Adoptar una postura en torno a esta polémica cuestión resulta complejo, pues dependerá del delito a que sea aplicado. En todo caso, la postura que el voto particular mantiene y cuyo texto figura en el anterior párrafo, parece la más correcta, al considerar, en su fundamento séptimo, la consecuencia relevante que la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467- sostiene al aplicar en perjuicio del reo el art. 78 CP -EDL 1995/16398-.

A mi juicio, los argumentos en los que se funda la mayoría del TS para concluir que el cómputo de los diversos beneficios penitenciarios aplicables al condenado a varias penas privativas de libertad afectada por el máximo de cumplimiento de treinta años previsto en el art. 70,2ª CP 1973 -EDL 1973/1704- debe realizarse respecto de las diversas penas impuestas, y no respecto del máximo de cumplimiento correspondiente, resultan razonables. Es de destacar en este sentido que el propio tenor literal de la regla 2ª del art. 70 CP 1973 (en el que se habla de "máximum de cumplimiento de la condena del culpable") y una interpretación sistemática de la regla de determinación de dicho máximo -que la ponga en relación con la regla de cumplimiento sucesivo de las diversas penas cuando el cumplimiento simultáneo no fuera posible- permite concluir que el límite absoluto de cumplimiento efectivo de treinta años de privación de libertad, al que se refiere aquella regla, no constituye una nueva pena distinta de las sucesivamente impuestas al penado por las diversas infracciones de las que es criminalmente responsable, sino un mero tope máximo de internamiento efectivo del penado en un centro penitenciario, que opera por razones humanitarias y de proscripción de tratos o penas inhumanas o degradantes (art. 15 CE -EDL 1978/3879-), al no contemplar nuestro ordenamiento jurídico-penal la reclusión a perpetuidad, sin que ello implique que los diversos beneficios penitenciarios deban aplicarse sobre el mismo. Así se desprende, además, de la circunstancia de que el art. 70,2ª CP 1973 prevea expresamente que tras el cumplimiento del máximo determinado por el triple de la pena más grave o por los treinta años de privación de libertad, el penado dejará "de extinguir las que procedan", esto es de cumplir las siguientes penas privativas de libertad en el orden de gravedad previsto en el art. 70,1ª pár. 2º del propio texto legal. Por otro lado, este criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios es coherente con la idea de conceder un trato punitivo diferenciado al autor de un solo delito grave o de varias figuras delictivas afectadas por el máximo de cumplimiento respecto del criminal en serie que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo y que ha sido condenado a penas privativas de libertad que exceden notablemente de ese máximo, ya que la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre el máximo de treinta años y no sobre las diversas penas de prisión produce de hecho una equiparación absoluta del tiempo efectivo de privación de libertad de todos estos penados, pese a las notables diferencias entre las circunstancias de unos y otros.

En mi opinión, el principal problema que origina la doctrina sobre cómputo de beneficios penitenciarios al amparo del CP 1973 -EDL 1973/1704- establecida por la STS de 28-6-2006 -EDJ 2006/11467- deriva del hecho de que la nueva doctrina supone un cambio radical de la jurisprudencia consolidada del propio TS que establecía el cómputo de aquellos beneficios respecto del límite efectivo de cumplimiento, afirmando que éste "opera ya como una pena nueva resultante y autónoma". Pese a que la resolución mayoritaria no lo reconozca de manera expresa esa antigua doctrina, reflejada en la STS de 8-3-1994 -EDJ 1994/2099-, se había visto respaldada por otros precedentes jurisprudenciales en el mismo sentido (p. ej. SSTS de 15-9 -EDJ 2005/144807- y 14-10-2005 -EDJ 2005/165903-) y había venido siendo aplicada -de forma casi pacífica- por la generalidad de los tribunales penales españoles. En estas circunstancias considero que la modificación del criterio jurisprudencial por parte del TS hubiera hecho necesario un esfuerzo argumentativo adicional para justificar la nueva interpretación de los preceptos del CP de 1973, máxime si se tiene presente la relevancia de la nueva línea jurisprudencial, que afecta a valores esenciales reconocidos constitucionalmente, tales como la seguridad jurídica y la libertad personal (arts. 9,3, 19 y 25 CE -EDL 1978/3879-).

En la legislación penal española queda excluida la cadena perpetua, o privación de libertad perpetua, estableciendo como finalidad de las penas la reeducación y reinserción social (art. 25,2 CE -EDL 1978/3879-), proscribiendo los trabajos forzosos. La reinserción social no debe entenderse como la única finalidad de la pena, sino que debe compatibilizarse con otros fines, como el de la prevención especial, que en los delitos muy graves debe combinarse también con el fin retributivo de la pena (STS 1807/2001, de 30 octubre -EDJ 2001/37191-).

Los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos de los penados que reúnan los requisitos legales, como facultad reconocida por el ordenamiento jurídico, por lo que el penado puede acudir a los tribunales para su declaración y cumplimiento. Su finalidad responde a las exigencias de individualización de la pena y se enlaza con las finalidades de reeducación y de reinserción social, respondiendo los beneficios penitenciarios a las exigencias de individualización de las pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno. Los beneficios penitenciarios son aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento. Podemos considerar como beneficios penitenciarios, el adelantamiento de la libertad condicional, el indulto parcial y la redención de penas por trabajo.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, esto es qué beneficios penitenciarios son aplicables a los condenados a penas privativas de libertad impuestas con arreglo al Código Penal de 1973 -EDL 1973/1704-, debemos partir de la Disp. Trans. Segunda del CP 1995 -EDL 1995/16398- que establece que la redención de penas por el trabajo sólo será de aplicación a los condenados por el CP derogado, es decir, el Texto Refundido de 1973, y no pueden gozar de este beneficio los penados por el CP 1995. El TS (STS de 18 julio 1996 -EDJ 1996/4728- y 13 noviembre 1996 -EDJ 1996/7506-) ha resuelto que esta Disp. Trans. Segunda no debe ser interpretada de forma restrictiva, por lo que si el penado está cumpliendo penas privativas de libertad impuestas con el CP 1973 se le podrá aplicar el beneficio de la redención de penas por el trabajo, y si está cumpliendo penas que se deben ejecutar por ambos Códigos, se aplicará el criterio de prelación, primero cumplirá las penas del CP 1973 para posteriormente cumplir las impuestas o revisadas al amparo del CP 1995, sin que se les pueda aplicar a estas últimas el referido beneficio penitenciario, pero sí a las primeras.

En caso de que el penado lo sea por el CP 1973 -EDL 1973/1704- y esté cumpliendo y redimiendo condena, se le puede aplicar el beneficio del adelantamiento de la libertad condicional en las 2/3 partes de la condena (art. 91 CP 95 -EDL 1995/16398-), al haber consolidado su nueva situación penitenciaria, que es compatible con lo redactado en el art. 91 CP 1995, al tratarse de normas con naturaleza jurídica penitenciaria, si bien reguladas en el CP y porque en sede de ejecución se aplica la norma que más favorezca al reo, y no comparativamente en bloque de normas, siendo más favorable que las ¾ partes. Por ello es posible estar cumpliendo condena con arreglo a las normas del Código de 1973 y, por tanto, estar redimiendo condena, y a su vez, gozar del beneficio del adelantamiento de la libertad condicional a las dos terceras partes de la condena; de manera que la aprobación de la redención de penas por trabajos una vez aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, genera una nueva situación penitenciaria "irreversible" (como la califica la STC 174/89 -EDJ 1989/9696-), que incide sobre el cumplimiento penal como si se tratara de una pena distinta, en cuanto a su duración, a la que inicialmente fue impuesta; señalando que la STS de 18 julio 1996 -EDJ 1996/4728- determina que esta nueva situación penitenciaria una vez consolidada es compatible con la aplicación del Código Penal de 1995, pues la prohibición de redención de penas ha de entenderse únicamente referidas al momento posterior a la entrada en vigor del Código Penal. Por ello, en el caso de que el condenado esté cumpliendo una pena impuesta por un delito conforme al Código Penal de 1973, le será de aplicación los beneficios relativos a la redención de penas por trabajos (CP 1973) y el adelantamiento de la libertad condicional (art. 91 CP 1995).

Cuando un condenado deba cumplir dos o más penas privativas de libertad, unas de las cuáles se deban ejecutar con arreglo al Código Penal derogado -EDL 1973/1704- y otras con arreglo a la LO 10/1995, de 23 noviembre, del Código Penal -EDL 1995/16398-, comenzará por el cumplimiento de las penas cuya ejecución deba regirse por el Código Penal derogado, aplicándose, entre éstas, el criterio de prelación del art. 70,1. Cumplidas todas éstas, se iniciará la ejecución de las penas impuestas o revisadas al amparo de la LO 10/1995, de 23 diciembre, del Código Penal. En ningún caso resultará de aplicación a estas penas el beneficio de la redención de penas por trabajo. Fijado el orden de cumplimiento con arreglo a lo dispuesto anteriormente, el Director del Centro Penitenciario lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente a los efectos oportunos.

Para computar las tres cuartas partes de la condena u otros plazos con efectos legales, se aplicarán las siguientes reglas: 1) se sumarán todas las penas de prisión, con independencia de que corresponda a uno u otro Código, de tal manera que la suma de las mismas será considerada como una sola pena. De la suma parcial de las penas cuya ejecución se rija por el Código derogado se rebajarán los días de redención concedidos al interno y 2) en el caso de que proceda la acumulación de condenas (art. 70,2 CP del 73 -EDL 1973/1704- o 76,2 de la LO 10/1995 -EDL 1995/16398-), estando cumpliendo penas por delitos del Código Penal del 73 y del 95, para la ejecución de la pena resultante se estará a lo que disponga el Juez o Tribunal, en orden al sometimiento de la ejecución a las normas de uno u otro Código. En el caso de que se hayan revisado condenas del Código Penal de 1973 con arreglo al Código Penal de 1995, se aplicarán los beneficios de redención de penas por trabajo del Código Penal de 1973 hasta la fecha del auto de revisión, pues estos son los beneficios consolidados.

Por último es necesario hacer una breve alusión a la STS de 28 febrero 2006 -EDJ 2006/11467-, en la que con una literatura jurídica precisa y sencilla resuelve el controvertido problema que nos ocupa en los supuestos de refundición de condenas, en estos casos la forma de cumplimiento de la condena total principará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con arreglo a cada una de las penas que esté cumpliendo el penado, una vez que se haya extinguido la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena condicional resultante.

Queda por último aclarar que, las sentencias de 7 mayo 1997 -EDJ 1997/3526- y 16 mayo 2003 -EDJ 2003/30180-, entre otras, admitieron la posibilidad de aplicar como más beneficioso el nuevo Código de 1995 -EDL 1995/16398- con las redenciones ya obtenidas hasta el momento de la entrada en vigor del nuevo, es decir, hasta el 25 mayo 1996, pero no a las posteriores a esa fecha.

El art. 100 del Código Penal Texto Refundido de 1973 -EDL 1973/1704-, disponía que al recluso trabajador se le abonará, "para el cumplimiento de la pena impuesta (...) un día por cada dos de trabajo y el tiempo así redimido para la concesión de la libertad condicional" y que "el mismo beneficio se le aplicará, a efectos de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad".

El art. 70 del mismo Código -EDL 1973/1704-, tras establecer el orden sucesivo del cumplimiento de las penas privativas de libertad en atención a la gravedad de las mismas, disponía que el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo por el que se le impusiere la más grave de las penas en las que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieran el máximum de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta años.

El problema es el la interpretación del art. 100 CP 1973 -EDL 1973/1704- en relación con éste art. 70. En ésta cuestión sentido resulta esencial la tantas veces citada STS Sala 2ª nº 197/2006 de 28 febrero (rec. 598/2005, Pte: Sánchez Melgar, Julián) -EDJ 2006/11467-, en la que se consolidaba como doctrina jurisprudencial, lo que hubo de conocerse como "doctrina Parot", -por el nombre del recurrente-. Lo fundamental de esta doctrina que interpreta los mencionados artículos, y con la que nos alineamos, es la consideración de que el límite de treinta años, (art. 70,2ª CP TR 1973) no se convierte en una pena nueva, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario. Lo que se cumple es la pena impuesta y no el límite máximo.

De entre las razones que tuvo en cuenta el Tribunal Supremo para llegar a esta interpretación, se encuentra la distinta terminología empleada, utilizando "pena", al referirse a la redención de penas por el trabajo, y "condena" al establecer la limitaciones máximas de cumplimiento del total de las penas, lo que resulta coherente con la regla primera del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, que establece el cumplimiento sucesivo de las diversas penas por el orden de su gravedad, hasta llegar a los dos tipos de máximos que diseña el sistema: el triplo del tiempo de la más grave de las penas que se le impusieren o, en todo caso, el referido plazo de treinta años, y con la regla establecida en el art. 70,2 CP 1973 de declarar extinguidas "las que procedan" desde que las ya cumplidas cubran dicho máximo de tiempo.

Junto con éste argumento gramatical, la citada Sentencia señala que los treinta años del art. 70,2 CP 1973 -EDL 1973/1704- no constituyen una nueva pena distinta de las anteriores impuestas al reo porque carecería de sentido igualar por ésta vía al autor de un solo delito, con el condenado a una multitud de ellos, y porque en nuestro sistema jurídico solamente resulta una nueva pena distinta de las diversas infracciones cometidas, como consecuencia de la aplicación de un delito continuado (ex art. 69 bis CP 1973, hoy art. 74 -EDL 1995/16398-), o de un concurso ideal (medial o pluri-ofensivo, ex art. 71 CP 1973 hoy art. 77), y porque como señala el art. 988 LECrim. -EDL 1882/1-, el Tribunal que hubiere dictado la última sentencia "procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas".

Por tanto, las varias penas se irán cumpliendo por el reo con todos los beneficios a los que tenga derecho, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas empezando por la de mayor gravedad de todas las penas impuestas, y una vez extinguida la primara, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda, art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, momento en el que se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante.

Adelantemos ya, que la mayoría de los juristas se inclinan por interpretar que las penas deberán cumplirse por el condenado

"(...) aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas, empezando por la de mayor gravedad de todas las penas impuestas, y una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente".

En efecto entienden que, ese y no otro, es el sentido "(...) ajustado a la literalidad gramatical de los artículos 70, 100 y concordantes del CP del 73 -EDL 1973/1704- (...)".

Es destacable entre las respuestas ofrecidas, la completa aproximación de una de ellas, a la naturaleza de los beneficios penitenciarios, a los que considera "(...) derechos subjetivos de los penados (...) que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento".

Quizá por ello, y dado que por la doctrina Parot establecida en la citada STS de 28 febrero 2006 -EDJ 2006/11467-, se produjo como efecto inmediato "(...) un evidente alargamiento del tiempo efectivo de cumplimiento de los penados", también en la práctica totalidad de las respuestas, se cuestiona la propia motivación de la sentencia referida, máxime cuando el propio TS iba a abandonar su consolidada jurisprudencia, en la que ya había establecido "el cómputo de aquellos beneficios respecto del límite efectivo de cumplimiento (...) como una pena nueva resultante y autónoma"; doctrina reflejada en anteriores SSTS (p. ej. 8-3-1994 -EDJ 1994/2099-, de 15-9 -EDJ 2005/144807- y 14-10-2005 -EDJ 2005/165903-) y "(...) que había venido siendo aplicada -de forma casi pacífica- por la generalidad de los tribunales penales españoles."

En el cambio de orientación doctrinal, cierto sector apuntó la explicación "política" del concreto supuesto de hecho, a saber "la acumulación de las penas impuestas por asesinatos terroristas y otros delitos, al acusado Henri Parot". Recogiéndose también en las respuestas, el Voto Particular de la citada sentencia -EDJ 2006/11467- que destacó cómo "(...) esta técnica de disgregación «equivale lisa y llanamente a aplicar de manera tácita y retroactiva en perjuicio del reo el artículo 78 del Código Penal de 1995 -EDL 1995/16398- (...)"

Frente a ello se opone que "no existe norma legal que prohíba la aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial aunque sea, como lo es ésta, perjudicial para el reo, siempre que dicho cambio, tal y como exige el TC, no sea irreflexivo ni arbitrario, se razone suficientemente y tenga vocación de futuro, como así ha sido."

En términos concluyentes "(...) que dicho cómputo debe realizarse respecto de las diversas penas impuestas, y no respecto del máximo de cumplimiento correspondiente (...) es coherente con la idea de conceder un trato punitivo diferenciado (...) respecto del criminal en serie, que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo y que ha sido condenado a penas privativas de libertad que exceden notablemente de ese máximo (...)". Lo contrario "(...) la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre el máximo de treinta años (...) produce de hecho una equiparación absoluta del tiempo efectivo de privación de libertad de todos estos penados, pese a las notables diferencias entre las circunstancias de unos y otros."

Por último, y pese a que pudiera parecer discrepante de la opinión mayoritaria, también se lee en otra de las respuestas, que "Adoptar una postura en torno a esta polémica cuestión resulta complejo, pues dependerá del delito a que sea aplicado". Lo que en definitiva, aboga igualmente por una diferenciación de las circunstancias del penado.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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