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PENAL

La ausencia en juicio del Secretario judicial y la documentación del acta

Coordinador: Gemma Gallego

Magistrada. Servicios Especiales

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El art. 789,2 LECrim -EDL 1882/1- dispone que "... el Juez de lo Penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio, documentándose en el acta con expresión del fallo y una sucinta motivación, sin perjuicio de la ulterior redacción de aquella"; el mismo artículo, en su último párrafo, añade: "El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito...".

Idéntica formulación se recoge en el art. 801 de la Ley procesal -EDL 1882/1-, para el acta que documenta la sentencia de conformidad dictada oralmente ante el Juez de Instrucción de guardia, en los llamados "juicios rápidos".

Ninguna otra figura, diferente a la del Secretario judicial, está reconocida por nuestras Leyes procesales de enjuiciamiento, como depositario de la fe pública judicial y a su vez encargado, en exclusividad y plenitud, de la documentación de las actuaciones procesales...

Así, el art. 145 LEC -EDL 2000/77463-, establece concretamente cómo el Secretario, "Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice."

Y parecida redacción dio la reforma acometida por la LO 1/2009, de 3 noviembre -EDL 2009/238888-, al art. 453 LOPJ -EDL 1985/8754-, si bien en el 2º párr. de su primer apdo., dispuso ya cierta confusión al disponer:

"Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la intervención del Secretario Judicial, en los términos previstos en la ley. En todo caso, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido."

La cuestión que va a ser objeto de planteamiento es obvia: Desde un punto de vista general, ¿cabe afirmar que la ausencia del Secretario Judicial en tales comparecencias de juicio, priva al acta elaborada sin la presencia de aquél, de la condición de documento público, a todos los efectos jurídicos? ¿Cómo puede actuar entonces, la especial protección que brinda al documento público nuestro CP -EDL 1995/16398-, al tipificar la falsedad documental?

Es un hecho, que la "conciliación" de las previsiones legales citadas, está planteando diariamente, este tipo de cuestiones... cuya resolución bien merece el estudio de nuestros colaboradores.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 5 de mayo de 2011.

De conformidad con lo recogido en el art. 1216 CC -EDL 1889/1-, "Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley". En idéntico sentido, el art. 317 LEC -EDL 2000/77463- considera a efectos de prueba en el proceso que son documentos públicos "Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones". Se mantiene, pues, el criterio tradicional de que es la intervención de un funcionario público en el ejercicio de su cargo lo que determina el carácter público del documento por él redactado o autorizado. Es decir, son documentos en los que prima su dimensión subjetiva, no tanto por los intervinientes, como por la especial condición de quien los autoriza, o mejor dicho, ofrece garantía especial sobre la autenticidad de su contenido, supuestos en los que la fe pública, cobra una relevancia especial. El bien jurídico protegido tiene por tanto una relevancia especial y el legislador, lo sanciona con severidad en aras de la seguridad jurídica, en nuestro caso.

En lo que se refiere al ámbito judicial, la determinación de cuál ha de ser el concreto funcionario a quien se reconozca tan relevante cometido, nuestro régimen legal es tan reiterativo como terminante, y así el art. 317 LEC -EDL 2000/77463- declara que son documentos públicos "1º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales". Acto seguido, recalca, como en idéntica línea el art. 145,1 añade que "Corresponde al Secretario judicial, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales", y más adelante advierte: "Concretamente, el Secretario judicial: 2º- Dejará constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice". En términos casi idénticos se pronuncia el art. 453,1 LOPJ -EDL 1985/8754- tras su reforma operada por la LO 13/2009, de 3 noviembre -EDL 2009/238889-, en vigor desde mayo del 2010.

Es decir, que el acta a que se refieren los arts. 801 y 789,2 LECrim -EDL 1882/1-, cuya redacción compete al Secretario judicial, su alteración, sin duda, sería constitutiva de un delito de falsedad en documento público.

Ahora bien, a nadie se escapa, que subyace la discusión sobre los actos en que el Secretario, debe o no, estar presente... A partir de la entrada en vigor de dicha legislación, la cuestión sería aun más compleja y discutible, aunque a mi entender su alteración sería ajena a la falsedad de documento público, si bien, tendría quizás incardinación en la falsedad de documento oficial.

No es tan difícil imaginar la alteración de documentos judiciales por particulares, en los que, si el secretario judicial, no ha intervenido por ser potestativa su intervención no podrían entenderse como públicos, en los que no quedaría más calificación a mi juicio que la de documento oficial. El art. 3 Ley 59/2003 -EDL 2003/149996- les atribuye el valor de documento público si con la firma electrónica se expiden y firman por el funcionario competente, pero a efectos penales, a buen seguro que la discusión está servida.

A los efectos penales, el art. 26 CP -EDL 1995/16398- considera documento "todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica", lo que supone que por documento a estos efectos debe entenderse aquél con el que se prueba, acredita o se hace constar hechos con finalidad preconstituida o probatoria y con destino ulterior y potencial de producir efectos en el mundo exterior y de ingresar en el tráfico jurídico.

Para que exista el delito de falsedad es necesario que el documento sobre el que recae la acción típica tenga eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica, es decir, que tenga capacidad para producir efectos en el tráfico jurídico, dependiendo de la concreta eficacia de cada clase de documento.

La cuestión objeto del presente estudio guarda cierta similitud con el caso resuelto por la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón en su sentencia de 27 mayo 2009 -EDJ 2009/383510- (confirmada por la STS de 25 enero 2010 -EDJ 2010/3904-), en la que se concluyó que constituía un delito de falsedad en documento público (en este caso en la modalidad imprudente del art. 391 CP -EDL 1995/16398-, en atención a las particulares circunstancias concurrentes) la conducta del magistrado de una Sala que, en contra de lo acordado en la deliberación correspondiente, redacta un Auto que se aparta totalmente de los términos de lo resuelto por el Tribunal, y que llega a ser firmado por dos de los magistrados integrantes del Tribunal e incluso notificado a las partes, con independencia de que dicho documento judicial incurriera en la irregularidad consistente en que no llegara a ser firmado por todos los integrantes de la Sala de justicia.

De igual interés, la argumentación desarrollada en la reciente sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid de 24 enero 2011 -EDJ 2011/9413-, para concluir que no constituye documento público –en el sentido de los arts. 26 y 390 CP (EDL 1995/16398)– el acta que recoge el resultado de un juicio rápido de conformidad celebrado ante un Juzgado de Instrucción al que no asistió el correspondiente secretario judicial; que plantea la interesante cuestión de determinar si resulta relevante desde el punto de vista jurídico-penal la conducta consistente en la alteración del contenido de dicha acta en lo relativo a los términos de la conformidad alcanzada por las partes, y cuál sería la calificación correcta de esa conducta.

La sentencia referida niega la tipicidad de los hechos al concluir que el acta del juicio rápido de conformidad que no es firmada por el secretario judicial no presente en el acto del juicio no puede ser considerado documento público a los efectos jurídico-penales, porque los artículos de la LEC de 2000 (145,1 y 317,1º) -EDL 2000/77463- y de la LOPJ (453,1) -EDL 1985/8754- que definen el documento público judicial y regulan la fe pública judicial y la documentación de las actuaciones imponen al secretario judicial la función de dejar "constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal".

A mi juicio este argumento no es aceptable, en la medida en que, de un lado, desconoce el concepto específico de documento a efectos jurídico-penales que resulta del art. 26 CP -EDL 1995/16398- y, de otro, pasa por alto la circunstancia de que el delito de falsedad documental por autoridad o funcionario público previsto en el art. 390 CP viene referido no solo a los documentos públicos, sino además a los documentos oficiales, a los documentos mercantiles y a los despachos transmitidos por los servicios de telecomunicación.

Así, la circunstancia de que el documento objeto de alteración (acta de un juicio penal rápido de conformidad en la que se pretende modificar el acuerdo alcanzado por las partes) no contara con la firma correspondiente al secretario judicial, que no estuvo presente en el acto procesal, no supone que el acta objeto de la alteración carezca absolutamente de valor, como si fuese un instrumento inexistente, ya que se trataría de un documento llamado a producir efectos procesales, en tanto no recayese la declaración de nulidad del acto del juicio (y, en consecuencia, del acta que lo documenta) por infracción de las normas que imponen al secretario judicial dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales y del contenido de éstos, y ello al amparo del art. 240 LOPJ -EDL 1985/8754-.

Esto es, el hecho de que el acta judicial objeto de la alteración, adoleciese de la irregularidad derivada de la no intervención del secretario judicial no quiere decir que no pudiera producir determinados efectos jurídicos hasta el momento de su anulación, que podría no llegar a suceder nunca.

A ello cabe añadir que la negación del carácter de documento público del acta judicial no suscrita por el correspondiente fedatario no impediría –a mi juicio– incardinar, con carácter alternativo, el instrumento sobre el que recae la acción falsaria en la modalidad de documento oficial (a la que también se refiere el art. 390 CP -EDL 1995/16398-), toda vez que se trata de un soporte material que incorpora una narración con relevancia jurídica y que se acomoda los requisitos que la jurisprudencia del TS viene exigiendo de esta modalidad de documentos: provenir de las instituciones o administraciones públicas y estar destinados a satisfacer las necesidades del servicio o función pública correspondiente, provocando efectos con alcance jurídico en su ámbito respectivo (SSTS de 4 enero 2002 -EDJ 2002/181- y 12 enero 2004 -EDJ 2004/2151-, por todas).

La preceptiva presencia del Secretario judicial en la celebración del juicio oral viene determinado por el art. 145,1 LEC -EDL 2000/77463- que establece que corresponde al Secretario judicial , con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales, correspondiéndole igualmente dejar constancia dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el Tribunal, o ante éste y de la producción de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias, cualquiera que sea el soporte que se utilice. En idéntico sentido se pronuncia el art. 453,1 LOPJ -EDL 1985/8754- tras su reforma operada por LO 13/2009, de 3 noviembre -EDL 2009/238889-.

La práctica procesal pone de relieve que no siempre se cumple esta exigencia y que en ocasiones el secretario judicial no asiste al juicio oral, delegando sus funciones en un funcionario. Al margen de las consecuencias que ello puede generar, la reforma procesal citada establece una excepción a la regla general de obligatoria asistencia, cuando en el párr. 2º del citado precepto 453 LOPJ -EDL 1985/8754- establece que "cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar sin la intervención del Secretario Judicial, en los términos previstos en la ley. En todo caso, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido."

En este sentido, se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del Secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos. En estos casos, como se recoge en el art. 147 LEC -EDL 2000/77463-, sólo será necesaria la presencia del Secretario judicial en la sala si lo han solicitado las partes con anterioridad o si excepcionalmente lo considera éste oportuno atendiendo, entre otras razones, a la complejidad del asunto o al número y naturaleza de las pruebas que deban practicarse. Sólo en aquellos supuestos en que no pudieran utilizarse los mecanismos de registro o de garantía que permitan respectivamente la grabación de las vistas o garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado, el acta se extenderá por el Secretario judicial que concurra a la vista. También se establece el contenido mínimo del acta que ha de levantar el Secretario judicial durante las vistas cuando se utilicen medios técnicos de grabación y sin embargo no se pueda utilizar la firma electrónica, ya que en tales casos el soporte que contenga la grabación no constituye el acta del juicio al no ofrecer las garantías de la autenticidad e integridad de lo grabado. Cuando ni siquiera fuere posible la utilización de medios técnicos de grabación, el acta extendida por el Secretario judicial deberá recoger, con la extensión y detalle necesario, todo lo actuado.

La reforma citada establece su correlativo en la ley procesal penal, dando nueva redacción al art. 742 LECrim -EDL 1882/1-.

«El Secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.»

Y el art. 743 -EDL 1882/1- queda redactado como sigue:

«1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.

3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar el Secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

4. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos.

En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Presidente y miembros del Tribunal, por el Fiscal y por los defensores de las partes».

El art. 317,1º LEC -EDL 2000/77463-, completando la definición que de documento público da el art. 1216 CC -EDL 1889/1-, establece que son "documentos públicos" las "resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales". Tal previsión normativa permite afirmar que nuestra LEC considera como documentos públicos, a las resoluciones judiciales, esto es a los autos, providencias y sentencias, cuya confección nuestra LOPJ en su art. 477 a) -EDL 1985/8754- encomienda a los funcionarios judiciales pertenecientes al cuerpo de tramitación, a los que atribuye "la confección de cuantos documentos, actas, diligencias y notificaciones les sean encomendados... y unión de los mismos a los expedientes". Asimismo los funcionarios del cuerpo de Gestión tienen encomendadas por la LOPJ en su art. 476 b) y c) la función de "practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes... respecto a las cuales tendrán capacidad de certificación", así como "documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, (...) salvo que el SJ considere necesaria su intervención". Nos encontramos pues con que la labor de elaboración de actas y diligencias, asistencia a comparecencias y documentación no es exclusiva del SJ sino compartida con otros funcionarios judiciales, hasta el punto de que nuestro TS en referencia a tales funciones en su sentencia de la Sala 2ª de 22 enero 2008 -EDJ 2008/41663- habla de "fe pública judicial indirecta".

Partiendo de tales premisas, nos encontramos con que la tramitación prevista en los arts. 798 a 801 LECrim -EDL 1882/1-, al desarrollarse en unidad de acto, en la práctica judicial se suele documentar en lo que se conoce en el foro como "acta de comparecencia de juicio rápido (JR)". En dicha comparecencia, es el Juez quien dicta "in voce" diversas resoluciones que revisten la forma de Auto y Sentencia, y que por tanto, atendida su naturaleza únicamente deben ser suscritas por el Juez o Magistrado competente, sin intervención alguna del SJ, ello por imperativo del vigente art. 141 LECrim , que tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 noviembre -EDL 2009/238889-, ha suprimido la necesidad de que el SJ firme las resoluciones judiciales que revistan la forma de Auto, lo que a mi juicio hace innecesaria su presencia física en dicho acto, sin merma por ello del carácter público del acto documentado.

A mayor abundamiento, no puede olvidarse que conforme a los arts. 145, 146 y 147 LEC -EDL 2000/77463- al SJ le corresponde "dejar constancia fehaciente" mediante las oportunas actas y diligencias, cualquiera que sea el soporte que se utilice de las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos. Asimismo en relación con las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal que la LEC dispone que deben registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción, si el SJ dispusiera de firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la Ley garantice la autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electrónico así generado se dice que constituirá el "acta" a todos los efectos. Debe entenderse que dentro de esta última previsión legal, cabría incluir la comparecencia de JR, la cual de facto viene siendo registrada en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen, al tratarse de un acto que tiene lugar ante el Juez y es éste quien dicta de forma oral diversas resoluciones, incluida la sentencia de conformidad que debe de documentarse conforme a su art. 789,2º LECrim -EDL 1882/1-. En dicho art tras la reciente reforma efectuada por la Ley 13/2009 -EDL 2009/238889-, se ha eliminado la mención antes contenida relativa a la necesidad de documentar el fallo y una sucinta motivación "bajo la fe del SJ". En suma, la eliminación del requisito adicional de la fe pública del SJ en dicha labor de documentación, está en concordancia tanto con la admisión de la ya mencionada fe pública judicial indirecta, como con la posibilidad de documentar las actuaciones orales en soporte electrónico, sin necesidad por tanto de que el SJ esté presente en el acto judicial a documentar, por cuanto el legislador ha querido simplificar la tarea de documentación de los actos judiciales, para permitir que dichos actos, aún dictados de forma oral, una vez incorporados a los autos mediante acta impresa confeccionada por el personal judicial mencionado, o mediante documento electrónico, tal y como así se deduce del tenor del art. 3,7 Ley 59/2003, de firma electrónica -EDL 2003/149996-, tengan la consideración de documentos públicos.

5. Mª José García-Galán San Miguel. Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid

Según el art. 26 CP -EDL 1995/16398-, se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. El CC define en el art. 1216 -EDL 1889/1- los documentos públicos como aquellos "autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley", y la LEC en el art. 317 -EDL 2000/77463- realiza una relación de documentos a los que a efectos probatorios en el proceso, tienen tal consideración y en los que se cumplen los requisitos del CC. La diferencia entre los documentos públicos y privados, obedece a que los primeros hacen prueba plena en el proceso de la fecha del otorgamiento y de la identidad de los intervinientes (art. 319 LEC), en tanto que los documentos privados sólo hacen prueba plena cuando son reconocidos por las partes que los firmaron (art. 1225 CC y art. 326 LEC). Por ello, existe una equiparación, cuando el documento privado es reconocido por las partes que lo suscribieron.

En todo caso dicha clasificación se refiere siempre a documentos externos al proceso que deban hacer prueba en él.

Así, el acta de un juicio tiene un doble carácter. Por un lado, es documento público, porque en él se documenta un acto procesal bajo la fe pública –y por tanto hábil para ser prueba en otro proceso–, y por otro, es un acto procesal en el proceso de su razón, que para su validez requiere el cumplimiento de determinados requisitos. Sin intervención de Secretario, por tanto, se producirá una doble consecuencia.

La primera, es la pérdida de la habilidad de hacer prueba plena por sí mismo –en proceso distinto–, como se ha indicado, que en este caso pueda no tener relevancia si es reconocido por las partes que lo suscribieron. Y de hecho en la sentencia que se examina se ha declarado probado el acuerdo alcanzado, que se pretendió modificar.

La segunda de mayor trascendencia. Dicho acta debe recoger en lo esencial lo ocurrido en el acto procesal de que se trate y es hábil para producir efectos en la secuencia ulterior de actos que conforman el proceso. La falta de intervención del Secretario deja, tanto el acta, como el juicio mismo que se celebró, incursos en la causa de nulidad del art. 225,5º LEC -EDL 2000/77463- "Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Secretario Judicial".

En el supuesto examinado, de un acto de juicio rápido en el que se levante acta suscrito por las partes, aunque sin intervención del Secretario Judicial... dicho acta, puede no tener desde el punto de vista intrínseco el carácter de documento público, sino privado, pero no puede negar su carácter de documento oficial, en aplicación de la doctrina del TS de la que es buena prueba la STS núm. 1720/2002, de 16 octubre -EDJ 2002/44517-, "el documento 'ab initio' privado que nace o se hace con el inexorable, único y exclusivo destino de producir efectos en un orden oficial, en el seno de la Administración Pública o en cualquiera de sus vertientes o representaciones se equipara al documento oficial ...siempre que sea susceptible de provocar una resolución administrativa del ente receptor que incorpore el elemento falso aportado". Recordemos que el art. 390 CP -EDL 1995/16398- se encuentra bajo la rúbrica de "falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles".

Si tenemos en cuenta que para que un acto procesal –el acto del juicio sin intervención del Secretario y el acta que lo recoge–, sea nulo, es preciso que así se declare según lo establece el art. 227,2,2º LEC -EDL 2000/77463-. Para concluir, puede sostenerse que el acto procesal y el acta que lo documenta, son por tanto, en principio hábiles para producir efectos jurídicos, y, sin perjuicio de su impugnabilidad, éste último puede ser considerado documento oficial... sobre todo por tratarse del acta del juicio rápido que es el precedente necesario de la sentencia que se pretende "documentar".

En casi todas las respuestas ofrecidas al análisis de la cuestión planteada, se enumera un elenco de preceptos legales que, comenzando por la cita de los arts. 1216, 1225 CC -EDL 1889/1-..., o de los arts. 317, 319, 326 LEC -EDL 2000/77463-..., sirven de previo y obligado referente, a la mención de los arts. 26 y 390 CP -EDL 1995/16398- en el que se fundamentan los distintos criterios de los ponentes.

De la cuestión planteada, se nos da la versión de la práctica judicial diaria: "se suele documentar el "acta de comparecencia de juicio rápido" que únicamente debe ser suscrita por el Juez o Magistrado competente... siendo registrada en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen ... sin intervención alguna del Secretario Judicial, ello por imperativo del vigente art. 141 LECrim -EDL 1882/1-, que tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 noviembre -EDL 2009/238889-,... hace innecesaria su presencia física en dicho acto, sin merma por ello del carácter público del acto documentado."

Con idéntica mención de tal reforma, aplicada al art. 789,2º LECrim -EDL 1882/1-, se recuerda cómo "se ha eliminado" la mención que contenía, relativa a la necesidad de documentar el fallo y una sucinta motivación "bajo la fe del SJ", y ello en aras al designio del legislador de "simplificar la tarea de documentación de los actos judiciales".

Frente a esta opinión, otra distinta... "La falta de intervención del Secretario deja, tanto el acta, como el juicio mismo que se celebró, incursos en la causa de nulidad del art. 225,5º LEC -EDL 2000/77463-"... "en el supuesto examinado de un acto de juicio rápido en el que se levante acta suscrito por las partes, aunque sin intervención del Secretario Judicial, dicho acta, puede no tener desde el punto de vista intrínseco el carácter de documento público..."

Se enriquece el debate, comentando diferentes Sentencias que han abundado en el mismo análisis... Por ejemplo, "el caso resuelto por la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón en su sentencia de 27 mayo 2009 -EDJ 2009/383510- (confirmada por la STS de 25 enero 2010 -EDJ 2010/3904-)...o la reciente sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid de 24 enero 2011 -EDJ 2011/9413-" que sostiene que "no constituye documento público –en el sentido de los arts. 26 y 390 CP (EDL 1995/16398)– el acta que recoge el resultado de un juicio rápido de conformidad celebrado ante un Juzgado de Instrucción al que no asistió el correspondiente secretario judicial".

A raíz de la cita de estos artículos, se recuerda que... "es la intervención de un funcionario público en el ejercicio de su cargo, lo que determina el carácter público del documento por él redactado o autorizado...", y cómo "el bien jurídico protegido tiene por tanto una relevancia especial y el legislador, lo sanciona con severidad en aras de la seguridad jurídica"; de manera que "el delito de falsedad documental por autoridad o funcionario público previsto en el art. 390 CP -EDL 1995/16398- viene referido, no solo a los documentos públicos, sino además a los documentos oficiales, a los documentos mercantiles y a los despachos transmitidos por los servicios de telecomunicación...".

Discurso en el que confluyen la mayoría de las respuestas ofrecidas, al entender que "la negación del carácter de documento público del acta judicial no suscrita por el correspondiente fedatario, no impediría –a mi juicio– incardinar, con carácter alternativo... en la modalidad de documento oficial (a la que también se refiere el art. 390 CP -EDL 1995/16398-)".

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