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Administración de Justicia

Armonización del Derecho Penal en la Unión Europea

Por D. Ángel Juanes Peces

Presidente de la Audiencia Nacional

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En el año 1957 era impensable un Derecho Penal europeo o, dicho de otra manera, que
la Unión Europea tuviera competencia en el ámbito penal y ello en razón a que en el
Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas (Roma, 1957) no se mencionaba la
normativa penal dentro del ámbito competencial de las otrora tiempo denominadas
Comunidades Europeas (en adelante, CCEE) hasta el punto de que, en un primer
momento, la única legislación en el ámbito de la cooperación jurídica penal se canalizó
a través del Consejo de Europa hasta la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (STJCE) de 21 de septiembre 1989 (conocida como “sentencia
del maíz griego”).
En efecto, con ocasión de dicha sentencia el TJCE llegó a la conclusión de que, en
orden a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, las normas
sancionadoras comunitarias no eran suficientes, de ahí la necesidad de que las normas
penales internacionales establecieran tipos penales para perseguir aquellas conductas
que afectaren a la debida protección de los intereses financieros de la Unión Europea
iniciándose así un largo camino que, como diré, se materializa en el ámbito nacional en
el Proyecto de reforma del Código Penal de 1995 (BOE 27 de noviembre de 2009),
actualmente en trámite parlamentario, en el que se produce una notable incidencia de la
normativa comunitaria en el Derecho Penal español y no sólo (y ello hay que
subrayarlo) para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, cosa
que ya venía haciendo el Código Penal 1995 al asimilar la Hacienda nacional española a
la comunitaria.
Un hito fundamental en este proceso tuvo lugar a partir del Tratado de la Unión
Europea hecho en Maastricht el 7 de febrero de 1992 cuando se introdujo el Tercer
Pilar, esto es, la cooperación en el ámbito de justicia y asuntos de interior pero, con
todo, fue realmente el Tratado de Ámsterdam (1997) el que dio un paso decisivo en la
armonización de los derechos penales nacionales de los Estados miembros al consagrar
el llamado espacio de libertad, seguridad y justicia.
En efecto, el Tratado de la UE (Diario Oficial de la UE de 29 de diciembre de 2006) en
su art. 31 e) establece la necesidad de fijar normas mínimas relativas a los elementos
constitutivos de los delitos y de las penas en ámbitos que van más allá de la protección
de los intereses financieros al extender la cooperación judicial al conocimiento de otros
delitos, en particular, la delincuencia organizada, terrorismo y el trafico ilegal de
drogas; previsiones todas ellas desarrolladas en el Consejo de Viena donde se enumeran
los delitos susceptibles de armonización en el ámbito comunitario, mencionándose
además de los expuestos, entre otros, el de la explotación sexual de menores,
corrupción, fraude informático y blanqueo de capitales, constituyendo un hito a los
efectos examinados el Consejo Europeo de Tampere (octubre, 1999) que insistió una
vez más en la conveniente aproximación de las distintas legislaciones penales.
El Tratado de Lisboa (13 de diciembre de 2007) aparte de suprimir el Tercer Pilar y
someter, por tanto, todas las normas relativas a justicia y seguridad al control del
Tribunal Unión Europea, consagra la posibilidad en línea con la evolución
anteriormente expuesta de adoptar medidas armonizadoras no mediante Decisiones
Marco, como hasta el presente, sino mediante directivas aprobadas por el procedimiento
legislativo ordinario con dos concretas finalidades, de un lado, facilitar el
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reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y de otro, armonizar las infracciones
relativas a delitos con dimensión transfronteriza y otros de especial gravedad (arts. 82 y
83 del TFUE).
En la materia que nos ocupa destaca la regulación que se hace de Eurojust (Decisión del
Consejo nº 2002/187/ JAI de 28 de febrero de 2002) reforzando sus facultades y
previendo que dicho organismo se convierta en el germen de la futura Fiscalía europea.
La idea de una Fiscalía Europea supone un paso más en la profundización de las
cuestiones de libertad y justicia, estableciendo en su art. 69 E Tratado de Lisboa que
para combatir las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la UE se
procederá a la creación de una Fiscalía Europea, la cual se constituiría a partir de
Eurojust y su finalidad estaría centrada en la lucha contra las infracciones que
perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, si bien el art. 63.4 deja
abierta la puerta a la ampliación de una posible persecución de la lucha contra la
delincuencia grave transfronteriza.
En definitiva, la línea seguida por la UE, ha sido no la de elaborar un Derecho Penal
supranacional, producido por el Parlamento Europeo con vigencia en todo el territorio
UE sino la de profundizar en la armonización de ciertos tipos penales, los más
trascendentes desde la perspectiva comunitaria.
El Proyecto Reforma del CP del 1995 prevé una serie de modificaciones para dar
acomodo en nuestro Derecho interno a algunas importantes normas comunitarias como
son:
1º. En materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Decisión Marco
2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los
productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito
2º. Sobre delitos sexuales, la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de
diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil.
3º. Delitos relativos al mercado y a los consumidores: Decisión Marco 2003/6 sobre las
operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
4º. Acerca de los denominados delitos informáticos, la Decisión Marco 2005/222/JAI de
24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de información.
5º. En materia de tráfico de drogas, la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25
de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los
elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito
de drogas.
6º. Reordenación y clarificación del tratamiento penal de las conductas terroristas:
Decisión Marco 2008/919/JAI.
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7º. Respecto a los delitos de corrupción de funcionario público de la UE (delitos de
cohecho), cuanto se recoge en el Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de
Europa de 27 de enero de 1999.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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