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COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat pondrá en marcha un plan de arrendamiento de vivienda pública para ayudar a familias deshauciadas

A través de convenios con ayuntamientos y entidades locales, podrán acogerse a este plan "las personas en riesgo de exclusión social por haber perdido su vivienda habitual como consecuencia de la crisis hipotecaria o de situaciones excepcionales".

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Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente La consellera Isabel Bonig

La Generalitat valenciana iniciará próximamente contactos con ayuntamientos y entidades para poner en marcha un plan extraordinario de arrendamiento de vivienda pública para ayudar a familias que han sido desahuciadas y se encuentran en riesgo de exclusión social.

Así lo ha indicado, a través de un comunicado, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, que ha detallado que podrán acogerse a este plan "las personas en riesgo de exclusión social por haber perdido su vivienda habitual como consecuencia de la crisis hipotecaria o de situaciones excepcionales".

La consellera ha explicado que ya se han mantenido conversaciones con los ayuntamientos de Torrent (Valencia), Castellón, Burriana (Castellón), Alicante, así como con Cáritas y asociaciones gitanas con el objeto de poner a disposición un cupo de viviendas públicas para su adjudicación por el procedimiento general a colectivos especialmente desfavorecidos.

"Las viviendas puestas al servicio de este programa incluirán las disponibles en cada municipio que estén realmente vacantes y que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad o las puedan tener en un plazo corto" ha precisado Bonig.

Por su parte, los ayuntamientos o entidades deberán informar favorablemente de las condiciones de la familia, sus necesidades y posibilidades de hacer frente a los nuevos contratos de arrendamiento para que se lleve a cabo correctamente el plan.

Para que los beneficiarios puedan optar al proyecto de arrendamiento tendrán que ser propuestos por los ayuntamientos y acreditar la predisposición al cumplimiento de obligaciones. "Además, los futuros beneficiarios tendrán que acreditar que han perdido su vivienda habitual por ejecución hipotecaria", ha indicado Bonig.

Arrendamiento anual

En cuanto al contrato de arrendamiento, la consellera ha concretado que su duración será de un año y las prórrogas obligatorias de acuerdo con la Ley de Arrendamiento Urbanos. Dentro de esta línea, no podrán ser adjudicatarios aquellas familias que con impagos o daños constatados en otras viviendas públicas o protegidas.

Bonig ha subrayado el compromiso del Consell con las familias en riesgo de exclusión social en la Comunitat y ha anunciado que se reunirá este lunes con una asociación gitana de la Comunitat para informarles de las líneas básicas de acción de la política de vivienda de la Generalitat.

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