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MERCANTIL

En los supuestos de deuda ilíquida ¿debe el acreedor comunicar su crédito y liquidarlo la administración concursal? En su caso, ¿puede discutirse su importe en un incidente de impugnación de la lista de acreedores?

Coordinador: Alberto Arribas Hernández

Magistrado Sección 28 Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de lo Mercantil

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Son diversas las cuestiones que en esta ocasión se someten a debate y opinión de nuestros expertos. Todas ellas giran en torno a la problemática que plantean en sede concursal los créditos ilíquidos.

Quizás, las mayores dificultades se plantean en aquellos supuestos en que la prestación debida por el concursado es, por su propia naturaleza, ilíquida. Ejemplo de ello, como se apunta en algunos de los comentarios, es el crédito nacido como consecuencia de responsabilidad civil extracontractual, indemnizaciones de daños y perjuicios por incumplimientos contractuales o supuestos de liquidación de obligaciones contractuales (liquidación de un contrato de ejecución de obra).

Se trata de analizar si en los supuestos en que el acreedor es titular de un crédito ilíquido, debe comunicarlo cuantificando su importe, esto es, efectuando su previa liquidación y, en su caso, si la administración concursal puede revisar la cuantificación efectuada por el acreedor o, incluso, si la administración concursal debe o no proceder al reconocimiento del crédito ilíquido y cuantificarlo cuando no es comunicado por el acreedor pero tiene constancia de la existencia de dicho crédito y, por último, si puede liquidarse el crédito en el seno del incidente de impugnación de la lista de acreedores cuando es discutido su importe.

Coinciden los expertos en señalar que el acreedor tiene la carga, como bien se matiza, de comunicar su crédito, sea líquido o ilíquido, por así venir impuesto por los artículos 49 y 85 de la Ley Concursal.

Siendo unánime la respuesta afirmativa a esta primera cuestión, surgen muy diversas dudas y matices sobre la respuesta que debe darse a las demás.

El criterio mayoritario parte de que el acreedor debe cuantificar su crédito ilíquido al efectuar su comunicación en atención a lo que disponen los artículos 85 y 88 de la Ley Concursal. Por su parte, la administración concursal debe proceder al examen y, en su caso, reconocimiento y cuantificación del crédito ilíquido, haya sido o no comunicado por el acreedor y, por último, se admite la posibilidad de que se promueva el oportuno incidente concursal en el que, en definitiva, se liquide el crédito del acreedor.

No obstante, alguna de las opiniones, introduce una importante precisión al considerar que la administración concursal puede reconocer o no el crédito comunicado y liquidado por el acreedor, pero no proceder a su cuantificación o a la modificación de la cuantía pretendida por el acreedor salvo que resulte de la documentación del deudor o del propio concurso e incluso en otra de las opiniones, admitiendo que el acreedor debe comunicar su crédito ilíquido, se rechaza la posibilidad de que deba cuantificarlo entendiendo que se trataría de un supuesto muy similar al de los créditos litigiosos por lo que podrían calificarse como créditos contingentes sin cuantía propia y, en consecuencia, rechaza la posibilidad de que la administración concursal lo cuantifique y que pueda ser liquidado en un incidente de impugnación de la lista de acreedores.


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de febrero de 2012.

El presupuesto objetivo y subjetivo del concurso de acreedores, tal como se establece en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) no limita la posibilidad de los acreedores con deudas no dinerarias su facultad de instar el concurso (artículos 2 y 3 LC) y, una vez declarado el concurso, todos los acreedores quedan de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes (artículo 49 LC).

Por tanto, la LC no limita la facultad de solicitar la declaración de concurso ni formar parte del mismo a los acreedores titulares de un crédito no dinerario o de una deuda ilíquida; entendida esta última situación como la existencia de un crédito concursal no dinerario o prestación no dineraria, pero existente al tiempo de la declaración del concurso.

De esta manera sería exigible la solicitud de concurso de acreedores fundada en el incumplimiento del deudor de una prestación no dineraria pues, como establece el artículo 1088 del Código Civil, las obligaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa y tan acreedor con arreglo a la Ley Concursal es quién tiene derecho a recibir una prestación dineraria como de hacer o no hacer. Por tanto, el concurso no se limita sólo a aquellos acreedores que ostentan un crédito dinerario, líquido, vencido y exigible (artículo 19.4 LC).

La amplitud de los términos en que se regula la legitimación para instar el concurso y su inclusión en la masa pasiva (artículos 49 y 62.4 LC) impiden restringir la legitimación o participación en el concurso a los acreedores en quienes concurran determinados requisitos respecto del contenido de la prestación a la que tengan derecho, todo ello con independencia de la concurrencia o no del presupuesto objetivo de hecho para proceder a instar el concurso.

En este mismo sentido el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 11 de enero de 2007 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8 de mayo de 2009. El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8 de mayo de 2008, señala que "los derechos de crédito se caracterizan porque tienen por objeto la obtención de una prestación por parte del deudor que el acreedor puede exigirle. Dicha prestación es denominada deuda y puede ser de muy diversa índole (de dar, hacer o no hacer, según el artículo 1088 del Código Civil) con tal de que sea posible, lícita y determinada. Las consecuencias de su incumplimiento determinan la sujeción a responsabilidad patrimonial del obligado".

Los administradores concursales tienen la obligación de presentar el informe con el inventario de la masa activa y el listado de acreedores, concluyendo éste con la exposición motivada acerca de la situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso (artículos 74 y 75 LC).

Tampoco se limitan en la Ley Concursal los créditos que se tengan contra el deudor común (artículo 64 LC) y, a los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los créditos se computarán en dinero y se expresarán en la moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión o modificación (articulo 88 LC). En particular, los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias se computarán por el valor de las prestaciones o, en su caso del bien, en la fecha de la de la declaración del concurso y, los que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras, se computarán por su valor a la fecha de declaración del concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento (apartados 3 y 4 del artículo 88 LC).

Como manifiesta la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña número 5/2011, de 13 de enero, "salvo el efecto de su conversión en dinero en caso de una eventual apertura de la liquidación (artículo 146 LC), el artículo 88 preceptúa, a los solos efectos de la cuantificación del pasivo y sin que ello suponga su conversión ni modificación, la computación de todos los créditos en dinero, especificando, entre otros supuestos, que aquellos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias su cómputo se haga por el valor de las prestaciones en la fecha de declaración del concurso".

Las obligaciones de cualquier tipo siguen siendo exigibles en los términos que se hubieran pactado, no obstante a los efectos de su cuantificación en la masa pasiva del concurso y sin que ello suponga la conversión en metálico de la obligación o su conversión en una deuda líquida, estas prestaciones deberán ser objeto de valoración económica y la administración concursal deberá calcular el importe de todas las obligaciones en moneda de curso legal hasta su conversión en dinero en la fase de liquidación del concurso (artículo 146 LC).

El valor de los bienes que pueda atribuirse en estos casos en el inventario es meramente indicativo, lo que no impide que el valor real sea superior o inferior, pudiendo acreditarse el mismo por cualquier medio admitido en Derecho, incluidos los informes periciales, aunque la administración concursal no está obligada a solicitar dichos informes.

Tampoco la Ley Concursal establece límites para que los acreedores concursales de cualquier tipo comuniquen sus créditos (artículo 85 LC), correspondiendo a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto (artículos 86 y 94 LC). Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio del incidente concursal (artículos 86 y 96 LC).

Con las limitaciones que establece la Ley, las partes personadas en el concurso podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, pudiendo consistir esta impugnación en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del evalúo de los incluidos, o bien en la inclusión o exclusión de créditos, su cuantía o clasificación (apartados 2 y 3 del artículo 96 LC).

En consecuencia, el acreedor de una deuda ilíquida puede instar el concurso y comunicar su crédito. La administración concursal debe incluirlo en su informe con su correspondiente valoración económica para que, en su caso y en fase de liquidación, se proceda a su conversión en dinero; ésta la valoración podrá ser impugnada por el acreedor a través del oportuno incidente concursal.

La respuesta al problema suscitado aconseja comenzar con una breve referencia a qué debe entenderse por crédito ilíquido. Para ello cabe acudir a principios básicos del Derecho de obligaciones. Las obligaciones de cantidad pueden ser líquidas o ilíquidas. Son líquidas las obligaciones cuando está determinada la prestación y fijada numéricamente su cuantía, o cuando ésta puede determinarse mediante la realización de simples operaciones matemáticas. Como dice Albaladejo, M., Derecho Civil II, Derecho de obligaciones, Madrid, 2008, p. 88, "en otro caso, son ilíquidas". Son varios los ejemplos que pueden ponerse de obligaciones ilíquidas. Si de nuevo se acude a la doctrina tradicional en la materia, pueden citarse, a modo de simple ejemplo, las palabras de Díez-Picazo, L. y Gullón, A., Sistema de Derecho Civil. El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, Vol. II, Madrid, 1999, pp. 188 y 189: "la iliquidez se puede motivar por varias causas, v. gr., por la necesidad de practicar una rendición de cuentas entre deudor y acreedor a fin de precisar lo que debe aquél. Piénsese en el mandatario que ha de rendir cuentas de la ejecución del encargo para el que ha recibido cantidades. También es fuente de iliquidez la necesidad de concretar en términos monetarios el daño que una persona ha ocasionado a otra por el incumplimiento de un contrato, o por haber lesionado su persona o bienes en un accidente, v. gr. En todos los casos en que falte una cantidad concreta por reclamar por no existir acuerdo entre las partes sobre su monto, se requiere la intervención judicial, que en sentencia la determinará". Es, en este punto, de interés recordar la doctrina jurisprudencial sobre la regla que responde al viejo brocardo latino in illiquidis non fit mora y las matizaciones que en su aplicación se han ido introduciendo en el tiempo (aunque una cita completa podría ser interminable, vid., entre muchas otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio y 11 de septiembre de 2008, 17 de febrero de 2009 y 13 de octubre de 2010). En el ámbito concursal, se han observado algunos supuestos que se plantean con cierta recurrencia. Es el caso del crédito en costas frente al concursado ya establecido por sentencia firme pero pendiente de su tasación; o, sobre todo, el de las cantidades respecto de las que se despachó ejecución en concepto de estimación de intereses y costas de la propia ejecución. Naturalmente, no se trata de ocuparse con toda extensión y hasta el último detalle del concepto de deuda ilíquida. Las consideraciones formuladas servirán para situarnos, como se decía, ante el problema planteado. El punto de partida es que se está ante una deuda ilíquida del concursado (o un crédito ilíquido si se mira desde el lado activo de la relación).

La primera pregunta que surge es, así, si el titular de ese crédito ilíquido debe comunicarlo en los términos del artículo 85 de la Ley Concursal ("LC"). En línea de principio, la respuesta es positiva. El artículo 85.1 LC dispone que los acreedores del concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos. Eso incluye los créditos ilíquidos, que han de considerarse concursales y, por tanto, integrantes de la masa pasiva. Además, el artículo 49.1 LC establece que, declarado el concurso, todos los acreedores del deudor quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes. En este punto, es de interés recordar que la doctrina coincide en señalar que la comunicación o insinuación de los créditos es cuestión que atañe a todos los créditos concursales, cualquiera que sea su naturaleza. Por su énfasis, puede citarse a Veiga, A., La masa pasiva del concurso de acreedores, Madrid, 2010, pp. 152 y 159: "todos los acreedores que tengan como deudor al concursado fallido deberán insinuar sus créditos en el concurso, otrora en la quiebra, si realmente desean obtener satisfacción. No cabe otra opción, no hay otro camino"; "el artículo 49 paladín de la universalidad del concurso pone su acento en la condición de acreedor del deudor, con independencia de la calificación del crédito, cualquiera que sea la naturaleza del crédito".

Existe, sin embargo, una dificultad práctica en la comunicación del crédito ilíquido. Según el artículo 85.3 LC, en el escrito de comunicación el acreedor expresará los datos relativos a la cuantía de su crédito. Pero, por definición, el crédito ilíquido no tiene una cuantía determinada. Ello nos lleva directamente a la cuestión del tratamiento que se ha de dar a ese crédito. Adelantamos la solución que se propone. En principio, a falta de una regla específica sobre este tipo de créditos, se considera que ese tratamiento ha de ser el mismo que en el artículo 87.3 LC se establece para créditos condicionales y litigiosos: su reconocimiento como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, con las mismas limitaciones que las señaladas en esa norma. La naturaleza de los créditos ilíquidos es muy similar a la de los créditos litigiosos, que ya fueron objeto de otro foro en el que se discutía si el titular de un crédito litigioso tiene legitimación para instar el concurso necesario de su deudor. De hecho, entonces se dijo que un crédito puede ser litigioso por dos grupos de razones: porque se discuta sobre su cuantía o porque se discuta sobre su existencia. El primero de los casos es muy cercano al del crédito ilíquido, cuya existencia es pacífica y está pendiente de determinación su importe. Y no conviene olvidar que se ha propugnado que, aunque el artículo 1535 del Código Civil considera que un crédito es litigioso "desde que se conteste a la demanda relativa al mismo", desde la perspectiva concursal un crédito se viene reputando litigioso desde el momento en que se ha presentado la demanda que lo pone en entredicho. Así lo entiende la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 22 de diciembre de 2009. Luego, si se admite esa flexibilidad en la atribución a un crédito de la condición de litigioso, no hay razones para negar la extensión de la regla a un supuesto en el que es posible apreciar una fundamentada identidad de razón. La contingencia significa incertidumbre, y en el caso del crédito ilíquido esa incertidumbre se centra en la falta de concreción de su importe en un estado o momento anterior a que surja la (potencial) disputa judicial que lo convierta en litigioso.

Frente a lo anterior, se ha de reconocer la existencia de determinadas resoluciones judiciales que niegan la inclusión en la masa pasiva de créditos ilíquidos. Como se expuso al principio, las resoluciones se refieren fundamentalmente a cantidades presupuestadas para intereses y costas respecto de las que se despachó ejecución contra el deudor después concursado. Es el caso de las Sentencias del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 24 de octubre de 2005, del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Santander de 11 de abril de 2007, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 7 de noviembre de 2007. En la primera de ellas se dice, para rechazar su reconocimiento, que "no se trata de un crédito vencido, líquido y exigible, sino de una partida calculada prudencialmente y que precisa de tasación en cuanto a las costas y liquidación respecto de los intereses para reunir los requisitos mencionados". No parecen, sin embargo, argumentos convincentes para negar la inclusión del crédito en la masa pasiva. Por más que esté pendiente de concreción su importe tras el seguimiento de los trámites correspondientes, se trata de créditos concursales y, por tanto, integrantes de la masa pasiva. Su iliquidez no es razón para excluirlos de esa masa.

Cuanto se ha dejado expuesto permite responder a la siguiente pregunta. Si los créditos ilíquidos se califican como contingentes sin cuantía propia, no hay obligación de la administración concursal de proceder a su liquidación en su informe. Esa liquidación se habrá de producir en la sede correspondiente, pero al margen del informe de la administración concursal y, en concreto, dentro de éste, de la formación de la lista de acreedores. Parece, en efecto, que la liquidación de un crédito ilíquido es cuestión que excede del ámbito de este trámite, que está fundamentalmente centrado, por decirlo en términos gráficos, en la realización de una "fotografía" de la masa activa y de la masa pasiva, sobre la base de la documentación del deudor y la aportada por los acreedores. Como dice Recalde, A., "Plazo de presentación" (Art. 74), en Rojo-Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 1340, "la función primordial del informe de los administradores concursales es ofrecer al juez y a los acreedores la información más completa e inteligible sobre el estado patrimonial del deudor en el momento del concurso". La liquidación de un crédito ilíquido iría más allá y supondría la realización de actuaciones para las que se considera que el legislador no concibió el informe de la administración concursal. De hecho, la liquidación de una deuda ilíquida podría interpretarse como un acto dispositivo del patrimonio del deudor y su realización por la administración concursal encontraría difícil encaje en preceptos como el artículo 48 LC. Volviendo a expresiones gráficas, con la liquidación de la deuda, la administración concursal no se estaría limitando a "fotografiar" la realidad, sino que la estaría modificando.

Y también llegamos, así, a la última pregunta. Si no es función de la administración concursal realizar una liquidación del crédito ilíquido en su informe, no parece que esa liquidación pueda, en principio, discutirse por el cauce del incidente de impugnación de la lista de acreedores. Ciertamente, el artículo 96.3 LC establece que la impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la "inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos". Pero la posibilidad de discutir la "cuantía" no puede entenderse en términos expansivos, que permitan abrir el cauce de la impugnación de la lista a cualquier situación en que se discutan cuestiones complejas que vayan más allá de la pura determinación de la cuantía del crédito a la vista de la documentación existente (por ejemplo, si no se reflejó el importe de una factura, o si se consignó de forma incorrecta). Otras controversias, como las que puedan tener que ver con la relación subyacente, habrán de ventilarse en otra sede, normalmente en el procedimiento declarativo correspondiente o a través del trámite específico de que se trate. Por más que se trate de cuestiones que pudieran afectar al importe del crédito frente al concursado, no parece que el incidente de impugnación de la lista de acreedores sea el cauce adecuado para su resolución. Aunque el caso resuelto no es exactamente el ahora planteado, pueden ser ilustrativos, en este sentido, los razonamientos de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid de 1 de junio de 2010, dictada en un supuesto en el que por el cauce de impugnación de la lista de acreedores se pretendía el reconocimiento de un crédito de indemnización de daños y perjuicios: "tenemos que tener en cuenta, además, que el sistema de reconocimiento de créditos previsto por el legislador se caracteriza por atribuir ese papel en primer lugar a la administración concursal y en última instancia al juez por vía de resolución de incidente, y que no es posible interesar a la administración concursal el reconocimiento de un crédito derivado de daños y perjuicios, sin estar previamente fijado en sentencia o reconocido por el propio concursado. En consecuencia, en el ámbito concursal no es posible que se solicite, ex novo, el reconocimiento de daños y perjuicios, ya que ello se deberá ventilar en un procedimiento declarativo".

En esta ocasión se plantean varias cuestiones sobre la deuda ilíquida. En primer lugar, si en los supuestos de deuda ilíquida el acreedor tiene que comunicar su crédito y la administración concursal liquidarlo y, en segundo lugar, si puede discutirse su importe en un incidente de impugnación de la lista de acreedores.

En cuanto a la primera pregunta, el acreedor debe comunicar su crédito y, en el supuesto de que se trate de una deuda ilíquida, deberá también comunicar su importe, esto es, liquidar la deuda. Así lo dispone el artículo 85 de la Ley Concursal en sus apartados 1 y 3 que recogen respectivamente la obligación del acreedor de comunicar su crédito y su cuantía (o mejor dicho, la carga, puesto que si no realiza dicha comunicación le puede deparar algún perjuicio(1)). Tal y como señala la doctrina(2), la tarea de determinar el importe del crédito corresponde a los acreedores y dicho importe se notificará como una cantidad determinada y en moneda de curso legal.

Si el acreedor no comunica la cuantía de su crédito (liquidando la deuda ilíquida), la administración concursal no podrá hacerlo, en la medida en que su labor es la del reconocimiento de los créditos (conforme al artículo 86) y sólo puede apartarse del crédito comunicado cuando de los documentos que obren en poder del concursado o en el concurso puedan fijar otra cuantía (apartado 1 del citado artículo 86(3)). En algún caso la liquidación podría ser relativamente sencilla (i.e. si se trata de un crédito por intereses referidos a un tipo objetivo la liquidación sería una simple operación matemática), pero en otros casos de deudas ilíquidas, tales como las indemnizaciones de daños y perjuicios, o la liquidación de obligaciones de hacer, la liquidación será muy complicada, prácticamente imposible de realizar por la administración concursal, porque no contará con los elementos que permitan realizarlo (véanse las normas de liquidación que se recogen en la LEC, artículos 712 y siguientes). Por lo tanto, la administración concursal no podrá cuantificar la deuda ilíquida, sino que incluirá o excluirá el crédito comunicado (cuantía incluida) por el acreedor.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, el segundo párrafo del artículo 86.1 dispone que todas las cuestiones que susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas por medio del incidente concursal. Por lo tanto, si el crédito ha sido reconocido o excluido o incluido por un importe distinto al comunicado, podrá ser impugnado en un incidente concursal (artículo 96.3 LC). Es cierto que alguna resolución (Sentencias del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 20 de octubre de 2009 y 25 de enero de 2010, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 9 de junio de 2010 o sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25 de junio de 2008), consideran que el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores no es el trámite adecuado para determinar una indemnización de daños y perjuicios (que sería un supuesto típico de deuda ilíquida). Pero el argumento que utilizan –que no es función de la administración concursal el establecimiento de indemnizaciones de daños y perjuicios, sino que dicha función corresponde al órgano judicial a través del procedimiento declarativo correspondiente– no nos parece muy sólido, por dos razones: (i) La primera es que estas mismas resoluciones admiten la posibilidad de que la indemnización pueda ser reconocida por el concursado, supuesto que también ser recoge en el artículo 714 LEC, luego si el acreedor comunica su crédito, la administración la verifica en la documentación del deudor, y no es impugnado no hará falta ningún procedimiento judicial para que el crédito ilíquido sea reconocido. (ii) La segunda es que, como señalan dichas resoluciones, la deuda debería ser liquidada en el procedimiento declarativo correspondiente, ahora bien, dado que no caben nuevos procedimientos declarativos iniciado el concurso (art.50 LC), el reconocimiento deberá hacerse vía incidente concursal (art.192.1 LC). Parece absurdo diferir al acreedor cuya deuda era ilíquida pero que ha liquidado la misma a tener que acudir a un incidente diferente al de impugnación de la lista en caso de que la administración concursal hubiera excluido el crédito comunicado (sobre todo porque no podrá participar, por ejemplo, en el convenio en tanto no se le reconozca su condición de acreedor). En el mismo sentido debe tenerse en cuenta que la doctrina(4) ha considerado de aplicación para estos supuestos lo previsto en el artículo 88 LC para el cómputo de los créditos en dinero, lo que vendría a reforzar la necesidad de reconocimiento y la posibilidad e impugnación. Por tal motivo me parecen más acertadas las resoluciones (i.e. Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 1 de febrero de 2010) que consideran que el trámite procedimental adecuado para el reconocimiento de dichos créditos sea el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, a fin de garantizar la igualdad entre todos los acreedores (y su eventual participación en el procedimiento).

Cuando el artículo 85 de la Ley Concursal regula la comunicación de los créditos, lo hace a modo de derecho-deber de los acreedores ya que, de un lado, consagra el denominado principio de acceso universal al concurso, es decir, el derecho del acreedor a presentar su crédito en el concurso en el que, por derecho –art 49-1 LC- queda integrado a conformar su masa pasiva y, de otro, impone una carga al acreedor, la de presentarlo en determinadas condiciones de forma y tiempo, sin perjuicio de que el incumplimiento de tal deber, ni sea imprescindible en todo caso ni determine la pérdida del derecho. En efecto, que la exigencia de comunicación no condiciona absolutamente el reconocimiento del crédito se desprende de que conforme al inciso final del artículo 86-1 de la Ley Concursal, el reconocimiento del crédito por la Administración concursal no se efectúa exclusivamente en base a la comunicación por parte del acreedor de su crédito sino también, sobre la base de lo que resulte de los libros y documentos del deudor ...o por cualquier otra razón constaren en el concurso.

Pero la legislación concursal no se limita a regular genéricamente la carga de la comunicación del crédito, las más de las veces cumplida en respuesta a la comunicación recibida de la administración concursal –art 21-4 LC-, sino que establece unas condiciones a la comunicación.

Entre esas condiciones está la de señalar la cuantía del crédito –art 85-2 LC-, obligación que se impetra del comunicante, tal y como se desprende del tenor literal del citado precepto.

La exigencia de fijar la cuantía se desprende del hecho de que con las comunicaciones e identificación que de los créditos corresponde efectuar a la administración concursal, se configura la masa pasiva y ésta se configura monetariamente –art 88 LC- pues a los efectos de la cuantificación del pasivo, los créditos, señala el precepto, han de computarse en dinero, sin que ello suponga su conversión ni su modificación.

Pues bien, tal precepto contiene por tanto una regla de interpretación de la conducta del acreedor en la comunicación del crédito dado que es evidente que no necesariamente el crédito ha de tener ab inicio o por razón de su naturaleza, un contenido monetario ni líquido, no obstante lo cual, se ha de cuantificar –art 85-3 y 88 LC-.

De entenderse en este sentido la carga del acreedor, deberíamos responder a la primera de las cuestiones señalando que el acreedor debe en todo caso insinuar su crédito fijando una cuantía en dinero. Se trata por tanto de una autoliquidación que configurará una operación intelectual del acreedor que no debe entenderse provisional, pero no necesariamente definitiva pues previa su fijación definitiva deberá reconocerse por la Administración concursal a la que la Ley le atribuye el deber del reconocimiento del crédito. Hay, en tal posición, la afirmación de que el acreedor tiene también, en el cumplimiento de su carga de comunicar el crédito, un deber de colaboración con el concurso.

Es cierto que parte de la doctrina viene entendiendo que el artículo 85-3 de la Ley Concursal no contiene una obligación del acreedor de reducir, en todo caso su crédito, a un valor monetario, sino sólo de ponerlo de manifiesto en modo que permita a la Administración concursal su cuantificación. Incluso se ha admitido en ocasiones, antes del transcurso legal del plazo para la comunicación, en ocasiones incluso antes de la firmeza de los textos definitivos del informe concursal, la presentación directa de un incidente concursal –en sustitución de la comunicación del crédito- para el reconocimiento y cuantificación del mismo, al menos en supuestos en los que resulta ciertamente compleja el reconocimiento y cuantificación del crédito –daños ruinosos, responsabilidades profesionales, etc-.

Sin embargo, la expresión del deber de comunicación y del requisito de la cuantía del crédito no deja lugar a dudas que la comunicación ha de efectuarse en el plazo legalmente previsto y con indicación de cuantía por el acreedor y, si no se hace, la comunicación debería entenderse inidónea a los efectos pretendidos en el precepto. Y desde luego ello no debería entenderse como exclusión del deber de "liquidación" de la administración concursal.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que la liquidación del crédito por el acreedor a los efectos de su integración en la masa pasiva, en absoluto limita la obligación de la administración concursal –art 86 LC- de proceder al reconocimiento del crédito, es decir, de realizar las operaciones oportunas para incluir, modificar o excluir el crédito insinuado lo que sin duda, serán operaciones de su exclusiva y original obligación, sin antecedente alguna, cuando se trate de créditos que resulten de los libros y documentos del deudor ...o por cualquier otra razón constaren en el concurso –art 86-1 LC-.

La consecuencia inmediata de lo argumentado es que, tratándose en todo caso de operaciones destinadas a la configuración de la masa pasiva y a la integración de la lista de acreedores, resulta evidente que el importe finalmente establecido por la Administración concursal podría impugnarse vía incidental, o instar con ocasión de la publicidad inicial, la rectificación por error en la liquidación.

En conclusión, el acreedor debe fijar la cuantía del crédito en todo caso, lo no que no implica una absoluta y necesariamente perfecta operación de reducción a valor monetario del crédito, aportando si le es posible, los criterios de donde haya deducido el valor fijado, y ello sin perjuicio del deber de reconocimiento del crédito por la Administración concursal que deberá efectuar las operaciones oportunas para confirmar o rectificar la cuantía comunicada, criterio que podrá ser objeto de impugnación en los términos previstos en la Ley Concursal para la impugnación de la lista de acreedores.

Los procesos concursales son cauces para la ordenación de pagos cuya finalidad es la de, ante una situación de insuficiencia patrimonial del deudor, conseguir la mayor satisfacción de sus acreedores. Por ello, es esencial que en el curso del procedimiento y en orden a orientarlo hacia la solución más ventajosa, se determine con la máxima exactitud cuál es el activo y el pasivo del deudor insolvente.

El artículo 49.1 LC señala que "declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes". Previsión que se reitera en el artículo 84.1 LC cuando expresa que constituye la masa pasiva del concurso "los créditos contra el deudor común".

Ninguna duda cabe, por tanto, que en la masa pasiva del concurso conviene que queden debidamente reflejados todos los acreedores del deudor insolvente, sean o no líquidos sus créditos en el momento de la declaración de concurso. Nótese que la Ley Concursal no excluye de la determinación de la masa pasiva a aquellos acreedores titulares de créditos ilíquidos, esto es, de créditos que, en el momento de la declaración de concurso están pendientes de que se concrete su cuantía.

Desde esta perspectiva, el acreedor titular de un crédito ilíquido, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 85.3 LC, comunicará su crédito, expresando en el escrito los datos "relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda". En aplicación de esta previsión legal, corresponde en primera instancia, al acreedor titular de un crédito ilíquido hacer una aproximación sobre la cuantía de su crédito, aunque ello no implique que la Administración concursal esté obligada a atribuir valor a la liquidación unilateralmente realizada, ya que no nos hallamos ante uno de los supuestos de reconocimiento forzoso previstos en el artículo 87 LC.

Recibida la comunicación del crédito ilíquido por la Administración concursal –o habiendo tenido conocimiento de su existencia por cualquiera de las vías previstas por la Ley Concursal- ésta, de acuerdo con lo que impone el artículo 88 LC –siempre que el reconocimiento del crédito sea procedente en aplicación de las reglas generales- deberá, aunque sea "a los solos efectos de la cuantificación del pasivo", fijar su valor "en dinero y se expresará(n) en moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión ni modificación" (artículo 88.1 LC). El regla que acabamos de transcribir coadyuva a la postura de que los créditos ilíquidos, como el resto de créditos, deben ser comunicados, incluidos en la lista de acreedores y cuantificados –aunque esto último lo sea a los solos efectos de determinación del pasivo del concurso-.

Las mayores dudas se plantean sobre lo que debe ocurrir una vez confeccionada por la Administración concursal la lista provisional de acreedores.

Hay que tomar como punto de partida que, aunque la cuantificación del crédito ilíquido se hace a los solos efectos de la determinación de la masa pasiva del concurso, tal cuantificación tiene mayor alcance ya que se convierte en una propuesta de liquidación que puede ser aceptada por las partes, sirviendo, de ser así, de acto de liquidación del crédito.

La hipótesis contraria también es factible. La Administración concursal no es un órgano con competencia para liquidar un crédito ilíquido. Como hemos visto, la Ley Concursal le inviste de competencia sólo para cuantificarlo a los meros efectos de determinación del pasivo del concurso. Sin embargo, la propuesta de cuantificación –realizada mediante la inclusión o exclusión del crédito en la lista de acreedores concursales- abre la puerta a la judicialización de la controversia.

Consideramos que existen más razones favorables que inconvenientes para que la expresada judicialización se encauce por la vía del incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores regulado en el artículo 96.1 LC.

Frente a la tesis expuesta pudiera decirse que el incidente concursal previsto en el artículo 96 LC es un cauce inadecuado para discutir sobre la liquidación de un crédito ilíquido ya que los términos del debate pueden dotar, en un momento procesalmente inadecuado, de complejidad al incidente, provocando la dilación inconveniente de la fase común. Esta reflexión ha sido recogida, en un encomiable análisis, por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Alicante, de fecha 4 de enero de 2011. Sin embargo, no parece que después de la reforma de la Ley Concursal llevada a cabo mediante Ley 38/2011, de 10 de octubre, pueda mantenerse dicho reparo puesto que el artículo 96.4 LC permite al Juez del concurso proseguir la tramitación del mismo "cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso(...)sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad".

Por otro lado, esgrimir la inadecuación del incidente regulado en el artículo 96 LC porque se trata de un cauce procesal reservado para "la inclusión o a la exclusión de créditos, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos" supone hacer una lectura muy estricta de dicho precepto, ya que no es descabellado mantener que la liquidación de un crédito ilíquido –con discusión de todas las cuestiones que desemboquen en su liquidación- es una cuestión relativa a la "cuantía" del crédito y, por tanto, incardinable dentro del ámbito del incidente regulado en el citado precepto.

Frente a los inconvenientes mencionados, la ventaja de seguir la vía propuesta es que se confiere seguridad jurídica a la posición del acreedor concursal, sin violentar ni la competencia del Juez ni el trámite procesal. El trámite a través del cual deberán conocerse las cuestiones para la liquidación del crédito ilíquido será, en todo caso, el incidente concursal (ex 192.1 LC), ya que se trata de cuestiones que afectan al patrimonio del deudor concursado.

Además, remitir al acreedor concursal titular de un crédito ilíquido a un incidente concursal autónomo y previo a la confección de la lista provisional de acreedores puede conllevar, para el acreedor que, por las circunstancias que sea, retrase el planteamiento litigioso de la cuestión, fatales consecuencias, llegando incluso a poder verse excluido del concurso.

El Código civil hace referencia a la liquidez como cualidad de las obligaciones (véanse los artículos 1169 y 1196 CC) pero no ofrece un concepto que permita determinar qué ha de entenderse por tal, ni tampoco criterios para delimitar el alcance que cabe atribuir a dicha cualidad. En relación con su definición, la doctrina ha entendido que obligación líquida es aquella plenamente determinada y respecto de la que existe también plena certidumbre sobre la calidad y cantidad de la prestación en que consiste. Existen, no obstante, distintas posiciones sobre el concepto de iliquidez que, girando en torno a la idea de incertidumbre, pivotan alrededor de dos polos, la incertidumbre en cuanto a la propia existencia de la obligación y la incertidumbre en relación a la cuantía de la prestación, si bien es opinión mayoritaria la que considera que deudas ilíquidas son aquellas en las que no está determinada su cuantía o montante, salvo que para la determinación de la cuantía baste una operación aritmética de carácter simple (vid. por todos DIEZ PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Madrid, 1996, págs. 540 y 629 y ss. señalando también los diferentes matices y posibilidades que pueden plantearse desde la absoluta concreción y determinación hasta la total iliquidez).

Igualmente, tampoco existe unanimidad en la doctrina y jurisprudencia sobre los efectos que la iliquidez provoca sobre la exigibilidad de la obligación. A este respecto, la aplicación constante por parte del Tribunal Supremo del viejo brocardo jurídico in illiquidis non fit mora en orden a determinar los efectos de la iliquidez sobre el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, ha llevado a un amplio sector de la doctrina a sostener que la liquidez constituye un presupuesto de exigibilidad de la obligación. Sin embargo, para otros autores la liquidez juega en orden a la imputación al deudor del retraso en el cumplimiento de la obligación y no constituye, por tanto, presupuesto de su exigibilidad (vid. DIEZ PICAZO, L., ob. cit., pág. 631, con otras referencias; el propio art. 1196 Cc ofrece un argumento indirecto favorable a esta interpretación al exigir para la aplicación de la compensación que las deudas sean «líquidas y exigibles» pues, si la liquidez fuese un presupuesto de la exigibilidad, bastaría con que dicho precepto exigiese que las deudas fuesen exigibles, lo que ya presupondría su carácter líquido). La exigibilidad hace referencia a una cualidad en virtud de la cual el cumplimiento de la obligación es reclamable en vía judicial, para lo cual no resulta imprescindible que previamente se haya determinado con total precisión y exactitud su cuantía.

A partir de estas consideraciones de carácter general, puede abordarse la cuestión planteada. Ante todo, convendría precisar el concepto de iliquidez que se baraja en la medida en que no es lo mismo entender por deuda ilíquida aquella respecto de la que se duda sobre la propia existencia de la obligación que aquella en la que únicamente se discute la cuantía de la prestación comprometida. Entendiendo por deuda ilíquida aquella en la que se plantea discrepancia solamente sobre su cuantía, no parece cuestionable que los créditos ilíquidos también quedan comprendidos en el ámbito objetivo de la comunicación prevista en el art. 85 de la Ley concursal (en adelante, LC) y que, por tanto, sus titulares pueden comunicar a la administración concursal la existencia de dichos créditos; pero, igualmente, también pueden ser comunicados y reconocidos los créditos cuya propia existencia sea discutida en un procedimiento judicial, sin perjuicio de la singularidad del reconocimiento en estos casos (en concreto, el art. 87.3 LC determina que «los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda...»). Del mismo modo, estando acreditada la existencia del crédito (ilíquido) en los libros y documentos del deudor o constando por cualquier razón en el concurso, la administración concursal determinará su inclusión en la lista de acreedores a tenor de lo previsto en el art. 86 LC.

No obstante, en orden a la comunicación de los créditos, el art. 85 LC exige que el acreedor indique determinados datos relativos al crédito y, entre ellos, su cuantía y, paralelamente, el art. 88 LC determina que todos los créditos que se incorporen a la masa pasiva se computarán en dinero, sin que ello suponga su conversión ni modificación. Por ello, resulta imprescindible que se fije la cuantía que corresponde al crédito ilíquido. A este respecto, en los casos de comunicación voluntaria, será el acreedor que comunica su crédito quien debe proporcionar a la administración concursal el valor dinerario de lo debido (en aplicación de la regla contenida en el art. 88 LC y en cumplimiento de la exigencia establecida en el art. 85 LC) para lo cual deberá proceder previamente a su liquidación y sin perjuicio de que, en caso de disconformidad, la administración concursal pueda oponerse a la valoración practicada, debiendo plantearse en caso de persistir la controversia el correspondiente incidente concursal. Por su parte, la administración concursal ha de incluir en la masa pasiva los créditos cuyos datos consten en el concurso, en cuyo caso será la propia administración concursal la que deberá proceder a realizar su liquidación y valoración en dinero que, igualmente, podrá ser discutida por los acreedores a través del oportuno incidente concursal.

1) DIEZ-PICAZO, L. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, pág. 110.

2) BERMEJO, N. en Comentarios a la Ley Concursal, pág.1538.3

3) VEIGA, A. La verificación de los créditos en el concurso, señala que los administradores "están condicionados y vinculados al petitum de los acreedores cuando especifican y reclaman la inclusión de sus créditos", pág.308.

4) BERMEJO, N. op.cit. pag. 1591.

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