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MERCANTIL

¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer del ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales?

Coordinador: Alberto Arribas Hernández

Magistrado Sección 28 Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de lo Mercantil

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Se plantea una cuestión estrictamente procesal que afecta a la delimitación de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil, fuente de no pocos problemas interpretativos con evidente transcendencia en la práctica judicial.

Las opiniones de los expertos, tras delimitar la norma atributiva de la competencia objetiva de los Juzgados de lo mercantil y de perfilar el concepto de pacto parasocial, abordan, con muy diversos e interesantes matices, la cuestión planteada.

El artículo 86 ter 2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los juzgados de lo mercantil el conocimiento de todas aquellas cuestiones que dentro del orden jurisdiccional civil se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles.

Dicho lo anterior, podrá afirmarse la competencia de dichos juzgados en la medida en que las acciones ejercitadas para exigir el cumplimiento del pacto parasocial se funden en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles. La dificultad estriba, como es lógico, en determinar cuándo la cuestión se promueve al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles por seguir la ambigua terminología legal.

El criterio claramente mayoritario de los expertos se inclina por atribuir a los juzgados de primera instancia la competencia para conocer de las acciones por las que directamente se solicite el cumplimiento de pactos parasociales, sin perjuicio de alguna concreta matización y de la competencia de los juzgados de lo mercantil para el conocimiento de las demanda en que se ejercite la acción de impugnación de un acuerdo social que, con independencia de la causa de impugnación y de su prosperabilidad, siempre será competencia de dichos juzgados.

Algunas de las opiniones también abordan esta última e interesante cuestión analizando la posibilidad de impugnar un acuerdo social por vulnerar los pactos parasociales, detallando el estado actual de la jurisprudencia.


Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de enero de 2012.

La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduce novedades importantes, entre ellas, la creación de los juzgados de lo mercantil (artículo 86.bis) cuya competencia, según dispone su artículo 86 ter, se extiende a cuantas cuestiones se susciten en materia concursal de forma exclusiva y excluyente, así como "de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil" respecto de determinadas materias expresamente definidas en el punto 2º de este mismo artículo 86 ter.

La exposición de motivos de la citada Ley Orgánica 8/2003, tras manifestar que resulta necesario avanzar en la especialización mercantil por la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo, justifica la asignación de las materias sobre las que les corresponde conocer afirmando que "ni se atribuyen en este momento inicial a los juzgados de lo mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles". El legislador parte así de una asignación inicial prudente en la determinación de las materias propias de la competencia objetiva de estos Juzgados "abriendo con ello un camino de futuro" (Exponendo II, párrafo cuarto).

Para determinar la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil resulta esencial la determinación de la materia objeto de la pretensión y que ésta resulte ser alguna de las expresamente definidas en el punto 2º del artículo 86 ter, quedando el resto de las materias civiles para el conocimiento de los jueces de primera instancia (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11 de octubre de 2007).

Entre las materias del orden jurisdiccional civil que el artículo 86 ter.2º atribuye a los jueces de lo mercantil y de las cuales el mismo debe conocer se encuentran "todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas" (Artículo 86 ter.2º.a) LOPJ). En este contexto resulta también necesario recordar el texto de la disposición adicional octava, en su apartado primero, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que señala la competencia de los jueces de lo mercantil para tramitar y decidir en primera instancia de los procesos civiles sobre impugnaciones de acuerdos sociales establecidos en la normativa sobre sociedades anónimas y limitadas, hoy sociedades de capital.

Llegados a este punto conviene recordar que los pactos parasociales son convenios o pactos entre socios celebrados al margen de la escritura de constitución y de los estatutos sociales, en los que los socios se obligan a determinadas prestaciones y/o a cumplir determinadas obligaciones de hacer o no hacer y, por tanto, tienen naturaleza contractual (Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6ª, de 16 de junio de 2011).

Aun cuando los pactos parasociales tienen conexión con la actuación y actividad de la sociedad, dado que no es posible como regla general que intervengan elementos subjetivos u objetivos ajenos a la actuación societaria, no debe olvidarse que la eficacia del pacto vincula a los socios que forman parte del mismo (artículo 1257 Cc) y que, en consecuencia, su eficacia no vincula a los socios no firmantes ni a la propia sociedad (artículo 29 LSC). Por tanto, aun cuando puedan estos pactos parasociales considerarse negocios o contratos conexos con la actividad societaria, no cabe duda de que su naturaleza es eminentemente contractual.

No debe olvidarse a este respecto que el Tribunal Supremo ha declarado que los pactos parasociales mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vinculo obligatorio entre ellos, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos en la ley y los estatutos, son válidos siempre que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad (STS de 6 de marzo de 2009) y que la mera infracción del convenio parasocial de que se trata no basta, por sí sola, para anular un acuerdo impugnado (SSTS de 10 de diciembre de 2008 y de 2 de marzo de 2009).

Ello lleva a la conclusión de que las pretensiones cuyo objeto consistan en la exigencia de cumplimiento de un pacto parasocial derivadas de un posible incumplimiento del mismo, deben ser consideradas como una reclamación netamente civil cuya competencia correspondería a los juzgados de primera instancia. En este sentido se manifiesta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 20 de septiembre de 2010.

Cosa distinta sería si, con ocasión del incumplimiento de un pacto parasocial, se hubiese ejercitado una acción de impugnación de un acuerdo social, o incluso aquellas otras pretensiones en las que se discuta, no la validez o cumplimiento de un convenio parasocial, sino su eficacia frente a un acuerdo de la junta de socios, en cuyo caso la competencia correspondería a los jueces de lo mercantil.

El artículo 86 ter número 2 LOPJ, establece que los Juzgados de lo Mercantil "conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil", pasando a relacionar a continuación las materias que se atribuyen a su conocimiento. Dentro de dicha relación quedan incluidas, en la letra a) del precepto citado, "todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas".

De acuerdo con la dicción del citado precepto y, por lo que aquí interesa, la competencia de los Juzgados de lo Mercantil se ciñe a "cuestiones promovidas al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles". De ahí que en cuestiones societarias, para que pueda considerase materia dentro de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, es preciso que se trate de pretensiones cuyo anclaje se halle en la "normativa reguladora de las sociedades mercantiles".

En vista de lo anterior podemos reformular la cuestión planteada en el sentido de si el ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales puede considerarse que tiene su encaje en la "normativa reguladora de las sociedades mercantiles".

La mejor doctrina define el pacto parasocial como aquel convenio celebrado "entre algunos o todos los socios de una sociedad anónima o limitada con el fin de completar, concretar o modificar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigen", los cuales "no se integran en el ordenamiento de la persona jurídica a que se refieren, sino que permanecen en el recinto de las relaciones obligatorias de quienes los suscriben" [PAZ ARES, Cándido; El enforcement de los pactos parasociales; Actualidad Jurídica Uría & Menéndez 5/2003; Madrid (2003) pág. 19].

De la definición que acabamos de trascribir destacan las dos siguientes notas:

a) Se trata de pactos entre alguno o todos los socios de una sociedad; y,

b) No se integran en el ordenamiento de la persona jurídica.

El acierto de la definición más arriba transcrita lo certifica el tenor del artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital -tributario del artículo 7.1 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 11.1 de la derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada- según el cual "los pactos que se mantengan reservados entre los socios, no serán oponibles frente a la sociedad".

La conclusión inicial de lo que llevamos dicho es que si la exigencia de cumplimiento de los pactos parasociales se sitúa en la esfera de las obligaciones inter socios, el artículo 86 ter LOPJ no permite considerar que las acciones que se ejercitan para exigir su cumplimiento queden incluidas dentro del ámbito de competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil.

Ahora bien, cabe plantear ciertos supuestos en que el incumplimiento de pactos parasociales tenga incidencia en la esfera societaria, provocando un vicio en los acuerdos sociales que se hubieran adoptado trasgrediendo el tenor de aquellos. Se trata de analizar si una tal transgresión permite el ejercicio de la acción de impugnación contra los acuerdos sociales infractores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 204.1 LSA.

La ausencia de vinculación de la sociedad a los pactos parasociales (ex artículo 29 LSC) hace que la jurisprudencia no sea proclive a esta posibilidad. La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 2009, siguiendo una línea interpretativa previamente establecida (vid. STS de fecha 1 de diciembre de 2008), afirma que "lo que el recurso plantea es la necesidad de decidir si los dos acuerdos sociales impugnados pueden ser declarados nulos o anulados por contravenir, si es que lo hacen, lo pactado por los socios en aquella ocasión. La impugnación de los acuerdos del consejo de administración de las sociedades de responsabilidad limitada, clase a la que pertenece la demandada, se rige por las normas reguladoras de la de los acuerdos de la junta general de accionistas en el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas - artículo 70, apartado 2, de la Ley 2/1.995 - y, entre ellas, por la del artículo 115, apartado 1 , de dicho texto, que condiciona el éxito de la impugnación a que los acuerdos sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad. De la literalidad del referido precepto resulta como consecuencia que la mera infracción de un convenio parasocial no baste, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social - sentencia de 10 de diciembre de 2.008 -. Lo que, en el supuesto que se enjuicia, caracterizado porque los acuerdos son plenamente conformes con los estatutos y no se han impugnado por lesionar los intereses sociales, implica la necesidad de averiguar si infringieron, además de o junto al pacto, alguna norma jurídica" (énfasis añadido).

A pesar de la respuesta jurisprudencial, nuestra doctrina considera que no cabe cerrar las puertas a la posibilidad de que la infracción de un pacto parasocial pueda acarrear la anulabilidad de un acuerdo social y, por tanto, que su incumplimiento trascienda la esfera obligacional para adentrarse en la esfera societaria.

Para ello bastaría con que el pacto parasocial por un lado, hubiera sido firmado por todos los socios; y, por otro, que pudiera sostenerse que su contenido refleja el "interés social". En tal caso, los acuerdos sociales adoptados en su contravención podrían incurrir en el supuesto de anulabilidad previsto en el artículo 204.1 in fine LSA. Nótese que el tenor de la Sentencia parcialmente transcrita tampoco excluye esta posibilidad.

No cabe duda que las acciones de impugnación de acuerdos sociales son materia atribuida a la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil al encontrarse comprendidas dentro de la "normativa reguladora de las sociedades mercantiles", por lo que, por esta vía, los Jueces de lo Mercantil podrían asumir el conocimiento de cuestiones relativas al cumplimiento -o consecuencias del incumplimiento- de los pactos parasociales.

Se plantea en esta ocasión una cuestión que tiene la complejidad propia de todas las que tienen que ver con los denominados pactos parasociales. Dos son los elementos de análisis que parecen básicos para abordarla. El primero, naturalmente, de naturaleza normativa, es el conocido artículo 86 ter.2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("LOPJ"), que atribuye competencia objetiva a los Juzgados de lo Mercantil para conocer de "todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa de sociedades mercantiles y cooperativas"(1). La segunda, de naturaleza doctrinal, es el que considero el verdadero comentario de referencia en esta materia: Paz-Ares, C., "El enforcement de los pactos parasociales", en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 5, 2003, pp. 19 y ss(2).

Comencemos por el principio, esto es, por entender qué son los pactos parasociales. Con esta expresión se designan los convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una sociedad mercantil (anónima o limitada) con el fin de completar, concretar o modificar, en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que les rigen. La doctrina ha establecido también una extendida clasificación de los pactos parasociales en tres grandes categorías: los pactos de relación, los pactos de atribución y los pactos de organización. Se trata de una distinción relevante a los efectos considerados, porque en función del contenido de los pactos se podrá determinar si guardan relación con cuestiones relativas a la normativa de sociedades mercantiles que sean competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Cabe, no obstante, hacer una advertencia de partida. Las inevitables limitaciones de espacio de este comentario determinan que las consideraciones se formulen en términos generales y sin precisiones y matizaciones que, sin embargo, se habrán de tener en cuenta necesariamente en cada caso concreto. La experiencia demuestra que en no pocas ocasiones resulta más que difícil poder encuadrar un determinado pacto en una de las categorías y que, en cambio, los hay que participan de las notas caracterizadoras de más de una de ellas.

Con la advertencia indicada, pueden establecerse las notas principales que caracterizan las categorías de pactos parasociales que se acaban de dejar indicadas. Los pactos de relación son los destinados a regular de manera directa las relaciones recíprocas entre los socios, sin mediación de la sociedad. En principio, se distinguen por su neutralidad frente a la sociedad; es decir, no tienen repercusión jurídicamente apreciable sobre la esfera social. Por su parte, los llamados pactos de atribución son aquéllos que se establecen con el fin de procurar la atribución de ventajas a la sociedad. El ejemplo paradigmático son los pactos que establecen obligaciones de financiación adicional de la sociedad por los socios. Finalmente, están los pactos de organización, seguramente los más relevantes y, a la vez, los más conflictivos desde un punto de vista jurídico. Son pactos que tienen por objeto expresar la voluntad de los socios de reglamentar la organización, funcionamiento y, en definitiva, el sistema de toma de decisiones dentro de la sociedad. Por su contenido, fácilmente se comprende que inciden de manera directa en la esfera jurídica de la compañía y que, por esta razón, se encuentran íntimamente relacionados con la normativa de sociedades que regula el sistema de organización, funcionamiento y toma de decisiones en la sociedad mercantil.

En el contexto indicado, no parece difícil concluir que el problema sometido a consideración se plantea con singular intensidad en el último grupo o categoría de pactos parasociales, esto es, el de los pactos de organización. Las acciones relativas a la exigencia de cumplimiento de los pactos de relación y de los de atribución, en la medida en que no inciden en la esfera organizativa interna de la sociedad, no plantean cuestiones relativas a la normativa de las sociedades mercantiles y, por tanto, no entran, ni siquiera indirectamente, en la norma atributiva de competencia del artículo 86 ter.2.a) LOPJ. Los pactos de relación, porque su ejecución específica no tiene incidencia directa en la esfera de la sociedad, de manera que por su propia naturaleza su efectividad puede lograrse en las relaciones entre los socios a través de la acción del artículo 1.124 del Código Civil, puesto en relación con los artículos 1.091 y 1.258 del mismo cuerpo legal. Tampoco plantea problemas el caso de los pactos de atribución porque, aunque su ejecución específica tiene incidencia en la esfera social (no en vano su objeto es procurar ventajas a la sociedad), no se trata de una incidencia directa en la esfera organizativa interna y está en manos de la propia compañía reclamar o no la atribución de la ventaja, para lo que, de nuevo, tiene a su disposición la acción de cumplimiento recién citada, cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.

Así las cosas, las dificultades se concentran, como se decía, en los denominados pactos de organización, cuyo cumplimiento se proyecta necesariamente sobre el sistema de organización interna de la propia sociedad. No en vano las obligaciones establecidas en este tipo de acuerdos se pueden reconducir, en definitiva y siempre con los matices necesarios, a obligaciones de voto en la adopción de acuerdos corporativos. Y no es difícil comprender que es precisamente la adopción de acuerdos corporativos la materia que más relación directa tiene con lo que el artículo 86 ter.2.a) LOPJ identifica como "cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles". En particular, afectan de manera directa a las normas legales y estatutarias sobre adopción de esos acuerdos.

Con todo, por más que exista esa relación directa con la esfera organizativa interna de la sociedad y que en el cumplimiento de las obligaciones indicadas se hayan de seguir y respetar las normas legales y estatutarias sobre adopción de acuerdos, se considera que debe mantenerse el criterio general relativo a la determinación de la competencia objetiva. Se trata de una acción destinada a obtener el cumplimiento de obligaciones establecidas entre los socios en un pacto parasocial y por tanto, una acción del artículo 1.124 del Código Civil, para cuyo conocimiento son competentes los Juzgados de Primera Instancia.

Ahora bien, cabe plantearse si habría alguna situación en la que pudiera reconocerse competencia a los Juzgados de lo Mercantil para enjuiciar si se ha producido o no un incumplimiento de un pacto parasocial de organización. La respuesta se considera positiva. Veámoslo.

Como se acaba de explicar, las obligaciones establecidas en los pactos de organización se traducen, al final del día, en obligaciones de voto para la adopción de acuerdos sociales. La cuestión es si un acuerdo social adoptado en contravención de un pacto parasocial podría ser objeto de impugnación a través del procedimiento previsto para ello en los artículos 204 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), antes en los artículos 115 y ss. de la Ley de Sociedades Anónimas ("LSA"). No se trataría de una acción de cumplimiento específico del pacto parasocial, sino de impugnación del acuerdo social adoptado en forma contraria a las obligaciones asumidas en el pacto parasocial. Sería, en definitiva, un camino indirecto para llevar a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de cuestiones relativas al cumplimiento de pactos parasociales.

El presupuesto de partida es, naturalmente, la existencia de un acuerdo adoptado por un órgano de la sociedad. Sin ese acuerdo, no parece que se pueda reconocer la posibilidad de acudir a los Juzgados de lo Mercantil para hacer valer pactos parasociales. A partir de ahí, es necesario determinar si puede identificarse un posible motivo de impugnación del acuerdo, de entre los establecidos en la Ley: "son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros" (art. 204.1 LSC). La doctrina ha identificado determinados supuestos en los que un acuerdo social contrario a un pacto parasocial puede incurrir en uno de los motivos de impugnación indicados. Veamos.

En principio, y con las salvedades que se verán, los pactos parasociales no son oponibles frente a la sociedad. Así lo establece el artículo 29 LSC (antiguo artículo 7.1 in fine LSA), según el cual "los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles frente a la sociedad". Sin embargo, paulatinamente ha ido calando en la doctrina y en los tribunales un planteamiento que propugna la oponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad cuando concurren determinadas circunstancias. En particular, Paz-Ares, op. cit., p. 19, sostiene que "el hecho de que los pactos parasociales queden fuera del ordenamiento de la persona jurídica, no impide que en determinadas ocasiones y bajo ciertos presupuestos pueda recurrirse a los mecanismos de enforcement específicos del derecho de sociedades".

Este autor fundamenta la oponibilidad en lo que denomina identidad objetiva e identidad subjetiva del pacto parasocial.

La inoponibilidad de los pactos parasociales frente a la sociedad se sustenta en el principio de relatividad de los contratos. Por ello, según este planteamiento, cuando quiebre su razón de ser, esto es, cuando los sujetos del pacto parasocial y del contrato social sean exactamente los mismos, no existirá razón alguna para negar la posibilidad de oponer directamente a la sociedad el contenido de los pactos parasociales. Elementales exigencias de razón jurídica invitan a pensar que en tales circunstancias no puede apelarse a la autonomía o separación formal de uno y otro cuerpo de reglas para dar licencia al incumplimiento.

La coincidencia subjetiva es condición necesaria para quebrar la regla de la inoponibilidad, pero no es condición suficiente. La inoponibilidad no obedece sólo a la idea de relatividad subjetiva, sino también a la idea de lo que puede denominarse relatividad objetiva. Y este último principio quiebra cuando los resultados que proporciona el ordenamiento societario son iguales o equivalentes a los que garantiza el ordenamiento contractual. Esto es precisamente lo que ocurre en los casos de impugnación de acuerdos sociales. Dado que los pactos parasociales, ‑como pactos privados- son susceptibles de ejecución específica o, en su defecto, cabe recabar la remoción de los efectos producidos por su incumplimiento, por esta vía al final podría obtenerse el mismo resultado que proporciona el Derecho societario (la nulidad del acuerdo impugnado).

Siendo esto así, carecería de sentido impedir que se invoque directamente la infracción del pacto parasocial para impugnar los acuerdos sociales indebidamente aprobados. La impugnación habría de hacerse valer a través de la invocación de una existencia de lesión del interés social, con beneficio de uno o varios socios o de terceros. Un relevante sector doctrinal entiende, así, que cualquier acuerdo social que contravenga un pacto suscrito por todos los socios revela una forma de deslealtad y, en esa medida, resulta contrario al interés social. Además se beneficiaría siempre a los accionistas que incumplen el pacto parasocial en detrimento de los accionistas que reclaman su cumplimiento como exponente del interés social. Así, por ejemplo, en Derecho comparado, la doctrina alemana (Schmidt, K., Gesellschaftsrecht, 2ª ed., Köln, 1992, p. 621) considera que si la mayoría aprueba un acuerdo contrario a los compromisos parasociales infringe su deber de lealtad frente a la minoría.

En definitiva, cuando concurran las dos condiciones indicadas (coincidencia subjetiva de partes de los pactos parasociales y del contrato de sociedad y coincidencia objetiva de los resultados del Derecho de obligaciones y del Derecho de sociedades), la regla de la inoponibilidad pierde su finalidad justificativa y debe entenderse abierta la vía para acudir al ámbito societario y, por el cauce del proceso de impugnación de acuerdos sociales, hacer efectivos los pactos parasociales, lo que naturalmente habrá de tener lugar ante los Juzgados de lo Mercantil ex artículo 86 ter.2.a) LOPJ.

La tesis indicada ha tenido una acogida desigual por la práctica judicial y la jurisprudencia. A favor puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992. Pueden también identificarse otras resoluciones judiciales que han reconocido eficacia societaria a los pactos parasociales, sobre la base de argumentos tales como el levantamiento del velo (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1987), la ficción de que el pacto parasocial constituye una junta universal informal (Sentencias de 26 de febrero de 1991 o 18 de marzo de 2003) o la aplicación de la doctrina del abuso de derecho (RDGRN de 26 de octubre de 1989). Como dice Paz-Ares, C., op. cit., p. 33, en estos casos las conclusiones se han alcanzado "de una manera más bien intuitiva, con una gran dosis de intuicionismo, voluntarismo y hasta decisionismo, recurriendo a argumentos escasamente elaborados o expedientes excesivamente genéricos".

Más recientemente, sin embargo, se han producido relevantes pronunciamientos jurisprudenciales que parecen cerrar el camino indicado. Destacan, en concreto, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008 y dos de 6 de marzo de 2009. Esas Sentencias se muestran a favor de la inoponibilidad de los pactos parasociales frente a la sociedad, incluso en los supuestos en que el pacto parasocial haya sido suscrito por todos los socios y, además, concluyen que la infracción de un pacto de socios no constituye por sí sola causa o motivo de impugnación de acuerdos sociales. Los razonamientos en que se basan estas resoluciones parecen, sin embargo, en exceso superficiales y formalistas. Además, tampoco descartan de raíz el planteamiento que se propone (aunque pueda entenderse que sí lo hacen de manera indirecta). En particular, la Sentencia de 10 diciembre de 2008 desestima el recurso de casación promovido por el accionista impugnante con base en consideraciones que tienen que ver con el propio planteamiento de la demanda inicial y del posterior recurso que se desestima, en el que no se denunció como motivo de impugnación la infracción del interés social. En concreto, se dice que la "tesis del recurso es que la doctrina jurisprudencial permite impugnar un acuerdo societario (de la Junta o del Consejo de Administración) que es contrario a un pacto parasocial, al constituir una ilegalidad la vulneración de éste por ser de obligado cumplimiento para los socios y consejeros". Lo mismo sucede con las Sentencias de 6 de marzo de 2009, según las cuales, "la mera infracción del convenio parasocial de que se trata no basta, por sí sola, para la anulación del acuerdo impugnado", pero no se descarta frontalmente la posibilidad de anular el acuerdo por lesión del interés social concretado en el contenido de ese convenio. Por ello, a pesar de estas resoluciones, en los casos y con las condiciones indicadas, no se acierta a comprender la razón jurídica material que impida la impugnación, por infracción del interés social, de un acuerdo contrario al pacto parasocial suscrito por todos los socios. Puede terminarse este comentario, además, con una más que acertada reflexión práctica: con este rígido planteamiento se obliga a "un calvario inútil" a la parte in bonis y , en cambio, "en el fondo, la ruptura de la regla de la inoponibilidad societaria obedece a un principio de racionalidad fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, esa racionalidad que subyace a la regla de la economía procesal o –para ser más precisos- a la regla dolo facit qui petit quod redditurus est" (Paz-Ares, C., op. cit, pp. 37 y 38).

Se plantea si los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer del ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales. A mi juicio, la respuesta es que depende de cuál sea el supuesto de hecho y cuál sea la acción que se pretenda ejercitar.

Recordemos, para situarnos en la cuestión, que tras rechazar inicialmente – en los años 50 – la validez de los pactos para sociales, nuestra legislación ha aceptado su existencia, si bien manteniendo su validez fuera del ámbito societario – estableciendo su inoponibilidad a la sociedad (artículo 7 del Texto Refundido de la LSA y actual artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital en el que se indica que "los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad") – y paulatinamente introduciendo cierta eficacia en el ámbito de algún tipo de sociedades y previa su publicidad, mediante su comunicación a la CNMV y su depósito en el Registro Mercantil (para las sociedades cotizadas, véanse los artículos 518 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

Curiosamente, la jurisprudencia ha seguido una línea aparentemente contradictoria, puesto que en sentencias más antiguas parecía sostener la validez y oponibilidad del pacto parasocial frente a la sociedad (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992 – RJ 1992/1204 – y de 24 de septiembre de 1987 – RJ 1987/6194), para, hace un par de años, restringir la eficacia de los pactos parasociales, negando que su incumplimiento pudiera invocarse en una acción de impugnación de acuerdos sociales (se trata de cuatro sentencias, de hechos similares – las de 10 de diciembre de 2008 - RJ 2009/17, 5 de marzo de 2009 - RJ 2009/1633 y dos del 6 de marzo de 2009 – RJ 2009/14200 y RJ 2009/14201). Aunque, como señala algún autor(3), no es fácil inferir de estas sentencias una oposición radical del Alto Tribunal a que los pactos parasociales puedan invocarse para reclamar la nulidad de un acuerdo social, en la medida en que el pacto había sido trasladado a los estatutos (es cierto que de tal forma que no protegía a los minoritarios de la manera que, aparentemente, se pretendían en el acuerdo parasocial). Si bien es cierto que en estas sentencias más recientes se analiza la jurisprudencia de las sentencias más antiguas de forma que concluye que "la mera infracción del pacto parasocial no basta, por si sola, para la anulación del acuerdo impugnado".

Como indicaba antes, a mi juicio, la competencia de los juzgados mercantiles vendría determinada por la acción que se ejercite. Así, si se impugna un acuerdo social (conforme a lo dispuesto en los artículos 204 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital) porque se entiende que con el mismo se ha incumplido lo pactado en el pacto parasocial(4), la competencia corresponderá al Juzgado Mercantil, puesto que la impugnación de acuerdos sociales es una acción derivada de la normativa societaria – conforme a lo dispuesto en el artículo 86 ter.2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial(5). Otra cuestión será cuál sea la alegación que se pueda realizar sobre el fondo del asunto(6), en la medida en que el artículo 204 LSC establece la nulidad o anulabilidad de los acuerdos que se opongan a la ley, a los estatutos o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. De esta forma que habrá que invocar que la infracción del pacto parasocial, bien supone una oposición a lo dispuesto en los estatutos y la interpretación que de los mismos supone el pacto parasocial, bien lesiona el interés social(7) – entendido como el interés de todos los socios (lo que, sin embargo, sigue la tesis contractualista del interés social, aparentemente rechazada por el legislador al definir el interés social como el interés de la sociedad) o el deber de fidelidad de los mismos(8).

Sin embargo, si la acción que se ejercita es la de cumplimiento del contrato – esto es, se trata, por ejemplo, de exigir que se adopte un acuerdo social, por medio de emitir una declaración de voluntad según lo pactado en el pacto parasocial – la competencia será de los Juzgados de Primera Instancia, en la medida en que no se trata de una acción basada en la normativa societaria, sino en el pacto parasocial que hayan alcanzado los socios (se trataría, por lo tanto, de una acción de cumplimiento del contrato, conforme a lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil).

No podemos desconocer que esta solución no deja de plantear problemas(9), pero argumentar que el cumplimiento del pacto parasocial, por si solo, puede ser competencia de los Juzgados de lo Mercantil se nos antoja muy complicado, sobre todo dado que nuestra jurisprudencia siempre ha mantenido separado el marco societario y el parasocial y, en definitiva, si se trata de exigir el cumplimiento de dicho pacto difícilmente se puede invocar la normativa societaria –a la que es ajena– y el fundamento de la acción siempre será el propio acuerdo y su eficacia, derivada de las normas civiles generales(10).

Esta es la posición que nos parece más correcta y que aparece recogida en el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid – sección 20ª – de 30 de mayo de 2011 (recurso 137/2010 – Auto 126/2011) que considera que la acción por la que se pretende exigir el cumplimiento del pacto parasocial "está plenamente incardinada en la competencia objetiva atribuida a los Juzgados de lo Civil por el artículo 85.1 LOPJ". Si bien es cierto que hay también un pronunciamiento contrario, que atribuye la competencia para conocer sobre el cumplimiento del pacto parasocial, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Auto de 9 de febrero de 2011 (recurso 458/2010 – Auto 17/2011). Dicho Auto argumenta la competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil para conocer de la acción relativa al cumplimiento del pacto parasocial invocando "un criterio de conexión objetiva que atrae su propia competencia, en la medida en que el derecho a percibir las cantidades reclamadas se hace derivar de la existencia de un pacto extra-estatutario o parasocial, relativo al reparto de los ingresos o beneficios entre los socios. Este planteamiento suscita o puede suscitar la cuestión de la eficacia del pacto parasocial frente a la sociedad que deberá determinarse por aplicación o por lo menos teniendo en cuenta la normativa societaria y, por otro lado, presenta una estrecha vinculación con la anterior pretensión relativa al reconocimiento de la condición de socio del actor". De los antecedentes que aparecen en esta resolución, no se puede deducir claramente la conexión que aprecia el Auto, más bien, parece que la acción acumulada (en la que se solicitaba el reconocimiento de la condición de socio del demandante) era un pronunciamiento prejudicial de la acción que solicitaba la condena a la sociedad del pago de las cantidades pactadas.

Para terminar, tampoco podemos olvidar que se ha considerado en alguna ocasión que los pactos parasociales podrían considerarse acuerdos sociales adoptados en junta universal (STS de 26 de febrero de 1991 – RJ 1991/1600)(11). Pero incluso en estos casos, en mi opinión, la acción para exigir su cumplimiento sería competencia de los Juzgados Civiles y sólo la impugnación del acuerdo recaería dentro de la competencia objetiva de los Juzgados Mercantiles.

La delimitación de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil en aquellas materias no relacionadas con el concurso de acreedores es probablemente una de las cuestiones más controvertidas de la creación de esta nueva jurisdicción especializada, controversia que viene provocada esencialmente por la ausencia de criterios dogmáticos y sistemáticos que fundamenten dicha atribución, lo que parece poner de manifiesto que ésta responde, más bien, a criterios puramente de oportunidad (así se desprende de la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal). A su vez, también es apreciable una cierta falta de homogeneidad en la delimitación de la competencia objetiva respecto de cada una de las materias cuyo conocimiento se atribuye a los juzgados de lo mercantil que, igualmente, contribuye a dificultar su interpretación (sobre esta cuestión ya tuvimos oportunidad de pronunciarnos en este foro con ocasión del análisis de otro supuesto conflictivo, la competencia de los juzgados de lo mercantil relativa a los recursos contra las calificaciones realizadas por los registradores de bienes muebles).

Entre dichas materias, por lo que se refiere en particular a las cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho de sociedades, el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que los juzgados de lo mercantil conocerán de las cuestiones que sean de la competencia del orden jurisdiccional civil que «... se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas» (apartado 2, letra a). A partir de ello, sin perjuicio de que la atribución a los juzgados de lo mercantil de la competencia para conocer de cuestiones relacionadas con la regulación de las sociedades mercantiles y las cooperativas resulte ciertamente poco cuestionable por tratarse de materias genuinamente mercantiles (y ello aun cuando no se hayan atribuido a estos juzgados la competencia sobre todas las materias mercantiles), la precisa delimitación del conjunto de cuestiones cuyo conocimiento se atribuye a estos juzgados en esta concreta área no es ni mucho menos sencilla. Así, al margen de algunas cuestiones respecto de las que no se plantea controversia alguna (por ejemplo, las acciones de impugnación de acuerdos sociales o las acciones para exigir responsabilidad a los administradores sociales), existen otras en las que se plantea la duda por diferentes razones. Y entre ellas, en este momento nos planteamos si los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer de acciones en las que se exija el cumplimiento de pactos parasociales.

A este respecto, debe partirse del criterio delimitador básico de la competencia objetiva en materias propias del Derecho de sociedades que se refiere a que la acción haya sido promovida «al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles». Evidentemente ello no puede interpretarse en el sentido de que basta la mera alegación de una norma contenida en la regulación aplicable a las sociedades mercantiles para considerar que el conocimiento del asunto correspondería a los juzgados de lo mercantil, sino que será necesario que la pretensión ejercitada se fundamente en dicha normativa. En relación con ello conviene subrayar que los juzgados de lo mercantil constituyen una jurisdicción especializada y, por tanto, que su competencia viene delimitada exclusivamente por las materias que le son atribuidas expresamente, correspondiendo las no atribuidas a la competencia de la jurisdicción civil. Ello no impide que, aplicando un criterio flexible en materia de acumulación de acciones, el carácter conexo o relacionado puede ser suficiente para atribuir la competencia para conocer sobre una materia al juez de lo mercantil que conozca sobre un asunto en el que se aplique la regulación de las sociedades mercantiles (por ejemplo, determinar la existencia de una deuda de la sociedad con un tercero como presupuesto para declarar la responsabilidad del administrador social frente al tercero acreedor). Pero, al margen de ello, para determinar la competencia en relación con los asuntos relativos a sociedades mercantiles habrá de analizarse la pretensión principal que se ejercite en el proceso.

Los pactos parasociales cuentan en la actualidad con reconocimiento legal expreso en el ámbito del Derecho de sociedades (sin perjuicio de la admisibilidad que derivaba de la tradicional aceptación en la legislación sobre sociedades de los llamados «pactos reservados») en el cual, al margen de la referencia a estos acuerdos en relación con la delimitación del ámbito de aplicación de ciertas normas (por ejemplo, el concepto de grupo de sociedades -cfr. art. 42, apartado 1, c del Código de Comercio- o la obligación de formular oferta pública de adquisición de acciones –art. 60 Ley del mercado de valores-), se establece un régimen para regular su publicidad en caso de que versen sobre sociedades anónimas cotizadas (cfr. los arts. 530 y ss. de la Ley de sociedades de capital –en adelante, LSC-). Fuera de este último supuesto, los pactos parasociales carecen de regulación legal por lo que su régimen sobre constitución, contenido, cumplimiento y extinción, se determinará a partir de su naturaleza jurídico-obligacional. Desde esta perspectiva no parece cuestionable, por tanto, que la acción para exigir el cumplimiento de un pacto parasocial (fuera del concreto ámbito de las sociedades cotizadas, al que nos referimos posteriormente) no podrá ampararse en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y, en consecuencia, que la competencia para conocer de la misma no corresponde a los juzgados de lo mercantil. Ello no significa, sin embargo, que un juez de lo mercantil no pueda conocer de un asunto en el que se plantee la eficacia de un pacto parasocial si bien, ello únicamente podría suscitarse cuando se plantee como materia conexa de una cuestión que se incluya en el ámbito de su competencia objetiva (así podría suceder, por ejemplo, en los casos en los que se acumule una acción de cumplimiento de un pacto parasocial con otra acción como la de impugnación de acuerdos sociales –cfr. a este respecto, entre otras, las SSTS de 10 de diciembre de 2008 y 6 de marzo de 2009-).

Junto a ello, en relación con los pactos parasociales referidos a sociedades anónimas cotizadas también podría plantearse la competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de pretensiones en las que se alegue la ineficacia de un pacto parasocial como consecuencia del incumplimiento de las normas de publicidad previstas en la LSC para aquéllos (el art. 533 LSC determina que dichos pactos, en tanto no tengan lugar las comunicaciones, el depósito y la publicación como hecho relevante, «no producirán efecto alguno») pues, en tal caso, podría interpretarse que se trata de una pretensión amparada en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles.

La respuesta a la cuestión que se nos plantea requiere analizar el substrato fundacional de toda sociedad para, desde él, valorando la naturaleza propia de estos pactos, analizar la relación entre sociedad y pacto parasocial a fin de determinar si existe relación justificativa de la atribución competencial en los términos del artículo 86 ter-2-a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye el conocimiento a los Juzgados de lo Mercantil de todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

Pues bien, dos son los requisitos del acto fundacional de una sociedad mercantil, de un lado, los componentes negociales, común a todo tipo de sociedad y, de otro, la inscripción en el Registro Mercantil.

En efecto, la sociedad, sea mercantil o civil, tiene como base el contrato. Se constituye en virtud de un contrato, con la excepción de las unilaterales que se origina en un acto unilateral -art 19-1 LSC-. Las sociedades derivan, por tanto, de un negocio jurídico que de ordinario es un contrato. La sociedad es por tanto, en su origen, un contrato.

Los pactos parasociales son negocios contractuales celebrados entre los socios de una sociedad teleológicamente destinados a regular aspectos no contemplados en los estatutos de la sociedad a la que pertenecen las partes que celebran dicho negocio. CANDIDO PAZ ARES los define como "convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una S.A. o S.L. con el fin de completar, concretar o modificar sus relaciones internas y las relaciones legales y estatutarias que la rigen" y el Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de marzo de 2009 –a la que seguidamente también haremos referencia- afirma que los pactos parasociales­ son aquellos mediante los cuales los socios pretenden regular, con la fuerza del vínculo obligatorio, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos para ello en la ley los estatutos.

Es cierto que el Tribunal Supremo, en esta Sentencia, mantiene la doctrina establecida en las Sentencias anteriores de 10 de diciembre de 2008 y de 5 de marzo de 2009 sobre la inoponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad, salvo que los mismos hayan sido incorporados a los estatutos de la misma. En este sentido se pronuncia el artículo 29 LSC. Ello significa que, desde un punto de vista societario, los acuerdos únicamente tienen efectos contractuales entre aquellos que los firman y no para la sociedad. Y no solo se reconoce a estos pactos la eficacia derivada del principio de relatividad contractual –art 1257 CC- sino que además se le reconoce por la doctrina jurisprudencial –STS de 4 de junio de 2010- la plena autonomía de la voluntad –art 1255 CC- sin restricciones por razón de la normativa societaria, señalando en concreto dicha resolución que los pactos parasociales no están constreñidos por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias.

De cuanto hemos señalado deriva por tanto, uno, que los pactos parasociales tiene un contenido societario, pues se celebran entre socios para regular sus relaciones internas, dos, que están al margen de la sociedad en base al principio de relatividad contractual y, tres, que están amparados por el principio de libre autonomía de la voluntad lo que les da un contenido tan amplio como dicha autonomía permita en derecho.

Pues bien, lo que concluimos de todo ello es que estamos ante un contrato autónomo de la sociedad a la que pretende, en algunos de sus aspectos y de manera indirecta, regir. Independencia estructural pero finalidad societaria pues el acuerdo es puramente societario y su contenido conforma una forma, dice la doctrina, de sociedad interna puramente obligacional. Siendo así, la vinculación descrita por su fin, al margen de su configuración estructural autónoma, que otorgan a estos pactos naturaleza societaria, debería conllevar la atracción del conocimiento del cumplimiento de estos pactos a los órganos competentes para conocer de las cuestiones societarias y, por tanto, de los Juzgados de lo Mercantil.

1) No se abordará en este comentario, por exceder de su objeto y, además, haber sido materia tratada en comentarios anteriores, la tantas veces discutida cuestión de la coordinación de los asuntos con materias conexas y, en concreto, la relativa a si cabe o no la acumulación de acciones cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de acciones de competencia de los Juzgados de lo Mercantil. También en la respuesta a la pregunta planteada pueden producirse situaciones en las que sea necesario enfrentarse a esa polémica cuestión. Así ocurrirá, por ejemplo, si se plantea la posibilidad de ejercitar de forma acumulada una acción del artículo 1.124 del Código Civil para obtener el cumplimiento específico de un pacto parasocial y una acción de impugnación del acuerdo social adoptado en infracción de ese mismo pacto parasocial. Para mayor detalle y extensión sobre esta cuestión, vid., de nuevo con petición de disculpas por lo pretencioso de la "autocita" (pues esas mismas disculpas pedí con ocasión de la misma cita), mi anterior trabajo "La competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil", en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, número extraordinario (Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González), 2006, pp. 47 y ss.

2) Son muchos los autores que se han ocupado de los pactos parasociales, de su eficacia y oponibilidad frente a la sociedad. Al margen de los incluidos de forma expresa en el comentario citado, también pueden mencionarse, entre los de fecha posterior, Alonso Ledesma, C. voz "Pactos parasociales", en Diccionario de Derecho de Sociedades, Madrid, 2006, p. 857; Fernández del Pozo, L., "El 'enforcement' societario y registral de los pactos parasociales. La oponibilidad de lo pactado en protocolo familiar publicado", en RdS, nº 29, 2008, pp. 171 y ss; Pérez Millán, D., "De la posible impugnación de acuerdos sociales por infracción de pactos parasociales", Comunicación presentada a la Jornada Internacional "Reflexiones sobre la Junta General de las sociedades de capital", organizada en el marco del proyecto de investigación SEJ 2007-63752/JURI "Estudio de la función de la Junta General en las sociedades de capital: problemas y propuestas de solución", 2009; Casado Valderrábano, J. R., "Eficacia frente a la propia sociedad de los pactos parasociales. Comentario a la Sentencia del juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo de 11 de marzo de 2009", en Anuario Contencioso para Abogados 2009, Hierro Hernández-Mora, A., Caínzos Fernández, J. A., Moscardó Morales-Vara del Rey, M. y Remón Peñalver, J. (dirs.), Madrid, 2009, pp. 109 y ss.; Gispert Soteras, M., "Proceso de ejecución forzosa de laudo arbitral", en Anuario Contencioso para Abogados 2009, Hierro Hernández-Mora, A., Caínzos Fernández, J. A., Moscardó Morales-Vara del Rey, M. y Remón Peñalver, J. (dirs.), Madrid, 2009, pp. 239 y ss.; Sáenz Lacave, M. I., "Los pactos parasociales de todos los socios en Derecho español. Una materia en manos de los jueces", en InDret, 3/2009; y Vaquerizo, A. "Art. 29", en Rojo-Beltrán (dirs.), Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, Tomo I, Madrid, 2011, pp. 397 y ss.. De manera especial, cabe también destacar el reciente comentario Paz-Ares, C., "La validez de los pactos parasociales", en Diario La Ley, 17051/2011, pp. 12 y ss.

3) REDONDO TRIGO, F. "Los pactos parasociales y la impugnación de acuerdos sociales por su infracción tras la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº715.

4) Como proponía PAZ-ARES, C. en "El enforcement de los pactos parasociales" Actualidad Jurídica Uría & Menéndez – número 5, mayo 2003.

5) Aunque no deja de haber opiniones en contra, PEREZ MILLÁN D. "Presupuestos y fundamento jurídico de la impugnación de acuerdos sociales por incumplimiento de pactos parasociales" RDBB, núm. 117 / Enero-Marzo 2010 – quien afirma "apelando únicamente a la economía procesal sigue sin indicarse la causa que conforme a la legislación societaria permite impugnar el acuerdo social".

6) Dificultad que señala PEREZ MILLÁN, D. "De la posible impugnación de acuerdos sociales por infracción de pactos parasociales".

7) JUSTE.J. "Pactos parasociales e impugnación de los acuerdos sociales: el acceso de las minorías al consejo" Anuario Mercantil. Los casos más relevantes en 2008 de los grandes despachos.

8) Tal y como argumenta SÁEZ LACAVE, Mª.I. "Los pactos parasociales de todos los socios en derecho español. Una materia en manos de los jueces". Revista de Sociedades, número 34/2010.

9) Como señalan RUIZ-CAMARA, J. y TORREGROSA, E. "Nuevamente a vueltas con la eficacia de los pactos parasociales (a propósito de las SSTS de 6 de marzo de 2009), Actualidad Jurídica Uría Menendez 24/2009.

10) En este sentido SANCHEZ ALVAREZ, M. "Comentario a la Sentencia de 5 de marzo de 2009" Cuadernos Civitas de jurisprudencia, número 81/2009, señala que "si los socios no han querido incluir la prestación en los estatutos es, precisamente, porque quieren separar netamente el ámbito obligatorio del societario".

11) SANCHEZ ALVAREZ, M. "Comentario a la Sentencia de 5 de marzo de 2009" Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, número 81/2009.

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