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MERCANTIL

¿Es válida la convocatoria de Junta General de una Sociedad de Responsabilidad Limitada efectuada por dos de sus tres administradores conjuntos con facultades mancomunadas?

Coordinador: Alberto Arribas Hernández

Magistrado de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializado en lo Mercantil

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En el supuesto de que la administración de una sociedad de responsabilidad limitada se encomiende conjuntamente a tres administradores que deban actuar mancomunadamente se plantea la duda de si es válida la convocatoria de la junta general acordada por dos de ellos cuando los estatutos confieren el poder de representación a dos cualesquiera de los mismos o a los convocantes.

El artículo 233.2.c de la Ley de Sociedades de Capital, de reciente entrada en vigor (1 de septiembre pasado) -antes, en similares términos, el artículo 62.2.c) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada- establece que: "En la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos". Idéntica previsión se contiene en el artículo 185.3.c) del Reglamento del Registro Mercantil.

La dificultada de la cuestión planteada estriba en que los administradores societarios tienen atribuidas dos tipos de funciones en el vigente artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital (antes en el artículo 12.2.f de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada): la administración y la representación de la sociedad. La primera se refiere a la gestión interna de la sociedad y la segunda al ámbito de representación externo, sin que necesariamente tenga que coincidir la titularidad del poder de gestión y el de representación.

En el plano representativo corresponde a los administradores la función de representar a la sociedad en juicio y fuera de él, vinculando a la sociedad en sus relaciones con terceros (artículos 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ahora 233.1 de la Ley de Sociedades de Capital), pero la decisión de convocar la junta es un típico acto de gestión interna y, en consecuencia, la duda es si deben aplicarse también en este caso las normas de atribución del poder de representación o necesariamente deben tomar la decisión de convocarla todos los administradores conjuntos.

Las opiniones de los expertos haciéndose eco de esta distinción se posicionan claramente a favor de diferenciar ambos planos de actuación inclinándose por la nulidad de la convocatoria de la junta que no haya sido decidida por todos los administradores mancomunados, introduciendo matizaciones de interés tales como la distinción entre el acto de decisión de la convocatoria y la formalidad de la convocarla o el riesgo de que la actuación del discrepante encubra una actuación que incurra en abuso de derecho.


Este foro ha sido publicado en el Boletín "Mercantil", el 1 de octubre de 2010.

La cuestión que se formula es de indudable trascendencia. No en vano el incumplimiento de los requisitos legales imperativos en la convocatoria de la Junta General puede acarrear la nulidad de la propia Junta y, por ende, de los acuerdos en ella adoptados.

Se dejan al margen los supuestos de acefalia o falta de operatividad del órgano de administración a que se refiere el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), prácticamente coincidente con el artículo 45.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ("LSRL"). Así las cosas, el punto de arranque de análisis de la cuestión se ha de situar en el artículo 166 LSC (antes artículo 45.1 LSRL), según el cual "la junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad". La competencia para la convocatoria corresponde, pues, al órgano de administración, para lo que habrá de estarse a la estructura de ese órgano, que en el presente caso consiste en tres administradores conjuntos con facultades mancomunadas.

Para resolver la cuestión suscitada, una buena parte de la doctrina acude a las reglas sobre ejercicio del poder de representación, antes en el artículo 62 LSRL y ahora en el 233 LSC, en cuyo apartado 2.c) se dispone que "en la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos. Si la sociedad fuera anónima, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente". El texto coincide de manera prácticamente literal con el artículo 185.3.c) del Reglamento del Registro Mercantil ("RRM"). Este planteamiento es mantenido, por ejemplo, por Barba de Vega, J., "Junta General", en La sociedad de responsabilidad limitada, Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (coord.), Navarra, 2006, pp. 342 y ss; y por Prendes Carril, P., La sociedad de responsabilidad limitada. Compendio de jurisprudencia comentada, Navarra, 2008, pp. 332 y ss. Según el primero de los autores indicados, "si se trata de dos administradores conjuntos serían ambos los que, actuando mancomunadamente, tendrían que acordar la convocatoria (si fueran más de dos, tendrían que acordarla en la forma prevista en los estatutos y teniendo que intervenir necesariamente al menos dos de ellos)". Según esta tesis, por tanto, la validez de la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores conjuntos estaría sujeta a que se realizase en la forma determinada en los estatutos de la sociedad. Queda sin responder, sin embargo, qué pasaría si los estatutos nada dicen al respecto. Sobre esta cuestión y haciendo referencia al ejercicio del poder de representación, De la Cámara, M., Curso sobre sociedades de responsabilidad limitada, Madrid, 1998, p. 209, entiende que "en caso de silencio, nos inclinamos por la posibilidad de que actúen sólo dos; la expresión 'en la forma determinada por los estatutos' cabe referirla a la hipótesis de que los estatutos determinen cuáles son los administradores que pueden actuar mancomunadamente prescindiendo del otro o que, para algunos casos, sea necesario que actúen todos los administradores y para otros sólo dos. Insistimos en que no se debe confundir el carácter inderogable del poder atribuido a los administradores con la estructura del órgano administrativo, que desde el momento en que ha de determinarse en los estatutos, sí es oponible a terceros". El razonamiento, sin embargo, deja sombras de duda, pues también puede entenderse que para el válido ejercicio del poder de representación por al menos dos de los administradores mancomunados es preciso que los estatutos establezcan la forma de ese ejercicio, de manera que, no haciéndolo, permanece vigente la exigencia de ejercicio de manera conjunta por todos ellos.

Sin embargo, la expuesta no parece la aproximación más correcta para la solución del problema planteado. No cabe acudir a la regulación de la forma de ejercicio del poder de representación para determinar la forma de ejercicio del poder de gestión. Son dos cosas distintas. En el caso de la administración mancomunada, existe una disociación entre la titularidad del poder de representación, que depende de lo dispuesto en los estatutos y se sujeta a las reglas del artículo 233.2.c) LSC; y el poder de gestión, que corresponde al conjunto de los administradores mancomunados y que, por tanto, habrá de ejercitarse por todos ellos de forma conjunta, como resulta connatural a esta forma de organización de la administración de la sociedad. La especialidad prevista legalmente para el ejercicio del poder de representación significa, en palabras de un sector la doctrina, que "si la atribución del poder de representación recae en sólo algunos administradores entendemos que el no respeto de las exigencias internas de aprobación o autorización por el conjunto de administradores titulares del poder de gestión mancomunado no afecta a la validez del acto" (Esteban Velasco, G., "Algunas reflexiones sobre la estructura orgánica de la sociedad de responsabilidad limitada en la nueva Ley", en Derecho de sociedades de responsabilidad limitada. Estudio sistemático de la Ley 13/1995, Tomo I, Rodríguez Artigas, F., García Villaverde, R., Fernández de la Gándara, L., Alonso Ureba, A., Velasco San Pedro, L. y Esteban Velasco, G. (coords.), Madrid, 1996, p. 563). Se trata, en definitiva, de diferenciar dos dimensiones en la actuación de los administradores: la externa o de relación con terceros, a la que corresponde la regulación del poder de representación; y la interna, a la que corresponde el ejercicio del poder de gestión.

En este sentido, no puede dudarse que la convocatoria de la Junta es una de las actuaciones que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión o administración y que tiene una dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios (cfr, Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 8 de marzo de 2005, relativa a un caso en que la estructura del órgano era de Consejo de Administración, pero que destaca la faceta interna de la convocatoria de la Junta y, con ello, de la competencia para realizar la convocatoria). Desde esta perspectiva, no cabe acudir a la regulación del ejercicio del poder de representación para determinar si la convocatoria efectuada por dos de los tres administradores mancomunados es o no válida. Se ha de estar exclusivamente a las consecuencias de la estructura del órgano, que en el presente caso pasan por la exigencia de actuación conjunta de todos los administradores mancomunados, de manera que la decisión de convocatoria ha de adoptarse por todos ellos. Ello conduce a dar una respuesta negativa a la pregunta formulada. Esta posición es mantenida entre la doctrina por Martínez Nadal, A., "Art. 45", en Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Arroyo, I., Embid, J. M. y Górriz, C. (coords.), Madrid, 2009, p. 614, para quien "en caso de varios administradores mancomunados... serán todos ellos de forma conjunta los que habrán de convocar [sin que la regla del art. 62.2.c), último inciso, LSRL que, caso de ser más de dos los administradores mancomunados, atribuye el poder de representación a dos de ellos, afecte a esta cuestión interna]" (vid. también, en este sentido, Ávila Navarro, P., La sociedad limitada, Tomo I, Barcelona, 2008, p. 476).

Salvo en los supuestos de junta universal, la celebración de la junta ha de ir precedida de su válida convocatoria, efectuada en tiempo y forma y con los requisitos legales y estatutarios establecidos; entre ellos, la convocatoria de la junta debe realizarse por el órgano competente.

Corresponde convocar la junta general a los administradores que, en el caso de ser mancomunados, todos ellos, de forma conjunta, han de convocarla. Algún sector doctrinal ha apuntado que, tratándose de dos o más administradores mancomunados, podrían convocar la junta general conjuntamente sólo dos de ellos, especialmente cuando así se dispone en los estatutos sociales.

Esta decisión es relevante a los efectos de considerar válidamente efectuada la convocatoria o no, derivándose en caso contrario la nulidad de la junta y de los acuerdos adoptados en la misma. El Tribunal Supremo ha mantenido que la bondad intrínseca de los acuerdos sociales se encuentra condicionada a la observancia de todos los requisitos que determinan la correcta convocatoria y constitución de las juntas en los que se adopten y, por tanto, los defectos contenidos en la convocatoria y constitución de la junta deben viciar de nulidad no sólo los propios actos de la convocatoria y constitución de la junta, sino también los acuerdos adoptados en la misma.

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre (excepto lo dispuesto en el artículo 515 para las sociedades cotizadas) y que, entre otras, deroga la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, regula de forma similar el régimen de las juntas generales en su título V y su convocatoria, en el capítulo IV.

La junta general debe ser convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores (art. 166). Los administradores convocarán la junta general siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o períodos que determinen la ley y los estatutos (art. 167). Al igual que los antiguos artículos 45 y 110 de la LSRL, los actuales artículos 167 a 171 y 377 permiten que cuando el funcionamiento del órgano de administración o liquidación resultara imposible, se arbitre la posibilidad de convocar la junta general por los administradores cuyo cargo está vigente al objeto de completar el órgano de administración. Dejando a salvo la previsión del artículo 371.3 en los supuestos de liquidación de la sociedad, el artículo 171 establece que en el caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta con ese único objeto.

La jurisprudencia ha seguido un criterio estricto a la hora de validar la convocatoria de las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, insistiendo el Tribunal Supremo en la necesidad de que la convocatoria haya de realizarse por el órgano de administración correspondiente. En este mismo sentido, la Dirección General de los Registros y del Notariado considera que la convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración que corresponda de forma exclusiva, si bien para determinados casos se previene la convocatoria judicial. Si se conecta esta facultad con el poder de gestión, para la DGRN la competencia ha de ser atribuida, en caso de órgano de administración plural, a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación, de suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la facultad de convocar la junta, quedará expedita la vía de la convocatoria judicial, fuera del supuesto excepcional contemplado en el antiguo artículo 45.4, en su inciso final (hoy artículo 171).

Cuando la renuncia de uno de los miembros del consejo de administración deje a este con un número mínimo por debajo del que legal o estatutariamente debe integrarlo, no hay obstáculo para la convocatoria de la junta por los administradores que continúen en el ejercicio del cargo, al exclusivo objeto de proceder a los nombramientos que sean precisos.

El posible argumento de inactividad de alguno de los miembros del órgano de administración o la existencia de desacuerdos entre los mismos, no faculta tampoco al resto para inaplicar el régimen legal de la convocatoria y constitución de las juntas (dejando a salvo la fase de liquidación) y, por tanto, la vía debe ser acudir a la convocatoria judicial o solicitar la disolución judicial de la sociedad.

Para un adecuado análisis de la cuestión que se nos plantea, debemos tomar como punto de partida el artículo 210 apartados 1 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que reproduce el sentido del artículo 57.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) –vigente hasta el pasado día 1 de septiembre (vid. Disposición Derogatoria del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)-. Los citados apartados 1 y 3 del artículo 210 LSC ofrecen a los socios la posibilidad de elegir –dentro de las posibilidades recogidas en los Estatutos- entre diferentes modelos de administración societaria. De este modo, en tal clase de sociedades, la administración puede conferirse a un órgano unipersonal o a uno pluripersonal; y, en este último caso, cabe establecer que sus miembros puedan actuar solidaria o mancomunadamente, o que se constituyan en Consejo de Administración.

Ante las distintas combinaciones posibles y, al no imponerse para las sociedades de responsabilidad limitada –como sí se hace para las sociedades anónimas en el artículo 210 LSC- que cuando la administración sea confiada conjuntamente a más de dos personas, éstas pasan automáticamente a constituir un Consejo de Administración con las reglas de funcionamiento propias de este órgano colegiado, debe entenderse que, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, es posible la designación de un órgano de administración, constituido por más de dos personas, con la exigencia del consentimiento de todos ellos para llevar a cabo operaciones y alcanzar acuerdos. Esta última es, precisamente, la nota de la administración mancomunada o conjunta, en la que, para el ejercicio de sus funciones, es preciso que concurra el consentimiento de todos los administradores designados.

No obstante, la regla de consentimiento conjunto de todos los administradores viene a ser excepcionada, en determinados aspectos, por el artículo 233.2 letra c) LSC –como lo hacía anteriormente el artículo 62.2 letra c) LSRL-. Según aquel precepto "la atribución del poder de representación a los administradores se regirá por las siguientes reglas: (...) c) En la sociedad de responsabilidad limitada, si hubiera más de dos administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos...".

Nótese que hemos señalado que la excepción tiene su reflejo sólo en determinados aspectos de la función del administrador social. En efecto, no podemos perder de vista que las competencias que se atribuyen legalmente al órgano de administración se pueden deslindar en una doble categoría: actos de representación y actos de gestión. Los actos de representación son aquellos cuya finalidad son los actos comprendidos en el objeto social pero con una proyección extrasocietaria. En cambio, los actos de gestión se desarrollan dentro del ámbito social interno de la sociedad. Por tanto, debemos considerar que el deber de los administradores de convocar Juntas Generales en los términos previstos legalmente se halla dentro de esta última categoría.

Llegados a este punto, es de observar que la jurisprudencia ha venido siendo especialmente rigurosa en relación con la necesidad de que la convocatoria de las Juntas Generales emane de un acuerdo adoptado adecuadamente por el órgano competente. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 30 de octubre de 2009, consideró nula una Junta General por haber sido convocada por un miembro del Consejo de Administración que no tenía facultades para ello. Dice la referida Sentencia que "el hecho de que haya la solicitud de un socio que sea al menos titular de un cinco por ciento del capital social, y consiguientemente se deba convocar la Junta por los administradores de conformidad con el art. 100.2 LSA, no altera el sistema respecto de quien ha de convocar; es decir, sigue correspondiendo al Consejo, y no a un administrador aunque sea Consejero Delegado. Y si el Consejo no convoca, su voluntad no puede ser suplida por el Consejero Delegado, ni por el Presidente del mismo, ni por uno o algunos de sus miembros, sino que ha de interesarse la convocatoria judicial (art. 101.2 TRLSA )".

La laxitud tampoco se halla contemplada legalmente. Basta leer el artículo 171 LSC para darse cuenta. Según el referido precepto "en caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto" (énfasis añadido).

Dicho lo anterior, consideramos que cabe afirmar que la excepcionalidad contemplada en el artículo 233.2 letra c) LSC no permite alcanzar los actos de gestión que en el cumplimiento de sus competencias deben llevar a cabo los administradores societarios conjuntos. Por tanto, como regla general, la convocatoria de Junta General será válida cuando sea realizada por todos los administradores conjuntos. Si por alguno de ellos se decide prescindir de convocar de acuerdo con las exigencias establecidas legal y estatutariamente, existen serios riesgos de que los acuerdos adoptados por la Junta General así convocada sean declarados nulos.

Así lo contempla la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 25 de febrero de 2000, según la cual en el caso de administración conjunta deben convocar la junta los administradores mancomunados, sin que sea posible la convocatoria efectuada por uno sólo de ellos. Dice la referida Resolución que "la facultad de convocatoria de la junta general está reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo -si bien, para determinados casos, se previene la convocatoria judicial- (cfr. artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Conectada dicha facultad con el poder de gestión, ha de ser atribuida en caso de órgano de administración plural a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su actuación, de suerte que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la facultad de convocar la junta quedará expedita la vía de la convocatoria judicial (fuera del supuesto excepcional contemplado en el artículo 45.4 inciso final) y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar del Juez la disolución de la sociedad ex artículos 104.1.c) y 105.1 de dicha Ley".

Sin embargo, debemos dejar a salvo del rigor que acabamos de reflejar, aquellos casos en los que la finalidad de una convocatoria correcta quede diluida como consecuencia de la realidad que se plasme en la Junta General. Nos referimos, por ejemplo, a aquellos casos en que a la Junta concurran todos los socios y muestren su conformidad para la celebración de la Junta. Consideramos que en estos supuestos, una impugnación que utilice de modo meramente instrumental el defecto de la convocatoria, no debería ser tutelada.

Dos reglas generales constituyen el punto de partida para comprender la decisión, a saber, la primera, que en materia de convocatoria de Junta, estamos ante un acto cuya competencia recae sobre los administradores –art 166 RDL 1/2010- que deben adoptar conforme a las reglas preestablecidas de actuación del órgano. La segunda regla, relativa a los efectos del incumplimiento de la primera, es la nulidad de la Junta.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la efectividad jurídica de los acuerdos adoptados en Junta de socios se encuentra condicionada a la observancia de cuantos requisitos determinan la convocatoria y constitución de las Juntas en que se adopten, lo que en definitiva puede entenderse como el principio de legalidad formal, principio, sigue señalando el Tribunal, que se satisface fundamentalmente, con una convocatoria regular, y mediante la constitución válida de la Junta, de aquí que los defectos cometidos en el cumplimiento de tales particulares, deban viciar de nulidad no sólo los propios actos de la convocatoria y constitución de la Junta sino, por vía extensiva los acuerdos adoptados en el curso de la misma ( SSTS 18 de diciembre de 1997 y de 27 de diciembre de 1993). En esta misma línea, la SAP Madrid 28 de 4 de mayo de 2009 señala que ...la naturaleza imperativa de las normas que regulan la convocatoria de la junta general y la correlación entre su incumplimiento, la inválida constitución de la junta y la nulidad absoluta de los acuerdos adoptados ha sido destacada por reiterada jurisprudencia, así, sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1987, 18 de diciembre de 1987, 26 de enero de 1993 , 15 de noviembre de 1994 y 14 de marzo de 2005 , todas ellas citadas por la sentencia de 13 de febrero de 2006 . En este marco, se pueden traer algunos ejemplos jurisprudenciales. Así, la STS de 29 de julio de 1999 concluye con la nulidad de la Junta por infracción de los artículos 94 y 97 de la LSA, reiterándose en el formalismo del régimen legal, y en la necesidad de que la convocatoria haya de hacerse por el órgano de administración correspondiente. Y la STS de 24 de febrero de 1995 declara igualmente la nulidad de la convocatoria hecha solo por el Presidente del Consejo de Administración al no constar el acuerdo previo del Consejo de Administración a pesar de existir una situación de crisis en su interior difícilmente salvable respecto de la que el Tribunal recuerda la posibilidades de acceso al amparo judicial.

En el mismo sentido ha venido pronunciándose la DGRN cuando, entre otras, en Resolución de 25 de febrero de 2000, afirma que la convocatoria de la Junta General está reservada por la Ley al órgano de administración con carácter exclusivo y por ello, cuando se trata de una administración colegiada debe entenderse que tal facultad está atribuida al órgano de administración que deberá adoptar el acuerdo conforme al mismo régimen que rige el resto de sus actuaciones en modo tal que en los supuestos en que dicho órgano no pueda adoptar el acuerdo relativo al ejercicio de la facultad de convocar la Junta queda expedita la vía de la convocatoria judicial.

A la vista de la doctrina expuesta, la respuesta a la cuestión planteada debería ser por tanto que, bien por ser el régimen establecido en los estatutos, bien por ser, en el ejercicio de sus facultades, el seleccionado por la junta de socios –art 210-3 TRLSC-, la mancomunidad requiere de la concurrencia del conjunto de los administradores y por tanto, de no ser así, la convocatoria adolecería de un defecto insubsanable. Sin embargo no necesariamente debe aceptarse tal conclusión ya que cuando menos es planteable que una convocatoria llevada a cabo por los administradores, en el caso de administración colegiada, y en ella por su mayoría, pueda realmente adolecer de defecto por el hecho de la falta de concurrencia de absolutamente todos los integrantes de la administración por tratarse de una organización mancomunada, pues en un caso así, resulta difícil apreciar un incumplimiento sustancial de la ley sino más bien, un defecto formal o secundario, no solo subsanable en el proceso de la convocatoria sino también a través de la decisión de la Junta. Por otro lado, habría mayor dosis de razonabilidad en el posicionamiento frente a esta cuestión a partir del análisis del alcance del defecto en función de las razones mismas de la nulidad propuesta pues cabría equilibrar éstas con las consecuencias promovidas desde la perspectiva del abuso del derecho que, no debemos olvidar, ha sido criterio apuntado también por el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de 9 de abril de 2007 –que apunta también la SAP Madrid antes referida- para rechazar las nulidades basadas sin más en defectos formales al repudiar ...un ejercicio abusivo del derecho a impugnar los acuerdos sociales por incumplimiento de los requisitos formales de la convocatoria (sentencia de 8 de mayo de 2003 ni un ejercicio contrario a la buena fe (sentencia de 6 de febrero de 1987 )., en el mismo sentido ha admitido la validez de la junta y de los acuerdos cuando el cumplimiento de los requisitos omitidos no resultaba necesario, por tener el socio interesado conocimiento previo de los temas a tratar (sentencias de 17 de mayo de 1995 y 9 de octubre de 2000.

En mi opinión si la sociedad limitada está administrada por tres administradores mancomunados (artículo 57 LRSL), la junta deberá ser convocada por todos conjuntamente – puesto que de otra forma la convocatoria sería nula al no haberse realizado por el órgano de administración (artículo 45 LSRL).

Las razones que justifican esta opinión son, por un lado, que, cuando el artículo 45.4 LSRL (actual artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital) se refiere a los supuestos de convocatoria de la junta de las sociedades limitadas en los supuestos de acefalia (casos en los que la junta se puede convocar judicialmente a solicitud de uno de los socios o por cualquiera de los administradores que sigan en el ejercicio del cargo, sólo a efectos de nombrar el órgano de administración), incluye en los supuestos en los que se produzca la muerte o el cese "de alguno de los administradores que actúen conjuntamente" (frente al supuesto de la ausencia de todos los administradores solidarios). Si fuera posible, como se plantea, que sólo dos de los tres administradores mancomunados pudieran convocar la junta, si así lo prevén los estatutos, la previsión del artículo 45.4 LSL (171 LSC actual) no sería necesaria.

Por lo tanto, sólo si se ha producido la muerte o el cese de alguno de los administradores mancomunados, los que permanezcan en el cargo podrán convocar la junta de socios a los solos efectos de nombrar a un administrador, mientras que si todos administradores mancomunados permanecen en su cargo, la convocatoria de la junta sólo será válida si la realizan conjuntamente.

Es cierto que el artículo 62 de la LSL y el actual artículo 233.2.c) de la LSC, al referirse a la representación de la sociedad prevé que, en el caso de varios administradores conjuntos, el poder de representación se ejercerá al menos por dos de ellos en la forma fijada por los estatutos. Sin embargo, debemos recordar que la representación de la sociedad hace referencia a las relaciones de ésta frente a terceros, mientras que la gestión de la sociedad (competencia también de los administradores conforme al artículo 209 LSC), siempre se refiere a competencias internas.

No cabe duda que la convocatoria de la junta forma parte de la gestión de la sociedad – el llamamiento al órgano que decide sobre los asuntos más relevantes para la sociedad, conforme al artículo 160 LSC, y que, en el caso de las sociedades limitadas también puede decidir sobre asuntos de gestión, véase el artículo 161 LSC, que expresamente remite al artículo 234, que se refiere a la representación, de forma que, aunque la junta de una sociedad limitada pueda adoptar acuerdos de gestión, frente a terceros sólo quedará vinculada por lo actuado por sus administradores. Y, por lo tanto, de la misma forma que un consejero delegado puede representar a la sociedad, pero no puede convocar la junta (ya que sólo puede hacerlo el consejo de administración), aunque los estatutos prevean que la representación de la sociedad la realicen dos de los tres administradores mancomunados, la convocatoria sólo podrán realizarla de forma válida conjuntamente los tres, salvo en los supuestos recogidos en el artículo 171 LSC, a los que nos hemos referido anteriormente.

Con carácter general, la convocatoria de la Junta general de las sociedades de capital, tanto anónima como de responsabilidad limitada, corresponde al órgano de administración (art. 166 Ley de sociedades de capital –en adelante, LSC-). A partir de esta regla, la determinación en concreto del sujeto o sujetos legitimados para proceder a la convocatoria de la Junta general dependerá de la concreta configuración del órgano de administración en los términos previstos en el art. 210 LSC.

En relación con ello, sin embargo, debe distinguirse entre el modo o modos de organización de la administración de la sociedad (la estructura del órgano de administración) y su régimen de actuación. A este respecto, el régimen legal parte de la correspondencia entre titularidad del poder de gestión (que se determina en función de la estructura o modo de organización de la administración) y titularidad del poder de representación (cuyo ejercicio conforma el régimen de actuación de los administradores) si bien, admite excepciones en los casos en los que la administración se organice bajo la forma de consejo de administración y, para el caso de sociedades de responsabilidad limitada, también cuando la administración haya sido conferida conjuntamente a más de dos administradores que actuarán mancomunadamente. Así, en relación con la atribución del poder de representación en estos casos (sociedades de responsabilidad limitada en las que hubiera más de dos administradores conjuntos con facultades mancomunadas), el art. 233.2.c) LSC determina que «el poder de representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma determinada en los estatutos». La regulación establece de este modo en caso de administradores mancomunados, la separación entre titularidad del poder de gestión, que corresponde conjuntamente a la totalidad de administradores mancomunados, y del poder de representación, que dependerá de lo dispuesto en los estatutos sociales.

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha interpretado esta última norma en el sentido de que el legislador ha impuesto de forma necesaria que sean los estatutos sociales los que configuren la atribución del poder de representación con el único límite, a fin de no desnaturalizar la propia estructura del órgano, de que en todo caso para el ejercicio del poder de representación han de exigir la concurrencia de al menos dos administradores (así se desprendería de la imprecisa exigencia de que concurran «al menos» dos administradores que se establece en dicho precepto: vid. las RRDGRN de 27 de agosto de 1998, 22 de junio de 2000 y 1 de septiembre de 2005). Es decir, para la DGRN en estos casos los estatutos sociales han de atribuir en concreto el ejercicio del poder de representación con el único límite de dicha exigencia mínima, la concurrencia de al menos dos de los administradores con facultades conjuntas (sin perjuicio de que dicha atribución pueda modularse bien atribuyéndolo a dos cualesquiera, concretando a quiénes se atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o de la totalidad de ellos, etc). Esta interpretación, sin embargo, no resuelve el problema en los casos en los que los estatutos sociales no contengan una atribución del poder de representación, aun cuando deba señalarse que la atribución del poder de representación constituye indicación necesaria de los estatutos sociales a tenor de lo previsto en el art. 185.3 RRM. En tal caso entendemos que habría de optarse por mantener la correspondencia entre titularidad del poder de gestión y titularidad del poder de representación y, en consecuencia, concluir que sería necesaria la actuación conjunta de todos los administradores mancomunados para proceder a la convocatoria de la junta general.

Debe advertirse, por otra parte, que el legislador no se ha ocupado de disciplinar el poder de gestión interna de los administradores, que vendrá determinado por el modo en que se haya organizado la administración, sino exclusivamente de la atribución del poder de representación. Ello quiere decir que en los casos de existencia de más de dos administradores conjuntos, la decisión sobre la convocatoria de la junta general deberá ser adoptada en el ámbito interno conjuntamente por la totalidad de los administradores mancomunados, sin perjuicio de que dicha convocatoria pueda ser realizada por algunos de ellos (con un mínimo de dos) en los términos previstos en los estatutos sociales (no obstante, entendemos que el incumplimiento de las normas internas de aprobación o autorización por el conjunto de los administradores mancomunados no afectará a la validez del acto frente a terceros).

A salvo quedaría en todo caso el supuesto excepcional contemplado en el art. 171 LSC en cuya virtud, en caso de muerte o cese de alguno de los administradores mancomunados sin que existan suplentes, «cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto».

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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