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MERCANTIL

Fijada judicialmente la deuda de una sociedad ¿queda vinculado por este pronunciamiento prejudicial el juez que conoce de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra su administrador?

Coordinador: Alberto Arribas Hernández

Magistrado Sección 28 Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de lo Mercantil

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La cuestión que se somete a la opinión de los expertos tiene un indudable interés práctico dada la frecuencia con la que se plantea en los tribunales si lo resuelto por sentencia firme en un pleito seguido contra la sociedad a instancias de un acreedor en reclamación del pago de una deuda tiene o no eficacia vinculante en el ulterior proceso seguido contra el administrador de la sociedad deudora en ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales.

Bajo la vigencia del artículo 1.252 del Código Civil, derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero 2000, la cuestión había sido resuelta positivamente por la jurisprudencia con relación a supuestos de hecho a los que eran de aplicación las normas derogadas (sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005, 5 de octubre de 2006 y 14 de marzo de 2007).

Derogado el artículo 1.252 del Código Civil, el vigente artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la identidad de partes para que se produzca el efecto positivo de la cosa juzgada, esto es, que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o que la cosa juzgada se extienda a los del segundo proceso por disposición legal, lo que introduce alguna duda sobre si la sentencia recaída en el pleito seguido contra la sociedad deudora produce el efecto positivo de la cosa juzgada en el posterior entablado contra el administrador, dado que no puede afirmarse la identidad de partes, sobre todo si se considera que, a diferencia de lo que preveía el artículo 1252 del Código Civil, el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no extiende la identidad subjetiva a aquellos supuestos en los que los litigantes del segundo pleito están unidos por vínculos de solidaridad con los que contendieron en el pleito anterior.

También cabría plantearse si, en el caso de que no se produjera el efecto positivo de la cosa juzgada por falta de identidad de personas, la sentencia que resuelve una cuestión prejudicial civil puede desplegar eficacia vinculante en un proceso posterior en atención a que la prejudicialidad civil regulada en el artículo 43 de Ley de Enjuiciamiento Civil permite no circunscribirla a aquellos supuestos en que la sentencia que se dicte en el proceso cuyo objeto sea la cuestión prejudicial haya de tener eficacia de cosa juzgada positiva respecto del proceso posterior.

El criterio prácticamente unánime de los expertos se inclina por atribuir eficacia vinculante a lo resuelto por sentencia firme en el proceso seguido contra la sociedad respecto del pleito promovido contra el administrador en ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales, con base en los diferentes argumentos que se desarrollan en sus respectivos y precisos comentarios.



Este foro ha sido publicado en el "Boletín Mercantil", el 1 de septiembre de 2011.

Es por todos conocido que las acciones de responsabilidad de administradores por deudas sociales son una constante en la doctrina, en la práctica judicial y en la jurisprudencia. De hecho, puede decirse sin temor a equivocarse que han sido uno de los remedios más utilizados por los acreedores de una compañía como mecanismo de recuperación de sus créditos. Y se dice que han sido porque, como también es conocido, su eficacia práctica desde este punto de vista se vio sensiblemente limitada en la reforma introducida en los artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada por las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. La reforma, en efecto, limitó este régimen de responsabilidad a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución de la compañía. La redacción dada se ha mantenido en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las acciones de responsabilidad de administradores por deudas sociales también vienen generando relevantes problemas procesales directamente relacionados con la pregunta que se somete a debate, sobre todo desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil. Se está haciendo referencia a la tanta veces discutida cuestión de la coordinación de los asuntos con materias conexas y, en concreto, a si cabe o no la acumulación de acciones cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de acciones de competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Precisamente el supuesto que se ha venido suscitando con mayor intensidad es el relativo al posible ejercicio simultáneo o acumulado de una acción contra una compañía reclamando el pago de una deuda derivada de una relación contractual ordinaria; y, al mismo tiempo, de otra acción exigiendo la responsabilidad solidaria de los administradores de la compañía por las deudas de aquélla(1). Antes de la creación de los Juzgados de lo Mercantil, no había duda sobre la posibilidad de ejercitar acumuladamente y al mismo tiempo las dos acciones. Ahora la situación es distinta. Atendiendo a la materialidad de la deuda, del cumplimiento o no de sus obligaciones por la sociedad conocen los Juzgados de Primera Instancia. Pero el análisis de la responsabilidad solidaria de los administradores es competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Son muchas las preguntas que surgen(2). La que ahora se contesta obedece a un supuesto de hecho bien concreto, que cada vez se produce con más frecuencia dados los problemas indicados. Se opta, en primer término, por acudir a los órganos de primera instancia, ante los que se obtiene un pronunciamiento -firme- por el que se fija la deuda de la sociedad. Después, se ejercita la acción de responsabilidad por deudas sociales contra los administradores de esa misma compañía, en reclamación de esa misma deuda.

En la acción de responsabilidad por deudas sociales cabe identificar dos presupuestos objetivos: el primero, la existencia de una obligación de la sociedad (desde la modificación operada en 2005, que sea posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución); y el segundo, el incumplimiento por los administradores demandados de sus obligaciones relativas a la disolución de la sociedad o a la remoción de la causa legal de disolución. Sobre la naturaleza de este régimen de responsabilidad como un supuesto de responsabilidad legal al margen de la responsabilidad por daño también se ha escrito mucho (se citan sólo, a título de puro ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1999, 22 de diciembre de 1999, 20 de febrero de 2007, 14 de mayo de 2007, 2 de junio de 2008, 6 de noviembre de 2008, 12 de febrero de 2009 y 14 de marzo de 2011; y, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, sólo en los dos últimos años, Sentencias entre otras de 5 de febrero, 18 de marzo, 23 de abril, 17 de septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre y 10 de diciembre de 2010 y de 11 de febrero y 10 de marzo de 2011).

Siendo una responsabilidad de carácter solidario con la sociedad, no es necesario que el demandante se dirija previamente contra la compañía para obtener un pronunciamiento judicial que establezca la obligación social respecto de la que después se exigirá responsabilidad a los administradores. Se puede iniciar la acción de manera exclusiva contra los administradores y en el seno de esa acción cabe discutir la existencia y realidad de la deuda social. No en vano es uno de los presupuestos de este régimen de responsabilidad. Ahora bien, si el acreedor opta por dirigirse primero contra la sociedad y en el procedimiento judicial contra ésta se obtiene un pronunciamiento firme sobre la obligación social, no cabe después someter de nuevo la cuestión a discusión en el juicio relativo a la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales. La respuesta a la cuestión suscitada es, así, afirmativa. El fundamento de esta conclusión está en el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada material que se establece en el artículo 222.4 LEC. Lo tiene establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre de 2005, en la que puede leerse que "debe distinguirse entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. La primera 'es el estado jurídico de una cuestión sobre la que ha recaído sentencia firme, que tiene la eficacia de vincular al órgano jurisdiccional en otro proceso'. La eficacia de la cosa juzgada material puede ser positiva o negativa. 'La eficacia es positiva o prejudicial cuando dicha cuestión no es objeto único del otro proceso sino que forma parte de éste, en cuyo caso la sentencia que recaiga deberá tener como punto de partida y en ningún caso contradecir lo resuelto en la anterior sentencia'. En el presente caso se ha producido una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, porque habiéndose condenado en un pleito anterior a la sociedad de la que el recurrente era administrador por una obligación cuyo acreedor era el Sr. Markus, lo que se trata ahora es determinar si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social. Por tanto, no se vuelve a discutir lo que ya estaba decidido en el pleito anterior".

El mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencias de 14 de octubre de 2008 y 25 de noviembre de 2009. Esta última merece comentario independiente porque se refiere a un caso en el que la deuda de la sociedad quedó fijada en un juicio cambiario, que también produce eficacia de cosa juzgada ex artículo 827 LEC: "los apelantes niegan la existencia de la deuda reclamada, pero olvidan de ese modo que con anterioridad al presente litigio se ha seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid proceso cambiario contra la misma en el que, por no haber deducido oposición en tiempo y forma, recayó el 4 de abril de 2003 el Auto despachando ejecución que contempla el Art. 825 LEC por la cantidad ahora reclamada, deuda que debe reputarse firme e incontestable en razón a la eficacia de cosa juzgada material que el Art. 827 LEC atribuye a la sentencia recaída en juicio cambiario (a la que se equipara en eficacia el mencionado Auto en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2º del Art. 825) respecto de las cuestiones que en él pudieron plantearse". Cuestión distinta es que la deuda de la sociedad haya quedado fijada en un procedimiento judicial que no produzca eficacia de cosa juzgada. Es lo que ocurre con el caso resuelto por la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de abril de 2010, en el que se había seguido un juicio ejecutivo de los de la antigua LEC en el que se había despachado ejecución contra la sociedad por una cantidad determinada. Aquí no se habla de cosa juzgada material, sino de prueba: "de la referida sentencia (documento nº 1 de la demanda) resulta indiscutiblemente probado que a instancias de la entidad actora se despachó ejecución contra la mercantil administrada por los demandados por el importe de 2.005.472 pesetas (12.053,13 euros), por lo que resulta manifiestamente ilógico negar la existencia de la deuda por el hecho de que no se haya acompañado el documento que dio lugar a la ejecución, cuando en virtud del mismo, el juez competente despachó ejecución, o que no se conozca la forma en que se tramitó el juicio ejecutivo a los efectos de tener constancia de con quién se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate. Firme la referida sentencia, la deuda debió declarase probada salvo que se hubiera acreditado por la parte demandada el pago de la misma o que se hubiera seguido el correspondiente juicio declarativo sobre la misma cuestión al amparo del artículo 1.479 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil con resultado favorable para la deudora, pero, desde luego, no corresponde en este pleito dudar, sin el menor fundamento, por otra parte, de la regularidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate en su día practicada".

En realidad, las consideraciones expuestas no son otra cosa que aplicación al ámbito específico del régimen de responsabilidad de administradores por deudas sociales de las reglas y principios generales sobre solidaridad pasiva establecidas en los artículos 1137 y ss. Cc., en concreto, en los artículos 1141, 1144 y 1148. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios. Si lo hace sólo contra uno y en el primer procedimiento se determina judicialmente la condena, ese pronunciamiento producirá el efecto positivo de la cosa juzgada material en eventuales procedimientos posteriores contra los demás deudores solidarios e incluso en eventuales procesos que el deudor solidario condenado pueda promover contra el resto de deudores solidarios en ejercicio de la acción de regreso. La cuestión es analizada de manera interesante por Sentencias como la de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 12 de mayo de 2000 y la de la Audiencia Provincial de Málaga de 19 de diciembre de 2008.

El art. 367, apartado 1, LSC determina que los administradores de una sociedad de capital responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal de disolución, en el supuesto de que incumplan la obligación de convocar tempestivamente la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en los casos y plazos establecidos. A partir de este supuesto de responsabilidad, caracterizado por la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia como un supuesto de responsabilidad-sanción, se plantea si, determinada judicialmente la deuda de la sociedad en un proceso previo, dicho pronunciamiento vincula al juez que conozca posteriormente de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra un administrador de dicha sociedad.

Para resolver esta cuestión debe partirse de la caracterización legal de este supuesto de responsabilidad de los administradores como un caso de responsabilidad solidaria (la rúbrica del precepto subraya este carácter de la responsabilidad que también se establece expresamente en el propio art. 367.1 LSC). La doctrina y la jurisprudencia han interpretado que, a pesar de la redacción poco precisa del precepto, ha de entenderse que se trata de responsabilidad solidaria de los administradores entre sí y frente a la sociedad; es decir, los administradores responden frente a los acreedores sociales solidariamente junto a la sociedad. Ello significa, por tanto, que dicha responsabilidad no es subsidiaria respecto de la responsabilidad de la sociedad y, en consecuencia, que cabe dirigir la acción directamente contra los administradores sin previamente haber dirigido reclamación frente a la sociedad. El acreedor dispone, como en cualquier otro supuesto de solidaridad pasiva, de ius eligendi (derecho a elegir al deudor o deudores solidarios frente a los que dirige la acción) y de ius variandi (derecho a modificar la persona del demandado o sujeto pasivo de su pretensión).

La cuestión habría de resolverse, por tanto, en el mismo sentido en el que debería resolverse en relación con cualquier otro supuesto de solidaridad pasiva (si se ha determinado el importe de la deuda exigida frente a un deudor solidario, ¿ese pronunciamiento judicial vincula al juez que conozca de la reclamación dirigida posteriormente contra otro deudor solidario de esa misma deuda?), para lo cual podría partirse de lo previsto en el art. 1141 CC, a cuyo tenor «las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos».

En cualquier caso, en orden a la más precisa determinación del alcance de la caracterización como solidaria de la responsabilidad de los administradores por deudas sociales, la doctrina considera que en este caso se trata de un supuesto singular de solidaridad que se califica como solidaridad «imperfecta» en tanto no cabe el regreso entre todos los responsables solidarios (la sociedad que paga al acreedor no puede exigir responsabilidad a sus administradores sociales; en cambio, si quien paga al acreedor es uno de los administradores entonces si cabe la acción de regreso frente al resto de corresponsables y, en particular, frente a la sociedad que es en definitiva el deudor) lo que, a su vez, determina también una restricción de la legitimación activa para solicitar la responsabilidad de los administradores de la sociedad (al quedar limitada a los acreedores sociales).

De este modo, en este caso no se trata de obligaciones que tienen una pluralidad de deudores solidarios, sino de obligaciones que tienen un único deudor (la sociedad) de cuyo cumplimiento responde el propio deudor y, junto a éste y solidariamente, los administradores sociales. Es decir, el carácter solidario de la responsabilidad de los administradores no implica que éstos se conviertan en deudores de las obligaciones sociales; la deuda sigue siendo deuda de la sociedad y la responsabilidad de los administradores se añade a la del deudor como mecanismo sancionador por el incumplimiento de ciertos deberes legales y también como reforzamiento de la garantía de cobro de los créditos que corresponde a los acreedores sociales. De ahí que el administrador que satisface la deuda pueda repetir contra la sociedad (con independencia de que también pueda hacerlo en vía de regreso contra el resto de administradores sociales) pero, en cambio, que la sociedad una vez que ha cumplido frente al acreedor, no pueda exigir el pago a sus administradores (al menos no en ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales; al margen queda la posibilidad del ejercicio de la acción social de responsabilidad si concurren los presupuestos de la misma).

Por todo ello entendemos que, si se ha determinado judicialmente la deuda de la sociedad frente a un acreedor, y posteriormente éste dirige acción contra los administradores sociales en exigencia de la responsabilidad por las obligaciones sociales que establece el art. 367.1 LSC, el pronunciamiento judicial previo vinculará al juez que conozca de dicha acción; en último extremo, el administrador responde frente al acreedor social de la deuda de la sociedad, por lo que si el importe de esta deuda ha sido determinado en un proceso previo seguido entre sociedad y acreedor, el mismo vinculará al juez que conozca posteriormente la acción contra los administradores sociales para exigir el pago de esa misma deuda. En todo caso, el administrador podrá acreditar la concurrencia de causas de exoneración de su responsabilidad así como también oponer las excepciones subjetivas y objetivas que tuviere frente al acreedor demandante.

La Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 367 la responsabilidad solidaria de los administradores por su inactividad en el supuesto, entre otros, de que por la existencia de pérdidas, el patrimonio neto de la sociedad se reduzca por debajo de la mitad de su capital social (artículo 363.1.d) LSC).

En los casos en los que el patrimonio neto de la sociedad descienda por debajo del capital social (a no ser que este se aumente o reduzca en la medida suficiente) o éste quede por debajo del mínimo legal, los administradores deben promover la disolución de la entidad mediante acuerdo de la junta general o bien si esto no es posible, instar su disolución judicial o en su caso, si procediera, el concurso de acreedores (artículos 364, 365 y 366 LSC).

Para evitar la inactividad de los administradores, la Ley prevé que el incumplimiento de los administradores de instar la disolución de la sociedad en los casos previstos en la Ley, lleve a poder exigir la responsabilidad solidaria de los mismos por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución (artículo 367 LSC).

Para que pueda prosperar dicha acción de responsabilidad contra los administradores se exige que se den alguna de las circunstancias tipificadas en el artículo 363 como causas de disolución y la omisión por parte de sus administradores, una vez transcurridos los plazos señalados en la Ley, de proceder a convocar la junta general para que esta acuerde la disolución o, en caso contrario, la obligación de solicitar la disolución judicial, o bien, si procede, el concurso (SSTS de 22 de marzo de 2005; 23 de junio de 2006 o 12 de junio de 2009).

En cuanto a la exigencia de otros requisitos como puedan ser la existencia de un daño a la sociedad o a tercero y una posible relación de causalidad, la jurisprudencia no es uniforme en su criterio, aunque una gran mayoría de sentencias consideran que en el supuesto contemplado en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital actúa una responsabilidad objetiva (SSTS de 28 de abril de 2006; de 5 de octubre de 2006 o de 5 de diciembre de 2007).

Aunque para algunos resulta necesaria una relación de causalidad entre el incumplimiento de los administradores y el daño causado, en la mayoría de los casos la jurisprudencia es de la opinión de que la responsabilidad de los administradores por su incumplimiento es de carácter objetivo, surgiendo dicha responsabilidad de forma automática por la omisión de los deberes legales sin que resulten necesarios otros requisitos como la existencia previa de una declaración judicial sobre la realidad de una deuda social en virtud de sentencia firme.

Fijada, por tanto, judicialmente una deuda social mediante resolución con efectos de cosa juzgada en otro procedimiento, el juez que conoce de la acción de responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales no queda vinculado por aquella decisión.

La acción de responsabilidad por deudas sociales se fundamenta en el hecho objetivo de la omisión por los administradores de las obligaciones que les impone la Ley de convocar la junta general cuando concurran determinadas causas de disolución o, si no se adoptara el acuerdo en junta general, solicitar la disolución judicial o el concurso. El ejercicio de esta acción no requiere que se cause un daño a la sociedad o a terceros, ni la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de esa obligación por los administradores y el impago de una deuda; simplemente la mera pasividad de los administradores llevaría aparejada la responsabilidad solidaria en forma de consecuencia objetiva y, por tanto, no se requiere ni la producción ni justificación del daño, ni la existencia de un perjuicio social o una relación de causalidad.

Por esta razón los administradores podrían quedar exonerados de dicha responsabilidad con la solicitud judicial de disolución o si prueban que realizaron o pusieron en marcha todas aquellas acciones necesarias o tendentes a disolver la sociedad (SSTS de 26 de marzo de 2004; de 16 de febrero de 2006 o de 26 de abril de 2006).

Se nos plantea si fijada la deuda de una sociedad queda vinculado por este pronunciamiento prejudicial el juez que conoce de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra su administrador.

Para contestar a esta cuestión debemos empezar recordando que el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil define la prejudicialidad civil como el supuesto en que para resolver el objeto de un litigio es necesario decidir acerca de alguna cuestión que constituya el objeto principal de otro proceso. Por su parte, el artículo 222.4 de la LEC establece que "lo resuelto como cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal". Lo regulado en estos preceptos recoge la denominada litispendencia impropia o por conexión, cuando el resultado de un procedimiento es antecedente necesario para la resolución de otro procedimiento (véase el artículo 421 también de la LEC).

La cuestión que se plantea se recoge de forma tangencial en algunos de los múltiples estudios que se han publicado a raíz de la polémica sobre la competencia de los Juzgados de lo mercantil para conocer sobre la acción ejercida contra la sociedad acumuladamente a la de responsabilidad de sus administradores por las deudas sociales(3).

En este contexto, la profesora Ruiz de la Cuesta(4) apunta a que, por mucho que el pronunciamiento sobre la existencia de las deudas sociales sea un antecedente necesario para pronunciarse sobre la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales (regulada en los antiguos artículos 262 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, actual artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital), no existe cosa juzgada puesto que son acciones que responden a causas de pedir diferentes. Efectivamente la acción contra la sociedad se tratará normalmente de una acción de cumplimiento del contrato, mientras que la acción contra los administradores deriva de la aplicación de la normativa societaria que impone una responsabilidad-sanción por el incumplimiento de una obligación específica regulada en dichas normas (la de convocar la junta que acuerde la disolución de la sociedad, o en su caso, la de solicitar el concurso de acreedores, si se dan las circunstancias descritas en la norma – que la sociedad se encuentre en causa de disolución o esté en situación de insolvencia).

En este sentido, incluso la posición que niega la competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de la acción contra la sociedad, reconocen que ejercida la acción contra los administradores, el juzgado de lo mercantil deberá conocer, de forma prejudicial, de la deuda social – puesto que si la condena es al pago de la misma, deberá establecerse su existencia y, en su caso, cuantía, como presupuesto necesario. Si bien dicho pronunciamiento prejudicial en ningún caso tendrá efectos fuera de ese proceso, como señalan tanto la doctrina(5) como los tribunales.

Sin embargo, la pregunta que se nos plantea parte de que existe ya una declaración judicial relativa a la deuda social (puede ser por la condena de la sociedad en un procedimiento previo). En la medida en que el administrador es condenado a pagar las deudas sociales, parece que la respuesta es que este pronunciamiento judicial previo sí debe vincular al juez que debe decidir sobre la responsabilidad del administrador.

Así parece deducirse de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 5 de julio de 2007 (JUR 2007/336883), que plantea la necesidad de que el juez de lo mercantil entre a conocer de forma prejudicial sobre la existencia de la deuda, sólo en caso de que no exista una resolución judicial previa (a sensu contrario, si existe tal resolución el juez de lo mercantil estaría vinculado por la misma). Sin embargo, en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Málaga de 2 de mayo de 2008 (Cendoj 29067470012008100013) se niega que exista prejudicialidad en cuanto a la determinación de la deuda por la diferente fundamentación de las acciones así como la falta de identidad de los litigantes.

Si bien es cierta esta falta de identidad (que impide que se pueda apreciar la excepción de cosa juzgada), si existe una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, como afirmó la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005 (sentencia 794/2005), puesto que fijada la deuda social en un pleito anterior, el importe de la misma no puede ser objeto de discusión en el procedimiento que analiza la responsabilidad del administrador en el que se trata de determinar "si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social". La más reciente Sentencia del mismo Tribunal de 14 de marzo de 2007 (Rec. 262/2000 – EDJ 2007/20933), recuerda que dicha sentencia establece la eficacia prejudicial de la sentencia que condena a la sociedad en el proceso que se refiere a la responsabilidad de los administradores, si bien añade que la existencia de dicha sentencia condenatoria para la sociedad no es imprescindible para exigir la responsabilidad del administrador (al tratarse de una deuda solidaria).

Por lo anterior, entiendo que si se ha establecido la deuda social en un procedimiento contra la sociedad, dicho pronunciamiento (en cuanto a la existencia y a la cuantía de la deuda) vincula al juez que examina en otro proceso la responsabilidad de los administradores de la misma.

Ante la eventualidad de que un Juez pueda conocer de la acción de reclamación de cantidad contra una sociedad de capital, y otro distinto, de la acción de responsabilidad solidaria contra los administradores por deudas sociales (artículo 367 LSC) -posibilidad acentuada como consecuencia de la atribución del conocimiento a los Juzgados de lo Mercantil de las acciones fundadas en la legislación sobre sociedades mercantiles [artículo 86 ter punto 2 letra a) LOPJ]- se hace preciso valorar el alcance de la cosa juzgada de la primera de las resoluciones en relación con la subsiguientes.

No es acorde con el sentido común que si un Juez, mediante resolución firme, ha determinado la cuantía de la deuda de una sociedad, pueda otro, al enjuiciar la acción de responsabilidad solidaria de los administradores mercantiles por la misma deuda social, apartarse de lo decidido en la primera resolución.

Se trata de evaluar si nuestro ordenamiento jurídico tiene soporte suficiente para decidir que la resolución judicial firme dictada por el Juez que conoció en primer término de la acción de reclamación de cantidad ejercitada contra la sociedad, vincula al Juez que, con posterioridad, conoce de la acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales ejercitada contra los administradores.

El artículo 222 LEC regula la sujeción que el instituto de la cosa juzgada entraña para los procesos futuros. Tal vinculación se produce de dos maneras diversas: por medio del efecto positivo o prejudicial; y por medio del efecto negativo o excluyente. El alcance de este último lo establece el artículo 222.1 LEC que impide "conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo".

El primero de tales efectos -que es el que aquí nos interesa- se recoge en el artículo 222.4 LEC, según el cual "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la Sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal".

Sobre el alcance de tal efecto la SAP de Baleares (Sec. 5ª) de 21 de octubre de 2010, afirma que "en su función positiva o prejudicial, que se manifiesta en aquellos casos en que lo decidido en una resolución firme es una parte del objeto del nuevo proceso, esto es, el objeto del nuevo proceso es sólo parcialmente idéntico a la cosa juzgada en el primer proceso. En tal caso, la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada se manifiesta en la vinculación que ha de tener para el Juez del segundo proceso las cuestiones decididas en sentencia firme anterior, de tal modo que deberá atenerse al contenido de aquella sentencia como indiscutible punto de partida. Si se resolvió en pleito anterior una concreta pretensión que ahora ingresa en el nuevo pleito con carácter vinculante o prejudicial, es evidente que por esa función positiva de la cosa juzgada, esa cuestión quedó inatacable y el Juez deberá quedar vinculado por lo entonces decidido. No es, pues, que el segundo proceso deba extinguirse, sino que el Juez resolverá esa segunda pretensión planteada partiendo indiscutiblemente de la cuestión ya resuelta. Así lo ha entendido la jurisprudencia del TS se sentencias de 30 de diciembre de 1.986, 17 de julio de 1.986 (Sala 6ª), 20 de mayo de 1.992, 2 de julio de 1.992, entre otras, al expresar que 'las decisiones establecidas en el primer proceso deben ser respetadas en el segundo cuando actúen sobre éste como un presupuesto lógico de discusión... sin que ello obste el que las acciones ejercitadas en ambos procesos hayan sido distintas'. En parecido sentido se expresa la STS de 21 de marzo de 1.996"

Para que el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada se produzca es necesario, a tenor del artículo 222.4 LEC que concurran los siguientes requisitos:

a) que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada por un Tribunal aparezca como antecedente lógico de lo que es objeto de un proceso posterior; y,

b) que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.

No parece que puedan plantearse muchas dudas sobre que la resolución dictada por un Tribunal que fije la deuda de una sociedad se constituye como antecedente lógico del ulterior proceso en el que se ejercita la acción de responsabilidad solidaria por la misma deuda social contra los administradores de la sociedad.

La cuestión es si puede afirmarse que lo resuelto por el primer Tribunal tiene fuerza de cosa juzgada para el segundo habida cuenta de la disparidad de sujetos en uno y otro procedimiento.

De acuerdo con nuestra jurisprudencia, para que una resolución tenga fuerza de cosa juzgada "es imprescindible que concurran en los litigios de que se trate las tres identidades de personas, cosas y causa de pedir..." [STS (Sala 1ª) de 26 de abril de 2010].

Si ceñimos la eficacia de la cosa juzgada al extremo de la cantidad objeto de reclamación no parece que pueda producirse mucha discusión sobre la concurrencia de los requisitos objetivos para que pueda producirse el efecto de cosa juzgada material. Además, debe tenerse en cuenta que para apreciar el efecto positivo de la cosa juzgada "basta con que concurra la identidad subjetiva con cierta conexión objetiva, siendo distinta la causa de pedir (sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 1.069/1.997, de 1 de diciembre de 1997)..." [SAP Madrid (Sec. 21ª) de 14 de setiembre de 2010].

La divergencia se produce en el extremo subjetivo, en el de las personas sujetos de la reclamación. Sin embargo, tal identidad debe poder apreciarse -a los efectos de la cosa juzgada- cuando entre los sujetos demandados en diferentes pleitos existan lazos de solidaridad. No cabe olvidar que el derogado artículo 1252 C.C. -regulador de la cosa juzgada hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2000- disponía que "se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas".

En tal sentido hay que destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 14ª), de 7 de marzo de 2006, según la cual "entra en juego la solidaridad que faculta para aplicar la excepción de cosa juzgada(...), y existe identidad subjetiva jurídica (identidad de personas), aunque en situaciones procesales distintas, sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1980). En definitiva, los sujetos son jurídicamente los mismos y el petitum y la causa petendi coinciden con los que cubre la sentencia firme del primer proceso".

Obviando la problemática que en relación a las competencias en materia de acumulación posible entre las acciones de reclamación de cantidad –deuda- y la de responsabilidad de administradores existe, y dando por hecho que la posición mayoritariamente asumida por la doctrina de las Audiencias Provinciales parte de entender no factible jurídicamente dicha acumulación en base al criterio de competencia objetiva, la cuestión se plantea en relación a la deuda en su plano de daño en el caso de las acciones de responsabilidad individual y societaria –art 236 y concordantes TRLSC-, y directamente como tal, en el caso de las denominadas responsabilidades por deudas –art 367 y concordantes TRLSC-. En el primer caso, en tanto que la responsabilidad del administrador requiere de la concurrencia de tres presupuestos, a saber, un acto u omisión del administrador susceptible de haber producido el daño, del daño propiamente dicho y, finalmente, del nexo causal entre aquél y éste, entendiéndose que el daño puede ser, en caso de derivar el acto ilegal imputado al administrador, de relaciones generadoras de crédito u obligación patrimonial, el propio importe del crédito adeudado cuando se trata de una acción ejercitada por acreedor, o el abonado por la sociedad por causa de aquél acto u omisión ilegal, en caso de las acciones sociales. Y en el segundo supuesto, tratándose de acciones de responsabilidad por deudas, de la existencia de obligaciones sociales nacidas con posterioridad a la concurrencia de causa legal de disolución.

Pues bien, la cuestión que se plantea es si el pronunciamiento judicial sobre el crédito u obligación de que se trate a cargo de la sociedad, realizado por un órgano judicial competente distinto al órgano que conoce de la correspondiente acción de responsabilidad del administrador, constituye pronunciamiento prejudicial vinculante a los efectos de tener por fijado el daño o la deuda.

Debe aclararse en primer lugar, que tal pronunciamiento no es necesario a los efectos de un pronunciamiento en materia de responsabilidad de administradores por parte de los órganos mercantiles ya que estos están facultados, sin efecto de cosa juzgada, a conocer de la cuestión relativa a la existencia del crédito en los términos del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, a los meros efectos prejudiciales de decisión de la acción ejercitada.

Cosa distinta es que se haya promovido un proceso declarativo sobre la deuda, ya que en estos casos, entraría en juego la institución de la prejudicialidad civil a que se refiere el artículo 43 LEC por cuanto que, como ha venido señalando la doctrina y la jurisprudencia, se dan en el caso los dos presupuestos de dicha institución, a saber, el tratarse la fijación de la deuda de una cuestión distinta a la principal, susceptible de constituir el objeto nuclear de otro procedimiento y, en segundo lugar, mediar relación entre esa cuestión prejudicial –deuda social- y el objeto de otro procedimiento –responsabilidad del administrador de la sociedad-, de modo tal que la decisión de la cuestión prejudicial resulta así ineludible para tomar una resolución en torno al objeto principal de ese otro procedimiento.

En estos casos, promovido procedimiento declarativo para determinar la existencia y la cuantía de la deuda, y considerado como cuestión prejudicial durante el proceso seguido ante el Administrador societario, caso de tratarse de un pronunciamiento previo al inicio de la pretensión judicial frente al administrador aquel pronunciamiento, una vez firme, tiene efectos de cosa juzgada material respecto de lo que constituye uno de los presupuestos de la pretensión de responsabilidad frente al administrador, pues la firmeza de la sentencia dictada en pronunciamiento declarativo sobre la deuda social produce, junto al efecto negativo de la cosa juzgada, preclusivo o excluyente de un nuevo pronunciamiento sobre el tema, el prejudicial o positivo que obliga al Juez del proceso ulterior, en este caso del Mercantil, a aceptar la decisión del anterior en cuanto conexa como hemos visto con la pretensión ejercitada, debiendo en este sentido resolver las cuestiones suscitadas en el mismo sentido con que lo fueron en el precedente, respetando sus declaraciones.

1) Para mayor detalle y extensión sobre esta cuestión, vid., con petición de disculpas por lo pretencioso de la "autocita", mi anterior trabajo "La competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil", en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, número extraordinario (Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González), 2006, pp. 47-64. Desde la fecha de redacción de ese comentario, la situación no ha variado sustancialmente.

2) ¿Cabe la acumulación? ¿Ante qué órgano? Y si no cabe, ¿qué habría que hacer? ¿Reclamar primero contra la sociedad ante los Juzgados de Primera Instancia y después contra los administradores ante los Juzgados de lo mercantil? ¿Hacerlo simultáneamente en dos procesos distintos y solicitar a continuación la suspensión de uno de ellos -¿cuál, por cierto?- por prejudicialidad civil al amparo del artículo 43 LEC, con las consecuencias que ello comportaría en materia de costes, celeridad y economía procesal? O peor, ¿no pedir la suspensión, con el riesgo de que recaigan sentencias contradictorias?

3) En síntesis, por no alargarnos en una cuestión que, aunque muy interesante no es el objeto de este comentario, la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) y la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª), por citar la posición de las dos Audiencias con secciones especiales de lo mercantil, discrepan sobre la posibilidad de acumular las acciones contra la sociedad y contra los administradores por las deudas sociales. La AP de Barcelona considera posible la acumulación, mientras que la AP de Madrid considera que la misma no es posible, al no ser competentes objetivamente los Juzgados de lo Mercantil para conocer de la acción contra la sociedad.

4) Ruiz de la Cuesta, S. – Acumulación ante los Juzgados de lo mercantil de acciones de naturaleza contractual y acciones de declaración de responsabilidad de los administradores societarios.

5) García-Chamón, E. ¿Juzgados de lo mercantil o Juzgados de Primera Instancia? – Revista de jurisprudencia El Derecho - EDB 2005\23650

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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