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Contencioso-administrativo

Obligatoria comunicación electrónica con personas jurídicas en materia tributaria. Inexistente disminución o privación de las garantías inherentes al derecho fundamental de tutela judicial

EDJ 2018/1620El TS desestima el recurso de casación formulado por mercantil contra la sentencia de la AN que desestimó su recurso contra la resolución del TEAC de liquidación por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007/2008 y declaró la extemporaneidad del mismo.En esencia, el recurso gira en torno la al validez de las notificaciones electrónicas efectuadas a la recurrente, pues ésta consideraba que las mismas habían supuesto una posible vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE (EDL 1978/3879), así como una infracción del el requisito de reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales establecido en el art. 53.1 del propio texto constitucional.Frente a tal aseveración, la Sala declara que, en contra de lo sostenido por la recurrente, los arts. 27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 (EDL 2007/41808) cumplen el requisito de reserva de ley establecido para la regulación de dicho ejercicio en el art. 53.1 CE, ya que esos dos preceptos forman parte de un texto normativo que tiene el necesario rango de ley.Por otro lado, añade la sala que, tanto la regulación de la obligación de comunicarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas del citado art. 27.6 LAE, como el régimen y los efectos dispuestos para la notificación por medios electrónicos que se establecen en el art. 28. 1 y 3, tienen, como señaló la resolución recurrida, una justificación razonable y proporcional; por ello, la Sala no  aprecia en estos preceptos una disminución o privación de las garantías que son inherentes al derecho fundamental de tutela judicial efectiva del art. 24 CE.En este sentido, la Sala señala también que dicha regulación es razonable porque, a su juicio,  pretende aprovechar al máximo las posibilidades que en la actualidad ofrece la notificación electrónica para alcanzar, en relación con personas jurídicas o colectivos que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, las más altas cotas en lo que concierne a la meta de eficacia administrativa establecida en el art. 103 CE.Y, a fin de justificar la proporcionalidad de esa exigencia de notificación electrónica obligatoria, la Sala concluye argumentando los siguientes objetivos: (a) la obtención del una mayor eficacia administrativa y, de esta manera, una mejor atención de los intereses generales; (b) un sistema de garantías dirigido a acreditar al interesado la puesta a su disposición del acto objeto de notificación y el acceso al contenido de este último, con lo que se cumple la finalidad, que es esencial en toda notificación, de garantizar que llega a su destinatario de manera exacta el conocimiento que lo que la Administración le quiere trasladar; y (3) y la no constancia de intereses o derechos relevantes que resulten sacrificados como consecuencia de este sistema de notificación (el recurso no los explica convincentemente).

Constitucional

Inconstitucionalidad de la denegación por razón de la edad al acceso a programa de atención individualizada en centro de asistencia a personas discapacitadas. Obligación de las administraciones de adoptar medidas para evitar la discriminación por discapacidad

EDJ 2018/501101El TC estima la demanda de amparo formulada por un particular con una minusvalía psíquica del 65% por trastornos de la personalidad, a quien se le negó un servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual por el hecho de haber superado los 60 años de y ello sin un estudio valorativo de su estado y necesidades.La demanda de amparo planteaba en este caso dos quejas constitucionales. La primera de ellas por vulneración del principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE (EDL 1978/3879). La segunda, por vulneración del derecho al recurso, integrado en el fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), debido a la inadmisión indebida del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo.En relación con la primera, la demanda afirma como punto de partida que las resoluciones de la Comunidad autónoma desestimatorias de su solicitud, confirmadas en vía judicial, han privado al recurrente de una atención individualizada en un centro de asistencia a personas discapacitadas, al excluirle de ello tan solo por razón de su edad (superaba los 60 años), en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Orden 1363/1997, de 24 de junio, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (EDL 1997/49476).La segunda plantea la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, como consecuencia de la inadmisión indebida de su recurso de casación.Se argumenta en este sentido, que contrariamente a lo que sostienen los Autos del TSJ y del TS, “la materia inicial sobre la que versa el objeto del procedimiento versa  sobre derechos fundamentales”, en concreto la discriminación padecida por razón de la edad, que le ha impedido acceder a una residencia especializada. Y más en concreto, que no es un litigio relativo a prestaciones periódicas de carácter vitalicio como indica el Auto desestimatorio del recurso de queja.Cita el recurrente en su apoyo la STC 87/1992, de 8 de junio (EDJ 1992/5976), respecto de la doctrina sobre vulneración del derecho al recurso en los supuestos de inadmisión de éstos, así como el art. 86.2.b) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, que garantiza el carácter recurrible de la sentencia sin importar la cuantía del procedimiento, cuando éste ha versado como aquí en la defensa de derechos fundamentales.El TC resuelve la cuestión estimando la demanda de amparo y declarando contrarias al derecho a la igualdad las actuaciones de las administraciones que no adoptan las medidas necesarias para evitar la discriminación por discapacidad.Así, el Tribunal ha venido a señalar que la CE ordena a los poderes públicos poner en práctica políticas de integración de los discapacitados y señala que España está obligada por los tratados internacionales a los que se haya adherido, entre los que destaca la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, al que España se adhirió en 2007, que, entre las distintas formas de discriminación prohibidas, incluye la denegación de ajustes razonables.

Contencioso-administrativo

Legalidad del sistema de doble medición del ruido regulado en Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones

EDJ 2018/5574El TS desestima el recurso formulado por “asociación de afectados por el ruido” contra la sentencia dictada por TSJ que estimó, tan solo parcialmente, el recurso contenciosos-administrativo que en su día formularon contra la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones en el municipio en cuestión.La sentencia recurrida declaró la nulidad de los art. 12, 61, el Anexo IV en lo relativo a que "las mediciones se hagan en un momento próximo", y la expresión que señala que "se puede considerar que se cumple con el valor límite", así como la Disp. Adic. 1ª, de la citada ordenanza, desestimando el recurso contencioso-administrativo en lo demás.La asociación recurrente disiente de la sentencia en aquello que el recurso contencioso administrativo resultó desestimado y, concretamente, en lo relativo a los métodos de evaluación del ruido ambiental. Así, en el escrito de interposición del recurso, la asociación recurrente solicitó que se casase la sentencia recurrida y se declarara también la nulidad del Anexo IV de la Ordenanza municipal en cuestión, en relación a la "Determinación y corrección del ruido de fondo, párrafo 2º, cuando señala que "es necesario realizar una medición previa (...) de ruido de fondo ambiental".Planteada  así la cuestión, el TS señala que, a su juico y en contra de lo sostenido por la asociación recurrente, el referido sistema de doble medición de la contaminación acústica, previsto en la ordenanza, no se opone a lo que se establece legal y reglamentariamente.Señala además la Sala que tampoco se contradice el sistema seguido por la ordenanza con el de las mediciones sorpresivas. Así, en la normativa reglamentaria estatal no se ha reconocido y garantizado un único sistema de mediciones sorpresivas, ni se ha proscrito el sistema de doble medición que establece la norma municipal, o, en fin, que entre ambos exista la necesaria incompatibilidad, por lo que le recurso es finalmente estimado por la Sala.

Doctrina administrativa

JCCA. Alcance de la prohibición de contratar con Ayuntamiento por parte de concejales electos en caso de trabajos hechos antes del nombramiento

EDD 2018/3338Se formula consulta por Alcalde Presidente de Ayuntamiento en relación con el nombramiento de un concejal tras la renuncia del que había salido elegido en las elecciones municipales.En concreto y dado que, tras informársele de sus derechos y deberes y antes de su nombramiento, en el Ayuntamiento se recibieron tres facturas por trabajos realizados por dicho nuevo concejal para el consistorio, es por lo que se pregunta sobre compatibilidad o no del mencionado concejal para efectuar las mencionadas obras y la procedencia del abono de las citadas facturas.Y la Junta informa que el acto de “toma de posesión” implica la asunción por el concejal electo de la plena condición del cargo, y es precisamente ese el momento a partir del cual el concejal electo puede hacer efectivos los derechos y asume los deberes y obligaciones inherentes al cargo, de manera que es a partir de tal momento cuando podría incurrir en causa de prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Social

El Smart Working, la nueva revolución del trabajo

Los beneficios de esta metodología de trabajo van un paso más allá del teletrabajo y se traducen en una mayor eficiencia, mayor rendimiento en el trabajo y mayor conciliación con la vida personal. La libertad de horarios y la movilidad son algunas de las ventajas del Smart Working, que supone importantes retos desde el punto de vista legal.

Doctrina administrativa

DGT. IVA. Tratamiento del contrato de gestión del servicio municipal de estacionamiento regulado en las vías públicas concertado por Ayuntamiento con empresa adjudicataria

EDD 2018/6647Se formula consulta por Ayuntamiento que gestiona el servicio municipal de estacionamiento regulado en las vías públicas, mediante un contrato de gestión de servicios públicos que, en virtud del correspondiente concurso público, ha adjudicado a una empresa, cuya gestión se realiza por la empresa adjudicataria del contrato de forma integral, siendo la misma la encargada de prestar los servicios contratados y de cobrar a los usuarios las correspondientes tarifas. Por su parte, el Ayuntamiento concedente satisface a la empresa adjudicataria del contrato una determinada retribución según los términos establecidos en el contrato.En concreto, se pregunta sobre la obligación de emitir factura por las operaciones objeto de consulta descritas en el párrafo anterior.La DGT informa que, con carácter general, la gestión del servicio público de estacionamiento regulado se realiza por una empresa en virtud de un contrato de gestión de servicios públicos, normalmente en la modalidad de concesión, siendo esta empresa la encargada de prestar los servicios contratados y de cobrar a los usuarios las correspondientes tarifas (que serán ingresadas periódicamente en las arcas municipales), debiendo abonar por ello el Ayuntamiento, a tal empresa, la retribución estipulada en el contrato.Siendo ello así, de conformidad con lo previsto en el art. 7.9º LIVA (EDL 1992/17907), la concesión para la gestión del servicio, en la medida en que puede ser considerada como una concesión administrativa, es una operación no sujeta al impuesto.No obstante, la DGT añade que el hecho de que la concesión o autorización administrativa no esté sujeta al Impuesto no impide que sí lo estén los servicios prestados por el concesionario, en virtud de la misma, al Ayuntamiento concedente. Así, la empresa adjudicataria del contrato de gestión de servicios públicos presta al Ayuntamiento una serie de servicios que no han de quedar fuera del ámbito de aplicación del IVA.En todo caso, la base imponible del servicio prestado por la concesionaria al Ayuntamiento estará constituida por el importe total percibido por esta última en nombre y por cuenta del Ayuntamiento y que aquélla hace suyo en pago del mismo.

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Entrevista

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Guillermo Pérez Alonso (Social Lex) , Diego Alonso (Markentingize) y Gabriel López Serrano(Microsoft)  completan una visión 360 grados de la información legal partiendo del planteamiento de las siguientes cuestiones: ¿Cuánto vale la información en los despachos? ¿Cómo protegerla? ¿Cuál es la mejor forma de aprovecharla?

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