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Civil

Probada alcoholemia de conductor fallecido en accidente de tráfico: exclusión de indemnización complementaria pactada en seguro de accidentes

EDJ 2018/26541El TS estima el recurso de recurso extraordinario por infracción procesal formulado por entidad aseguradora contra la sentencia dictada por AP que, desestimando el recurso de apelación que en su día planteó contra la sentencia dictada en la instancia, estimó sin embargo el de los demandantes -familiares de un fallecido en accidente de tráfico-, y condenó a aquélla a abonar a éstos una indemnización complementaria pactada por dicho fallecimiento y ello en virtud del seguro de accidentes que el finado concertó en su día con la recurrente.Recurría la aseguradora por cuanto señalaba que, aunque ciertamente existía ese contrato de seguro de accidentes que, entre otras coberturas, cubría el riesgo de fallecimiento por accidente de circulación, en este caso se había produjo un error “patente y notorio en la valoración de la prueba documental aportada” ya que, en los autos constaba un informe complementario elaborado por el médico forense que textualmente concluía que había “...existido influencia en el estado del sujeto en el momento del fallecimiento, con las cifras de alcoholemia se produce una disminución de reflejos, pérdida de acomodación visual, descoordinación, etc.”.   Siendo ello así, la recurrente estimaba que su negativa al pago estaba plenamente justificada en tanto que existía una exclusión contractual, ajustada a las previsiones del art. 3 LCS (EDL 1980/4219), según la cual no habría lugar a dichas indemnizaciones complementarias en el supuesto de que el accidente se hubiera producido por la embriaguez del asegurado.Planteada así la cuestión, la Sala resuelve que en este caso la sentencia recurrida no tuvo en cuenta dicho resultado probatorio, que, efectivamente, tiene un valor fundamental para establecer que la actuación de la aseguradora fue ciertamente correcta a la hora de negar las indemnizaciones complementarias por el accidente, que eran las exigidas en este pleito.

Acuerdos

Lefebvre – El Derecho y la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) firman un convenio de colaboración

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades consistente en el desarrollo de actividades formativas destinadas a los profesionales de la privacidad y que permitirá a los asociados de la APEP, así como para clientes del Grupo Lefebvre - El Derecho, disfrutar de condiciones ventajosas.

Contencioso-administrativo

Legalidad de la Ordenanza municipal que limita el tiempo de estacionamiento de autocaravanas en aquellas zonas no habilitadas específicamente para ello

EDJ 2018/22290El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por una asociación de usuarios de autocaravanas contra la sentencia del TSJ que, desestimando el recurso contencioso-administrativo que en su día formularon contra la limitación horaria aplicable a los estacionamientos de autocaravanas contenida en una Ordenanza municipal, declaró ajustada a derecho dicha limitación y, por tanto, la norma impugnada.La asociación recurrente impugnaba la norma pues, en síntesis, consideraba que con la limitación horaria que para las autocaravanas se establecía en la misma, se estaba vulnerando tanto el principio de igualdad (art. 14 CE, EDL 1978/3879) con respecto al resto de vehículos, como el principio de jerarquía normativa (art. 9 CE), en relación con la infracción de la Ley de Tráfico y su Reglamento.Planteada así la cuestión, la Sala apunta que la limitación horaria impugnada no infringe en modo alguno el principio de igualdad y así la Sentencia del TSJ ya ofreció argumentos suficientes para rechazar que la norma infringiera el principio reseñado, aduciendo para ello fundamentalmente que no se podía establecer una comparación válida entre estos vehículos y el resto, dado el diferente uso de que son susceptibles cada uno de ellos.Por otro lado, la Sala desestima también el motivo referido a una eventual infracción del principio de jerarquía normativa, señalando que una Ordenanza como la impugnada puede lícitamente tomar en consideración, junto a la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, otras circunstancias que, estando en todo caso relacionadas con ella, permitan la eficaz prestación de los servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, o el ejercicio eficaz de las competencias que se atribuyan a los Municipios por las normas sectoriales.Por lo anterior, la Sala desestima el recurso de casación formulado por la asociación recurrente, declarando la conformidad a derecho de la Ordenanza municipal impugnada y, por tanto, la limitación horaria aplicable a los estacionamientos de las autocaravanas en el municipio afectado.

Jornadas

“Café con Martín Molina” inicia su andadura en el Wanda Metropolitano

El despacho multidisciplinar Martín Molina junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE) inauguran una serie de encuentros jurídico-empresariales bajo la marca paraguas “Café con Martín Molina” en el Wanda Metropolitano.

Contencioso-administrativo

Falta de informe preceptivo en la aprobación de Estudio de detalle

-EDJ 2018/28849-El TS considera que ha de anularse el estudio de detalle que carece del informe preceptivo y vinculante por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado si afecta al ejercicio de las competencias estatales. La competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio, ya que el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque sea también exclusiva, de una Comunidad Autónoma, pues ello equivaldría a la negación de la misma competencia que asigna la Constitución a aquel.

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Entrevista

Jesús Lizcano: “La nueva Ley de Contratos del Sector Público supondrá un antes y un después”

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, responde algunas preguntas sobre este instrumento legal que entra en vigor hoy.

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