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Civil

Concesión de un porcentaje del precio de reparación de vehículo siniestrado cuando la cuantía es desorbitada aunque haya sido pagada

EDJ 2017/178635La AP desestima el recurso de apelación formulado por entidad aseguradora contra la sentencia de instancia que, estimando parcialmente la demanda deducida en su contra, la condenó a indemnizar al actor, propietario del vehículo contra el que colisionó su asegurado, en una cantidad muy superior al valor venal del vehículo siniestrado; concretamente al 40 % del valor de reparación del mismo más los intereses.Recurre la aseguradora pues considera que la indemnización a favor del demandante no puede superar el importe a que asciende el valor venal del vehículo más, en su caso, un 30% en concepto de valor de afección. Impugna igualmente la condena al pago del interés previsto en el art. 20 LCS (EDL 1980/4219), por entender que no procede su pago, pues fue la actora quien no dejó en su día que la aseguradora demandada pudiese indemnizar los daños materiales en el seno del pleito penal por considerar no adecuada a la realidad de la cantidad debida.Estima la Sala que en modo alguno son admisibles los argumentos de la demandada recurrente.Así, en primer lugar, señala la Sala que en este caso consta acreditado que el actor sí ha reparado el vehículo, sin que se haya probado por parte del demandada, que es a quien incumbía tal prueba, que la reparación haya supuesto un enriquecimiento injustoAntes al contrario, estima la Sala que el Juzgador de instancia tiene razón pues la sentencia recurrida razonó que, aún reparado el vehículo, el coste de reparación solicitado en la demanda resultaba, atendidas la antigüedad y características del mismo, efectivamente desorbitado y que fue precisamente por ello por lo que se condenó a la demandada al pago de tan solo el 40% del coste de esa reparación; cantidad ésta que, a más de no ser discutida por la parte demandante y dada la efectiva reparación del vehículo y la reducción de su coste decretada en la instancia, no puede suponer que la indemnización se reduzca aún más, concediéndose tan solo al valor venal del vehículo (aunque sea con un valor de afección añadido).Por lo que respecta a los intereses del art. 20 LCS también impugnados por la recurrente, es parecer de la Sala que la causa que alega para entender de aplicación la excepción prevista en el precepto indicado, no constituye causa justificada que exima a la aseguradora de pagar dicho interés. Es decir, que a juicio de la Sala, la demandada debió pagar la indemnización sin perjuicio de discutir en juicio su obligación de pago, sin que haya sido probado por ningún medio que fuera la actora quien no permitió que la aseguradora demandada pudiese indemnizar los daños materiales en el seno del pleito penal por considerar no adecuada a la realidad de la cantidad debida.

EBOOK

Crece el número de denuncias por impago de pensiones de alimentos

La grave crisis econónomica ha supuesto un considerable incremento de las denuncias por delito de impago de pensiones de alimentos impuestas por resolución judicial en procedimientos de divorcio contencioso o de mutuo acuerdo y otros relativos al establecimiento de pensiones alimenticias.

LAW & BLOGS

La labor del perito informático

El autor explica en qué consiste la labor del perito informático en el marco de un peritaje informático dentro de un proceso judicial.

LEGAL/TECNOLOGÍA

El despacho de abogados Lawyou apuesta por el cliente con ayuda de la tecnología

Lawyou es un despacho que está formado por abogados independientes con práctica en todas las ramas del Derecho y que apuesta por mejorar la calidad del servicio y la relación entre los clientes y los abogados.

CATALUÑA/FISCAL

Hacienda habilita una web sobre las medidas adoptadas de control de las finanzas de la Generalitat

El pasado 15 de septiembre se aprobó el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), por el que se adoptan nuevas medidas de control sobre las finanzas de la Generalitat de Cataluña para garantizar la estabilidad presupuestaria y la prestación de los servicios públicos fundamentales y proteger el interés general.

Europeos

Interpretación de las Directivas del Consejo 72/166 y 84/5. Consecuencias de falsas declaraciones del tomador del seguro sobre identidad de propietario o conductor habitual

EDJ 2017/142824El TJUE interpreta el art. 3.1 de la Directiva 72/166 (EDL 1972/2456) y el art. 2.1 de la Directiva 84/5 (EDL 1983/9622), primera y segunda directiva sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos -aplicables en la fecha del siniestro enjuiciado-, señalando que  las omisiones o falsas declaraciones del tomador del seguro en cuanto a la identidad del propietario o conductor habitual de un vehículo, no eximen a una aseguradora de indemnizar a las víctimas del accidente causado por su asegurado.La presente cuestión se plantea en el marco de un procedimiento en el que, tras un accidente de circulación con resultado del fallecimiento de ambos conductores, la compañía aseguradora del vehículo responsable se opuso al indemnización de los perjudicados, alegando que el contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles no era válido porque el tomador del seguro había declarado falsamente, en la fecha de celebración del contrato, ser propietario y conductor habitual del vehículo.Así las cosas, entablado el procedimiento judicial, y en relación con la interpretación de las Directivas Primera, Segunda y Tercera, relativas al seguro de vehículos automóviles, el Tribunal remitente albergaba dudas sobre la oponibilidad a los perjudicados de la nulidad absoluta del contrato de seguro, tal como ésta se halla configurada en el art. 428, apartado 1, del Código de Comercio portugués.Planteada así la cuestión el TJUE ha resuelto que el art. 3.1 de la Primera Directiva y el art. 2.1  de la Segunda Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que tenga por efecto que, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, pueda invocarse contra los terceros perjudicados la nulidad de un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles con que se sancionan las falsas declaraciones iniciales prestadas por el tomador del seguro en cuanto a la identidad del propietario y del conductor habitual del vehículo de que se trate o el hecho de que la persona por cuya cuenta o a cuyo nombre se haya suscrito dicho contrato no tenga interés económico en la celebración del mismo.Por ello, el Tribunal considera que, conforme a dicha interpretación, que el vehículo asegurado sea conducido por una persona no mencionada en la póliza no implica que no esté asegurado;  considerando además que, en todo caso, no pueden invocarse disposiciones nacionales que prevean la nulidad del contrato en tales casos.

Civil

Imposibilidad sobrevenida y cláusula “rebus sic stantibus”

EDJ 2017/149849El TS no aplica la imposibilidad sobrevenida del contrato, con la consiguiente resolución del mismo, ni la cláusula “rebus sic stantibus”, en caso de modificaciones estructurales de la sociedad cuyas acciones constituyen la base de un contrato especulativo y aleatorio, pues no lo considera como una circunstancia extraordinaria y racionalmente imprevisible. La posibilidad de una rentabilidad muy elevada conlleva a cambio la asunción de riesgos significativos para el inversor como puede ser la pérdida total de la inversión (FJ 13 y 14).

Contencioso-administrativo

Nulidad de resolución sancionadora por infracción tráfico derivada de la falta de concreción del precepto infringido. Improcedente subsanación de dicha omisión en el recurso de revisión

EDJ 2017/161719El TSJ estima el recurso de apelación formulado por particular contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo que en su día desestimó el recurso contencioso administrativo, tramitado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, que a su vez había desestimado el recurso de reposición contra la imposición de un sanción de tráfico por exceso de velocidad.Recurre el denunciado la sentencia pues, entre otros motivos y en contra de lo sostenido por la resolución impugnada, considera que el hecho de no haber expresado en la denuncia el precepto infringido no puede ser subsanado en la resolución del recurso de reposición interpuesto en su día contra la misma.Y estima la Sala por su parte que, efectivamente, asiste la razón la recurrente pues en este caso no se mencionó ningún precepto legal, ni siquiera reglamentario, que tipificara los hechos denunciados como infracción leve, grave o muy grave, hasta el momento en el que se resolvió el recurso de reposición, cuando, a modo de subsanación de la motivación de la resolución sancionadora, que el Juzgador a quo convalidó con la resolución impugnada, se citaron los arts. 65, 67 y 68 del RDLeg 339/1990, de 2 de marzo (EDL 1990/12827).Pero aún más, coincide también la Sala con el apelante en que de los preceptos que se citan al resolver el recurso de reposición, únicamente el art. 65 es el que tipificaba las infracciones, y, tratándose de un precepto legal que lleva por título "Cuadro general de infracciones", que está dividido en siete apartados, a su vez subdivididos en múltiples subapartados, lo cierto es que deviene insuficiente puesto que la mención del número y de la letra en que la infracción se encuentra tipificada es indispensable desde la perspectiva de los principios de legalidad y de tipicidad. Así, la Sala concluye que es esencial en un procedimiento sancionador que se especifique el tipo de infracción en que se fundamenta la sanción, ya que es a la vista de los hechos denunciados y de su tipificación cuando el interesado articula su defensa, limitándose con su omisión del tipo infractor la posibilidad de formular alegaciones y de proponer pruebas, lo que sin duda causa una indefensión manifiesta al denunciado.

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Entrevista

"Todo lo que rodea al legaltech en España está en un momento muy prometedor"

Entrevistamos a José María Fernández, editor de Derecho Práctico y creador de Lexplorer, primer comprador de productos jurídicos del mercado.

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