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Civil

Inexistente prescripción de acción por responsabilidad extracontractual. La fecha inicial se sitúa en el momento en que la perjudicada conoció su derecho a la justicia gratuita

EDJ 2017/210402La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por lesionada contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia que, en su día, desestimó la demanda que presentó reclamando por las lesiones sufridas por su caída en un autobús, al considerar el juzgador que la acción por responsabilidad extracontractual que venía ejercitando aquélla estaba prescrita.Así, la sentencia de instancia consideró que, ejercitándose en este caso la acción del art. 1902 CC (EDL 1889/1), había transcurrido el plazo de un año prevenido por el art. 1968.2º CC, contado desde la reclamación extrajudicial que se hizo a la aseguradora demandada y la presentación de la interpelación judicial.Frente a dicha resolución, opone la apelante que se ha interpretado y aplicado erróneamente el último de los preceptos nombrados, lo que supone una inidónea observancia del art. 217 LEC (EDL 2000/77463), enfatizando que hasta una determinada fecha no obtuvo la actora el beneficio de la justicia gratuita para poder litigar, aludiendo además al tratamiento restrictivo que jurisprudencialmente se reclama para el instituto que aquí se trata, lo que exigiría "una interpretación amplia y flexible de las causas de interrupción" del mismo.Remarca además la recurrente que, según la Sentencia del TS de 25 de marzo de 2015 (EDJ 2015/36333), que sigue la doctrina de otras anteriores, la solicitud de esa asistencia gratuita es una indudable causa interruptiva de la prescripción,  destacando por ultimo también la existencia de reclamaciones a la aseguradora y su contestación de rechazo.Planteada así la controversia, la Sala señala que la recurrente tiene razón por cuanto, efectivamente, en este caso no existe prescripción para reclamar por responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora, al no haber transcurrido el plazo de un año desde que la perjudicada conoció que podría litigar de manera gratuita.En todo caso, declarada inexistente la prescripción, la Sala reparte al 50% la culpa de ambas partes en la causación del accidente; la de la actora por no agarrarse -ya que tenía las manos ocupadas con bolsas- y la del conductor por arrancar sin prever que la actora no estaba asida a ninguna agarradera,  y así modera la indemnización que debe pagarse a la actora.

Civil

Falta de diligencia de asegurador en notificación de la resolución de seguro de vehículo derivada exclusivamente de finalización del contrato. Prórroga de cobertura de la póliza

EDJ 2017/203984La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora -tan solo en el particular relativo a la imposición de costas-, y desestima el del Consorcio de Compensación de Seguros, contra la sentencia dictada en procedimiento seguido por un accidente de circulación, en el que, pese a condenarse a la mercantil recurrente como aseguradora del vehículo que causó unos daños que fueron indemnizados por el CCS y cuyo reembolso pretendía, no extendió tal condena al propietario ni al conductor del vehículo efectivamente asegurado.Recurría la aseguradora señalando que, al momento del accidente, no aseguraba al vehículo en cuestión, por cuanto había notificado en legal forma y por escrito al conductor/propietario su decisión de no renovación de la póliza por finalización del periodo en curso, y ello con carácter previo a la ocurrencia del siniestro.No obstante ello, la Sala señala que, aun cuando la eficacia de esta forma de notificación del preaviso de no renovación de la póliza no puede hacerse depender del conocimiento real de la misma por parte del destinatario y, aún constando el envío pero no la recepción de la misma, en este caso no puede estimarse que la aseguradora recurrente hubiera desplegado la diligencia que le era exigible, teniendo en cuenta el hecho de que la denegación de la prórroga del seguro no vino precedida de incumplimiento alguno por parte del asegurado tomador, ya que no se discute siempre estuvo al corriente y lo estaba en ese momento en el pago de la prima.Es por ello, por lo que la sala, de acuerdo con el Juzgador de instancia, considera prorrogado el contrato que amparaba el vehículo y por tanto cubierto el siniestro de autos.Y siendo ello así, esto es, existiendo aseguramiento, la facultad de repetir del Consorcio, según la normativa específica establecida al respecto, es exclusivamente frente a la aseguradora, en cuanto de tal regulación resulta que la de hacerlo frente al conductor viene limitada a los supuesto legalmente previstos en la citada regulación (art. 11.3, en relación con el art. 10 del TRLRCSCVM, EDL 2004/152063), sin que por ello pueda la misma ampararse en la invocación del régimen genérico de la responsabilidad extracontractual que consagra su art. 1 del mismo texto tal, y por ello se desestima también la extensión pretendida por el CCS en su recurso.Señala la Sala, por último, que la estimación del recurso de la aseguradora en cuanto a la no imposición de las costas deriva de la existencia de dudas de hecho acerca de la existencia o inexistencia de la relación de aseguramiento.

Civil

Vinculante oferta motivada de indemnización con compromiso de pago de aseguradora a lesionado en accidente de tráfico. Aplicación de la doctrina de los actos propios

EDJ 2017/205529La AP estima el recurso formulado por perjudicados por accidente de tráfico contra la sentencia de instancia que desestimó la demanda que en día habían formulado, en méritos de dicho siniestro contra la aseguradora del vehículo responsable y en reclamación de las lesiones sufridas con ocasión del mismo.La sentencia impugnada desestimó la demanda de referencia por considerar que no había quedado sufrientemente acreditado tanto el nexo causal entre las lesiones y el accidente, como la justificación de las lesiones y el tiempo de curación, por lo que ambos demandantes recurrieron en apelación.Alegan los recurrentes, como causa esencial de su recurso, que dicha sentencia incurrió en  infracción de la doctrina de los actos propios, por cuanto existió una oferta motivada por parte de la compañía demandada, así como error en la valoración de la prueba.Y la Sala señala que efectivamente asiste la razón a los recurrentes puesto que, dado que en la audiencia previa del procedimiento seguido en primera instancia y a requerimiento de la parte  actora, la demandada aportó documentación acreditativa de haber mantenido numerosas comunicaciones con aquéllos e incluso una oferta motivada a uno de los dos demandantes, debe ser de aplicación la  doctrina de los actos propios a esa oferta motivadaY así, la Sala declara que, cuando la aseguradora presenta una oferta motivada de indemnización con compromiso de pago está asumiendo su responsabilidad contractual y a que lo contrario supondría ir en contra de los actos propios y en contra del principio de buena fe.Así, el Tribunal recuerda, con cita de otras sentencias dictada por la propia Sala y en relación con el efecto vinculante para la aseguradora de tales ofertas motivadas, que tal efecto supone vinculación del autor a una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito en el sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio.Y, consecuencia de los anterior, la Sala concluye que la aplicación de tal doctrina se vincula en este caso con el escrito que la compañía aseguradora remitió al lesionado mediante el que puso a su disposición una cantidad concreta en concepto de indemnización por las lesiones que se le ocasionaron con motivo del accidente de circulación, desglosando incluso los distintos conceptos de la misma que se basaban en los informes médicos facilitados. La oferta, por tanto,  respondió a la voluntad de la aseguradora de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 7 del TRLRCSCVM (EDL 2004/152063), por lo que vincula a la compañía aseguradora oferente, quien no puede ahora ir contra sus propios actos.

Civil

Inexistente incongruencia «extra petita» en sentencia que condena al pago de cuantías actualizadas conforme al baremo de 2013 en demanda calculada conforme al de 2012

EDJ 2017/209914La AP desestima el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora contra la sentencia dictada en la instancia, que la condenó al pago de las lesiones y daños materiales causados al demandante como consecuencia de un accidente de circulación responsabilidad del conductor de un vehículo asegurado por  aquélla.El recurso formulado alegaba que la sentencia de instancia había incurrido en error puesto que, reclamando el actor en virtud del baremo actualizado al año 2012, la juzgadora concedió las cantidades correspondientes al año 2013. Además, en segundo lugar, la recurrente estimaba que no se le podían imponer los intereses del art. 20 LCS (EDL 1980/4219), por cuanto había existido una indeterminación de la cuantía a pagar, lo que conllevaba la existencia de causa legal para su no imposición.La Sala, sin embargo, considera que la aseguradora no tiene razón puesto que, en relación con el baremo aplicado por la sentencia recurrida, ciertamente ésta aplica el del año 2013 cuando en la demanda se hizo el cálculo del petitum con base a la actualización del años anterior, pero, a juicio de la Sala, no es menos cierto que es imperativo calcular la indemnización procedente conforme a lo dispuesto en el baremo incluido en la LRCSCVM (EDL 2004/152063); y es este el baremo el que tomaron como base tanto la demanda como la sentencia, si bien la resolución utilizó la actualización correspondiente al año en que se produjo la estabilización de las lesiones del perjudicado, en una correcta aplicación de la jurisprudencia sobre esta cuestión, determinando, finalmente y también en suma total, una indemnización inferior a la solicitada en la demanda.Así las cosas, no se concede por tanto más de lo pedido, ni tampoco nada distinto, por lo que en modo alguno a juico de la Sala existe la incongruencia extra petita denunciada por la recurrente.Tampoco considera la Sala que proceda la exoneración de los intereses del art. 20 LCS, tal y como pretende la recurrente, ya que, conforme al aptdo. 8 de dicho precepto, el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora y, en este caso concreto, la indeterminación sobre el quantum indemnizatorio en modo alguno  obvia la aplicación del art. 20, no siendo de aplicación el viejo aforismo in illiquidis non fit mora (no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas), pues la jurisprudencia considera la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar.

Penal

Concurso de normas entre delito de conducción temeraria y conducción con alcoholemia. El primer delito absorbe al segundo pues aquél ya pone en riesgo la seguridad vial

EDJ 2017/205179La AP condena al acusado como autor responsable de los delitos de conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción sin licencia, hurto de uso de vehículo de motor, homicidio intentado, lesiones y falta de lesiones, como consecuencia de haber conducido un tractor por una localidad que estaba en fiestas, efectuando maniobras tendentes a atropellar intencionadamente a un grupo de vecinos con los que había tenido un enfrentamiento previo esa misma noche, lográndolo con tres de ellos que sufrieron lesiones de distinta consideración y gravedad.Acreditados los hechos, tanto por las declaraciones de los implicados como por la pruebas de detección alcohólica que le fue practicada al acusado tras ser detenido, la Sala se plantea en este caso, entre otras, la cuestión relativa a la compatibilidad o incompatibilidad entre los delitos previstos en los arts. 379.2 y 380 CP (EDL 1995/16398), puesto que, según señala, no es esta una cuestión pacífica en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales.Así, señala la Sala que existe un grupo de Audiencias que se decantan por la existencia de un concurso de delitos, descartando con ello el concurso de normas y la vulneración del principio non bis in ídem por la punición de ambas conductas; existiendo otra  corriente que, por el contrario, se decanta por la incompatibilidad de ambos delitos.Señala además la Sala que la Sentencia del TS de 7 de octubre de 2010 (EDJ 2010/219332), si bien no se pronunció directa y abiertamente acerca de la relación concursal entre el art. 380 y el art. 379, sí estimó que, de apreciarse además de una conducción temeraria una conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, se trataría éste de otro delito quizás en concurso ideal o, en el mejor de los casos, consumido en la temeridad de la conducciónPlanteada así la disyuntiva, la Sala considera que lo más ajustado a derecho es concluir que concurre un concurso de normas que debe resolverse, conforme al art. 8.3 CP, a favor del art. 380 del CP, por cuanto la conducción temeraria del art. 380 ya contempla la puesta en riesgo del bien jurídico protegido, la seguridad vial, que supone la conducción del vehículo de motor bajo la influencia de la ingesta de bebidas alcohólicas regulado en el art. 379 del CP, que debe ser absorbido por aquél.

Civil

Indemnización del lucro cesante por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tráfico. Presunción del perjuicio por pérdida de productividad del perjudicado

EDJ 2017/210425La AP estima en parte el recurso interpuesto por particular contra la sentencia dictada en primera instancia que, estimando tan solo parcialmente la demanda que en su día formuló por un accidente de tráfico en el que resultó perjudicado, le concedió solamente los daños personales y de su vehículo, pero excluyendo las partidas también reclamadas en concepto de  gastos médicos, farmacia, daño emergente y lucro cesante.La Sala desestima en primer lugar el recurso en cuanto a los gastos médicos por cuanto estima que, tal y como se señaló en la instancia, dichos gastos tuvieron lugar fuera del correspondiente periodo de sanidad forense.En relación con el daño emergente (gastos de grúa, gastos de equipación del nuevo camión -instalación de gancho y rotulación- y gastos de matriculación, tasas, y puesta a punto), tampoco es acogido por la Sala puesto que, en su opinión, al haber sido indemnizado en el valor venal de su vehículo más un valor de afección, en este “valor de afección” quedarían integradas esas partidas indemnizatorias reclamadas relativas a la equipación del camión para servir al uso al que se destina ya que, en caso contrario, se estaría indemnizando de nuevo por unos mismos conceptos.Acoge sin embargo la Sala la reclamación referida al lucro cesante, considerando que su desestimación en la instancia por contar el actor con otro camión más pequeño y antiguo con el uso del cual no habría quedado paralizada su actividad laboral, debe ser corregida.Así, señala la Sala, con cita determinadas sentencias del TS, que el lucro cesante debe acordarse cuando se haya dejado de obtener una ganancia por parte del acreedor y que, aunque es cierto que la jurisprudencia española ha sido restrictiva al señalar que no debe concederse indemnización en los casos de ganancias dudosas, sí se ha reconocido que aplicando criterios de probabilidad, debe indemnizar "aquella pérdida futura que razonablemente se prevea que puede ocurrir”.Sentado ello, apunta la Sala que este caso procede la indemnización por lucro cesante al concurrir los presupuestos y criterios que menciona la jurisprudencia. Y aún en mayor medida porque en este caso la parte recurrente ha justificado, debidamente a juico de la Sala, el concreto beneficio o ventaja económica dejada de obtener en los términos que constan documentados.Es decir, que a juicio de la Sala debe estimarse la petición pues, justificado el beneficio referido, no ha sido necesario realizar ese juicio de probabilidad o esa apreciación prospectiva que señala la jurisprudencia fundada en criterios objetivos de experiencia acerca de esas futuras ganancias frustradas por la conducta negligente del conductor asegurado en la aseguradora demandada.

Civil

Procedente indemnización por lesión lumbar derivada accidente de circulación pese a la acreditada existencia de patología previa en esa zona

EDJ 2017/210472La AP estima  el recurso de apelación formulado por lesionada en accidente de tráfico contra la sentencia dictada en la instancia que en su día estimó tan solo parcialmente la demanda que aquélla instó contra el conductor, el propietario y la aseguradora del vehículo que alcanzó al que ella conducía el día de los hechos, causándole las lesiones por las que reclamaba.La sentencia de instancia consideró inexistente la relación causal alguna entre el accidente y la dolencias que la actora presentaba a nivel lumbar, motivo por el cual, redujo a cuarenta y nueve días el periodo de invalidez temporal, en detrimento de los noventa y tres reclamados, denegando igualmente toda indemnización por secuela así como por los gastos médicos relacionados con dicha dolencia.Recurrida por la lesionada dicha concreta desestimación, la Sala señala que, en realidad, la razón de la exclusión de dicha indemnización obedece a los denominados criterios cronológico y de exclusión.Así, la Sala apunta que en la sentencia se aduce para negar tal pago que, habiendo la actora acudido a los servicios de urgencias, solo se le describieron lesiones atribuidas a la misma nivel cervical o dorsal, nunca lumbar, pese a la importancia del dolor a dicho nivel que después se reveló, muy superior al que padecía en aquellos niveles; además, tampoco fue hasta un tiempo después, cuando la actora acudió al especialista privado, apreciándose tal dolencia que, en todo caso, se justificaría por los importantes signos degenerativos previos en L5-S1 que la paciente ya presentaba.Sentado ello, la Sala muestra su disconformidad con tal razonamiento de la resolución impugnada y señala que, pese a que efectivamente la lesionada tenía antecedentes de una patología lumbar, se trata de una zona delicada y propensa a dolencias de este tipo, por lo que parece lógico considerar que la clínica que presentaba al ser explorada por el especialista tras el siniestro guardaba relación con el suceso accidental.Así, considera la Sala que, en este caso, no cabe considerar que la lesión es anterior al siniestro, puesto el último tratamiento que constaba por dolencias de este tipo databa del año 2010, ni puede tampoco considerarse por ello que los dolores surgieron exclusivamente como consecuencia de los antecedente degenerativos sin relación alguna con el accidente; por el contrario, la proximidad en el tiempo entre el accidente y la clínica presentada, permiten sostener a la Sala lo contrario, lo que conlleva la estimación de la reclamación por el mismo

Doctrina administrativa

DGT. IVA. Tratamiento de la utilización de vehículo por abogado para el desempeño de su profesión cuando el mismo le es cedido gratuitamente por un familiar

EDD 2017/195109Se formula consulta por persona física que va a ejercer la actividad de abogado por cuenta propia, utilizando para sus desplazamientos un vehículo cedido de forma gratuita por un familiar, sobre si son deducibles los gastos propios de ese vehículo pese a no ser de su titularidad y, en tal caso, sobre el porcentaje de deducibilidad de los mismos y forma de documentarlos.La DGT parte del hecho de que, conforme a los arts. 4 y 5 LIVA (EDL 1992/17907) el consultante tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto en la medida que desarrollará una actividad profesional y quedarán sujetas al mismo las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realice en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.Sentado ello, la DGT informa también que el consultante tendrá que acreditar la afectación del vehículo a su actividad por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, cuya carga incumbe al mismo de acuerdo con lo señalado en materia de prueba en la Sección 2º del capítulo II del título III de la LGT (EDL 2003/149899).Y añade el centro informador que, tratándose de vehículos automóviles de turismo, una vez acreditado que se encuentran, al menos, parcialmente afectos a la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 93.Cuatro y 95 LIVA, se presumirá que el grado de afectación es del 50%, salvo que se trate de alguno de los vehículos incluidos en la lista tasada que se relaciona al final del núm. 2 del aptdo. Tres del referido art. 95, entre los que no se encuentran el vehículo objeto de consulta.En todo caso, en el supuesto objeto de consulta, como el vehículo es cedido gratuitamente al consultante, la DGT también señala que en este caso parece no existir ninguna cuota del Impuesto repercutida y soportada por el consultante como consecuencia de dicha cesión de uso, sin perjuicio de que pueda ser afectado el vehículo a su actividad empresarial o profesional.Por último, señala la DGT que el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible o por las reparaciones o revisiones a que se someta un vehículo debe desvincularse del aplicable a la propia adquisición del mismo. En este sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ya reseñado art. 95 y, en especial, sus aptdos. uno y tres, la DGT informa que, en particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.En cualquier caso, nuevamente señala la DGT que la afectación del combustible y el resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho.Por último, la DGT concluye destacando que el hecho de que el vehículo que el consultante vaya a afectar a su actividad profesional no sea de su titularidad sino que haya obtenido su disfrute mediante una cesión de uso del mismo no impide que pueda deducir las cuotas del IVA soportadas en la adquisición de los bienes y servicios relacionados con el mismo, siempre que se cumplan los requisitos ya expuestos.

PREMIO

El ICAV acoge el XX Premio de Estudios Jurídicos concedido por la Fundación Broseta

La entrega del XX Premio de Estudios Jurídicos ha tenido lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y ha sido presidida por Miquel Roca Junyent, que ha pronunciado la conferencia “Europa y Seguridad Jurídica”.

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