El Derecho

Conócenos

Lo más reciente

Civil

Inexistente de conflicto de intereses entre aseguradora y asegurado que excluya la defensa jurídica ante demanda formulada por accidente de tráfico

EDJ 2017/205582La AP desestima el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora contra la sentencia dictada en primera instancia que, estimando íntegramente la demanda deducida en su contra, la condenó a pagar los honorarios abonados por la demandante al letrado que asumió su defensa jurídica en un juicio ordinario promovido en su día por un tercero contra el ahora demandante, en reclamación de responsabilidad civil por un siniestro en el que intervino el vehículo del demandante asegurado por la entidad recurrente.La compañía apelante impugnaba la sentencia de instancia pues estimaba que había incurrido en infracción del art. 74 de la LCS (EDL 1980/4219), en relación con el art. 37 de las Condiciones Generales de la póliza y el pacto adicional a la misma, y ello por cuanto la no prestación de “defensa jurídica” del asegurado, en el seno del procedimiento ordinario a instancia de tercero, devino de la existencia de conflicto de intereses entre dicha aseguradora apelante y su asegurado (el aquí actor) porque se consideraba que no era responsable del siniestro, ni con ello del pago de las indemnizaciones allí reclamadas, puesto que el daño no se había producido por un hecho de la circulación.La Sala resuelve sin embargo que el recurso no puede prosperar ya que la excepción a la regla general que integra en el seguro de responsabilidad civil la defensa jurídica del asegurado ante las reclamaciones del tercero perjudicado no puede ser utilizada con base a conflictos planteados de forma abusiva o simplemente formal y sin contenido real; y ello por cuanto, de ser así, el asegurador podría exonerarse de su obligación simplemente con aducir un conflicto aunque no tuviera fundamento.En este sentido, dice la Sala además que en estos casos no se exige de las aseguradoras (en este caso la apelante) que tengan toda la razón pero, sentado ello, lo que sí resulta exigible es que despliegue una actuación que demostrativa de que mantenía realmente, y por considerarlo lo procedente, una discrepancia justificada y con fundamento con su asegurado, cosa que no ha acreditado en este caso y, por ello, la sentencia de instancia debe ser ratificada.

Civil

Procedente derecho a indemnización por lucro cesante de transportista por privación de uno sus vehículos pero minorado por las deficiencias probatorias

EDJ 2017/204573La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por empresario autónomo, que se dedica al transporte de bombonas de butano y propano, contra la sentencia dictada en primera instancia que desestimó la demanda que en su día instó contra los responsables del accidente de circulación en que se vio implicado uno de sus camiones, en reclamación del resarcimiento de determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios por la imposibilidad de utilizar el camión siniestrado.La sentencia de instancia desestimó la referida demanda por falta de acreditación de los daños y perjuicios por la paralización del vehículo en el taller. Como argumentos más relevantes señalaba la referida resolución que en el precio calculado por la Federación Empresarial de Transportes parecía estar haciendo referencia a una indemnización por daño emergente, no por lucro cesante, pues no se cuantificaban las ganancias dirigidas a obtener; sin embargo, en la demanda se solicitaba una suma en concepto de perjuicios de paralización y podría querer significar una indemnización por lucro cesante. Así, ante tal falta de acreditación del perjuicio reclamado se absolvió a los demandados.Recurre el actor pues, entre otros argumentos, señala que un camión accidentado que no puede ser destinado al transporte mientras dura su reparación genera una pérdida de beneficio y que las certificaciones gremiales, aunque no se consideren vinculantes, sí son un medio de prueba de los perjuicios presuntos por la paralización de un vehículo.En todo caso, estima también el recurrente que los documentos aportados con la demanda, al no haber sido impugnados, adquieren el valor de prueba,  recordando además los testimonios del conductor del camión en la fecha del accidente, del titular del taller y del legal representante de la Federación Empresarial que emitió el certificado gremial, así como la doctrina jurisprudencial sobre el lucro cesante, con sus criterios de probabilidad objetiva de una disminución de ingresos en su titular, que se ve privado de un medio del que se sirve para su actividad económica.Planteado así el recurso, la Sala resuelve que la controversia se centra en este caso en la determinación de la existencia del lucro cesante que pudiera haber supuesto a la actora la paralización durante 86 días de un camión especialmente adaptado para el transporte de mercancías peligrosas, como son bombonas de butano y propano, concluyendo que, efectivamente, el perjuicio existe y por tanto debe ser resarcido el actor por ello.En este sentido, determina la Sala que, en casos como el presente, no cabe exigirse al perjudicado la carga de la prueba de acreditar la disponibilidad de otros vehículos para ejercer su actividad, sino que el perjuicio se deduce de la mera inexistencia de obtención de ganancias por el propio camión siniestrado, por lo que procede la estimación del recurso y la indemnización del actor pero, siendo muy relevantes las deficiencias probatorias en este caso, considera igualmente la Sala procedente efectuar una reducción en la indemnización solicitada

Civil

Seguro obligatorio de viajeros. Sistema de indemnizaciones propio del seguro de viajeros distinto al recogido en el seguro del automóvil

EDJ 2017/204554La AP desestima el recurso de apelación formulado por empresa municipal de transporte y su conductor, estimándose tan solo en parte el formulado por su compañía aseguradora, contra la sentencia que estimó parcialmente la demanda formulada en su contra, condenándolas a indemnizar a la actora por el accidente sufrido cuando ésta viajaba como pasajera de un autobús urbano por daños contemplados en el Seguro Obligatorio de Viajeros -SOV-, condenando igualmente  al Consorcio de Compensación del Seguro a indemnizar a la misma demandante por los daños corporales que padeció, cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños causados a terceros por vehículo de motor.Recurre la aseguradora de la sociedad municipal pues, según señala, no procedería su condena al importe de los daños corporales calculados según el baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor (EDL 2004/152063), sino los que se computen de acuerdo con el baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre (EDL 1989/15264). Y siendo así, este baremo no contempla la indemnización por días de baja ni el pago de gastos y, según el perito de la actora, las secuelas que presenta la actora se hallan comprendidas en la categoría 12 del baremo SOV, en el que la indemnización por secuelas es inferior a la concedida.La empresa municipal por su parte, al igual que su conductor, también recurren, pero en su caso por cuanto estiman que no procede su condena sino solamente la de su aseguradora.Y la Sala, con desestimación de los recursos de estos dos últimos, estima sin embargo parcialmente el de la aseguradora y señala que mediante el SOV establece un sistema propio de determinación de la indemnización, distinto al del seguro de responsabilidad civil, acorde a su distinta naturaleza, de manera que no es posible acudir a la aplicación de las normas de éste para otorgar indemnización en aquellos supuestos en los que no está previsto para el seguro obligatorio de viajeros.Y añade el Tribunal que, concretamente, se excluyen en este seguro de viajeros la indemnización por daños y también por días de curación, limitándose la indemnización de la incapacidad a las consecuencias inhabilitantes de la misma conforme se fija en el baremo.Es por ello que la Sala declara que la condena a cargo del SOV debe limitarse a los conceptos indemnizables según su propio baremo y, con arreglo a ello, conforme a lo manifestado en el acto del juicio por el perito de la propia actora, las secuelas de ésta quedan incluidas en la categoría 12ª del baremo del referido RD 1575/1989, por lo que debe reducirse a esa concreta cifra la condena por los daños cubiertos por el Seguro Obligatorio de Automóviles.

Civil

Existente negligencia del perjudicado en alcance sufrido por su turismo que conlleva una moderación de la responsabilidad objetiva derivada de la circulación de vehículos

EDJ 2017/205496La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por los lesionados en accidente de tráfico -conductor y pasajero- contra la sentencia que desestimó la demanda que en su día formularon, tanto contra la aseguradora como contra el propietario y el conductor del vehículo que, alcanzando al suyo en su parte trasera, les causó las lesiones por las que venían reclamando.La demanda interpuesta en su día fue desestimada por cuanto, con base en el atestado obrante en autos, el juzgador de instancia consideró que el accidente ocurrió por culpa de la propia conductora codemandante quien, hallándose circulando por una rotonda, súbitamente y sin motivo justificado, frenó bruscamente, recibiendo el impacto por parte del vehículo de los demandados que la seguía en mismo sentido de la marcha y carril.Sentado ello, los actores recurren siendo el motivo principal del recurso su desacuerdo con la apreciación y valoración llevada a cabo por la juzgadora de instancia del informe que emitió la Guardia Civil de tráfico en relación con el accidente acaecido, que fue aportado junto con la demanda y que, en opinión de las apelantes sirve para tener una idea acertada, distinta de la señalada por la juez, de cómo sucedieron los hechos y la causa del accidente.Siendo ello así, y previniendo la Sala sobre las posibilidades revisoras en segunda instancia, apunta que el referido Informe de la Guardia Civil señala como posibles causas, en el caso de la actora una indecisión, demora o retraso en tomar una decisión y frenar sin causa justificada, y en el del conductor demandado, no mantener el intervalo/distancia de seguridad, considerándola posible causa del accidente.Por lo anterior, la Sala considera que los recurrentes tienen, en parte, razón, ya que, fundándose la responsabilidad del conductor por daños a las personas en el riesgo objetivo creado por la circulación (art. 1.1 LRCSVM, EDL 2004/152063), el legislador considera que la negligencia del perjudicado constituye una circunstancia susceptible de ser apreciada objetivamente, la cual, según su grado de importancia en la causación del siniestro, determina que no sea imputable al conductor en todo o en parte el resultado dañoso producido. Y de ello se deduce a juicio de la Sala  que, en este caso, ha existido una concurrencia de conductas culposas, en un porcentaje de 60% de la actora y de un 40% en el demandado que, necesariamente, conlleva la estimación parcial del  recurso y, por ende, de la demanda.

Civil

Inexistente prescripción de acción por responsabilidad extracontractual. La fecha inicial se sitúa en el momento en que la perjudicada conoció su derecho a la justicia gratuita

EDJ 2017/210402La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por lesionada contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia que, en su día, desestimó la demanda que presentó reclamando por las lesiones sufridas por su caída en un autobús, al considerar el juzgador que la acción por responsabilidad extracontractual que venía ejercitando aquélla estaba prescrita.Así, la sentencia de instancia consideró que, ejercitándose en este caso la acción del art. 1902 CC (EDL 1889/1), había transcurrido el plazo de un año prevenido por el art. 1968.2º CC, contado desde la reclamación extrajudicial que se hizo a la aseguradora demandada y la presentación de la interpelación judicial.Frente a dicha resolución, opone la apelante que se ha interpretado y aplicado erróneamente el último de los preceptos nombrados, lo que supone una inidónea observancia del art. 217 LEC (EDL 2000/77463), enfatizando que hasta una determinada fecha no obtuvo la actora el beneficio de la justicia gratuita para poder litigar, aludiendo además al tratamiento restrictivo que jurisprudencialmente se reclama para el instituto que aquí se trata, lo que exigiría "una interpretación amplia y flexible de las causas de interrupción" del mismo.Remarca además la recurrente que, según la Sentencia del TS de 25 de marzo de 2015 (EDJ 2015/36333), que sigue la doctrina de otras anteriores, la solicitud de esa asistencia gratuita es una indudable causa interruptiva de la prescripción,  destacando por ultimo también la existencia de reclamaciones a la aseguradora y su contestación de rechazo.Planteada así la controversia, la Sala señala que la recurrente tiene razón por cuanto, efectivamente, en este caso no existe prescripción para reclamar por responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora, al no haber transcurrido el plazo de un año desde que la perjudicada conoció que podría litigar de manera gratuita.En todo caso, declarada inexistente la prescripción, la Sala reparte al 50% la culpa de ambas partes en la causación del accidente; la de la actora por no agarrarse -ya que tenía las manos ocupadas con bolsas- y la del conductor por arrancar sin prever que la actora no estaba asida a ninguna agarradera,  y así modera la indemnización que debe pagarse a la actora.

Civil

Falta de diligencia de asegurador en notificación de la resolución de seguro de vehículo derivada exclusivamente de finalización del contrato. Prórroga de cobertura de la póliza

EDJ 2017/203984La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora -tan solo en el particular relativo a la imposición de costas-, y desestima el del Consorcio de Compensación de Seguros, contra la sentencia dictada en procedimiento seguido por un accidente de circulación, en el que, pese a condenarse a la mercantil recurrente como aseguradora del vehículo que causó unos daños que fueron indemnizados por el CCS y cuyo reembolso pretendía, no extendió tal condena al propietario ni al conductor del vehículo efectivamente asegurado.Recurría la aseguradora señalando que, al momento del accidente, no aseguraba al vehículo en cuestión, por cuanto había notificado en legal forma y por escrito al conductor/propietario su decisión de no renovación de la póliza por finalización del periodo en curso, y ello con carácter previo a la ocurrencia del siniestro.No obstante ello, la Sala señala que, aun cuando la eficacia de esta forma de notificación del preaviso de no renovación de la póliza no puede hacerse depender del conocimiento real de la misma por parte del destinatario y, aún constando el envío pero no la recepción de la misma, en este caso no puede estimarse que la aseguradora recurrente hubiera desplegado la diligencia que le era exigible, teniendo en cuenta el hecho de que la denegación de la prórroga del seguro no vino precedida de incumplimiento alguno por parte del asegurado tomador, ya que no se discute siempre estuvo al corriente y lo estaba en ese momento en el pago de la prima.Es por ello, por lo que la sala, de acuerdo con el Juzgador de instancia, considera prorrogado el contrato que amparaba el vehículo y por tanto cubierto el siniestro de autos.Y siendo ello así, esto es, existiendo aseguramiento, la facultad de repetir del Consorcio, según la normativa específica establecida al respecto, es exclusivamente frente a la aseguradora, en cuanto de tal regulación resulta que la de hacerlo frente al conductor viene limitada a los supuesto legalmente previstos en la citada regulación (art. 11.3, en relación con el art. 10 del TRLRCSCVM, EDL 2004/152063), sin que por ello pueda la misma ampararse en la invocación del régimen genérico de la responsabilidad extracontractual que consagra su art. 1 del mismo texto tal, y por ello se desestima también la extensión pretendida por el CCS en su recurso.Señala la Sala, por último, que la estimación del recurso de la aseguradora en cuanto a la no imposición de las costas deriva de la existencia de dudas de hecho acerca de la existencia o inexistencia de la relación de aseguramiento.

Civil

Vinculante oferta motivada de indemnización con compromiso de pago de aseguradora a lesionado en accidente de tráfico. Aplicación de la doctrina de los actos propios

EDJ 2017/205529La AP estima el recurso formulado por perjudicados por accidente de tráfico contra la sentencia de instancia que desestimó la demanda que en día habían formulado, en méritos de dicho siniestro contra la aseguradora del vehículo responsable y en reclamación de las lesiones sufridas con ocasión del mismo.La sentencia impugnada desestimó la demanda de referencia por considerar que no había quedado sufrientemente acreditado tanto el nexo causal entre las lesiones y el accidente, como la justificación de las lesiones y el tiempo de curación, por lo que ambos demandantes recurrieron en apelación.Alegan los recurrentes, como causa esencial de su recurso, que dicha sentencia incurrió en  infracción de la doctrina de los actos propios, por cuanto existió una oferta motivada por parte de la compañía demandada, así como error en la valoración de la prueba.Y la Sala señala que efectivamente asiste la razón a los recurrentes puesto que, dado que en la audiencia previa del procedimiento seguido en primera instancia y a requerimiento de la parte  actora, la demandada aportó documentación acreditativa de haber mantenido numerosas comunicaciones con aquéllos e incluso una oferta motivada a uno de los dos demandantes, debe ser de aplicación la  doctrina de los actos propios a esa oferta motivadaY así, la Sala declara que, cuando la aseguradora presenta una oferta motivada de indemnización con compromiso de pago está asumiendo su responsabilidad contractual y a que lo contrario supondría ir en contra de los actos propios y en contra del principio de buena fe.Así, el Tribunal recuerda, con cita de otras sentencias dictada por la propia Sala y en relación con el efecto vinculante para la aseguradora de tales ofertas motivadas, que tal efecto supone vinculación del autor a una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito en el sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio.Y, consecuencia de los anterior, la Sala concluye que la aplicación de tal doctrina se vincula en este caso con el escrito que la compañía aseguradora remitió al lesionado mediante el que puso a su disposición una cantidad concreta en concepto de indemnización por las lesiones que se le ocasionaron con motivo del accidente de circulación, desglosando incluso los distintos conceptos de la misma que se basaban en los informes médicos facilitados. La oferta, por tanto,  respondió a la voluntad de la aseguradora de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 7 del TRLRCSCVM (EDL 2004/152063), por lo que vincula a la compañía aseguradora oferente, quien no puede ahora ir contra sus propios actos.

Civil

Inexistente incongruencia «extra petita» en sentencia que condena al pago de cuantías actualizadas conforme al baremo de 2013 en demanda calculada conforme al de 2012

EDJ 2017/209914La AP desestima el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora contra la sentencia dictada en la instancia, que la condenó al pago de las lesiones y daños materiales causados al demandante como consecuencia de un accidente de circulación responsabilidad del conductor de un vehículo asegurado por  aquélla.El recurso formulado alegaba que la sentencia de instancia había incurrido en error puesto que, reclamando el actor en virtud del baremo actualizado al año 2012, la juzgadora concedió las cantidades correspondientes al año 2013. Además, en segundo lugar, la recurrente estimaba que no se le podían imponer los intereses del art. 20 LCS (EDL 1980/4219), por cuanto había existido una indeterminación de la cuantía a pagar, lo que conllevaba la existencia de causa legal para su no imposición.La Sala, sin embargo, considera que la aseguradora no tiene razón puesto que, en relación con el baremo aplicado por la sentencia recurrida, ciertamente ésta aplica el del año 2013 cuando en la demanda se hizo el cálculo del petitum con base a la actualización del años anterior, pero, a juicio de la Sala, no es menos cierto que es imperativo calcular la indemnización procedente conforme a lo dispuesto en el baremo incluido en la LRCSCVM (EDL 2004/152063); y es este el baremo el que tomaron como base tanto la demanda como la sentencia, si bien la resolución utilizó la actualización correspondiente al año en que se produjo la estabilización de las lesiones del perjudicado, en una correcta aplicación de la jurisprudencia sobre esta cuestión, determinando, finalmente y también en suma total, una indemnización inferior a la solicitada en la demanda.Así las cosas, no se concede por tanto más de lo pedido, ni tampoco nada distinto, por lo que en modo alguno a juico de la Sala existe la incongruencia extra petita denunciada por la recurrente.Tampoco considera la Sala que proceda la exoneración de los intereses del art. 20 LCS, tal y como pretende la recurrente, ya que, conforme al aptdo. 8 de dicho precepto, el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora y, en este caso concreto, la indeterminación sobre el quantum indemnizatorio en modo alguno  obvia la aplicación del art. 20, no siendo de aplicación el viejo aforismo in illiquidis non fit mora (no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas), pues la jurisprudencia considera la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar.

Penal

Concurso de normas entre delito de conducción temeraria y conducción con alcoholemia. El primer delito absorbe al segundo pues aquél ya pone en riesgo la seguridad vial

EDJ 2017/205179La AP condena al acusado como autor responsable de los delitos de conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción sin licencia, hurto de uso de vehículo de motor, homicidio intentado, lesiones y falta de lesiones, como consecuencia de haber conducido un tractor por una localidad que estaba en fiestas, efectuando maniobras tendentes a atropellar intencionadamente a un grupo de vecinos con los que había tenido un enfrentamiento previo esa misma noche, lográndolo con tres de ellos que sufrieron lesiones de distinta consideración y gravedad.Acreditados los hechos, tanto por las declaraciones de los implicados como por la pruebas de detección alcohólica que le fue practicada al acusado tras ser detenido, la Sala se plantea en este caso, entre otras, la cuestión relativa a la compatibilidad o incompatibilidad entre los delitos previstos en los arts. 379.2 y 380 CP (EDL 1995/16398), puesto que, según señala, no es esta una cuestión pacífica en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales.Así, señala la Sala que existe un grupo de Audiencias que se decantan por la existencia de un concurso de delitos, descartando con ello el concurso de normas y la vulneración del principio non bis in ídem por la punición de ambas conductas; existiendo otra  corriente que, por el contrario, se decanta por la incompatibilidad de ambos delitos.Señala además la Sala que la Sentencia del TS de 7 de octubre de 2010 (EDJ 2010/219332), si bien no se pronunció directa y abiertamente acerca de la relación concursal entre el art. 380 y el art. 379, sí estimó que, de apreciarse además de una conducción temeraria una conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, se trataría éste de otro delito quizás en concurso ideal o, en el mejor de los casos, consumido en la temeridad de la conducciónPlanteada así la disyuntiva, la Sala considera que lo más ajustado a derecho es concluir que concurre un concurso de normas que debe resolverse, conforme al art. 8.3 CP, a favor del art. 380 del CP, por cuanto la conducción temeraria del art. 380 ya contempla la puesta en riesgo del bien jurídico protegido, la seguridad vial, que supone la conducción del vehículo de motor bajo la influencia de la ingesta de bebidas alcohólicas regulado en el art. 379 del CP, que debe ser absorbido por aquél.

Civil

Indemnización del lucro cesante por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tráfico. Presunción del perjuicio por pérdida de productividad del perjudicado

EDJ 2017/210425La AP estima en parte el recurso interpuesto por particular contra la sentencia dictada en primera instancia que, estimando tan solo parcialmente la demanda que en su día formuló por un accidente de tráfico en el que resultó perjudicado, le concedió solamente los daños personales y de su vehículo, pero excluyendo las partidas también reclamadas en concepto de  gastos médicos, farmacia, daño emergente y lucro cesante.La Sala desestima en primer lugar el recurso en cuanto a los gastos médicos por cuanto estima que, tal y como se señaló en la instancia, dichos gastos tuvieron lugar fuera del correspondiente periodo de sanidad forense.En relación con el daño emergente (gastos de grúa, gastos de equipación del nuevo camión -instalación de gancho y rotulación- y gastos de matriculación, tasas, y puesta a punto), tampoco es acogido por la Sala puesto que, en su opinión, al haber sido indemnizado en el valor venal de su vehículo más un valor de afección, en este “valor de afección” quedarían integradas esas partidas indemnizatorias reclamadas relativas a la equipación del camión para servir al uso al que se destina ya que, en caso contrario, se estaría indemnizando de nuevo por unos mismos conceptos.Acoge sin embargo la Sala la reclamación referida al lucro cesante, considerando que su desestimación en la instancia por contar el actor con otro camión más pequeño y antiguo con el uso del cual no habría quedado paralizada su actividad laboral, debe ser corregida.Así, señala la Sala, con cita determinadas sentencias del TS, que el lucro cesante debe acordarse cuando se haya dejado de obtener una ganancia por parte del acreedor y que, aunque es cierto que la jurisprudencia española ha sido restrictiva al señalar que no debe concederse indemnización en los casos de ganancias dudosas, sí se ha reconocido que aplicando criterios de probabilidad, debe indemnizar "aquella pérdida futura que razonablemente se prevea que puede ocurrir”.Sentado ello, apunta la Sala que este caso procede la indemnización por lucro cesante al concurrir los presupuestos y criterios que menciona la jurisprudencia. Y aún en mayor medida porque en este caso la parte recurrente ha justificado, debidamente a juico de la Sala, el concreto beneficio o ventaja económica dejada de obtener en los términos que constan documentados.Es decir, que a juicio de la Sala debe estimarse la petición pues, justificado el beneficio referido, no ha sido necesario realizar ese juicio de probabilidad o esa apreciación prospectiva que señala la jurisprudencia fundada en criterios objetivos de experiencia acerca de esas futuras ganancias frustradas por la conducta negligente del conductor asegurado en la aseguradora demandada.

 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 

Widgets Magazine
feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

DEMOSTRACIÓN GRATUITA

Solicite una clave de prueba de nuestros productos

Solicitar

Solicitar demostración

He leído y acepto las condiciones de la Política de Privacidad y el Aviso Legal

(*) Campos obligatorios

Atención al cliente: De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas ininterrumpidamente. Tel 91 210 80 00 - 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17