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Empleo

El Gobierno planea invertir 60 millones de euros en economía digital

La Ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, destaca que por cada dos puestos de trabajo perdidos en el mundo real la economía digital crea cinco. El Ejecutivo apuesta por la formación en nuevas tecnologías para combatir el desempleo.

Hipotecas

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia

La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar.

Conflictos de competencia con la jurisdicción mercantil

Por Eduardo Gómez López

Magistrado. Especialista en asuntos mercantiles del CGPJ

Consumidores

No se puede demandar a Facebook en nombre de otros usuarios

Según las Conclusiones del Abogado General Michal Bobek, un usuario de Facebook puede demandar como consumidor a la red social ante los tribunales de un país de la Unión Europea en relación con el uso privado de su cuenta, pero no puede hacerlo asumiendo las denuncias de otras personas domiciliadas en otros países.

Social

El TJUE se pronuncia sobre el disfrute del descanso semanal

El Estatuto de los trabajadores, que permite acumular el descanso mínimo semanal por periodos de hasta catorce días, es acorde con la interpretación que el TJUE ha dado de la normativa europea sobre ordenación del tiempo de trabajo.

Civil

Inexistente de conflicto de intereses entre aseguradora y asegurado que excluya la defensa jurídica ante demanda formulada por accidente de tráfico

EDJ 2017/205582La AP desestima el recurso de apelación formulado por compañía aseguradora contra la sentencia dictada en primera instancia que, estimando íntegramente la demanda deducida en su contra, la condenó a pagar los honorarios abonados por la demandante al letrado que asumió su defensa jurídica en un juicio ordinario promovido en su día por un tercero contra el ahora demandante, en reclamación de responsabilidad civil por un siniestro en el que intervino el vehículo del demandante asegurado por la entidad recurrente.La compañía apelante impugnaba la sentencia de instancia pues estimaba que había incurrido en infracción del art. 74 de la LCS (EDL 1980/4219), en relación con el art. 37 de las Condiciones Generales de la póliza y el pacto adicional a la misma, y ello por cuanto la no prestación de “defensa jurídica” del asegurado, en el seno del procedimiento ordinario a instancia de tercero, devino de la existencia de conflicto de intereses entre dicha aseguradora apelante y su asegurado (el aquí actor) porque se consideraba que no era responsable del siniestro, ni con ello del pago de las indemnizaciones allí reclamadas, puesto que el daño no se había producido por un hecho de la circulación.La Sala resuelve sin embargo que el recurso no puede prosperar ya que la excepción a la regla general que integra en el seguro de responsabilidad civil la defensa jurídica del asegurado ante las reclamaciones del tercero perjudicado no puede ser utilizada con base a conflictos planteados de forma abusiva o simplemente formal y sin contenido real; y ello por cuanto, de ser así, el asegurador podría exonerarse de su obligación simplemente con aducir un conflicto aunque no tuviera fundamento.En este sentido, dice la Sala además que en estos casos no se exige de las aseguradoras (en este caso la apelante) que tengan toda la razón pero, sentado ello, lo que sí resulta exigible es que despliegue una actuación que demostrativa de que mantenía realmente, y por considerarlo lo procedente, una discrepancia justificada y con fundamento con su asegurado, cosa que no ha acreditado en este caso y, por ello, la sentencia de instancia debe ser ratificada.

Civil

Procedente derecho a indemnización por lucro cesante de transportista por privación de uno sus vehículos pero minorado por las deficiencias probatorias

EDJ 2017/204573La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por empresario autónomo, que se dedica al transporte de bombonas de butano y propano, contra la sentencia dictada en primera instancia que desestimó la demanda que en su día instó contra los responsables del accidente de circulación en que se vio implicado uno de sus camiones, en reclamación del resarcimiento de determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios por la imposibilidad de utilizar el camión siniestrado.La sentencia de instancia desestimó la referida demanda por falta de acreditación de los daños y perjuicios por la paralización del vehículo en el taller. Como argumentos más relevantes señalaba la referida resolución que en el precio calculado por la Federación Empresarial de Transportes parecía estar haciendo referencia a una indemnización por daño emergente, no por lucro cesante, pues no se cuantificaban las ganancias dirigidas a obtener; sin embargo, en la demanda se solicitaba una suma en concepto de perjuicios de paralización y podría querer significar una indemnización por lucro cesante. Así, ante tal falta de acreditación del perjuicio reclamado se absolvió a los demandados.Recurre el actor pues, entre otros argumentos, señala que un camión accidentado que no puede ser destinado al transporte mientras dura su reparación genera una pérdida de beneficio y que las certificaciones gremiales, aunque no se consideren vinculantes, sí son un medio de prueba de los perjuicios presuntos por la paralización de un vehículo.En todo caso, estima también el recurrente que los documentos aportados con la demanda, al no haber sido impugnados, adquieren el valor de prueba,  recordando además los testimonios del conductor del camión en la fecha del accidente, del titular del taller y del legal representante de la Federación Empresarial que emitió el certificado gremial, así como la doctrina jurisprudencial sobre el lucro cesante, con sus criterios de probabilidad objetiva de una disminución de ingresos en su titular, que se ve privado de un medio del que se sirve para su actividad económica.Planteado así el recurso, la Sala resuelve que la controversia se centra en este caso en la determinación de la existencia del lucro cesante que pudiera haber supuesto a la actora la paralización durante 86 días de un camión especialmente adaptado para el transporte de mercancías peligrosas, como son bombonas de butano y propano, concluyendo que, efectivamente, el perjuicio existe y por tanto debe ser resarcido el actor por ello.En este sentido, determina la Sala que, en casos como el presente, no cabe exigirse al perjudicado la carga de la prueba de acreditar la disponibilidad de otros vehículos para ejercer su actividad, sino que el perjuicio se deduce de la mera inexistencia de obtención de ganancias por el propio camión siniestrado, por lo que procede la estimación del recurso y la indemnización del actor pero, siendo muy relevantes las deficiencias probatorias en este caso, considera igualmente la Sala procedente efectuar una reducción en la indemnización solicitada

Civil

Seguro obligatorio de viajeros. Sistema de indemnizaciones propio del seguro de viajeros distinto al recogido en el seguro del automóvil

EDJ 2017/204554La AP desestima el recurso de apelación formulado por empresa municipal de transporte y su conductor, estimándose tan solo en parte el formulado por su compañía aseguradora, contra la sentencia que estimó parcialmente la demanda formulada en su contra, condenándolas a indemnizar a la actora por el accidente sufrido cuando ésta viajaba como pasajera de un autobús urbano por daños contemplados en el Seguro Obligatorio de Viajeros -SOV-, condenando igualmente  al Consorcio de Compensación del Seguro a indemnizar a la misma demandante por los daños corporales que padeció, cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños causados a terceros por vehículo de motor.Recurre la aseguradora de la sociedad municipal pues, según señala, no procedería su condena al importe de los daños corporales calculados según el baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor (EDL 2004/152063), sino los que se computen de acuerdo con el baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros aprobado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre (EDL 1989/15264). Y siendo así, este baremo no contempla la indemnización por días de baja ni el pago de gastos y, según el perito de la actora, las secuelas que presenta la actora se hallan comprendidas en la categoría 12 del baremo SOV, en el que la indemnización por secuelas es inferior a la concedida.La empresa municipal por su parte, al igual que su conductor, también recurren, pero en su caso por cuanto estiman que no procede su condena sino solamente la de su aseguradora.Y la Sala, con desestimación de los recursos de estos dos últimos, estima sin embargo parcialmente el de la aseguradora y señala que mediante el SOV establece un sistema propio de determinación de la indemnización, distinto al del seguro de responsabilidad civil, acorde a su distinta naturaleza, de manera que no es posible acudir a la aplicación de las normas de éste para otorgar indemnización en aquellos supuestos en los que no está previsto para el seguro obligatorio de viajeros.Y añade el Tribunal que, concretamente, se excluyen en este seguro de viajeros la indemnización por daños y también por días de curación, limitándose la indemnización de la incapacidad a las consecuencias inhabilitantes de la misma conforme se fija en el baremo.Es por ello que la Sala declara que la condena a cargo del SOV debe limitarse a los conceptos indemnizables según su propio baremo y, con arreglo a ello, conforme a lo manifestado en el acto del juicio por el perito de la propia actora, las secuelas de ésta quedan incluidas en la categoría 12ª del baremo del referido RD 1575/1989, por lo que debe reducirse a esa concreta cifra la condena por los daños cubiertos por el Seguro Obligatorio de Automóviles.

Civil

Existente negligencia del perjudicado en alcance sufrido por su turismo que conlleva una moderación de la responsabilidad objetiva derivada de la circulación de vehículos

EDJ 2017/205496La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por los lesionados en accidente de tráfico -conductor y pasajero- contra la sentencia que desestimó la demanda que en su día formularon, tanto contra la aseguradora como contra el propietario y el conductor del vehículo que, alcanzando al suyo en su parte trasera, les causó las lesiones por las que venían reclamando.La demanda interpuesta en su día fue desestimada por cuanto, con base en el atestado obrante en autos, el juzgador de instancia consideró que el accidente ocurrió por culpa de la propia conductora codemandante quien, hallándose circulando por una rotonda, súbitamente y sin motivo justificado, frenó bruscamente, recibiendo el impacto por parte del vehículo de los demandados que la seguía en mismo sentido de la marcha y carril.Sentado ello, los actores recurren siendo el motivo principal del recurso su desacuerdo con la apreciación y valoración llevada a cabo por la juzgadora de instancia del informe que emitió la Guardia Civil de tráfico en relación con el accidente acaecido, que fue aportado junto con la demanda y que, en opinión de las apelantes sirve para tener una idea acertada, distinta de la señalada por la juez, de cómo sucedieron los hechos y la causa del accidente.Siendo ello así, y previniendo la Sala sobre las posibilidades revisoras en segunda instancia, apunta que el referido Informe de la Guardia Civil señala como posibles causas, en el caso de la actora una indecisión, demora o retraso en tomar una decisión y frenar sin causa justificada, y en el del conductor demandado, no mantener el intervalo/distancia de seguridad, considerándola posible causa del accidente.Por lo anterior, la Sala considera que los recurrentes tienen, en parte, razón, ya que, fundándose la responsabilidad del conductor por daños a las personas en el riesgo objetivo creado por la circulación (art. 1.1 LRCSVM, EDL 2004/152063), el legislador considera que la negligencia del perjudicado constituye una circunstancia susceptible de ser apreciada objetivamente, la cual, según su grado de importancia en la causación del siniestro, determina que no sea imputable al conductor en todo o en parte el resultado dañoso producido. Y de ello se deduce a juicio de la Sala  que, en este caso, ha existido una concurrencia de conductas culposas, en un porcentaje de 60% de la actora y de un 40% en el demandado que, necesariamente, conlleva la estimación parcial del  recurso y, por ende, de la demanda.

Civil

Inexistente prescripción de acción por responsabilidad extracontractual. La fecha inicial se sitúa en el momento en que la perjudicada conoció su derecho a la justicia gratuita

EDJ 2017/210402La AP estima parcialmente el recurso de apelación formulado por lesionada contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia que, en su día, desestimó la demanda que presentó reclamando por las lesiones sufridas por su caída en un autobús, al considerar el juzgador que la acción por responsabilidad extracontractual que venía ejercitando aquélla estaba prescrita.Así, la sentencia de instancia consideró que, ejercitándose en este caso la acción del art. 1902 CC (EDL 1889/1), había transcurrido el plazo de un año prevenido por el art. 1968.2º CC, contado desde la reclamación extrajudicial que se hizo a la aseguradora demandada y la presentación de la interpelación judicial.Frente a dicha resolución, opone la apelante que se ha interpretado y aplicado erróneamente el último de los preceptos nombrados, lo que supone una inidónea observancia del art. 217 LEC (EDL 2000/77463), enfatizando que hasta una determinada fecha no obtuvo la actora el beneficio de la justicia gratuita para poder litigar, aludiendo además al tratamiento restrictivo que jurisprudencialmente se reclama para el instituto que aquí se trata, lo que exigiría "una interpretación amplia y flexible de las causas de interrupción" del mismo.Remarca además la recurrente que, según la Sentencia del TS de 25 de marzo de 2015 (EDJ 2015/36333), que sigue la doctrina de otras anteriores, la solicitud de esa asistencia gratuita es una indudable causa interruptiva de la prescripción,  destacando por ultimo también la existencia de reclamaciones a la aseguradora y su contestación de rechazo.Planteada así la controversia, la Sala señala que la recurrente tiene razón por cuanto, efectivamente, en este caso no existe prescripción para reclamar por responsabilidad civil extracontractual a la aseguradora, al no haber transcurrido el plazo de un año desde que la perjudicada conoció que podría litigar de manera gratuita.En todo caso, declarada inexistente la prescripción, la Sala reparte al 50% la culpa de ambas partes en la causación del accidente; la de la actora por no agarrarse -ya que tenía las manos ocupadas con bolsas- y la del conductor por arrancar sin prever que la actora no estaba asida a ninguna agarradera,  y así modera la indemnización que debe pagarse a la actora.

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