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Contencioso-administrativo

Autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC). Alcance de la posible limitación cuantitativa por vía reglamentaria en su concesión

EDJ 2018/26759El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada por el TSJ Madrid, estimatoria del recurso contencioso-administrativo formulado por particular (después sustituido por una mercantil), que anuló las resoluciones administrativas desestimatorias del recurso de alzada formulado en su día por éstos contra la Resolución que les denegó diez nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC).La resolución recurrida estimó en su día el recurso del solicitante, por cuanto consideró que las limitaciones al libre acceso de este tipo de transporte eran un "combinado" de las restricciones previstas en el aptdo. 2 del art. 181 del ROTT (EDL 1990/14649) y en el suprimido art. 49 de la LOTT (EDL 1987/12128) -y los arts. 44 y 45.3 del Reglamento-, por lo que, al haber quedado suprimido el título jurídico habilitante (el referido art. 49 LOTT), la resolución denegatoria impugnada quedaba privada de sustento.Recurrida que fue dicha argumentación por la Comunidad de Madrid, la Sala de TS ha venido a resolver que la LOTT no autoriza cualquier clase de limitaciones o restricciones que se establezcan por vía reglamentaria, pues la remisión reglamentaria que hace el precepto legal contiene determinadas reservas y cautelasAsí, señala la Sala que, por un lado, el establecimiento de limitaciones por vía reglamentaria debe de hacerse de conformidad con las normas comunitarias y demás disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación; y, por otro lado, el posible establecimiento reglamentario de limitaciones no se contempla de forma amplia sino acotada, esto es, cuando la oferta de transporte público de viajeros de vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local.Por lo anterior, a juico de la Sala ninguna norma legal permite que el número de autorizaciones para prestar el servicio de alquiler de vehículos con conductor pueda condicionarse cuantitativamente, por lo que finalmente desestima el recurso de la Comunidad impugnante y ratifica la resolución impugnada.

Contencioso-administrativo

Incompetencia autonómica para la renovación de concesión de transporte escolar en caso de previa delegación a ente local del ejercicio de la competencia

EDJ 2018/26795El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cataluña contra la sentencia dictada por el TSJ de dicha Comunidad, estimatoria del recurso contencioso-administrativo formulado por un Consejo Comarcal, contra la Resolución que desestimó el recurso de alzada que dicho Consejo dedujo en su día contra la Resolución en la que se dispuso la renovación de una autorización concedida a una mercantil para el establecimiento de un servicio discrecional para el transporte de escolares entre dos poblaciones de la comarca.Así, la resolución recurrida por la Comunidad Autónoma recurrente estimó que la decisión de ésta referida la servicio reseñado, había vulnerado la competencia delegada en favor del Consejo Comarcal implicado, concurriendo el vicio de nulidad del art. 62.1.b) de la Ley 30/1992 (EDL 1992/17271) entonces vigente.Es decir, el TSJ aceptó que el Consejo recurrente era el competente para la regulación y gestión del servicio público de transporte escolar en la comarca y ello en virtud de la delegación que le fue conferida mediante un Convenio suscrito con la Administración autonómica, fundado en el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 5 de julio de 1996, y en el Decreto 219/1989, de 1 de agosto (EDL 1989/15610), que regulaba, con carácter general, la delegación de competencias autonómicas en materia de enseñanza en favor de los entes locales comarcalesRecurrida que fue dicha resolución, la Sala desestima dicho recurso puesto que, entre otros argumentos y ratificando el razonamiento del TSJ, declara que cuando una Comunidad Autónoma delega la competencia en materia de transportes a una Entidad local, en la forma legalmente permitida, en tanto “no se deshaga ese camino recorrido” y no se recupere la competencia, la misma solo puede ser ejercida por la administración delegadaSiendo ello así y reconociendo la Sala que siendo el transporte una competencia autonómica en Cataluña, lo es la titularidad, pero no su ejercicio cuando éste ha sido delegado y en tanto no se recupere.Por lo anterior, la Sala ratifica la decisión de la resolución impugnada ya que, según señala, la Comunidad autónoma con resolución recurrida por el Consejo y que fue anulada por el TSJ, interfirió en el ejercicio de una competencia delegada, alterando la modalidad de prestación del servicio acordada por el Consejo Comarcal y con clara incidencia en la economía del contrato concesional en beneficio exclusivo de la empresa concesionaria y, evidentemente, con claro perjuicio de la economía o equilibrio financiero de la concesión en contra de quién la contrató.

Contencioso-administrativo

Legalidad de la Ordenanza municipal que limita el tiempo de estacionamiento de autocaravanas en aquellas zonas no habilitadas específicamente para ello

EDJ 2018/22290El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por una asociación de usuarios de autocaravanas contra la sentencia del TSJ que, desestimando el recurso contencioso-administrativo que en su día formularon contra la limitación horaria aplicable a los estacionamientos de autocaravanas contenida en una Ordenanza municipal, declaró ajustada a derecho dicha limitación y, por tanto, la norma impugnada.La asociación recurrente impugnaba la norma pues, en síntesis, consideraba que con la limitación horaria que para las autocaravanas se establecía en la misma, se estaba vulnerando tanto el principio de igualdad (art. 14 CE, EDL 1978/3879) con respecto al resto de vehículos, como el principio de jerarquía normativa (art. 9 CE), en relación con la infracción de la Ley de Tráfico y su Reglamento.Planteada así la cuestión, la Sala apunta que la limitación horaria impugnada no infringe en modo alguno el principio de igualdad y así la Sentencia del TSJ ya ofreció argumentos suficientes para rechazar que la norma infringiera el principio reseñado, aduciendo para ello fundamentalmente que no se podía establecer una comparación válida entre estos vehículos y el resto, dado el diferente uso de que son susceptibles cada uno de ellos.Por otro lado, la Sala desestima también el motivo referido a una eventual infracción del principio de jerarquía normativa, señalando que una Ordenanza como la impugnada puede lícitamente tomar en consideración, junto a la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, otras circunstancias que, estando en todo caso relacionadas con ella, permitan la eficaz prestación de los servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, o el ejercicio eficaz de las competencias que se atribuyan a los Municipios por las normas sectoriales.Por lo anterior, la Sala desestima el recurso de casación formulado por la asociación recurrente, declarando la conformidad a derecho de la Ordenanza municipal impugnada y, por tanto, la limitación horaria aplicable a los estacionamientos de las autocaravanas en el municipio afectado.

Civil

Competencia territorial. Reclamación de honorarios de Letrado de libre designación que, en virtud de la cobertura de defensa jurídica, defendió los intereses del actor en pleito por accidente de tráfico

EDJ 2018/10021El TS declara la competencia territorial del Juzgado del domicilio el asegurado cuando éste reclama de su aseguradora los honorarios del letrado designado en virtud de contrato de seguro con cobertura de defensa jurídica.En este caso, el conflicto negativo de competencia territorial se planteaba entre un juzgado de Alicante y otro de Madrid, en relación con la demanda de juicio verbal en la que se estaba reclamando los honorarios del letrado de libre designación contratado por los demandantes para gestionar la reclamación de la indemnización derivada de un accidente de tráfico sufrido por los citados demandantes, que tenían su vehículo asegurado con una póliza de seguro que preveía la posibilidad de nombramiento de ese letrado de libre designación.Planteada así la cuestión, la Sala parte del hecho de que en el juicio verbal no es válida ni la sumisión expresa ni la tácita (art. 54.1 LEC, EDL 2000/77463).Y, en este sentido, señala la Sala que, cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC, y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado, regulados en el art. 50 LEC para las personas físicas y en el art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad.Sentado ello, la Sala declara que, tal y como informa en este caso el MF, la propia Sala ya ha resuelto en ocasiones anteriores la competencia territorial a favor del domicilio del asegurado cuando éste está reclamando a su aseguradora cantidades por honorarios del letrado designado libremente en virtud de acción directa derivada de contrato de seguro con cobertura de defensa jurídica, encontrando esta  doctrina su fundamento, según apunta la Sala, en lo dispuesto en el art. 52.2 LEC y en el art. 24 LCS (EDL 1980/4219).

Civil

Lesión cervical derivada de colisión por alcance de baja intensidad. Existente nexo causal entre el impacto y el resultado lesivo

EDJ 2018/34806La AP estima el recurso de apelación formulado por lesionada en un accidente de tráfico contra la sentencia dictada en la instancia que desestimó la demanda que presentó en su día en reclamación de lesiones cervicales derivadas de la colisión por alcance que sufrió el vehículo en el que viajaba.La sentencia de instancia desestimó la demanda de la actora por cuanto, conforme oponía la aseguradora demandada, consideró que, al ser el siniestro una colisión de baja intensidad, éste no pudo haber ocasionado el resultado corporal cuyo resarcimiento económico se reclamaba, es decir, se desestimó por inexistencia de nexo causal entre el siniestro y el resultado lesivo reclamado.Formulado recurso contra dicha desestimación, la Sala estima que asiste la razón a la actora apelante y, tras hacer una exposición de los elementos a tener en cuanta en este tipo de accidente “leves”, declara en primer lugar que la actora ha ejercitado una acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual  con fundamento en el art. 1902 CC (EDL 1889/1) y, más específicamente, en el art. 1 TRLRCSCVM (EDL 2004/152063) y que, en su virtud, el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, que, en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.Sentado ello, la Sala estima que en este caso, frente a la documentación médica de la actora, el criterio de la parte demandada se fundamentó en un Informe Médico Pericial sobre el nexo causal, que, sin embargo, es de corte teórico, lo que difumina su eficacia acreditativa.Además, recuerda la Sala que en las colisiones por alcance de baja intensidad, los daños corporales que habitualmente se producen se concretan en lo que se denomina "latigazo cervical", es decir, un movimiento brusco de aceleración o parada del tronco, que da lugar a una inclinación de la cabeza en sentido contrario, con la correspondiente flexión de la columna cervical, tensionando los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento, a los que se asocian diversos síndromes, como serían el cervical, el cérvico-braquial, el cérvico-medular o el cérvico-cefálico.Siendo ello así, la Sala afirma que la entidad de la lesión que puede producir un "latigazo cervical" no sólo se encuentra en función de la intensidad de la colisión, sino también de la situación de la propia víctima, es decir, de su constitución física, altura, peso, edad, colocación o posición en el vehículo o, incluso, de la postura que adoptara en el habitáculo en el momento del impacto; de tal modo que una colisión por alcance de baja intensidad puede determinar un resultado lesivo de mayor alcance, sin que esta circunstancia implique una situación de desproporción entre el siniestro y el resultado.Por lo anterior, visto tanto el informe pericial aportado como el seguimiento médico que tuvo la lesionada es por lo que la Sala estima enn este caso proporcionada la lesión con el alcance y, revocando la sentencia de instancia, estima el recurso y por tanto la demanda.

Civil

Allanamiento a demanda formulada por accidente de tráfico antes de contestar a la misma pero constando previo requerimiento de pago. Existente mala fe del demandado a efectos de las costas

EDJ 2018/15517La AP estima el recurso de apelación formulado por  el Consorcio de Compensación de Seguros contra la sentencia dictada en la instancia que, pese a haber estimado la demanda que dicho organismo instó en su día contra la responsable de un accidente de tráfico que carecía de seguro al momento del siniestro, no impuso a ésta las costas del procedimiento y ello por haberse allanado antes de precluir el plazo para contestar a dicha demanda.El recurso formulado por el CCS se basaba en el hecho de que, aunque la demandada efectivamente se allanó a la demanda antes de que transcurriera el plazo para contestarla, constaba acreditado también que ésta no había atendido al requerimiento que, a través del burofax que obraba en autos, se le había remitido en dicho sentido, por lo que pese a aquel allanamiento debía pechar con las costas ocasionadas a la actora.Planteada la cuestión en este caso en esa relación entre costas y reclamación previa extrajudicial, la Sala recuerda en primer lugar el tenor del art. 395.1 LEC (EDL 2000/77463), según el cual "Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación".Siendo ello así, la Sala apunta que la novedad introducida por el legislador en la LEC1/2000, residió en la concreción de dos casos en los que siempre se debía considerar que existía mala fe: En primer lugar, cuando hubiere habido requerimiento fehaciente y justificado de pago anterior a la demanda; y, en segundo lugar, cuando se hubiere presentado contra el demandado previa demanda de conciliación.Así las cosas, señala la Sala que en estos dos supuestos el Tribunal está legalmente obligado a declarar la mala fe y, en consecuencia, a imponer las costas al demandado; si bien la Sala añade que ello no significa que no puedan darse otros casos similares en los que también puede el Tribunal considerar que existe mala fe, en función de las circunstancias concretas que concurran, pues, según insiste la Sala, los dos supuestos previstos en dicho precepto no son numerus clausus, tal y como se desprende del término "en todo caso" que utiliza. Es decir, que la Sala estima que pueden concurrir otros supuestos distintos, en los que según la singularidad del caso el Tribunal pueda apreciar mala fe a los efectos de las costas.Consecuencia de lo anterior, habiéndose formulado a la demandada requerimiento fehaciente y justificado de pago antes de interponer la demanda, es por lo que la Sala finalmente considera procedente la imposición de las costas de la instancia a la parte demandada, y por ello estima el recurso interpuesto por el CCS.

Civil

Existente incongruencia «extra petita» en sentencia que declaró una concurrencia de culpas en un porcentaje superior al opuesto por la aseguradora demandada

EDJ 2018/32329La AP estima el recurso de apelación formulado por motorista lesionado en un accidente de tráfico contra la sentencia dictada en la instancia que, estimando tan solo parcialmente la demandada que tenía presentada contra la aseguradora del vehículo contrario, declaró la existencia de un concurrencia de culpas en la producción del siniestro de un 50% de cada uno de los implicados.Recurría el actor, entre otros motivos referidos a la concreta valoración de las lesiones y  daños sufridos, por cuanto, en su opinión, la sentencia impugnada incurrió en incongruencia ya que declaró la existencia de la referida concurrencia de culpas que había sido opuesta por la aseguradora demandada, pero cifrándola en 50%, cuando dicha aseguradora se opuso a la reclamación, alegando tan solo una concurrencia del 25%.Siendo ello así, la Sala considera que la sentencia impugnada efectivamente incurre en incongruencia al rebasar los límites del debate fijados por demanda y contestación, reconociendo esa concurrencia de culpas del 50% en el actor-apelante, más allá de la opuesta por la aseguradora que la limitó al antedicho 25%.No obstante ello, la Sala no advierte, tal y como solicitaba también la actora, que exista déficit de motivación porque, en unos casos, se limitó a adherirse al dictamen de uno de los peritos intervinientes (sanidad) lo que es perfectamente licito y, en otros, cabía entender una desestimación tácita (factor corrector, incapacidad parcial).En cualquier caso, la Sala, descartada la falta de motivación, sí considera existente la referida incongruencia extra petita y estima por tanto el recurso formulada por el actor, ampliando la indemnización en base a dicha estimación y en base también a una nueva valoración de las lesiones que también fue solicitada por dicho actor.

Civil

Contradicción entre los informes periciales médicos de las partes en procedimiento de tráfico. Libre valoración de esta prueba por parte del Juez dado su carácter de no tasada

EDJ 2018/31666La AP desestima el recurso de apelación formulado por lesionada en un accidente de tráfico contra la sentencia dictada en la instancia que estimó, tan solo parcialmente, la demandada que en su día presentó contra la aseguradora del vehículo que colisionó frontalmente con el suyo, y ello por cuanto, a los efectos de la valoración del daños reclamado, el juzgador, en detrimento del dictamen pericial aportado por la actora con su demanda, se decantó por el emitido a instancias de la parte demandada.La actora recurrió la sentencia de instancia por entender que el dictamen que debía haberse acogido por el juzgador era el rendido a su instancia y no el opuesto por la demandada.Y planteada así la cuestión, la Sala señala en primer lugar que la función del perito es la de auxiliar al Juez, ilustrándole, sin fuerza vinculante, sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe-pericia.Igualmente, recuerda la Sala que la prueba pericial es de libre valoración por el Juez. No es tasada. Así, ni los derogados art.1242 y 1243 CC (EDL 1889/1), ni el también derogado art. 632, ni ahora el art. 348 de la vigente LEC (EDL 2000/77463), tienen el carácter de valorativos de prueba, pues la prueba pericial es de libre apreciación por el Juez, según su prudente arbitrio, es decir, no tasada.En este sentido, añade la Sala además que tal valoración  judicial no puede alterarse más que cuando el juzgador "a quo" tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales, falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga deducciones absurdas o ilógicas.Siendo ello así, la Sala concluye que en este caso nos hallamos ante una mera discrepancia con la valoración acogida en la recurrida, lo cual no supone causa suficiente como para estimar el recurso, por lo que se impone su confirmación y, con ello, la valoración de las periciales tal y como se describía en la Sentencia impugnada.

Civil

Indemnización por gastos de médicos derivados de accidente de tráfico. Correcta cuantificación solo cuando finalizan los tratamientos por sanación o consolidación de secuelas

EDJ 2018/27643La AP estima el recurso de apelación formulado por entidad aseguradora contra la sentencia que en la instancia desestimó la demanda que en su día formuló en ejercicio de una acción de responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tráfico, reclamando la cantidad que abonó en concepto de gastos médicos del conductor y ocupantes del vehículo siniestrado.La sentencia de instancia desestimó la reclamación de la aseguradora demandante por cuanto, en su opinión, ésta carecía de legitimación activa ya que no se aportó prueba alguna del pago en virtud del cual reclamaba.Siendo ello así, recurría la actora puesto que, no habiendo opuesto tal motivo la entidad demandada, la desestimación suponía una infracción de los del principio dispositivo del proceso civil y de los arts. 216 y 281.3 LEC (EDL 2000/77463) en relación con el 428 del mismo texto legal, por haber basado la sentencia en la falta de prueba de un hecho no fijado como controvertido.Planteada así la litis, la Sala considera que asiste la razón a la recurrente y estima que la demandante sí estaba legitimada activamente para la reclamación de los gastos de referencia, lo que lleva a la Sala continuación, una vez acreditada la legitimación antedicha, a entrar en el examen de la cuestión relativa al momento de curación/sanación de las lesiones.En este punto, sostenía la parte apelante la improcedencia de la pluspetición alegada por la demandada. Así, frente a la tesis de esta última, conforme a la cual la estabilización de las lesiones y secuelas se produce cuando finaliza el período de sanidad según los informes forenses que acompañaba, la actora entendía que se produjo cuando finalizaron los tratamientos activos y continuados prescritos por los médicos asistenciales, es decir, el día del alta definitiva.La Sala, por su parte, considera que también la actora apelante tiene razón en este particular, ya que los gastos médicos indemnizables serían los necesarios hasta la sanación, fijada la misma por los correspondientes informes médico-forenses de sanidad. Es decir, que los daños emergentes por gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, han de cuantificarse hasta el momento del alta definitiva, cuando finalizan los tratamientos médicos prescritos, bien por la sanación de las lesiones o por la consolidación de las secuelas, por lo que se revoca la sentencia de instancia y se declara el derecho de la actora a ser resarcida por los gastos a que hizo frente.

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