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Contencioso-administrativo

Indemnización de daños y perjuicios a contratista de obra municipal por sucesivas modificaciones contractuales por la administración. Eventual existencia de renuncia al derecho del resarcimiento de los daños

EDJ 2018/4087El TS declara haber lugar al recurso de casación formulado por UTE concesionaria de una obra municipal contra la sentencia de TSJ que declaró conformes a derecho tanto la desestimación presunta de la reclamación por daños y perjuicios derivados de dicho contrato de obra formulada por la recurrente, como contra la posterior desestimación expresa de la misma.En síntesis, la Sentencia impugnada señalaba que, producidas sucesivas modificaciones contractuales, la parte contratista asumió las resoluciones administrativas previas a los modificados contractuales así como las resoluciones ampliatorias de los sucesivos plazos, incluyendo todo ello las valoraciones económicas, y que simplemente hizo constar que “se reservaba sus derechos”, expresión que, a juicio de la sentencia ahora impugnada, no tenía encaje legal en la regulación de referencia.Ello era así porque, según la resolución del TSJ, lo que el legislador establece en estos casos es que, si bien corresponde a la Administración la determinación del precio (art. 146 del TRLCAP, EDL 2000/83354),  ello no implica que el contratista no pueda oponerse o negarse a ello, lo que en tal caso llevaría a la búsqueda de otro contratista o, incluso, a la ejecución por la propia Administración o, aún más y tal y como se señalaba en cada una de las resoluciones recaídas tras la iniciación de la ejecución contractual, a recurrirlas.Recurrido que fue por la UTE dicho pronunciamiento, la Sala señala, en primer lugar, que la sentencia es congruente y motivada ya que hizo una exposición de las posiciones mantenidas por las partes, describiendo los hechos que consideraba relevantes, concretando los preceptos y doctrina aplicables y exponiendo y analizando la cuestión que consideraba esencial y prioritaria, relativa a la posibilidad jurídica de reclamación de daños y perjuicios por el contratista que consintió las sucesivas resoluciones administrativas de modificación contractual, suscrito los correspondientes modificados y dejado concluir el contrato sin alegación alguna al respecto, llegando a una conclusión negativa y a la desestimación del recurso, siendo esa la razón por la que, dado su carácter derivado o subsidiario de esa cuestión preferente, no analiza las cuestiones que ahora la parte considera omitidas y no motivadas.No obstante esa congruencia, la Sala añade sin embargo que la cuestión del alcance del modificado ha de resolverse caso por caso mediante la interpretación de los hechos y circunstancias del mismo, sin que pueda partirse de la premisa de que la aceptación de un modificado, sin protesta, equivalga a la renuncia de los daños y perjuicios que la parte contratista hubiera sufrido, ya que, a tenor del art. 1204 CC (EDL 1889/1), para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.Así, la Sala concluye que para que la aceptación de un modificado suponga una renuncia a los derechos al resarcimiento de daños sufrido ha de darse la circunstancia de que conste expresamente dicha renuncia o se infiera de una interpretación los hechos razonables, lo que, a juicio del TS, no ocurrió en este caso, casándose la sentencia recurrida y estimándose por tanto el recurso contencioso-administrativo formulado en su día.

Contencioso-administrativo

Obligatoria comunicación electrónica con personas jurídicas en materia tributaria. Inexistente disminución o privación de las garantías inherentes al derecho fundamental de tutela judicial

EDJ 2018/1620El TS desestima el recurso de casación formulado por mercantil contra la sentencia de la AN que desestimó su recurso contra la resolución del TEAC de liquidación por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007/2008 y declaró la extemporaneidad del mismo.En esencia, el recurso gira en torno la al validez de las notificaciones electrónicas efectuadas a la recurrente, pues ésta consideraba que las mismas habían supuesto una posible vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE (EDL 1978/3879), así como una infracción del el requisito de reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales establecido en el art. 53.1 del propio texto constitucional.Frente a tal aseveración, la Sala declara que, en contra de lo sostenido por la recurrente, los arts. 27.6 y 28.1 y 3 de la Ley 11/2007 (EDL 2007/41808) cumplen el requisito de reserva de ley establecido para la regulación de dicho ejercicio en el art. 53.1 CE, ya que esos dos preceptos forman parte de un texto normativo que tiene el necesario rango de ley.Por otro lado, añade la sala que, tanto la regulación de la obligación de comunicarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas del citado art. 27.6 LAE, como el régimen y los efectos dispuestos para la notificación por medios electrónicos que se establecen en el art. 28. 1 y 3, tienen, como señaló la resolución recurrida, una justificación razonable y proporcional; por ello, la Sala no  aprecia en estos preceptos una disminución o privación de las garantías que son inherentes al derecho fundamental de tutela judicial efectiva del art. 24 CE.En este sentido, la Sala señala también que dicha regulación es razonable porque, a su juicio,  pretende aprovechar al máximo las posibilidades que en la actualidad ofrece la notificación electrónica para alcanzar, en relación con personas jurídicas o colectivos que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, las más altas cotas en lo que concierne a la meta de eficacia administrativa establecida en el art. 103 CE.Y, a fin de justificar la proporcionalidad de esa exigencia de notificación electrónica obligatoria, la Sala concluye argumentando los siguientes objetivos: (a) la obtención del una mayor eficacia administrativa y, de esta manera, una mejor atención de los intereses generales; (b) un sistema de garantías dirigido a acreditar al interesado la puesta a su disposición del acto objeto de notificación y el acceso al contenido de este último, con lo que se cumple la finalidad, que es esencial en toda notificación, de garantizar que llega a su destinatario de manera exacta el conocimiento que lo que la Administración le quiere trasladar; y (3) y la no constancia de intereses o derechos relevantes que resulten sacrificados como consecuencia de este sistema de notificación (el recurso no los explica convincentemente).

Constitucional

Inconstitucionalidad de la denegación por razón de la edad al acceso a programa de atención individualizada en centro de asistencia a personas discapacitadas. Obligación de las administraciones de adoptar medidas para evitar la discriminación por discapacidad

EDJ 2018/501101El TC estima la demanda de amparo formulada por un particular con una minusvalía psíquica del 65% por trastornos de la personalidad, a quien se le negó un servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual por el hecho de haber superado los 60 años de y ello sin un estudio valorativo de su estado y necesidades.La demanda de amparo planteaba en este caso dos quejas constitucionales. La primera de ellas por vulneración del principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE (EDL 1978/3879). La segunda, por vulneración del derecho al recurso, integrado en el fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), debido a la inadmisión indebida del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo.En relación con la primera, la demanda afirma como punto de partida que las resoluciones de la Comunidad autónoma desestimatorias de su solicitud, confirmadas en vía judicial, han privado al recurrente de una atención individualizada en un centro de asistencia a personas discapacitadas, al excluirle de ello tan solo por razón de su edad (superaba los 60 años), en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Orden 1363/1997, de 24 de junio, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (EDL 1997/49476).La segunda plantea la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, como consecuencia de la inadmisión indebida de su recurso de casación.Se argumenta en este sentido, que contrariamente a lo que sostienen los Autos del TSJ y del TS, “la materia inicial sobre la que versa el objeto del procedimiento versa  sobre derechos fundamentales”, en concreto la discriminación padecida por razón de la edad, que le ha impedido acceder a una residencia especializada. Y más en concreto, que no es un litigio relativo a prestaciones periódicas de carácter vitalicio como indica el Auto desestimatorio del recurso de queja.Cita el recurrente en su apoyo la STC 87/1992, de 8 de junio (EDJ 1992/5976), respecto de la doctrina sobre vulneración del derecho al recurso en los supuestos de inadmisión de éstos, así como el art. 86.2.b) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, que garantiza el carácter recurrible de la sentencia sin importar la cuantía del procedimiento, cuando éste ha versado como aquí en la defensa de derechos fundamentales.El TC resuelve la cuestión estimando la demanda de amparo y declarando contrarias al derecho a la igualdad las actuaciones de las administraciones que no adoptan las medidas necesarias para evitar la discriminación por discapacidad.Así, el Tribunal ha venido a señalar que la CE ordena a los poderes públicos poner en práctica políticas de integración de los discapacitados y señala que España está obligada por los tratados internacionales a los que se haya adherido, entre los que destaca la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, al que España se adhirió en 2007, que, entre las distintas formas de discriminación prohibidas, incluye la denegación de ajustes razonables.

Contencioso-administrativo

Legalidad del sistema de doble medición del ruido regulado en Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones

EDJ 2018/5574El TS desestima el recurso formulado por “asociación de afectados por el ruido” contra la sentencia dictada por TSJ que estimó, tan solo parcialmente, el recurso contenciosos-administrativo que en su día formularon contra la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones en el municipio en cuestión.La sentencia recurrida declaró la nulidad de los art. 12, 61, el Anexo IV en lo relativo a que "las mediciones se hagan en un momento próximo", y la expresión que señala que "se puede considerar que se cumple con el valor límite", así como la Disp. Adic. 1ª, de la citada ordenanza, desestimando el recurso contencioso-administrativo en lo demás.La asociación recurrente disiente de la sentencia en aquello que el recurso contencioso administrativo resultó desestimado y, concretamente, en lo relativo a los métodos de evaluación del ruido ambiental. Así, en el escrito de interposición del recurso, la asociación recurrente solicitó que se casase la sentencia recurrida y se declarara también la nulidad del Anexo IV de la Ordenanza municipal en cuestión, en relación a la "Determinación y corrección del ruido de fondo, párrafo 2º, cuando señala que "es necesario realizar una medición previa (...) de ruido de fondo ambiental".Planteada  así la cuestión, el TS señala que, a su juico y en contra de lo sostenido por la asociación recurrente, el referido sistema de doble medición de la contaminación acústica, previsto en la ordenanza, no se opone a lo que se establece legal y reglamentariamente.Señala además la Sala que tampoco se contradice el sistema seguido por la ordenanza con el de las mediciones sorpresivas. Así, en la normativa reglamentaria estatal no se ha reconocido y garantizado un único sistema de mediciones sorpresivas, ni se ha proscrito el sistema de doble medición que establece la norma municipal, o, en fin, que entre ambos exista la necesaria incompatibilidad, por lo que le recurso es finalmente estimado por la Sala.

Autor

Ibáñez

Contencioso-administrativo

Representatividad mínima exigida a sindicatos para el acceso a la mesa general de negociación sobre cuestiones comunes a funcionarios y contratados laborales

EDJ 2018/1900El TS declara no haber lugar al recurso de casación formulado por sindicato de policías locales contra la sentencia dictada por TSJ que, desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por Juzgado de lo contencioso-administrativo en procedimiento especial de derechos fundamentales, declaró que el sindicato recurrente no podía forma parte de Mesa General de Negociación prevista por el art. 36.3 del EBEP (EDL 2015/187164).Recurre el sindicato pues considera que dicha Mesa General de Negociación estuvo mal constituida ya que no se le había permitido formar parte de ella pese a poseer una representatividad superior al 10% de los funcionarios municipales aunque, ciertamente, no alcanzara ese porcentaje entre el personal laboral.Y planteado así el recurso, la Sala señala que la asociación recurrente no tiene razón ya que la decisión de la Sala de apelación es ajustado a derecho, no sólo al tenor literal sino también al sentido de la regulación de la que forma parte, mantener que la representatividad mínima que exige para que una organización sindical que no forma parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas esté presente en la Mesa que negocia las cuestiones comunes a funcionarios y laborales debe poseerla por separado en ambos ámbitos: el del personal funcionario y el del personal laboral.Así, a juico de la Sala, la representatividad superior al 10% del sindicato solo entre los funcionarios no le legitima para estar presente en todos los foros en que se trate de cuestiones relativas a funcionarios, entre ellos la mesa del art. 36.3 EBEP.Y apunta la Sala que, en contra de lo afirmado por el recurrente, este criterio no significa imponer algo que no exige el precepto de referencia, ni convertir el requisito del 10% en otro del 20%, ya que para que esto sucediera, sería necesario que el artículo sólo requiriera el 10% y de ser así sobraría toda discusión y no habría existido el pleito.Por otro lado la Sala concluye aclarando que el sentido que haya que dar a la conjunción "o" depende del contexto en que se use y, a este respecto, se debe tener en cuenta que el aptdo. 3 del art. 36 debatido se remite, en lo relativo a la representatividad necesaria para acceder a las Mesas comunes, a los criterios aplicables a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que son los de los art. 6 y 7 LO 11/1985 (EDL 1985/9019), con lo que valen también aquí las interpretaciones que se han dado del aptdo. 2 de este último.EDJ 2018/1900El TS declara no haber lugar al recurso de casaciónformulado por sindicato de policías locales contra la sentencia dictada por TSJque, desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentenciadictada por Juzgado de lo contencioso-administrativoen procedimiento especial de derechos fundamentales, declaró que el sindicatorecurrente no podía forma parte de Mesa General de Negociación prevista por elart. 36.3 del EBEP (EDL 2015/187164).Recurre el sindicato pues considera que dicha MesaGeneral de Negociación estuvo mal constituida ya que no se le había permitidoformar parte de ella pese a poseer una representatividad superior al 10% de losfuncionarios municipales aunque, ciertamente, no alcanzara ese porcentaje entreel personal laboral. Y planteado así el recurso, la Sala señala que laasociación recurrente no tiene razón ya que la decisión de la Sala de apelaciónes ajustado a derecho, no sólo al tenor literal sino también al sentido de laregulación de la que forma parte, mantener que la representatividad mínima queexige para que una organización sindical que no forma parte de la Mesa Generalde Negociación de las Administraciones Públicas esté presente en la Mesa quenegocia las cuestiones comunes a funcionarios y laborales debe poseerla porseparado en ambos ámbitos: el del personal funcionario y el del personallaboral.Así, a juico de la Sala, la representatividadsuperior al 10% del sindicato solo entre los funcionarios no le legitima paraestar presente en todos los foros en que se trate de cuestiones relativas afuncionarios, entre ellos la mesa del art. 36.3 EBEP.Y apunta la Sala que, en contra de lo afirmado porel recurrente, este criterio no significa imponer algo que no exige el preceptode referencia, ni convertir el requisito del 10% en otro del 20%, ya que paraque esto sucediera, sería necesario que el artículo sólo requiriera el 10% y deser así sobraría toda discusión y no habría existido el pleito.Por otro lado la Salaconcluye aclarando que el sentido que haya que dar a la conjunción "o"depende del contexto en que se use y, a este respecto, se debe tener en cuentaque el aptdo. 3 del art. 36 debatido se remite, en lo relativo a larepresentatividad necesaria para acceder a las Mesas comunes, a los criteriosaplicables a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, queson los de los art. 6 y 7 LO 11/1985 (EDL 1985/9019), con lo que valen tambiénaquí las interpretaciones que se han dado del aptdo. 2 de este último.

Social

Declaración de nulidad de trabajadora de Ayuntamiento. Improcedencia de situaciones de desigualdad entre todos los trabajadores afectados por idéntico acuerdo administrativo

EDJ 2018/5948El TS desestima el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por Ayuntamiento contra la sentencia del TSJ  que resolvió sobre la nulidad del cese de la demandante apuntando a la necesidad o no de acudir al expediente de regulación de empleo para acordar los ceses.Dado que el presente caso afectó a un determinado número de trabajadores, las sentencias recurridas en casación para la unificación de doctrina por este Ayuntamiento, se dividieron entonces en dos grupos, lo que conllevó que los pronunciamientos fueran diversos.Es por ello que, debe señalarse que la presente sentencia se dicta en virtud de sentencia dictada por TC que declaró que la anterior sentencia dictada por el TS en este asunto había vulnero los derechos de la trabajadora demandante por lo que la anuló, mandado retrotraer el asunto hasta este momento procesal a fin de que se dicte nueva sentencia, cosa que ahora se hace. Sentado ello, en este caso, el Ayuntamiento recurrente aportó como sentencia de contraposición una única sentencia, la de la Sala de lo Social del TSJ Cataluña de fecha 24 de mayo de 2005 (EDJ 2005/109861) que, efectivamente, se refería a esa misma situación en otro Ayuntamiento y en la que, en relación con las amortizaciones de plazas de indefinidos no fijos por encima de los umbrales previstos en el art. 51 ET (EDL 2015/182832), sin embargo, se alcanzó una solución contrapuesta, declarándose la licitud de los ceses de los trabajadores afectados por las amortizaciones de sus puestos de trabajo, sin necesidad de acudirse a los requisitos previstos en el art. 51 ET.Planeada así la cuestión, la Sala ha resuelto declarar la nulidad del despido, confirmando la sentencia recurrida en el punto referido a esa declaración de nulidad del despido de la trabajadora demandante en su día, lo que, viene a materializar de manera efectiva la necesidad de evitar que se produzcan situaciones de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores, afectados por idéntico acuerdo administrativo.

Contencioso-administrativo

Inexistente responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de las liquidaciones de la tasa por utilización privativa del dominio público local por compañías telefónicas en el marco de la legislación nacional

EDJ 2018/1654El TS declara no haber lugar al recurso contencioso-administrativo , en concepto de responsabilidad patrimonial interpuesto por Ayuntamiento contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, que desestimó la reclamación efectuada por el Consistorio, en méritos del abono que tuvo que hacer a una compañía telefónica, por el concepto de interés de demora en la devolución de ingresos indebidos en concepto de tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local, así como por  los costes derivados de la presentación de avales bancarios necesarios para suspender el ingreso de la deuda tributaria de otro compañía telefónica por la referida tasa y por el interés legal devengado desde la fecha en que se incurrió en dichos costes hasta aquella otra en que se ordena el pago.El título de imputación que invocaba el Ayuntamiento es que, en el marco de la legislación nacional aplicable y de conformidad con el art. 20. 1 y 3 del TRLHL (EDL 2004/2992), la Administración Municipal demandante ha venido exigiendo de forma indebida, al igual que otros Ayuntamientos, la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a las compañías de telefonía móvil que sin ser propietarios de la red que ocupa el espacio público lo utilizan para la prestación del servicio.Siendo ello así, a juico del recurrente, la defectuosa regulación de la tasa por la legislación estatal, declarada contraria a la Directiva Europea por la sentencia referenciada de 12 de julio de 2012, es la causa determinante de exigir su abono tanto a las empresas de telefonía móvil propietarias de las redes tendidas en el dominio público local como a aquéllas otras que sin ser titulares de la red tienen derechos de acceso o interconexión.Sin embargo, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento recurrente, no existe infracción del Derecho de la UE en los términos que sostiene la demanda. La regulación conjunta de la LGTel (EDL 2003/108868), junto con el TRLRHL era el marco normativo a que debían sujetarse las entidades locales para imponer cánones o tasas por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma (art. 13 de la Directiva 2002/20, EDL 2002/12628).Así, señala la Sala que las ordenanzas fiscales que se aprobaran por las entidades locales debían respetar no sólo el TRLRHL sino también sujetarse a los términos autorizados por el art. 49 de la LGTel, y de la aplicación conjunta de ambas normas, es claro que solo podría gravarse con una tasa municipal los derechos de instalación de recursos en el dominio público local, o por debajo o por encima de la misma.Es por ello que, dado que no existe infracción del Derecho Europeo por la legislación del Estado a que la actor atribuye tal efecto, la Sala estima que no cabe afirmar la relación de causalidad entre la legislación estatal y el perjuicio que se dice sufrido por la actora con las liquidaciones por tasas municipales por ocupación del dominio público y resulta innecesario el análisis del resto de los requisitos de la eventual responsabilidad patrimonial del Estado. Con ello queda rechazado el planteamiento principal de la demanda.

Contencioso-administrativo

Urbanismo. Alcance la responsabilidad patrimonial de la administración por la anulación de títulos de habilitación de actuaciones edificatorias o de urbanización

EDJ 2018/2675El TS declara haber lugar al recurso de casación formulado por Ayuntamiento y por Gobierno autonómico contra la sentencia del TSJ que en su día estimó el recurso contencioso-administrativo  formulada por empresa promotora reclamando por los daños y perjuicios que supuestamente se le habían ocasionado por la orden de demolición de la urbanización por ella construida en el término municipal.En síntesis, el debate de autos se centra en determinar los daños y perjuicios que se habían ocasionado a los propietarios de los terrenos sobre los que se habían construido las viviendas, al amparo de un planeamiento que había sido declarado nulo y en base a unas licencias urbanísticas que, por basarse en dicho planeamiento, también fueron declaradas como tales, debiendo procederse a la demolición de la parte de urbanización ya finalizada, demolición que fue ejecutada por la misma sociedad propietaria de los terrenos.Así, como consecuencia de lo anterior es por lo que se reclamaba a las dos Administraciones la indemnización de los daños y perjuicios (con cargo a la Administración autonómica), por lo que es la procedencia de los perjuicios ocasionados lo que se reclama en vía procesal dado que ya aceptaba la existencia de la obligación de indemnizar, más en concreto, lo que se cuestiona es el importe de dicha indemnización, que es el debate que se decide en la sentencia de instancia y se cuestiona en los dos recursos de casación que se examinan.Y planteado así el asunto, la Sala ha resuelto que no puede criticarse a la Sala de instancia hacer una valoración arbitraria o ilógica de la prueba, habida cuenta de la jurisprudencia reiterada del propio TS, conforme a la cual, la propia finalidad y el objeto de la casación, como recurso extraordinario, impide, en principio, cuestionar la valoración de la prueba que se hace por los Tribunales de instancia, porque solo procede el recurso por motivos concretos entre los que nunca se ha incluido el de la errónea valoración de la prueba; exclusión debida además, según señala la sala, a que, estando regida la actividad procesal probatoria por el principio de inmediación, son los Tribunales de instancia los que están en mejores condiciones para realizarla.Por otro lado, la Sala señala que, en este caso, debe distinguirse la expropiación -en la que se priva al propietario de una facultad ya reconocida-, de los supuestos de indemnización, cuya finalidad es la de resarcir daño ocasionado. Así, en la expropiación se ha de valorar el derecho expropiado, en la indemnización, los gastos.En resumen, este caso ni existe derecho de participar en proceso de actuación urbanizadora ni edificatoria por la perjudicada, ni puede valorarse dichos derechos con indemnización alguna, sino que ésta se debe calcular con los gastos real y efectivamente realizados, acorde con el concepto acuñado por la jurisprudencia sobre "la plena indemnidad o reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados”

Contencioso-administrativo

Desestimación de la medida cautelar consistente en la suspensión de Acuerdo municipal sobre la retirada de monumento de la Cruz ubicado en puerta de una Iglesia del municipio

EDJ 2018/3166El TSJ desestima el recurso de apelación formulado por asociación ciudadana contra el Auto dictado por Juzgado de lo contencioso-administrativo que desestimó la medida cautelar interesada en el recurso contencioso-administrativo que formuló dicha asociación contra la retirada de una cruz que se ubicaba en la puerta de la Iglesia parroquial acordada por Acuerdo municipal.En concreto, los recurrentes formularon recurso contencioso-administrativo con la pretensión de “Conservar junto a la puerta de la iglesia arciprestal de San Martín el monumento de la cruz, debido a que se han realizado obras de remodelación en la misma, y los elementos que la componen en la actualidad no incumplen ningún precepto de la ley de memoria histórica”; interesando, como medida cautelar, la paralización de su retirada.La Sala sin embargo desestima dicho recurso, en primer lugar y según señala, por el limitado conocimiento que tiene en esta pieza de medidas, es decir, que no puede hacer ningún pronunciamiento relacionado con el fondo, ni  puede tampoco manifestarse, sobre la aplicación de la Ley sobre Memoria Histórica. Y añade además la Sala que tampoco puede hacer ningún pronunciamiento sobre el emplazamiento y su titularidad, lo que no solo sería adelantar el fondo, sino además pronunciarse sobre una materia en la que no tiene competencia.En segundo lugar, señala Sala que, a su juico, no existe riesgo que pueda implicar la pérdida de eficacia de la estimación del recurso, pues no se trata de una demolición o destrucción, sino de desmontar el monumento y trasladarlo bien a los espacios museísticos de la ciudad, bien al cementerio parroquial, previo acuerdo con la diócesis.Por último, concluye la sala, apuntando que, en el supuesto de estimarse el recurso, podría sin ninguna dificultad ser repuesto en su lugar original.Por lo anterior , la Sala considera que, en este caso, que no aparecen, ni se han acreditado motivos suficientemente significativos, que aconsejen, la suspensión de la eficacia del acto administrativo recurrido, consistente en el Acuerdo del pleno adoptado con las mayorías necesarias.

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