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LABORAL

El retraso de la edad de jubilación

Por D. Jose Andrés Álvarez Patallo

Letrado de la Administración de la Seguridad Social

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Durante los últimos treinta años se ha venido hablando constantemente de la reforma del sistema de Seguridad Social… y se ha venido ejerciendo también constantemente la reforma de la Seguridad Social. Hemos llegado a un punto en que quedan bien pocos preceptos que no se hayan modificado al menos una vez, si bien existen algunos, como el artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, que se han modificado prácticamente todos los años durante los últimos cinco.

Los profesionales del Derecho asumimos esta dinámica con resignación, si bien algunos seguimos predicando en diversos foros, con bastante poco éxito por cierto, que existe otra manera de hacer las cosas, que es posible realizar una reordenación global del sistema de la Seguridad Social que le aporte eficiencia, estabilidad y seguridad jurídica.

No obstante, en los últimos meses ya no nos enfrentamos a una simple compulsión reformadora del gobierno, más o menos molesta pero de trascendencia limitada, sino que se plantea desde el mismo una reforma de mucho más alcance, cual es el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Y no sólo tiene mucho alcance porque vaya a afectar a la mayoría de la población activa y a las futuras generaciones de trabajadores, sino porque dicha reforma se plantea desde el fatalismo más alarmante en el sentido de que la única alternativa posible al retraso de la edad de jubilación es la quiebra económica del sistema de Seguridad Social.

Quizá sea verdad que la Seguridad Social está abocada a la quiebra económica en un plazo de 20 años si no se adoptan medidas de recorte radicales (quitarles dos años de jubilación a los trabajadores es llanamente un recorte radical). Pero, al margen del sacrificio que supone renunciar, si bien parcialmente, al Estado del Bienestar, también debemos tener en cuenta que esas medidas se proponen y son aplaudidas siempre desde la comodidad de un despacho por parte de quienes tienen una enriquecedora profesión intelectual. Y no me refiero a que la medida vaya a resultar impopular entre quienes desempeñan una profesión sufriendo las inclemencias del tiempo, las penurias del esfuerzo físico, los rigores del trabajo a turnos o la monotonía de una tarea repetitiva (obreros de la construcción, agricultores, operarios de fábricas, camioneros y un largo etcétera), sino que me refiero más bien a que tengo serias dudas acerca de si dichos trabajadores serán materialmente capaces de desempeñar su profesión hasta los 67 años con el rendimiento y la productividad exigidas por una economía cada vez más competitiva. En este sentido se me plantea una duda: ¿por qué los bancos y cajas de ahorros, cuyos servicios de estudios económicos son los primeros que defienden el retraso de la edad de jubilación, son también los primeros que prejubilan (una forma eufemística de referirse al despido) a sus trabajadores antes de llegar a los 60 años?

Se me plantea otra duda sobre el retraso de la edad de jubilación. El 31 de diciembre de 2009 había, según datos oficiales del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, 3.923.603 parados registrados en España, de los cuales 1.320.614 eran mayores de 45 años, cuyas posibilidades de encontrar un empleo se encuentran seriamente mermadas. De éstos últimos, 526.468 eran mayores de 55 años, para quienes la probabilidad de encontrar trabajo es prácticamente inexistente, de modo que para ellos el retraso en la edad de jubilación supone en realidad el alargamiento de la situación de desempleo. La situación se agrava aun más para los 232.200 desempleados de dicho colectivo que estaban percibiendo el subsidio para mayores de 52 años en una cuantía de 426,01 euros mensuales. Para éstos el retraso de la edad de jubilación supone el alargamiento de la miseria, la impotencia y la frustración.

Opino que la creación de un sistema de Seguridad Social supuso el mayor logro de las sociedades occidentales durante el siglo XX. La Seguridad Social ha aportado más estabilidad y cohesión social que ninguna otra medida que haya podido ser adoptada por ningún gobierno. La Seguridad Social se ha convertido así en un patrimonio de todos los españoles, ya que supone precisamente una mutualidad a la que todos aportamos ciertas cantidades de dinero confiados en que la mutualidad acudirá en nuestra ayuda cuando la necesitemos. Por ello deberíamos ser todos mucho más cuidadosos a la hora de lanzar mensajes alarmistas sobre el futuro de la Seguridad Social.

La Seguridad Social no nace de la inspiración de un político (en tal caso probablemente no hubiera nacido nunca), sino que nace de unas determinadas condiciones de producción y reproducción que se conjugaron en las sociedades occidentales durante la Revolución Industrial. Me refiero a que el crecimiento de la población y la pujanza de la industria atrajo a grandes masas de trabajadores y sus familias a las ciudades. Al ser apartados de la tierra pasaron a depender de un salario para sobrevivir de manera que la pérdida de éste por enfermedad, vejez, fallecimiento o desempleo abocaba al grupo familiar a la indigencia. Sin embargo, la propia Revolución Industrial que causó el problema trajo la solución, pues fue capaz de crear una riqueza sin precedentes que permitió establecer un sistema de protección que otorgase prestaciones sustitutorias del salario: la Seguridad Social. Con el discurrir de los años la mutualidad se fue ampliando para abarcar no sólo a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos que pudieran encontrarse en situación de necesidad (artículo 41 de la Constitución española de 1978).

Actualmente, desde el gobierno se aduce como razón para defender el retraso de la edad de jubilación que la natalidad decae y la esperanza de vida es cada vez mayor, de manera que a medio plazo no existirán suficientes cotizantes como para sostener financieramente el gasto en pensiones. Entiendo que este razonamiento es engañoso (un sofisma) por diversas razones.

Respecto a la caída de la natalidad, en el cuadro siguiente, obtenido de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, se observa que en 1998, cuando también se hablaba de la quiebra económica de la Seguridad Social, la relación entre nacimientos y defunciones en España era del 0,011%. Bastaron unos cuantos años consecutivos de bonanza económica para que esa relación llegase al 0,289% en 2008, el año en que estalla la actual crisis. Pero, al incremento de los nacimientos debe añadirse la inmigración, de manera que la población española creció en esos 10 años en casi 6 millones y medio de habitantes.


Población

Nacimientos

Defunciones

Diferencia

Porcentaje de crecimiento

1998

39.852.651

365.193

360.511

4.682

0,011%

2008

46.157.822

519.779

386.324

133.455

0,289%


Este fenómeno provocó asimismo, también según las cifras oficiales de la Seguridad Social, que el número de trabajadores afiliados en España ascendiese desde unos raquíticos 13 millones y medio en 1998 (el 33,87% de la población total) a más de 19 millones en 2008 (41,16% de la población total). Si, como acabamos de ver, tenemos en cuenta el enorme crecimiento de la población española en ese decenio, el crecimiento porcentual de la población activa es especialmente esclarecedor de la capacidad que puede llegar a tener la economía española para generar puestos de trabajo.

Por tanto, si con el actual sistema de reparto se necesita mantener un número de cotizantes que duplique al de beneficiarios de prestaciones, la clave del problema no está en recortar prestaciones, sino en crear las condiciones necesarias para que se creen puestos de trabajo. De esta manera, mejorarán los índices de natalidad y de inmigración, se creará riqueza, aumentará la recaudación tributaria, se mantendrán los servicios públicos y se mejorará, en definitiva, la cohesión social. ¿Por qué entonces se opta por retrasar la edad de jubilación? Sencillamente porque es más fácil.

Tampoco estoy de acuerdo con que la viabilidad del sistema deba juzgarse exclusivamente desde el punto de vista de la relación entre cotizantes y pensionistas. En muchos países de nuestro entorno la Seguridad Social se financia total o parcialmente con impuestos y lo mismo puede hacerse en España. Lo cierto es que, aunque con altibajos, España es hoy un país mucho más rico de lo que era hace cuarenta años y parte de esa riqueza puede dedicarse al sostenimiento de la Seguridad Social. De esta forma, en lugar de detener la financiación de la Seguridad Social en el momento en que un trabajador pasa a ser pensionista y deja de cotizar, la financiación al sistema se seguirá manteniendo durante toda la vida del trabajador porque el pensionista también paga impuestos. Ello no quiere decir que deban subirse los impuestos, ya que ése sería el último recurso, sino que se trata de establecer prioridades políticas. Si estamos de acuerdo en considerar la Seguridad Social el mayor logro social del siglo XX, prioricemos el mantenimiento de sus prestaciones. Seguro que existen muchas partidas presupuestarias a nivel de toda la Administración del Estado que son menos importantes que mantener las prestaciones de la Seguridad Social  y con esos remanentes se podrían complementar las cotizaciones sociales para mantener el nivel del gasto en pensiones. Si estamos ante una situación tan grave adoptemos medidas de igual gravedad y suprimamos todos aquellos gastos que, aun siendo importantes, son menos importantes que el mantenimiento de las pensiones.

Por tanto, la verdadera pregunta clave en toda esta polémica es la siguiente: ¿consideran nuestros gobernantes a la Seguridad Social como una verdadera prioridad?

En definitiva, pese a lo que nos digan, y pese a que ya hayan convencido a muchos medios de comunicación, no estamos ante un problema matemático en el que sólo cabe una solución, sino que estamos ante un problema político en el que caben distintas soluciones, que dependerán de las prioridades que se establezcan por los gobernantes. La Seguridad Social es patrimonio de los españoles y, en su gestión, no debemos dejarnos confundir con sofismas, sino que debemos exigir a nuestros gobernantes que le den la máxima prioridad.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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