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TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Por D. Daniel Toscani Giménez

Profesor Titular de la Universidad de Valencia

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Una de las reivindicaciones del colectivo del RETA ha sido la protección por desempleo.

Nada se previó en el Acuerdo de pensiones de 2001. El Informe de la Comisión de Economía y Hacienda se limitó a recomendar un estudio sobre el establecimiento de un Fondo de Garantía para los supuestos de ceses por causas objetivas, pero ligando la cuestión a la problemática de los autónomos dependientes, pues se refiere a aquellos cuya fuente de ingresos proceda de una o varias empresas, aunque en las propuestas del Informe se contempla ya los autónomos con carácter general que “por causa ajena a su voluntad pierdan para ellos y para su familia la empresa que les proporcionaba los medios de vida”.

De ello se hizo eco la disposición final 6.ª de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre que limitando la cuestión a los autónomos dependientes estableció que el gobierno en el primer semestre de 2003 debía presentar un Informe relativo a la situación de estos trabajadores estudiando el establecimiento de un fondo de garantía en caso de cese por causas objetivas. Pero tal mandato resultó incumplido. En cambio, la proposición de ley de regulación del trabajo autónomo dependiente presentada por el grupo parlamentario socialista de 2002 iba más allá en este punto y reconocía el derecho a la prestación por desempleo bastando para generar el derecho que el inicio y la terminación de la actividad contratada fueran comunicados conjuntamente por el trabajador y la empresa a la entidad gestora.

Se prevé en el Estatuto del trabajador autónomo un sistema de protección por cese de actividad. En el Estatuto del trabajador autónomo no se configura propiamente una prestación de desempleo pues esta calificación que se ha querido evitar para no incluir al RETA en el sistema de desempleo común. El Estatuto se remite de nuevo a una futura regulación. Así, la disposición adicional cuarta contempla la prestación por cese de actividad, que deberá proponerse en el futuro por el Gobierno, como proyecto de ley para su aprobación en las Cortes generales. Se dan algunas pautas o criterios generales de cómo será esta prestación, aunque se trata más bien de una regulación puramente programática al tenerse que regular la prestación en definitiva por otra ley:

-     Que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.

-     Que de alguna manera se consulte y negocie con el sector y que por tanto responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos.

-     Se tratará de un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida. No parece que se integre en el régimen común.

-     Sólo se contempla una cierta equiparación con los trabajadores por cuenta ajena y asimilados en cuanto a la articulación de la prestación por cese de actividad en los supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación.

En tal caso, aunque no es muy explicito el precepto, parecía que debía tratarse de algo parecido al subsidio de prejubilación de mayores de 52 años, de manera que su aplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad de jubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad Social, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes de carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores por cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no contributivo. Las Administraciones Públicas podrán, por razones de política económica debidamente justificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores económicos concretos. Sin embargo, no ha sido así, no se ha contemplado un subsidio de estas características, sino una duración especial en autónomos mayores de 52 años.

En cuanto a los Trades pocas dudas ofrece la necesidad de su protección por desempleo, pues en definitiva su dependencia económica y sujeción a un empresario permiten articular un aseguramiento muy similar al laboral. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes en la situación legal del cese de actividad cuando se produzca la resolución del contrato a instancia del Trade basada en un incumplimiento grave del cliente (art. 15.1.e de la LETA), pues en tal caso, no se produce un mantenimiento de las retribuciones, como en el supuesto del art. 50 del ET.

En este sentido un Informe de la Comisión de Expertos trazó las líneas generales de la protección de cese de actividad de los autónomos sobre los que se ha producido la negociación del Ministerio de Trabajo con las organizaciones sociales con vistas a elaborar el proyecto de ley que debe tramitarse por vía parlamentaria (Véase al respecto la Propuesta de viabilidad de un sistema de prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, publicado en 2009 por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y VALDES DAL RE, F., 2009).

Se ha optado por un modelo especial, separado del de desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, puramente contributivo, sin niveles asistenciales, de carácter voluntario, salvo para los autónomos obligados a la cobertura de los riesgos profesionales, al vincularse en cotización y en gestión al mismo (corre a cargo de las Mutuas), que contempla situaciones de cese de actividad temporales y permanentes, con requisitos propios en la situación legal de cese de actividad y su acreditación y reglas propias de requisitos de carencia, duración de la prestación y acceso a nuevas prestaciones.

El informe elaborado por el grupo de expertos fue presentado en diciembre de 2008 por el Ministro de Trabajo e Inmigración, y con ello, se configuró definitivamente el punto de partida para elaborar un anteproyecto de Ley sobre un sistema específico de protección por cese de actividad del trabajador autónomo. Tomando como referencia el informe del grupo de expertos y las observaciones hechas por las asociaciones de autónomos y los interlocutores sociales al mismo, se elaboró una propuesta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Una vez analizadas todas las observaciones realizadas se ha procedido a elaborar un Proyecto de Ley que tras su tramitación parlamentaria, ha culminado en la ley 32/2010 de 5 de agosto (BOE de 6 de agosto) que regula la prestación por cese de actividad.

Finalmente se ha suprimido, en la votación en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso del proyecto del ley de reforma laboral, la D.A. 13.ª que regulaba la nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales para autónomos en paro que no reciban ninguna ayuda económica; por razones de ahorro, fundamentalmente, pero también de gestión. Esta ayuda era contradictoria con el nuevo sistema de prestaciones contributivas creado por la nueva ley e incluso lo ponía en riesgo, pues los autónomos podrían haber preferido recibir las ayudas de 425 euros antes que cotizar para costear la prestación por cese de actividad, cuya duración es entre dos meses y un año, con un importe mínimo de 584 euros mensuales. No obstante, para disfrutar seis meses de esta prestación, estarían obligados a cotizar entre 36 y 42 meses, como veremos. Además, tal como estaba articulada podía haber perjudicado a las Mutuas, al tener que financiarla, ya que tal y como estaba redactada la ley no obligaba al Ministerio de Trabajo a hacer aportaciones.

Sin embargo, no es menos cierto que se podían haber propuesto otras fórmulas, antes que su simple supresión. Así, por ejemplo, la medida podría haber tener un carácter excepcional, tan sólo durante el período de 12 meses en el que todavía no se tiene acceso a la prestación contributiva, y aplicarse posteriormente sólo a los cotizantes, una vez cubierta la prestación contributiva y cuando su necesidad así lo requiera, sin que en ningún caso solape o sustituya la cotización voluntaria, que es la que permitirá crear un sistema solidario y autofinanciable.

Asimismo, se ha logrado suprimir la reducción de 18 meses a un año del plazo de espera desde el disfrute de una prestación contributiva hasta el acceso a la siguiente que se había aprobado. De tal forma que como, veremos, ahora de nuevo el período de espera entre prestaciones es de 18 meses.

Sin embargo, la extensión de un sistema de protección por cese de actividad para los autónomos plantea varios problemas.

El coste, ya que puede que sea difícil de asumir por el colectivo, si se quiere una protección en duración similar a la del Régimen General, como creo que ha ocurrido ya con las prestaciones que dependen de la opción voluntaria del autónomo.

De ahí que se haya vinculado el coste a la previa suscripción del aseguramiento por riesgos profesionales. De otra parte el alcance e intensidad de la acción protectora está directamente relacionado por motivos actuariales con el coste. Y en este punto la configuración propia del RETA dada la ausencia de empresario presente graves dificultades en comparación con el régimen de trabajadores por cuenta propia. Incluso en los autónomos económicamente dependientes. De ahí la propia configuración separada de esta prestación en relación con las propiamente de desempleo que jurídicamente permite también una regulación propia, diversa, a la de los trabajadores por cuenta ajena, sin que sea exigible un principio de equiparación, ni siquiera el principio de obligatoriedad. La falta de obligatoriedad, sin embargo, puede que no contribuya a su viabilidad técnica y financiera. Por ello, finalmente, para intentar incentivar la cobertura de cese de actividad la ley abre un nuevo plazo de aseguramiento de los riesgos profesionales que parece jugar a efectos no ya de la protección de los riesgos profesionales por sí misma sino de esta como presupuesto o requisito previo para solicitar la de cese de actividad. En efecto, la disposición transitoria única dice que “a efectos de la cobertura de la prestación por cese de actividad, los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley figuren en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan cubierta la protección por contingencias profesionales, podrán optar por esta última protección dentro de los tres meses siguientes a la fecha indicada, con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha opción”.

El aseguramiento frente al desempleo puede ser un factor más de incentivación de la huida del trabajo por cuenta ajena y del recurso a la descentralización productiva, como ya se está produciendo actualmente con los falsos autónomos.

Si las previsiones de la LETA de que sea viable económicamente limitan la protección a un modelo puramente contributivo sin que se prevean niveles asistenciales, lo que por otra parte sería fundamental hasta que se pusiera en marcha propiamente el sistema de protección de cese de actividad y especialmente en situaciones de crisis económica como la actual con grave destrucción de empleo de los autónomos.

Si al tratarse de un sistema especial debe ser gestionado en especial en relación con las políticas activas de empleo por los Servicios de Empleo o pueden intervenir en el mismo las MATEP como ocurre en los riesgos profesionales.

Al no preverse la fórmula del trabajo a tiempo parcial, no se contemplan supuestos de cese de actividad parcial por reducción de jornada ni tampoco la situación de los autónomos que trabajan de manera discontinua.

Finalmente, cabe plantearse si las causas que dan lugar a la prestación de cese de actividad podrán ser alegadas para proceder a los despidos de los trabajadores de acuerdo con las causas previstas en los arts. 49, 50, 51 y 52 del ET.

La nueva redacción del art. 51.1 deja abierto todavía el problema de su aplicación sobre todo en cuanto a las causas económicas a las microempresas y autónomos.

En caso de autónomos, en el art. 5 de la ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se regula la prestación de cese de actividad se prevé que el trabajador autónomo tendrá derecho a una prestación por cese actividad en los supuestos de concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá el cierre del mismo durante la percepción de la prestación.

Los motivos económicos técnicos, productivos u organizativos no exigen la misma acreditación que en trabajadores por cuenta ajena, sino que se acreditarán mediante una declaración jurada del solicitante, a la que habrán de acompañarse, en función del motivo alegado, los documentos de carácter contable, profesional, fiscal, administrativo o judicial, en los que se hará constar la fecha de producción de los referidos motivos.

Se precisa más su concepto y alcance (aunque no se prevé expresamente la morosidad1, falta de acceso al crédito, que deben entenderse como causas económicas) y no es necesario que la existencia de tales causas sea debidamente constatada por sentencia o por la autoridad laboral sino que basta con que sean acreditadas por el propio autónomo.

En todo caso, se entenderá que existen estos motivos cuando concurra, entre otras, alguna de las situaciones siguientes:

1º) Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.

2º) Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.

Caben en consecuencia plantear si habrá una valoración distinta para los autónomos respecto del cierre de la empresa y acceder a la prestación de cese de actividad que para los trabajadores que haya contratado el empresario, autónomo o microempresa a la hora de despedir por estas causas. Resultará paradójico que el autónomo con trabajadores por cuenta ajena pueda cerrar su negocio por estas causas y sin embargo no pueda previamente despedir a sus trabajadores por las mismas causas para intentar evitar precisamente el cierre de dicho negocio con lo que tampoco podía acceder a la prestación por cese de actividad. La falta de coordinación entre las causas podría llevar a que si no se aprecian de la misma manera el autónomo no pueda acceder a las prestaciones por cese de actividad si a la vez o previamente no rescinde los contratos con los trabajadores de acuerdo con las garantías de la normativa laboral (art. 4.2 de la ley 32/2010 de 5 de agosto).

La respuesta debe ser afirmativa de manera que cabrá proceder al despido y a la vez solicitar la prestación por cese de actividad aportando la justificación de que se ha procedido a los citados despidos. Así, a mi modo de ver, tras la ley de reforma laboral se solventan estos problemas y los dos supuestos contemplados en la ley 32/2010 de cese de actividad pueden encajar perfectamente en los supuestos del art. 51: el primero en el de pérdidas y en el segundo en el de disminución de ingresos.

Otra cuestión es si los despidos son objeto de impugnación ante la jurisdicción competente. La ley de prestación de cese de actividad no parece exigir que haya sentencia y que esta, en su caso, sea firme, pero indudablemente pueden derivarse algunos efectos de tal impugnación que podrían afectar a la prestación de cese de actividad, como por ejemplo, si el despido de los trabajadores fuera calificado como nulo y debiera procederse a la readmisión. Hay que estar, sin embargo, a la interpretación jurisprudencial del art. 52 del ET, para ver si se trasfieren las causas mucho más precisa de cese del autónomo a la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas de los trabajadores del autónomo, sin perjuicio de que jueguen las propias del art. 52 del ET.

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1.- Uno de los problemas más graves para estos colectivos en la crisis económica. De ahí la modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la ley 15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


 

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