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LABORAL

Más cargas para los asalariados, iguales impuestos para los autónomos

Por Sebastián Reyna Fernández

Secretario general de UPTA.

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El Debate sobre el Estado de la Nación (DEN) de este pasado mes de febrero venía precedido del interés por conocer las claves de la próxima Reforma Fiscal, sin embargo tuvimos muy pocas noticias en esa materia y sin embargo nos encontramos con una nueva propuesta de reforma laboral, en este caso sobre las contribuciones a la Seguridad Social que pareció sorprender a todos los observadores.

Por lo que se refiere al escenario macroeconómico se confirmaron las previsiones de salida de la etapa de crecimiento negativo mantenido, para pasar a un previsible aumento del PIB nacional en valores en el entorno del 1%. En cambio, poco se dijo sobre las propuestas de política económica para consolidar este moderado crecimiento en el año y continuar al alza en los siguientes. La Balanza exterior, que nos ha venido dando satisfacciones, aunque algo menores en estos últimos trimestres, no puede por sí sola cumplir el objetivo si no viene acompañada de una mejora sustancial de la demanda interna que todavía presenta objetivas dificultades, basta con seguir la evolución media de los salarios, pensiones o prestaciones sociales para no tener ninguna confianza en la evolución positiva de la capacidad adquisitiva de las familias.

Pese a las muchas reservas, la propuesta de Reforma Fiscal parece que venía salpicada de ofertas de reducción de impuestos, en particular para autónomos y pequeñas empresas, pero que no se llegaron a confirmar en el discurso del Presidente.

Tan solo tenemos la certidumbre de la elevación del mínimo exento de ingresos para el pago por IRPF hasta los 12.000 euros, pero, pese a que cada vez son menores los ingresos netos declarados por los contribuyentes autónomos en régimen de estimación directa, sin embargo esta medida no se extiende a ellos, por lo que una vez más los rendimientos por actividades económicas de las personas físicas quedan fuera de la exención y siguen sujetos al Impuesto desde el primer euro, es decir los autónomos no se beneficiarán de esta medida. Por otra parte, parece que continuamos a la espera de la urgente reducción de las retenciones en el IRPF para los profesionales, condenados a pagar un tipo prácticamente confiscatorio del 21% sobre ingresos brutos. En otro orden, el silencio se adueñó del discurso en todo lo que se refiere a la amenaza de modificar sustancialmente, o eliminar en su caso, el régimen de estimación objetiva por módulos en el IRPF y de recargo por equivalencia en el IVA, uno de los grandes cambios que podría traer esta Reforma Fiscal.

Por fin nos sorprendió un anuncio de cambios en las condiciones de la contratación laboral y pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Me refiero a la denominada cuota fija de 100 euros para las contingencias comunes.

Esta modalidad nace cuando todavía el Gobierno parecía estar muy esperanzado en los resultados del denominado "contrato de emprendedores", es decir el indefinido, con un año de periodo de prueba sin derecho indemnizatorio, y fuertes bonificaciones en la cuota. Entendimos que esta era la apuesta del Gobierno para conseguir un porcentaje mayor de contratación indefinida en nuestro mercado de trabajo, pero parece que no ha sido así o que la presión de la gran empresa por encima de cincuenta trabajadores, que quedaba fuera de la modalidad anterior, sigue apretando para reducir sus propios costes.

Con respecto a la nueva modalidad, y como era previsible después de las primeras reacciones de pymes y autónomos, conocimos profundas modificaciones en el texto definitivamente aprobado y publicado en el Boletín Oficial del sábado 1 de marzo. Se introduce la parcialidad indefinida como objeto de la medida, se suavizan las condiciones de cumplimiento de la obligación y se extiende la tarifa a los hijos menores de treinta años de los trabajadores autónomos no societarios. También para autónomos y microempresas se amplía el plazo de reducción de cuota hasta el mes treinta y seis, en este caso con un 50% de reducción sobre contingencias comunes sólo de la cuota empresarial.

Para su valoración en primer lugar debemos observar que no estamos ante una cuota efectiva de 100 euros mensuales (o de 75, o 50, según el tiempo de trabajo contratado) sino que esta tarifa se aplica en exclusiva a las contingencias comunes. Se mantienen las otras cotizaciones complementarias y las de los trabajadores que, aunque son con cargo a estos, su liquidación se hace por parte de la empresa. De esta forma en el caso expuesto por el Presidente con respecto a un salario medio anual de 20.000 €, la cuota final estaría más cerca de los 200 €.

Este precio representa un buen descuento en sueldos propios de personal técnico cualificado, pero mucho menos con respecto a los salarios medios (15.000 €) y muy poco para los más bajos y muy habituales cercanos al SMI que son proporcionalmente más habituales a medida que se reduce la dimensión de la unidad empresarial.

Pese a las mejoras introducidas estamos ante una figura que parece más diseñada para su utilización por parte de empresas de media y gran dimensión, con planes establecidos a más de tres años. Autónomos y microempresas difícilmente pueden hoy planificar por encima de tres o seis meses y sus contratos laborales se dirigen hacia los grupos de menor cualificación, por lo que su ahorro relativo es menor.

Uno de los cambios más cualitativos es el que con esta modificación, y al no hacerse extensivos los beneficios a la cuota pagada por el trabajador, por primera vez el porcentaje del gasto fiscal sobre el salario aumenta de forma sustantiva con respecto al coste para la empresa, si además tenemos en cuenta la modificación recientemente introducida por la que se integran en la base de cotización determinadas prestaciones sociales y las amenazas de reducir las exenciones de las rentas en especie, estamos también ante una avalancha de mayor presión fiscal hacia las rentas del trabajo, precisamente cuando se anuncian rebajas de impuestos y los salarios siguen a la baja, siendo cada vez su peso menor en el conjunto de las rentas.

En resumen, una vez más deberá ser la evolución positiva de la demanda interna la que ayude o no a la expansión de la contratación laboral y no tanto la normativa laboral aplicable.

Por fin, queda demostrado que la temporalidad de nuestro mercado de trabajo no proviene de ningún tipo de rigidez, que si la hubo ha sido fulminada con las recientes reformas laborales, sino por la precariedad de nuestro modelo económico. Modelo basado en servicios de escasa rentabilidad media, sin base industrial ni productiva, y una situación agravada por una crisis con fuertes efectos en la incertidumbre e inseguridad de las pequeñas empresas.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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