Conócenos

LABORAL

Dos cambios relevantes y dos buenas ideas con un incierto futuro

Por Roberto Fernández Villarino

Socio letrado de Gaudia Servicios Jurídicos y socio ASNALA. Profesor asociado Área Derecho del Trabajo. Universidad de Huelva.

  • Imprimir

Comentarios al Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE 30-08-2011, núm. 208).

I. Novedades y aspectos críticos.

La posibilidad de cumplir los treinta y dos años de edad, habiendo finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje[1], se convierte en una circunstancia laboral y vital destacable en esta norma. Por otra parte, destaca la suspensión "durante un plazo de dos años de la regla que da a lugar a la adquisición de la condición de trabajadores fijos por aquellos que en determinados plazos y condiciones encadenen contratos temporales[2]", esto es, la suspensión de la aplicación del art. 15.5 del E.T., ¿responde esta medida a la naturaleza y sentido tradicional del término estabilidad en el empleo como recoge el título de la norma?

Considero que sigue siendo una buena idea la creación de un fondo de capitalización mantenido a lo largo de la vida laboral del trabajador para hacer frente a salidas y entradas en el mercado laboral. La cuestión es que, en esta coyuntura económica no nos lo podemos permitir. Ni probablemente en mucho más del tiempo que prevé el propio Real Decreto-Ley para implementar la medida. Por tanto, una buena idea para un futuro lejano y poco más.

También puede marcar un ejemplo de racionalidad en la organización e los organismos y administraciones públicas, la integración del Servicio Público de Empleo y del Fondo de Garantía Salarial, como se recoge en el texto del Real Decreto-ley, la cuestión es que la podamos ver desarrollada en las próximas fechas, marcada por la agenda político - electoral.

Con carácter previo a desarrollar la valoración jurídica de la norma, y con la intención de facilitar la exposición de las ideas, avanzar que en primer lugar, se plantearán las principales novedades que introduce la norma con el detalle de los cambios que suponen con respecto a la anterior normativa, incluyendo alguna valoración crítica sobre alguna de ellas. Finalmente se expondrán algunas consideraciones que entiendo necesarias, en materia de contextualización económica y jurídica.  

1. Contrato para la formación y el aprendizaje:

Se modifica el apartado segundo del art. 11 del E.T., que se centran en incluir determinados cambios en el régimen jurídico del contrato. Asimismo, el Real Decreto-ley introduce un nuevo artículo segundo que establece un sistema de reducciones de cuotas en la Seguridad Social directamente vinculadas a esta figura (ver Anexo: Tabla comparativa). 

Dos cuestiones más a tener presente:

a)      La disposición transitoria primera establece que, "Los contratos para la formación concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron".

b)      El Gobierno, con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, adoptará las normas reglamentarias que correspondan para que la formación del trabajador en los contratos para la formación y el aprendizaje sea impartida directamente por centros formativos en los términos establecidos en el presente Real Decreto-ley, desarrollándose en régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador. Disposición final Segunda del Real Decreto Ley.

Artículo 2. Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje.

En este precepto se establece un régimen de ayudas a las cotizaciones cuyos aspectos más relevantes son:

-           Tienen un efecto limitado en el tiempo: hasta el 31-12-2013.

-           Si la empresa tiene menos de 250 trabajadores, reducción de 100%  de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial  y formación profesional. Si tiene más de 250 trabajadores el 75% de reducción sobre los mismos conceptos. Todo ello siempre que: a) los trabajadores estén en situación legal de desempleo inscritos en el Servicio Público de Empleo con anterioridad al 16 de agosto de 2011; b) los contratos supongan un incremento de la plantilla de la empresa (conforme a lo establecido en este sentido en el art. 1.9 del Real Decreto Ley 1/2011 de 11 de febrero).

La reducción se disfrutará durante toda la vigencia del contrato incluyendo la prórroga. Igualmente procederá idéntica reducción para la cuota obrera en las mismas condiciones, sobre la base de la concurrencia de los mismos requisitos en los trabajadores.

-           Si los contratos para la formación y el aprendizaje fueran transformados en indefinidos, tendrán derecho a una reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de1.800 euros/año. Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá suponer un incremento del nivel de empleo fijo en la empresa.

Aspectos Críticos

Llama la atención, en primer lugar, la confusa redacción del artículo, que plantea la necesidad de acudir a una disposición transitoria para darnos cuenta del verdadero calado de la modificación, en cuanto a la considerable ampliación del margen de edad para ser contratado bajo esta modalidad. Estamos ante el hecho incuestionable de que será perfectamente posible que una persona con treinta y dos años de edad, se incorpore al mercado laboral con una nueva profesión u oficio.

Circunstancia que debería hacernos reflexionar en la contextualización de la medida en relación con el acceso a prestaciones contributivas básicas como la prestación por jubilación tras su nuevo marco regulador. A partir de ahora, será más fácil observar personas con 32 años de edad, -que muy probablemente dispondrán de una vida laboral e histórico de cotizaciones tremendamente irregular[3]-, comienzan formalmente su incorporación al mercado laboral después de un periodo de cualificación profesional. Ello, sobre el telón de fondo de un marco jurídico de prestaciones de jubilación, donde el nicho de años para el acceso a la misma se ha visto incrementado. Probablemente estaremos ante un colectivo con serios problemas de acceso a prestaciones futuras que pueda garantizarles un mínimo de subsistencia digna.

Como tendremos ocasión de comprobar cuando tratemos de la suspensión de la aplicación durante dos años del art. 15.5 del E.T. al contrato de formación le puede haber salido un enemigo dentro del propio Real Decreto-Ley. La estadística muestra una realidad tozuda con la utilización de los contratos temporales, muy especialmente para el caso de los jóvenes en relación con otras fórmulas contractuales entre ellas los contratos de práctica o ahora los contratos para la formación y el aprendizaje. No resultará aventurado adelantar las ciertas preferencias por contratos temporales en el colectivo de personas desempleadas más jóvenes.

Queda para el desarrollo reglamentario una de las cuestiones más relevantes, la regulación para que la formación del trabajador sea impartida directamente por centros formativos en los términos que se han expuesto en la tabla informativa[4]. Lo verdaderamente positivo del régimen formativo de estos contratos es conseguir un sistema de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer precisamente el aprendizaje del trabajador. 

2. Medidas de fomento de la contratación. Aspectos críticos.

Bajo esta denominación el capítulo segundo incluye tres medidas, completamente distintas entre sí, y con un alcance discutible desde la perspectiva de favorecer la creación de empleo tal y como se pretende.

2.1 La primera buena idea: el complicado camino hacia el modelo austriaco. Un calendario para la constitución del fondo de capitalización.

No se abandona la buena idea. Desde la premisa de constituir un buen instrumento de protección social para los supuestos de garantizar los derechos de los trabajadores ante medidas de flexibilidad en las empresas: entradas y salidas del mercado laboral. Realmente constituye un buen instrumento desde la perspectiva del tan comentado concepto de flexiseguridad. No obstante, parece completamente descartado en el presente contexto económico. Así se puso de manifiesto, cuando en el pasado mes de junio, un grupo de expertos constató la falta de viabilidad técnica de la medida. No obstante, el Real Decreto-Ley, apuesta por:

a) Diseñar un calendario para aprobar un proyecto de Ley, en el marco de un proceso de negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el que se contemple, -sin incremento de las cotizaciones empresariales-, el establecimiento de un "Fondo de capitalización para los trabajadores, manteniendo a lo largo de la vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar"[5]. Difícil empresa, si atendemos al inminente calendario político y a las perspectivas económicas del país.

Sigue diciendo, la citada disposición, "La regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente a lo que se determine para la constitución del fondo".

b) Modificar el apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la citada Ley, a los efectos de procurar la ampliación, -más allá del previsto 31 de diciembre de 2011-, del resarcimiento por parte del Fondo de Garantía Salarial a las empresas en determinados supuestos de extinción del contrato de trabajo. Como se expone en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley, el objetivo no es otro que la necesaria previsión empresarial del marco jurídico más inmediato aplicable a las indemnizaciones por despido.

2.2 La ampliación del mecanismo de conversión de los contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida.

Se establecen nuevos plazos para que los contratos temporales puedan convertirse en contratos de fomento de la contratación indefinida. Para ello se modifican las letras b) y c) del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

Así los contactos temporales, incluidos los formativos, celebrados con anterioridad al 28 de agosto de 2011, podrán convertirse hasta el 31 de diciembre de 2011. Por su parte, los celebrados con posterioridad al 28 de agosto, podrán hacer lo propio hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que la duración de los mismos no haya excedido de los seis meses. Este periodo de duración máxima no será de aplicación a los contratos formativos.

2.3 De pronto, la suspensión temporal de la aplicación del art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Regla que daba lugar a adquisición de la condición de trabajadores fijos a aquellos que en determinados plazos y condiciones encadenen contratos de trabajo de carácter temporal.

En la Exposición de Motivos se argumenta la procedencia de la medida de la siguiente manera: "Esta regla fue establecida en 2006 durante un momento de expansión económica para favorecer la estabilidad de en el empelo. En la actual coyuntura, la regla, lejos de fomentar la contratación indefinida, puede estar produciendo efectos indeseados de no renovación de contratos temporales y afectando negativamente el mantenimiento del empleo, lo que aconseja su suspendió temporal".

O lo que es lo mismo, con la que está cayendo, más vale empleo temporal que desempleo.

3. La prórroga de la ayuda de los 400 euros por seis meses más.

La prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, se justifica en el Real Decreto-Ley acudiendo a la evaluación de los primeros datos del programa, en la que se atendieron a 128.000 personas. Merece la pena destacar que para la financiación de la ayuda, por la rabiosa actualidad de la reforma constitucional planteada sobre el techo presupuestario. Así, el Real Decreto-Ley, cita expresamente: "El coste de la prórroga de la ayuda para la recualificación profesional de las persones que agoten la protección por desempleo será atendido por el Servicio Público de Empleo. En ningún caso esta medida podrá afectar al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".

4. La otra buena idea: La integración del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial.

En efecto, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, se integrarán en un único organismo, el Servicio Público de Empleo y el Fondo de Garantía Salarial. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, (esto es 31 de agosto de 2011), se deberán adoptar las disposiciones precisas para la citada integración así como el funcionamiento efectivo del nuevo organismo.

Entiendo que estamos ante una medida que va por el buen camino en materia de conseguir mayores niveles de eficacia en la gestión de las prestaciones y muy especialmente en la propia racionalización de medios en los organismos públicos que, como es el caso, presentan puntos en común, relacionados con la vida laboral de los trabajadores y el sistema de prestaciones.

Reforma especialmente relevante que ha pasado completamente inadvertida, en los pocos días que ha pasado desde su formal vigencia, pero que sin duda, -para el caso de que se vaya cumpliendo con el propio calendario semestral que establece-, debe servir de justificación para extender el debate al resto de organismos públicos que potencialmente deberían recorrer el mismo camino.

II. Alguna reflexión final.

Desde el punto de vista del contexto económico, destaca que tras la comentada y discutida reforma laboral, aparezca mediante Real Decreto-ley una modificación especialmente relevante en una materia tradicionalmente sensible en nuestro derecho del trabajo: el régimen del contrato de trabajo. Pero muy especialmente que dicha reforma plantee una disyuntiva no menor en nuestro sistema de relaciones laborales, la verdadera apuesta por la contratación indefinida o por la contratación temporal. Quizás se recojan determinados planteamientos que defendían la simplicidad de la contratación en torno a dos figuras: el contrato indefinido y el contrato temporal con una causa u objeto más laxo. Probablemente la suspensión del art. 15.5 del E.T. facilite esta tesis.

Por otra parte, y siguiendo las propias informaciones del Ministerio de Trabajo, se apostaba igualmente por una reforma del contrato a tiempo parcial que, a la luz del contenido de la norma no se ha producido.

Todo esto nos puede llevar a una segunda reflexión, quizás de corte más político: capacidad de respuesta o improvisación. No podemos abstraer el análisis de los cambios al contexto económico en actual a nivel europeo, con un agosto marcado por la influencia en la política por los mercados financieros de deuda pública y una respuesta política cada vez más clara del eje franco – alemán que determina acciones de inmediato cumplimiento. Sin embargo no deja de llamar la atención la diferencia entre el propio título del Real Decreto-ley y el verdadero contenido del mismo desarrollado en los tres capítulos de los que consta.

En este sentido, la norma en su título expresa literalmente: "Real Decreto-ley de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo, (...) Expresión que tradicionalmente se ha venido vinculando al contrato indefinido y que puede verse alterada con medidas como el citado mecanismo de suspensión del art. 15.5 del E.T.

Tampoco pasa inadvertido el hecho de que se modifiquen figuras y mecanismos legales nucleares a través de un Real Decreto Ley, por tanto ajenas a las tradicionales formas de concertación social que tan buenos resultados han ofrecido al mercado laboral en fechas no tan remotas. Los próximos datos de la encuesta de población activa sobre el desempleo emitirán su veredicto.



[1] Siempre y cuando éste se suscriba con posterioridad al 31 de agosto, conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera, a la que se hará referencia en las próximas líneas de este comentario.

[2] Exposición de motivos del Real Decreto-ley.

[3] Como se expone en la Exposición de Motivos de la norma "miles de nuestros jóvenes, muchos de los cuales, llamados por la expansión del sector de la construcción, abandonaron prematuramente en sus días el sistema educativo para ocupar empleos de baja calidad, por lo que sus niveles de cualificación son muy bajos. Así, el 60% de los desempleados menores de 25 años no poseen siquiera el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y un buen número de ellos, aun teniéndolo, carecen de cualificación profesional".

[4] Disposición final segunda: "El Gobierno con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, adoptará las normas reglamentarias que correspondan para que la formación del trabajador en los contratos para la formación y el aprendizaje sea compartida directamente por centros formativos en los términos establecidos en el presente real decreto-ley, desarrollándose en régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador".

[5] Disposición adiciona décima de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

Widgets Magazine
feedburner

Suscríbase a nuestros contenidos

Atención al cliente: De lunes a viernes de 9 a 20 horas ininterrumpidamente. Tel 902 44 33 55 Fax. 915 78 16 17