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Laboral

¿Puede un trabajador instar el concurso de su empleador sin necesidad de estar representado por procurador y asistido por letrado?

Coordinador: José María Blanco Saralegui

Magistrado especialista en asuntos propios de lo mercantil

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La propuesta que presenta la AC únicamente tiene un inconveniente para ser admitida a trámite, y es la legitimación para presentar dicha propuesta. El artículo 142 bis introducido en la LC por la Reforma operada por el RD Ley 3/2009 de 27 de Marzo, dispone "El deudor podrá presentar una propuesta anticipada de liquidación para la realización de la masa activa hasta los quince días siguientes a la presentación del informe previsto en el artículo 75.

 

La representación procesal de D ª Rosa interpone recurso de casación 311/2008 contra el auto de fecha 8 de octubre de 2007 , dictado en la Pieza Separada de Medidas Cautelares por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección 2ª, en el recurso núm. 4447/07 , deducido por aquella contra el Acuerdo del Director Xeral de Patrimonio Cultural de fecha 23 de agosto de 2007, que comunica que el 30 de agosto de 2007 se presentará en el Pazo de Meirás "un equipo de técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte con el fin de comprobar el estado del edificio y su entorno, a los efectos de constatar cual es su nivel de conservación, así como de realizar un reportaje fotográfico completo. Deno permitirse la entrada se incurrirá en una infracción leve en materia de patrimonio cultural, tipificada en el art. 90 b) de la citada Ley 8/1995 , que puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros". Comunicación que se sustenta en la afirmación previa respecto a que "El Pazo de Meirás, situado en la parroquia homónima del Ayuntamiento de Sada, aparece recogido en el inventario del patrimonio histórico-artístico instituido por las Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, aprobadas por Orden de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de 3 de abril de 1991. Esta circunstancia determina su inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia, con la categoría de bien inventariado, según establece la disposición adicional segunda de la Ley 8/1995, do 30 de octubre , del patrimonio cultural de Galicia.

La representación procesal de D ª Rosa interpone recurso de casación 311/2008 contra el auto de fecha 8 de octubre de 2007 , dictado en la Pieza Separada de Medidas Cautelares por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección 2ª, en el recurso núm. 4447/07 , deducido por aquella contra el Acuerdo del Director Xeral de Patrimonio Cultural de fecha 23 de agosto de 2007, que comunica que el 30 de agosto de 2007 se presentará en el Pazo de Meirás "un equipo de técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte con el fin de comprobar el estado del edificio y su entorno, a los efectos de constatar cual es su nivel de conservación, así como de realizar un reportaje fotográfico completo. Deno permitirse la entrada se incurrirá en una infracción leve en materia de patrimonio cultural, tipificada en el art. 90 b) de la citada Ley 8/1995 , que puede llevar aparejada una sanción de hasta 60.000 euros". Comunicación que se sustenta en la afirmación previa respecto a que "El Pazo de Meirás, situado en la parroquia homónima del Ayuntamiento de Sada, aparece recogido en el inventario del patrimonio histórico-artístico instituido por las Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, aprobadas por Orden de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de 3 de abril de 1991. Esta circunstancia determina su inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia, con la categoría de bien inventariado, según establece la disposición adicional segunda de la Ley 8/1995, do 30 de octubre , del patrimonio cultural de Galicia.


La materialización de una medida cautelar positiva o, en el presente caso, negativa no constituye una resolución judicial sobre el fondo del asunto. Cierto que la medida cautelar cuya suspensión pretendió la recurrente en la pieza incidental del proceso ha tenido lugar mas aquí la resolución judicial impugnada en casación es justamente la que fue dictada en el proceso del que deriva la pieza cautelar.

La ejecución del acto de entrada domiciliaria autorizada judicialmente no convalida la medida cautelar denegada ni suple al control jurisdiccional de este Tribunal en sede casacional al ser un acto previo. Tampoco el hecho de que el auto ulterior contuviere limitaciones.

Y, aún siendo innegable que la posterior autorización judicial de entrada en el domicilio aquí controvertido tuvo su apoyo en la no adopción de la medida cautelar procediendo incluso a reproducir parcialmente el contenido del auto resolviendo el recurso de suplica contra el auto inicial, el que el acto hubiera agotado sus efecto no evita que pueda ser objeto de control jurisdiccional.

Tras haber expuesto la jurisprudencia de este Tribunal, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre la inviolabilidad del domicilio procede examinar el estado de la cuestión en la legalidad ordinaria.

La necesidad de mandamiento de entrada para penetrar en un domicilio ha sido consustancial al ordenamiento penal, arts. 545 y siguientes de la LECriminal.

Sin embargo tras la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero , se comprueba que los tribunales están autorizados a adoptar tal medida en el ámbito de las diligencias preliminares cuando hubiere negativa de las partes o de un tercero a la exhibición de documentos (art. 261.2 ), en el ámbito de los reconocimientos judiciales regulados en el art. 354 y en la ejecución de dar cosa mueble ordenando la entrada en lugares cerrados y auxiliándose de la fuerza pública, art. 70.1. LEC .

También se encuentra previsto en determinadas leyes sectoriales estatales o autonómicas, como la aquí concernida, la facultad de la administración de inspeccionar bienes en cuyo caso será precisa la autorización judicial, salvo consentimiento del afectado.

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