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JUSTICIA

Condenados a 8 años de prisión dos barceloneses por transportar 11 fardos de hachís en helicóptero

El Tribunal Supremo ha ratificado una pena total de ocho años y tres meses de prisión y al pago de cuatro multas de 700.000 euros a dos vecinos de Sant Cugat del Vallés y Mollet del Vallés (Barcelona), quienes en junio de 2009 fueron sorprendidos la Guardia Civil después de aterrizar en un descampado de Dalías (Almería) con un helicóptero de pequeñas dimensiones cargado con once fardos de hachís procedentes de Marruecos.
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Droga, narcotráfico

La sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso Europa Press, deniega el recurso de casación formulado por uno de los acusados, quien alegó falta de prueba suficiente para su acusación, basada entre otras cuestiones en la confesión del otro condenado; y la ruptura de la cadena de custodia del hachís intervenido en dos momentos concretos, si bien este extremo no ha quedado probado según los informes.

Con esto, al piloto de la aeronave, Juan Pablo G.O., se le impone la pena de tres años y nueve meses de cárcel como autor de un delito contra la salud pública aunque aplica las atenuantes de confesión y colaboración con la Justicia ya que, al ser requerido por los agentes, les relató de forma "espontánea y voluntaria" los detalles de la operación.

Al otro procesado, un hombre de 60 años identificado como Juan Álvaro N.C, le condena a cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito contra la salud pública ya que concertó junto a Juan Pablo G.O. el transporte de la droga y asumió la responsabilidad de aprovisionarle de combustible en la escala que el helicóptero debía realizar desde el Norte de África hasta Castellón, si bien en su recurso alega que desconocía el transporte del estupefaciente y que su labor "era de apoyo a los trabajos de fotografía aérea que realizaba profesionalmente en el helicóptero".

Según consta en la sentencia ratificada, ambos convinieron con terceras personas y a cambio de un sueldo de 500.000 euros cada uno, que colaborarían en el envío de un cargamento de hachís desde Marruecos y que Juan Pablo G.O., habilitado para pilotar, alquilaría un aparato con el que viajaría hasta un punto previamente establecido del Magreb para recoger la droga, además de descargarla en territorio nacional y devolver la aeronave a la empresa de Barcelona.

El plan se puso en marcha el 8 de junio. El acusado alquiló el helicóptero bajo la excusa de que se disponía a realizar un trabajo profesional en Pamplona (Navarra) y partió desde Sant Cugat del Valles. Una vez realizó el encargo de fotografía aérea que constaba en su hoja de ruta, puso rumbo a Castellón, donde aterrizó y repostó.

A las 07,00 horas del día siguiente --detalla el fallo--, Juan Pablo G.O. despegó hacía Marruecos y aterrizó en la ciudad de Wad Lan, en la que varias personas cargaron el aparato con un docena de fardos de hachís. Esta travesía, sospechosa al no contar con la pertinente autorización de vuelo, fue detectada por el Ejercito del Aire con sede en Zaragoza, desde donde se dio aviso a la Guardia Civil, que activó a efectivos de su unidad aérea con base en Málaga.

El helicóptero del Instituto Armado localizó el aparato pilotado por el acusado a unas 28 millas náuticas de la costa de Motril (Granada) y lo siguió hasta que este tomó tierra en el paraje 'Cortijo de la Cruz', en el término municipal almeriense de Dalías, donde lo hallaron posado en un claro y con los fardos de hachís sobre el terreno a unos diez metros.

Juan Pablo G.O., de 57 años, salió al encuentro de la Guardia Civil y le relató de "manera voluntaria y espontánea" tanto el origen de la sustancia estupefaciente, como su participación en el transporte de los fardos al tiempo que señalaba al otro acusado como la persona que colaboraba con él. Así, Juan Álvaro N.C. fue detenido poco después ya que, al ser interceptado el helicóptero, no acudió al punto de encuentro. Se enteró de la operación tras llamar a la esposa del otro acusado, quien le contó que este había sido detenido y que a él también se le buscaba.

La droga intervenida durante la operación estaba distribuida en once fardos de hachís con diferentes cantidades que en total sumaban 263.264,50 gramos con un porcentaje de THC que oscilaba entre el 9 y el 5,72 por ciento. El fallo de la Sección Primera fija un valor en el mercado ilícito de la sustancia en 370.399 euros.

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