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JUSTICIA

Las CCAA siguen disconformes con Justicia por la Ley de Asistencia Gratuita pero valoran su disposición a negociar

Piden transferir las competencias normativas de gestión de personal no judicial y se muestran satisfechas con las medidas de agilización
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Las Comunidades Autónomas han manifestado, tras participar en la Conferencia Sectorial de Justicia presidida por el ministro, Francisco Caamaño, su disconformidad ante el documento inicial de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque han valorado la disposición mostrada por el titular de la cartera para continuar el debate sobre este asunto en futuras reuniones.

Tal y como ha manifestado el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y portavoz de la Comisión de Coordinación de las Comunidades Autónomas celebrada la pasada semana en Cantabria, Vicente Mediavilla, por parte de las regiones "continúa abierto un punto de discrepancia con el Ministerio" aunque esperan que "se pueda llegar a un entendimiento". "El ministro ha mostrado un cierto grado de flexibilidad en el sentido de que nos vamos a seguir reuniendo pero de momento, con el documento de trabajo inicial, mostramos nuestra disconformidad", ha asegurado.

Según Mediavilla, "todo aquel que carezca de recursos para litigar tiene derecho a la asistencia judicial gratuita", máxima con la que según el consejero cántabro de justicia todas las CC.AA. están de acuerdo, pero "no se puede extender ese derecho a supuestos de litigantes que sí tienen recursos suficientes para pagarse un abogado profesional". "El sistema no se puede perturbar por esa ampliación del beneficio de asistencia de justicia gratuita que no tiene sentido en momentos de crisis como los de ahora en los que se nos obliga a las CCAA a apretarnos el cinturón", ha asegurado.

En cuanto a la transferencia efectiva de la gestión de personal no judicial a las CC.AA., Mediavilla se ha mostrado satisfecho de que el ministro de Justicia se haya comprometido a tener en cuenta la opinión de las CC.AA. para llevar a cabo el traspaso de estas competencias a las CC.AA. "Hemos recibido el compromiso del Ministro de que las CC.AA. presentemos un documento de trabajo en dos meses para reformar la Ley Organiza del Poder Judicial que prevea esa gestión efectiva del personal por parte de las CCAA y el Ministerio se ha comprometido a estudiarlo y a presentarlo como proyecto de ley frente al parlamento", ha afirmado.

ASTURIAS ESTÁ SATISFECHA

La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias, María José Ramos, se ha mostrado "muy satisfecha" sobre los resultados de la Conferencia Sectorial y ha agradecido la "postura clara y compartida" respecto a la Ley de Asistencia Gratuita del ministro de Justicia, quién según Ramos, "se ha comprometido a escuchar a las CC.AA". "Hay una ley que se quiere modificar y lo que decimos es que en esas modificaciones se tenga en cuenta el criterio de las CC.AA. porque no podemos seguir aumentando el gasto", ha añadido.

La consejera asturiana de Justicia también ha destacado el acuerdo alcanzado entre Ministerio y CCAA de comenzar a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para llevar a cabo el traspaso de competencias normativas sobre el personal no judicial, acuerdo que según Ramos, es fruto del "buen trabajo" que está haciendo el Ministerio. "Nos vamos muy satisfechos porque el Ministro se ha comprometido en esos dos puntos", ha remarcado, en referencia a la Ley de Justicia Gratuita y al traspaso de competencias sobre el personal no judicial.

GALICIA CONSIDERA "INSOSTENIBLE" LA PROPUESTA DEL MINISTERIO

Por su parte, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha mostrado su "oposición" a la propuesta del Ministerio de "dilatar" el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita y ha considerado que las CC.AA. no se pueden mostrar "positivas" respecto a las conclusiones que se elaboraron las semana pasada durante la reunión que mantuvieron en Cantabria, aunque haya habido puntos de consenso respecto a otros temas como "la agilización de los procesos judiciales, la interposición de los mecanismos de mediación y las modificaciones en la Ley de la Planta Judicial".

En lo negativo, Rueda ha señalado que, "de seguir así", la situación en la asistencia gratuita será "insostenible" en un corto plazo de tiempo, por lo que ha considerado imprescindible que desde el Ministerio se abandone la intención de seguir prolongando esa asistencia a personas "que tienen recursos" para procurarse un abogado.

"Seguir así va a hacer insostenible en un plazo no muy largo seguir pagando la Justicia gratuita tal y como está diseñada, y precisamente se ha pedido de forma unánime esos cambios que consigan algo tan sencillo como pagarle un abogado y un procurador sólo a aquellos que lo necesiten", ha explicado.

Asimismo, el consejero gallego ha subrayado la necesidad de transferir a las Comunidades Autónomas el personal al servicio de la Justicia, una postura también "unánime", y ha criticado la "indefinición" en su postura del ministro, puesto que, según ha considerado, "la responsabilidad de trasladar el texto con una propuesta" en este sentido al Congreso, "sin perjuicio de que éstas le hagan una propuesta, que es lo que pide, es del Gobierno".

"Seguir dilatando lo que es una propuesta que todos reclamamos para un mejor funcionamiento de la Justicia y la responsabilidad del Ministerio es seguir dilatando los problemas que tenemos ahora", ha dicho Rueda, al tiempo que ha valorado que "es hora de que el ministro elabore esa propuesta". "El no compromiso que hemos vuelto a tener hoy creemos que no es una buena noticia", ha agregado.

LA RIOJA CONSIDERA "GRAVOSA" LA ASISTENCIA GRATUITA

En la misma línea se ha expresado el consejero de Administraciones Públicas y Política Local de La Rioja, Conrado escobar, quien ha subrayado el desacuerdo existente con el Ministerio en materia de gestión de personal y de asistencia jurídica gratuita, al tiempo que ha incidido en el "consenso" alcanzado en otros temas como "las reformas procesales en curso", que ha señalado ambiciosas y complicadas y en las que las CC.AA. han expresado su conformidad.

Según Escobar, el principal problema ha devenido de la intención del Ministerio de "modificar la normativa en materia de asistencia jurídica gratuita", que, a su juicio, es una "ley injusta en su planteamiento". "Amplia de una manera indiscriminada el ámbito de aplicación de la asistencia gratuita y grava las arcas de las comunidades Autónomas, algo que no estamos dispuestos a tolerar mucho más en este momento", ha explicado.

Y, por otro lado, ha definido los "considerables" puntos de discrepancia en torno a la gestión de personal, "en la que la mayor parte, si no la mayoría de las consejerías con competencia en materia de Justicia, han solicitado capacidad normativa", de tal forma que las autonomías controlen la ejecución en materia de personal. "Lo que se demanda es controlar la selección, promoción y formación" del personal no judicial, ha especificado.

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