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Derechos Fundamentales afectados por el uso de las nuevas tecnologías por medio de las Fuerzas de seguridad.

Por Juan de Dios Meseguer González

Abogado en ejercicio. Perito Informático Judicial. Tesis doctoral sobre el ciberdelito.

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I.-Introducción

Con el acrónimo GPS (Global Positioning System) se esconde un universo tecnológico que ha revolucionado nuestra propia forma de vida en pocos años. El sistema de posicionamiento se nutre de momento de una red de 24 satélites denominada NAVSTAR.

La interactuación del mayor número posible de satélites con aparatos receptores, dispositivos electrónicos de posicionamiento, que han venido a ser denominados comercialmente GPS, permiten localizar la prácticamente exacta ubicación del receptor en cualquier punto del planeta, y bajo cualquier condición meteorológica.

La tecnología GPS, implementada con la futura interoperatividad del sistema Galileo, opera a través del espectro radioeléctrico, valiéndose de radiofrecuencias habilitadas y reservadas específicamente para tal menester; de suerte que cualquier receptor puede acceder libremente a ellas, y valerse de la información que facilitan los satélites, a modo de balizas, para permitir su localización.

Precisamente, los art. 7 y 8.2 del Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de Galileo y los sistemas de navegación GPS y las aplicaciones conexas, hecho en Dromoland Castle, Co. Clare el 26 de junio de 2004, establecen el principio del acceso abierto a particulares, excepto razones de seguridad nacional, tanto a las señales de temporización y navegación por satélite, como a lo que se denominan aumentos o servicios con valor añadido.

Los diálogos que mantienen los dispositivos receptores que utilizan la tecnología GPS con los satélites y canales TMC, en tanto en cuanto se valen del espectro radioeléctrico, se encuentran excluidos de la protección formal del secreto de las comunicaciones que brinda el art. 18.3 de la Constitución; exigente siempre de la intermediación de un tercero, como prestador de servicio de comunicaciones.

Es cierto que la STEDH, Gran Sala, de 10 de marzo de 2009 (caso Bykov v. Rusia; asunto 4378/02) plantea la extensión del derecho al respeto de la vida privada, privacidad en su concepto amplio, al campo de las comunicaciones radiofónicas, que por su naturaleza circulan por el espectro radiofónico en abierto, con posibilidad de ser captadas por cualquier persona que acceda a su frecuencia; pero lo hace conjugando en el caso concreto el derecho al secreto de la correspondencia con el de la protección de la intimidad domiciliaria desde la que se mantuvieron las conversaciones que fueron captadas por un dispositivo policial de radiofrecuencia. No puede perderse de vista que el concepto de derecho a la correspondencia que maneja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un concepto mucho más amplio que los conceptos de libertad y secreto de las comunicaciones cuya protección garantiza el citado art. 18.3 de la CE.

Sin embargo, surge aquí una seria duda sobre si realmente podemos entender que los intercambios de información automáticos de determinados dispositivos electrónicos, lejos de la propia voluntad del hombre en su activación o tránsito, deberían entenderse igualmente amparados por el secreto de las comunicaciones.

¿De verdad podemos llegar a entender que los dispositivos de domótica que gobiernan una persiana, la temperatura de un frigorífico, la humedad del suelo a los efectos de tramitar una demanda de aporte hídrico, o en nuestro caso la puesta en conocimiento de incidencias sobre tráfico o detección de determinadas localizaciones geográficas correspondientes a redes wi-fi o estaciones BTS, son comunicaciones amparadas por el art. 18.3 de la CE?

El límite de la protección constitucional del secreto de las comunicaciones a la garantía de la libertad de comunicaciones a través de la infranqueabilidad de su tránsito; extender tal tutela formal a aquellos campos de los diálogos automáticos entre máquinas que ni buscan el amparo de la confidencialidad, ni esconden en sus entrañas más información que aquella precisa para la gobernanza de tales dispositivos, a veces incluso con nuestro más absoluto desconocimiento, plantea serias dudas jurídicas.

Al menos en aquellos casos en que los dispositivos de localización son impuestos por una normativa administrativa de control, difícilmente se podría plantear el amparo protector del art. 18.3 de la CE; desde el momento que la administración tutelante, al menos en cuanto respecta a la utilidad concreta que sirve de base para la imposición, se convierte en destinatario legítimo de la información así obtenida.

II.- La injerencia sufrida en los Derechos fundamentales debido al almacenamiento masivo de información contenida en el GPS, así como cualquier otro dispositivo que conserve o utilice datos sobre localización.

Como resulta obvio, no existe ninguna regulación específica ni en la LECrim ni en ninguna otra norma de naturaleza o trascendencia procesal que dé contenido jurídico a tales interrogantes. El art. 334 de la LECrim permite la incautación de instrumentos y efectos que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte; norma que viene complementada por el art. 336 de la misma ley, en el que se establece la posibilidad de someter tales objetos a un dictamen pericial, para permitir apreciar mejor su posible relación con el delito investigado; y previendo la documentación de la diligencia de reconocimiento y dictamen. En el contexto de la práctica de diligencias de entrada y registro, el 574 establece una regulación claramente acorde con el tenor literal del primero de los preceptos antes citados, con las lógicas adaptaciones propias de la ubicación y medio de su obtención. Ambas normas, por tanto, aportan un contenido regulador que afecta a la habilitación en sí de la incautación, y a la posibilidad de someter a tales objetos, entre los que sin duda se encontraría un dispositivo GPS, a pruebas periciales con posible garantía de un trámite contradictorio.

Esta habilitación para la incautación o recogida de efectos relacionados con el objeto de la investigación se adelanta a las unidades que actúen en funciones de policía judicial, según se infiere del mandato contenido en los arts. 282 y 770.3ª

III.-El principal Derecho fundamental afectado: la intimidad.

En el ordenamiento jurídico español la situación del derecho a la intimidad es radicalmente diversa. El hecho de referirnos a la protección de un derecho fundamental en las relaciones entre particulares (Drittwirkung), como el derecho a la intimidad en la relación laboral, introduce un elemento relevante que conlleva que se distinga esta problemática de la cuestión acerca de la vigencia de dichos derechos frente al Estado.

En ese sentido, nuestra Constitución recoge sin ambages la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, al establecer solemnemente en el art. 9.1:

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Dicha eficacia erga omnes, sin duda, debería conllevar que el tratamiento de las vulneraciones del derecho a la intimidad, tanto las que procedan de los poderes públicos (cuerpos policiales), como de particulares (empresario), reúna características de una mayor homogeneidad respecto del tratamiento diferenciado que se efectúa en el Derecho norteamericano.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, al desarrollar el contenido esencial del Derecho fundamental a la intimidad recogido en el art. 18.1 CE, Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, por la que se establece la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en su artículo 7.2 considera como intromisiones ilegítimas:

“la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas”.

IV. Conclusiones.

Lo relevante de la cuestión es que la forma en que esa información ha sido recogida y tratada y en la que pueda ser cedida no es absolutamente ajena al ámbito de los Derechos fundamentales, particularmente en lo que supone a la eventual afección al derecho a la protección de datos personales (art. 18.4 CE)  interpretado a la luz de la STC 292/2000, de 30 noviembre.

En este contexto, además, la clásica protección que proporcionan la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones podrá entenderse insuficiente para dar satisfacción a las legítimas expectativas de garantía de la dignidad de la persona y de la existencia de un espacio hábil para el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE).

Aun cuando la necesidad de abordar normativamente este extremo no sea percibida con la misma intensidad por todos los ciudadanos, nuestra opinión es que no habrá de ser desconocido por el legislador procesal penal en futuras reformas. En ausencia de previsiones específicas, tampoco deberán obviarlo los órganos jurisdiccionales en su interpretación de unas normas, superadas por el curso del tiempo, pero con las que necesariamente deben trabajar.

La captación por parte de las autoridades encargadas de la persecución penal de datos personales, así como algunos de sus requisitos y límites, encuentran cobijo en el art. 22.2 LOPDCP en los siguientes términos:

“La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad” .

En el marco de la normativa de protección de datos, es este precepto el que habilita a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para obtener y tratar datos personales, lo que llevará aparejada eventualmente su posterior cesión.


Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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