La “doctrina Parot”

La cuestión objeto de este Foro, relativa a si la conocida como u0022doc...

La cuestión objeto de este Foro, relativa a si la conocida como u0022doctrina Parotu0022 establecida en la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467-, y ratificada por sucesivas sentencias de dicho TS, entre las que cabe destacar las SSTS 924/06 -EDJ 2006/311713-, 898/08 -EDJ 2008/243672-, 1076/09 -EDJ 2009/307270-, 195/10 -EDJ 2010/31679-, y la más reciente de 3/5/11 -EDJ 2011/79001 se ajusta o no a derecho, está generando una amplia polémica. Dicha doctrina, a la hora de interpretar el ya derogado art. 70 del CP 73 -EDL 1973/1704-, y computar los beneficios penitenciarios a los condenados a penas privativas de libertad al amparo de dicho CP, se aparta del criterio hasta ese momento existente consagrado entre otras por la STS 529/1994 -EDJ 1994/2099 y avalado por numerosas resoluciones posteriores, que afirmaba que el límite penológico establecido en dicho artículo, que no podía exceder del triplo del tiempo por el que se impusiere la más grave de las penas y en cualquier caso de los 30 años, operaba como una u0022pena nueva, resultante y autónomau0022, de suerte que era a dicha nueva pena a la que debían de referirse los beneficios otorgados por la Ley, como son la libertad condicional y la redención de penas. Dicha doctrina reinterpreta dicho precepto, para negar que su aplicación de lugar al nacimiento de una nueva pena desde la que operar de forma autónoma, entendiendo que los beneficios penitenciarios deben de aplicarse sobre cada una de las penas impuestas en sentencia que se vayan cumpliendo de forma sucesiva, hasta alcanzar el límite máximo fijado en el mencionado art. 70, que por tanto funcionaría, no como una pena, sino tan solo como un techo punitivo.

Dicho cambio de doctrina que redunda en un evidente alargamiento del tiempo efectivo de cumplimiento de los penados, resulta a mi entender ajustado a la literalidad gramatical de los arts. 70, 100 y cc. CP 73 -EDL 1973/1704-. En primer lugar no existe norma legal que prohíba la aplicación retroactiva de una interpretación jurisprudencial aunque sea, como lo es ésta, perjudicial para el reo, siempre que dicho cambio, tal y como exige el TC, no sea irreflexivo ni arbitrario, se razone suficientemente y tenga vocación de futuro, como así ha sido. En segundo lugar, los beneficios penitenciarios responden a las exigencias de la individualización de la pena, y operan sobre las u0022penasu0022 y no sobre la u0022condenau0022, término este último que sólo se utiliza por el legislador para determinar dicho máximum de cumplimiento, encontrándonos además con que el art. 988 LECrm, -EDL 1882/1 al regular esta misma materia, expresamente menciona que se dictará Auto, en el que se relacionarán todas las penas (en plural), determinando el máximo de cumplimiento de las mismas, de lo que cabe inferir que las penas relacionadas no pierden su individualidad como tales penas, en beneficio de una supuesta nueva pena resultante de tal acumulación. En tercer lugar, cabe señalar que conforme al tenor literal del art. 70,1º, las penas privativas de libertad impuestas deben de cumplirse de forma sucesiva y por el orden de su respectiva gravedad, no estableciendo dicho artículo ninguna norma concursal equiparable a las previsiones de los arts. 69 bis y 71 de dicho CP para el delito continuado y el concurso ideal de delitos, de cuya aplicación sí que resulta una nueva pena, única y distinta de las correspondientes a las infracciones cometidas. Finalmente, señalar que el TS parte de la afirmación de que las resoluciones que aprueban las liquidaciones de condena tienen por su propia naturaleza, carácter provisional, y por ello pueden verse modificadas por las incidencias del cumplimiento, no teniendo reconocidos efectos de cosa juzgada, de suerte que hasta el dictado del Auto de licenciamiento definitivo, el expediente histórico-penal del recluso esta u0022vivou0022. A modo de reflexión, señalar que quizás este último argumento sea el más feble, por cuanto de facto, dicha doctrina se aplicará a penados con liquidaciones de condena ya practicadas y aprobadas judicialmente por resolución firme, que serán dejadas sin efecto por otra resolución ulterior que afectará de forma relevante a un derecho fundamental, como es la libertad del penado, si bien habrá que esperar a conocer los pronunciamientos que caso por caso adopte el TC al resolver los recursos que penden ante el mismo.

La cuestión que se somete a debate reaviva la polémica que en su moment...

La cuestión que se somete a debate reaviva la polémica que en su momento se suscitó con la denominada u0022doctrina Parotu0022 resultante de la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467 que discrepando del criterio sostenido por el Auto impugnado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entendió que la acumulación de las penas impuestas por asesinatos terroristas y otros delitos, al acusado Henri Parot no podía dividirse en dos grupos de condena, siendo así que conforme a consolidada jurisprudencia deben refundirse en una sola unidad de ejecución.

Dos fueron las cuestiones que examinó la citada resolución -EDJ 2006/11467-: la primera se refería a los requisitos para la acumulación o refundición de penas del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, en el sentido de que se pueda beneficiar respecto de su cumplimiento con la limitación temporal que supone no poder superar la duración del triplo de la más grave de las penas impuestas ni tampoco el límite de los 30 años. Otra cuestión se refería a la alternativa entre aplicar esos límites a la unidad de ejecución o hacerlo de forma individualizada respecto a cada una de las penas integradas en aquella. Los hechos que habían sido objeto de la resolución de la Audiencia Nacional y de la citada sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fueron cometidos cuando aún se hallaba vigente el Código Penal de 1973, por lo que los razonamientos de ambos Tribunales hacían referencia a esa legislación. La regulación de la acumulación o refundición de penas no varió, en el art. 76 CP 1995 -EDL 1995/16398-, a salvo la fragmentación de ese último límite temporal, de modo que se estableció con carácter general el de veinte años, pero con la doble posibilidad de llegar a los veinticinco o los treinta. Finalmente, conforme al art. 1,2 de la LO 7/2003, de 30 junio -EDL 2003/17963-, la escala de las limitaciones específicas se extendió hasta los cuarenta años para algunos supuestos de terrorismo y otros delitos de especial gravedad. Ha perdido interés, por el contrario, cuanto se refiere a la redención de penas por el trabajo, ya que ésta desapareció en la reforma del año 2003. La citada sentencia dejó claro que el límite máximo de cumplimiento cifrado en veinticinco, treinta o cuarenta años, según las circunstancias no constituía una pena distinta de las impuestas a cada uno de los delitos por los que había recaído condena y, en consecuencia, los beneficios penitenciarios obtenidos por un preso habrían de aplicarse sobre cada una de las que fueran cumpliéndose hasta alcanzar el indicado tope máximo. Esta interpretación posteriormente se ha seguido en las SSTS 924/2006 -EDJ 2006/311713-, 108/2008 -EDJ 2008/31062-, 898/2008 -EDJ 2008/243672-, 917/2009 -EDJ 2009/367896-, 1076/2009 -EDJ 2009/307270 y 195/2010 -EDJ 2010/31679-.

Esta resolución -EDJ 2006/11467 obtuvo un voto particular suscrito por tres magistrados que discreparon del resto de sus compañeros y que fundamentaron de la siguiente manera: u0022Tercero (Fundamento Jurídico): En este último caso, o sea, en el de cumplimiento sucesivo; que es el del condenado que recurre a tenor del precepto antes trascrito, existe un máximo de tiempo de cumplimiento, que no podrá exceder del triplo de la pena más grave de las impuestas y, en ningún caso, de treinta años. Y así sucede que, en virtud de las normas citadas, las penas impuestas en la sentencia, tratadas conforme a las reglas de aplicación previstas, se transforman se refundenu0022, dice la jurisprudencia; en otra de la misma naturaleza, pero distinta. Distinta porque en ella se integran diversas penas para formar una sola. Y porque la magnitud de ésta difiere (a veces extraordinariamente, como aquí) del conjunto de las originarias. De este modo es como surge la pena de cumplimiento. Esto es, la resultante de aplicar el límite establecido al respecto en la regla 2ª del art. 70 CP 1973 -EDL 1973/1704-, que determina la pérdida de relevancia de lo que de las penas impuestas quede fuera de él. Cuarto; Así se constituye u0022la unidad punitivau0022 (al fin, resultante) a extinguir por el reo. Cierto que, todavía, sólo en principio, pues sobre ella, según ese mismo Código Penal, operará normalmente (en realidad, por regla general), la redención de penas por el trabajo; que, según la previsión del art. 100, incide sobre las impuestas, una vez tratadas conforme a las mencionadas reglas de aplicación, u0022para el cumplimientou0022. Quinto; Basta reparar en lo que prescribe el Código Penal de 1995 -EDL 1995/16398 y en sus ulteriores vicisitudes, para advertir hasta qué punto el legislador fue consciente de que el Código derogado no prestaba base legal para una decisión como la que aquí se cuestiona; que es por lo que consideró necesario modificar de manera sensible su régimen de cumplimiento de las penas. La Exposición de Motivos de la LO 7/2003, de 30 junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas -EDL 2003/17963 es suficientemente expresiva al respecto: «La Ley reforma el artículo 78 del Código Penal para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de crímenes especialmente graves se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias...Y en el fundamento jurídico Séptimo se afirma que esta técnica de disgregación «equivale lisa y llanamente a aplicar de manera tácita y retroactiva en perjuicio del reo el artículo 78 del Código Penal de 1995, en su actual redacción debida a la Ley Orgánica 7/2003».

Adoptar una postura en torno a esta polémica cuestión resulta complejo, pues dependerá del delito a que sea aplicado. En todo caso, la postura que el voto particular mantiene y cuyo texto figura en el anterior párrafo, parece la más correcta, al considerar, en su fundamento séptimo, la consecuencia relevante que la STS 197/2006 de 28 febrero -EDJ 2006/11467 sostiene al aplicar en perjuicio del reo el art. 78 CP -EDL 1995/16398-.

A mi juicio, los argumentos en los que se funda la mayoría del TS para c...

A mi juicio, los argumentos en los que se funda la mayoría del TS para concluir que el cómputo de los diversos beneficios penitenciarios aplicables al condenado a varias penas privativas de libertad afectada por el máximo de cumplimiento de treinta años previsto en el art. 70,2ª CP 1973 -EDL 1973/1704 debe realizarse respecto de las diversas penas impuestas, y no respecto del máximo de cumplimiento correspondiente, resultan razonables. Es de destacar en este sentido que el propio tenor literal de la regla 2ª del art. 70 CP 1973 (en el que se habla de u0022máximum de cumplimiento de la condena del culpableu0022) y una interpretación sistemática de la regla de determinación de dicho máximo -que la ponga en relación con la regla de cumplimiento sucesivo de las diversas penas cuando el cumplimiento simultáneo no fuera posible permite concluir que el límite absoluto de cumplimiento efectivo de treinta años de privación de libertad, al que se refiere aquella regla, no constituye una nueva pena distinta de las sucesivamente impuestas al penado por las diversas infracciones de las que es criminalmente responsable, sino un mero tope máximo de internamiento efectivo del penado en un centro penitenciario, que opera por razones humanitarias y de proscripción de tratos o penas inhumanas o degradantes (art. 15 CE -EDL 1978/3879-), al no contemplar nuestro ordenamiento jurídico-penal la reclusión a perpetuidad, sin que ello implique que los diversos beneficios penitenciarios deban aplicarse sobre el mismo. Así se desprende, además, de la circunstancia de que el art. 70,2ª CP 1973 prevea expresamente que tras el cumplimiento del máximo determinado por el triple de la pena más grave o por los treinta años de privación de libertad, el penado dejará u0022de extinguir las que procedanu0022, esto es de cumplir las siguientes penas privativas de libertad en el orden de gravedad previsto en el art. 70,1ª pár. 2º del propio texto legal. Por otro lado, este criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios es coherente con la idea de conceder un trato punitivo diferenciado al autor de un solo delito grave o de varias figuras delictivas afectadas por el máximo de cumplimiento respecto del criminal en serie que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo y que ha sido condenado a penas privativas de libertad que exceden notablemente de ese máximo, ya que la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre el máximo de treinta años y no sobre las diversas penas de prisión produce de hecho una equiparación absoluta del tiempo efectivo de privación de libertad de todos estos penados, pese a las notables diferencias entre las circunstancias de unos y otros.

En mi opinión, el principal problema que origina la doctrina sobre cómputo de beneficios penitenciarios al amparo del CP 1973 -EDL 1973/1704 establecida por la STS de 28-6-2006 -EDJ 2006/11467 deriva del hecho de que la nueva doctrina supone un cambio radical de la jurisprudencia consolidada del propio TS que establecía el cómputo de aquellos beneficios respecto del límite efectivo de cumplimiento, afirmando que éste u0022opera ya como una pena nueva resultante y autónomau0022. Pese a que la resolución mayoritaria no lo reconozca de manera expresa esa antigua doctrina, reflejada en la STS de 8-3-1994 -EDJ 1994/2099-, se había visto respaldada por otros precedentes jurisprudenciales en el mismo sentido (p. ej. SSTS de 15-9 -EDJ 2005/144807 y 14-10-2005 -EDJ 2005/165903-) y había venido siendo aplicada -de forma casi pacífica por la generalidad de los tribunales penales españoles. En estas circunstancias considero que la modificación del criterio jurisprudencial por parte del TS hubiera hecho necesario un esfuerzo argumentativo adicional para justificar la nueva interpretación de los preceptos del CP de 1973, máxime si se tiene presente la relevancia de la nueva línea jurisprudencial, que afecta a valores esenciales reconocidos constitucionalmente, tales como la seguridad jurídica y la libertad personal (arts. 9,3, 19 y 25 CE -EDL 1978/3879-).