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La inmediata puesta a disposición de las personas detenidas; del art. 17 CE, a los reglamentos y protocolos de actuación

Coordinadora: Gemma Gallego

Magistrada

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El art.17.2 CE dispone que «la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos» y señala que en «el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». De este mismo plazo trata el art.520.1 pár. 2º LECr cuando establece que la puesta a disposición de la autoridad judicial del detenido ha de llevarse a cabo «dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el máximo de setenta y dos horas».

Ahora bien, la efectividad de esa puesta a disposición judicial que deriva de un derecho fundamental del detenido requiere, desde un punto de vista práctico, un complicado despliegue de medios personales y materiales -casi siempre escasos- ordenados incluso, al adecuado cumplimiento de los derechos procesales de la persona puesta a disposición; así, la designa e intervención del abogado que asume su defensa, la localización y personación del intérprete que traduce su declaración o la del médico-forense que practica el reconocimiento o exploración de aquél que lo solicite (...) cuya práctica, y la de otras actuaciones previstas en la LECr. -EDL 1882/1-, exige la imprescindible conducción de los detenidos a las dependencias judiciales, lo que puede provocar a veces y como conocen de primera mano los distintos operadores -muchos de ellos, lectores de estas líneas- serias disfunciones en los respectivos servicios de guardia de los diferentes colectivos, susceptibles de repercutir negativamente en el derecho fundamental del detenido (...) hasta provocar la prolongación indebida de su presentación ante el juez.

La concurrencia de diversa normativa, reglamentos e incluso protocolos de actuación, que pretenden una adecuada coordinación de los medios materiales y personales implicados en la efectiva «puesta a disposición judicial», plantean en ocasiones la duda sobre la conciliación entre el derecho constitucional que ampara a la persona detenida de "inmediata puesta a disposición judicial" y el contenido de aquéllos, en tanto puedan colisionar en sus disposiciones.

La cuestión que se plantea versa sobre si el mandato contenido en el art.17.2 CE -EDL 1978/3879- de que los detenidos sean puestos a disposición judicial inmediatamente después de concluidas las diligencias, es compatible con el cumplimiento de ciertos protocolos o reglas que establezcan días u horas concretas de conducción, para facilitar la realización de los servicios de guardia.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de enero de 2016.

La detención es una medida cautelar de privación de libertad de carácter penal, que sitúa al detenido ante la eventualidad de quedar sometido a un proceso penal.

Uno de sus rasgos característicos es su sometimiento a límites temporales. A esta cuestión se refiere el art.17.2 CE  -EDL 1978/3879-, de cuya lectura se pueden deducir dos límites temporales a la duración de la detención preventiva.

a) Un límite temporal relativo: la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. No se concreta cuánto debe ser este tiempo, pero tan pronto como la detención deje de ser necesaria para realizar tales averiguaciones se debe poner fin a la situación de detención.

b) Un límite temporal absoluto: en todo caso, el plazo máximo de la detención es de setenta y dos horas, computadas desde el inicio de la detención, momento que no tiene por qué coincidir con el de ingreso en dependencia policiales. De este modo, una situación de detención no puede durar nunca más de setenta y dos horas, aunque en dicho plazo no se hayan culminado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Este mandato constitucional debe, necesariamente, conjugarse con una conducción ordenada de los detenidos al juzgado de guardia, y para ello es necesario el establecimiento de protocolos que respeten las exigencias constitucionales del derecho a la libertad personal, porque lo que pretenden es ordenar su traslado (fundamentalmente en grandes ciudades, donde este tránsito es elevado) sin prolongar indebidamente el tiempo de detención. (STC 88/2011, de 6 junio).

Los protocolos de coordinación entre órganos judiciales y fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deberían, al menos, prever una conducción diaria. Conforme al art.496 LECr  -EDL 1882/1- será competente para recibir al detenido el Juez de Instrucción más próximo al lugar en que se hubiese practicado la detención, que además será normalmente el competente territorialmente para conocer de la causa en los supuestos de detención practicada autónomamente por la Policía, debido a que el delito se habrá cometido en su circunscripción territorial. Pese al tenor literal de la ley (el art.496 LECr alude a la «entrega» del detenido), lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional ha admitido situaciones en las que la entrega del detenido no puede ser inmediata, por ejemplo, cuando se encuentra hospitalizado o en una barco en alta mar (así STC 21/1997, de10 febrero  -EDJ 1997/56-). Se ha cuestionado el hecho de que la realización en algunas grandes capitales de una sola conducción al día de detenidos pudiese provocar posibles vulneraciones del derecho a la libertad. Así el TC ha señalado que la fijación de una única conducción policial «no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del período de detención» (STC 224/2002  -EDJ 2002/53172-). De cualquier manera, el resultado es que se ha declarado la ilegitimidad de la detención en asuntos en los que, por ejemplo, las averiguaciones sobre una persona constaban como terminadas en sede policial en torno a las 20.30 horas de un día y no se condujo ante el juez hasta la mañana siguiente (STC 23/2004  -EDJ 2004/5421-).

Este criterio fue acogido por la STC 88/2011 de 6 junio  -EDJ 2011/118794-, que señaló: «En la demanda de amparo se afirma, como hemos visto, que la detenida tuvo conocimiento, después de su declaración policial, de que no iba a pasar a disposición judicial "porque las conducciones de detenidos al Juzgado de Guardia sólo se hacían una vez a primera hora de la mañana». Sobre este particular, este Tribunal Constitucional ya tuvo oportunidad de pronunciarse en resoluciones anteriores. Así, en la STC 224/2002, de 25 noviembre  -EDJ 2002/53172-, en un supuesto en que se había demorado la puesta a disposición judicial del recurrente (ante un Juzgado de detenidos de Barcelona), precisamente porque sólo estaba prevista «una única conducción a las 8 horas», afirmamos que tal circunstancia «no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del período de detención, una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales, máxime cuando, como acontece en este caso, se había presentado ante el Juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus que permitió conocer, una vez remitidas, la conclusión de las diligencias policiales».

En el mismo sentido merece reseñarse la STC 165/2007, de 2 julio  -EDJ 2007/100173-, donde a la detenida también se le había informado en el curso de su declaración policial a lo largo de la mañana (en una comisaría de Sevilla) que no sería puesta a disposición judicial hasta el día siguiente, porque «sólo se realiza una conducción de detenidos al día, a las nueve de la mañana». En este caso, el TC entendió que no se apreciaba, en modo alguno, justificado el criterio adoptado por el instructor del atestado policial, que al parecer se había basado para su decisión en un protocolo existente de colaboración entre los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de seguridad sobre esta materia, precisamente porque dicho protocolo preveía en sus disposiciones otra conclusión alternativa, en particular «que no quedaba excluida la presentación de un detenido ante el Juez de guardia en hora distinta a la antes señalada», pudiendo así «el Juzgado de Instrucción de guardia recibir detenidos durante las 24 horas cuando las circunstancias así lo aconsejen» (FJ 3).

En conclusión, una vez finalizadas las averiguaciones y actuaciones policiales el detenido debe ser conducido ante el juez a la mayor brevedad posible, fundamentalmente en grandes capitales con servicio de guardia de 24 horas. La conducción de detenidos no es más que una actividad administrativa sometida en este caso a un derecho fundamental que no podrá decaer ante las necesidades de funcionamiento interno de la policía.

El art.17.2 CE  -EDL 1978/3879- se trata de una norma constitucional con eficacia directa que establece un mandato taxativo y claro. Según su tenor literal, los agentes policiales que practiquen una detención deben poner el detenido a disposición judicial nada más acabar las diligencias de investigación.

Lo que pretende la cuestión a la que debemos dar respuesta es si este mandato constitucional puede ser modulado y mediante qué instrumento legal.

A nadie se le escapa que la puesta a disposición de detenidos obliga a la organización de servicios de guardia que permitan que el juez de instrucción, de forma ordenada y rápida, reciba declaración a los detenidos, practique las diligencias que estime esenciales y resuelva sobre la situación personal de éstos. Dada la complejidad de las actuaciones que deben realizarse lo más eficiente es hacerlo en horario de mañana, porque en esta franja horaria funcionan a pleno rendimiento todas las instituciones que pueden tener algún tipo de intervención (servicios médicos, intérpretes, abogados, instituciones públicas, servicios policiales, servicios de atención a drogodependientes etc.).

Desde el prisma del órgano judicial se requiere orden en la puesta a disposición de detenidos ya que sólo de esa forma se puede trabajar con eficiencia y también de esa forma se puede conseguir que el juez y el personal judicial tenga un horario razonable y admisible de trabajo, en tanto que el goteo constante de detenidos haría necesaria una atención continuada de todo punto impracticable. Piénsese en muchos Juzgados de España que tienen servicio de guardia durante 8 días consecutivos. Por otra parte, el órgano judicial debe coordinar las actuaciones de las distintas instituciones que intervienen en el Servicio de Guardia y que funcionan a pleno rendimiento por las mañanas, y también deben dar una atención prioritaria a las víctimas y testigos, que no deberían desplazarse a los Juzgados a horas intempestivas.

Desde la óptica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la puesta a disposición de detenidos de forma individualizada conllevaría la necesidad de utilización irracional de medios personales y de transporte para las conducciones. En fin, la conducción de detenidos de forma reglada permite que tanto la policía como los juzgados atiendan a los detenidos con mayor rapidez y que la privación de libertad, computada en su conjunto, sea menor que si la puesta a disposición se produjera con la inmediatez que describe la Constitución.

Por ese motivo el Reglamento 1/2005, sobre aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15-9-05  -EDL 2005/33544-, reguló la prestación del servicio de guardia, estableciendo horarios precisos para la prestación del servicio y limitando la actuación del servicio de guardia a asuntos urgentes e inaplazables a partir de las 19 ó 21 horas de cada día, según los casos, y a las mañanas de domingos y festivos. De nada serviría el establecimiento de horarios si los juzgados de guardia viniesen obligados a atender a los detenidos a cualquier hora del día o de la noche.

El propio Reglamento en su art.49.4  -EDL 2005/33544- dispone que «a los efectos de asegurar la efectividad de lo dispuesto en el Capítulo siguiente (ordenación del servicio de guardia) se establecerán protocolos de colaboración en el ámbito provincial en el seno de las Comisiones Provinciales de Policía Judicial. Asimismo, en el ámbito de los respectivos partidos judiciales, se podrán establecer protocolos de colaboración específicos entre Policía Judicial, Fiscalía y las respectivas Juntas de Jueces, representadas por el Juez Decano, posibilitando la incorporación a estos ámbitos de colaboración de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas. Por último podrán establecerse protocolos en el ámbito de una Comunidad Autónoma, pudiéndose constituir Órganos que conformen igual representación».

Una interpretación razonable del art.17.2 CE  -EDL 1978/3879- permite que el mandato constitucional pueda atemperarse a las necesidades de racionalización de medios y tiempo que la realidad exige y por ello el propio Tribunal Constitucional en las sentencias 88/2011, de 6 junio  -EDJ 2011/118794-, y 95/2012 de 7 mayo  -EDJ 2012/98392-, ha reconocido la viabilidad de estos protocolos. El alto tribunal en las sentencias citadas ha afirmado que no es incompatible «la existencia de estos protocolos de colaboración, que pretenden ordenar el traslado de detenidos (fundamentalmente en grandes urbes, donde este tránsito es elevado), con la exigencia constitucional de no prolongar indebidamente el tiempo de detención de un ciudadano, pues ambas previsiones pueden coexistir razonablemente, ponderándose en cada caso las circunstancias particulares concurrentes».

El Reglamento 1/2005, avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional  -EDL 2005/33544- permite dar una respuesta suficientemente clara a la cuestión que se nos propone. La ordenación de la puesta a disposición judicial de detenidos no es una cuestión que pueda ser regulada unilateralmente por las juntas de jueces sino que requiere de la colaboración de las distintas instituciones implicadas, mediante un protocolo de colaboración y ello es así porque el mandato del art.17.2 CE  -EDL 1978/3879-, que no va dirigido al juez sino al agente que practica la detención, sólo puede ser atemperado por razones inexcusables de coordinación y éstas deben plasmarse en una directriz consensuada, en un Protocolo de Colaboración.

Estos Protocolos deberían guiarse por los principios de necesidad y proporcionalidad, estableciendo criterios de conducción de detenidos que tengan en cuenta las características de cada servicio de guardia. Debería establecerse una conducción diaria como mínimo en cualquier caso para evitar que las detenciones se prolonguen de forma innecesaria y debería establecerse alguna conducción diaria adicional si el servicio de guardia se presta durante 24 horas por un número suficiente de juzgados. Además, los Protocolos deben contemplar situaciones especiales que permitan la puesta a disposición judicial inmediata con independencia de los sistemas reglados de conducción.

La relevancia de la limitación temporal de la detención preventiva se ha puesto de relieve en la reciente reforma de la ley procesal penal por medio de la LO 13/2015, de 5-10, de modificación de la LECr. para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, ya que dicha norma ha introducido un nuevo párrafo en el art.520.1 LECr.  -EDL 1882/1- en el que se establece la obligación de que el atestado policial refleje «el lugar y hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o en su caso, de la puesta en libertad [del detenido]». De cualquier forma, la regulación de la limitación temporal de la detención preventiva no ha resuelto la cuestión de si la determinación del momento de efectiva puesta a disposición de la autoridad judicial de la persona detenida puede ser ordenada por protocolos de actuación policial relativos a la conducción material desde las dependencias policiales de las personas detenidas o debe ser materia de ordenación judicial para garantizar la correcta prestación del servicio de guardia por los Juzgados de Instrucción.

No obstante, se trata de una cuestión que ya ha sido abordada por varias resoluciones del TC (p.ej. SSTC 224/2002  -EDJ 2002/53172-, 23/2004  -EDJ 2004/5421-, 165/2007  -EDJ 2007/100173- y 88/2011  -EDJ 2011/118794-), en las que se destaca que el art.17.2 CE  -EDL 1978/3879-, habida cuenta del valor cardinal que la libertad personal tiene en el Estado de Derecho, somete la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta y, además, al criterio del lapso temporal más breve posible, en consonancia con lo dispuesto en el CEDH (art.5.2 y 3) y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art.9.3), que exigen que el detenido sea conducido "sin dilación" o "sin demora" ante la autoridad judicial. Se ha afirmado, en consecuencia, que el art.17.2 CE ha establecido dos plazos en lo que se refiere a los límites temporales de la detención preventiva, uno relativo y otro máximo absoluto. El primero consiste en el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos que, como es lógico, puede tener una determinación temporal variable en atención a las circunstancias del caso. Sin embargo, el plazo máximo absoluto presenta una plena concreción temporal y está fijado en las setenta y dos horas computadas desde el inicio de la detención, que no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el afectado es conducido a las dependencias policiales. Por ello, el TC ha sostenido que la vulneración del citado art.17.2 CE se puede producir, no sólo por rebasarse el plazo máximo absoluto, es decir, cuando el detenido sigue bajo el control de la autoridad gubernativa o sus agentes una vez cumplidas las setenta y dos horas de privación de libertad, sino también cuando, no habiendo transcurrido ese plazo máximo, se traspasa el relativo, al no ser la detención ya necesaria por haberse realizado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, sin embargo, no se procede a la liberación del detenido ni se le pone a disposición de la autoridad judicial. En esta última situación se incluirían los supuestos en que la demora en la puesta a disposición judicial tiene su origen en la limitación del número de conducciones de detenidos desde la correspondiente comisaría de policía a la sede del Juzgado de Instrucción, toda vez que tal circunstancia "no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del período de detención, una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales", particularmente en los casos en que hubiera llegado a presentar ante el Juzgado de Instrucción de guardia una solicitud de habeas corpus que hubiera permitido conocer, una vez remitidas las diligencias policiales, la conclusión de estas.

En coherencia con la doctrina constitucional expuesta, considero que los protocolos policiales de actuación relativos a la conducción material desde las dependencias policiales al Juzgado de Instrucción de las personas detenidas no pueden determinar por sí solos la legitimidad de la prolongación del período de detención preventiva una vez concluidas las diligencias policiales de investigación, ya que se trata de una materia en la que se impone la adecuada coordinación con las normas reglamentarias e internas de reparto que garantizan la correcta prestación del servicio de guardia por los Juzgados de Instrucción, y en las que se fija un horario de prestación de dicho servicio cuya extensión depende del número de Juzgados de Instrucción que tienen su sede en el partido judicial correspondiente (art.50 a 61 del Reglamento del CGPJ nº 1/2005, de 15-9-2005, de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales  -EDL 2005/33544-, los cuales fijan un horario de prestación del servicio de guardia ordinaria relativo a la atención a los detenidos que puede abarcar las 24 horas del día, o limitarse de 9 a 21 horas, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, o durante la jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo con el número de Juzgados de Instrucción existentes en el correspondiente partido judicial).

Vaya por delante que lo trascendental no es el Protocolo de Guardia o de Policía, sino que en cualquiera de ellos y muy singularmente en lo que pretenda imponer el garante Derecho por excelencia, esto es, el Juez, la consideración prioritaria tiene que ser la puesta a disposición judicial lo antes posible, atendidas también las condiciones de espera en unas u otras dependencias que como todos sabemos son bien distintas, y la conciliación con los derechos fundamentales con otras personas deben ser atendidas durante el servicio de guardia, sin perder de vista en todo momento la absoluta primacía del derecho a la libertad personal.

En el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966  -EDL 1977/998-, se desarrollan las garantías del detenido, en ampliación del art.5 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y así se reconoce el derecho a conocer las razones de su detención, a ser conducido sin demora ante la autoridad judicial, y a la revisión por un tribunal de la legalidad de la detención. En idéntico sentido, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, reconoce en su art.5.3  -EDL 1979/3822-, el derecho de ser conducido sin dilación ante un Juez, y por supuesto, nuestra Constitución, recoge con pulcritud los derechos del detenido en su art.17  -EDL 1978/3879-, cuyo apartado segundo, reconoce la limitación temporal de la situación, lo que ha dado lugar a una extensa doctrina emanada del Tribunal Constitucional. Es quizás la Sentencia 88/2011 de 6 junio  -EDJ 2011/118794- la que mejora analiza la diatriba que existe entre las necesarias organizaciones del trabajo policial y judicial y el derecho irrenunciable a que no se prolongue innecesariamente la situación de privación de libertad del detenido, analizando dicha resolución además el planteamiento de un habeas corpus ante una situación de detención excesivamente prolongada en función a un protocolo.

La Sentencia 88/2011  -EDJ 2011/118794- fija con claridad, la necesidad de que la detención tenga que durar el mínimo tiempo posible, y recuerda la existencia de pronunciamientos reiterados del órgano constitucional, en el sentido de que el art.17.2  -EDL 1978/3879- «ha establecido dos plazos en lo que se refiere a los límites temporales de la detención preventiva, uno relativo y otro máximo absoluto. El primero consiste en el estrictamente necesario para la realización de las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos que, como es lógico, puede tener una determinación temporal variable en atención a las circunstancias del caso. Sin embargo, el plazo máximo absoluto, presenta una plena concreción temporal y está fijado en las setenta y dos horas desde el inicio de la detención, que no tiene que coincidir con el momento en el que el afectado se encuentra en las dependencias policiales». La sentencia añade, que es la tercera vez que se pronuncia acerca de la incidencia que el protocolo de conducción tiene en las grandes capitales y así en la Sentencia 224/2002  -EDJ 2002/53172-, ya se advierte, que la regulación policial interna nunca pueda justificar un alargamiento injustificado del tiempo de detención una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales, máxime como sucedió en aquel caso, cuando se había presentado ante el juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus. La Sentencia 165/2007  -EDJ 2002/100173- en referencia al protocolo que regía en la ciudad de Sevilla, conforme al cual se fijaba una sola conducción a las 9:30 de la mañana, advierte que no pueden interpretarse de forma contraria a la exigencia constitucional de no prolongar indebidamente el tiempo de detención de un ciudadano.

En las conducciones en las ciudades pequeñas, el problema tiene un componente añadido, a saber, la regulación de los horarios de apertura de los juzgados de guardia con arreglo al Reglamento CGPJ 1/2005  -EDL 2005/33544- donde se establece que la guardia ordinaria se desempeñará en jornada partida de 9 a 14 y de 17 a 20 horas de lunes a sábado, y de 10 a 14 los domingos y festivos, lo que evidentemente genera como hemos dicho un obstáculo más a la inmediata puesta en libertad del detenido. Me consta que recientemente en la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial de Madrid se ha fijado un acuerdo sobre criterios de puesta a disposición judicial de detenidos con arreglo al cual, los protocolos pueden establecer un sistema reglado de conducción y puesta a disposición de detenidos, pero de forma que no se posibilite una prolongación indebida, añadiendo que dicho protocolo deberá establecer dos conducciones diarias. Se fija igualmente que en los partidos judiciales en los que los medios no permitan más que una conducción, esta deberá llevarse a cabo todos los días de la semana, sin que nunca se pueda demorar más de veinticuatro horas.

Creo en definitiva, que como es obvio tiene que existir algún protocolo o acuerdo, con arreglo al cual pueda llevarse a efecto la conducción por razones puramente operativas, y creo además que estas deberían hacerse siempre que sea posible en el horario de mañana, pues es cuando los juzgados cuentan con todos los medios necesarios para poder intervenir en las primeras diligencias, y como también fija el acuerdo que hemos citado de la Comisión de Madrid, porque así se evita el desplazamiento de víctimas y testigos a horas intempestivas. Dicho lo cual, y admitiendo como mal menor, que el protocolo ha de existir, concluyo como empecé añadiendo que la consideración prioritaria tiene que ser la puesta a disposición judicial lo antes posible.

Comenzando por el análisis del precepto constitucional, se pone de relieve la «eficacia directa» del art.17 CE -EDL 1978/3879-, en relación con el «mandato taxativo y claro» de que «los agentes policiales que practiquen una detención, deben poner el detenido a disposición judicial nada más acabar las diligencias». Por lo que se considera que «el plazo máximo absoluto de la detención (...) fijado en las setenta y dos horas computadas desde el inicio de la detención, no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el afectado es conducido a las dependencias policiales.»

Se invocan, como antecedente, el tenor del Convenio Europeo de Derechos Humanos (art.5.2 y 3) -EDL 1984/11163- y el del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art.9.3) -EDL 1977/998- «que exigen que el detenido sea conducido "sin dilación" o "sin demora" ante la autoridad judicial» y también varias resoluciones del propio Tribunal Constitucional que ya abordara esta cuestión (p.ej. SSTC 224/2002 -EDJ 2002/53172-, 23/2004 -EDJ 2004/5421-, 165/2007 -EDJ 2007/100173-...) y especialmente la nº 88/2011 -EDJ 2011/118794- que «es quizás la sentencia que mejor analiza la diatriba que existe entre las necesarias organizaciones del trabajo policial y judicial y el derecho irrenunciable a que no se prolongue innecesariamente la situación de privación de libertad del detenido (...)» abordando además, el planteamiento de un «habeas corpus ante una situación de detención excesivamente prolongada, en función a un protocolo (...)».

Pese al tenor literal de la ley (el art.96 LECr -EDL 1882/1- alude a la «entrega» del detenido), lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional ha admitido situaciones en las que la entrega del detenido puede no ser inmediata (...) «pero cuestionado el concreto hecho "de que la realización en algunas grandes capitales de una sola conducción al día de detenidos, pudiese provocar posibles vulneraciones del derecho a la libertad - se concluye- (...) la fijación de una única conducción policial "no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del período de detención» (STC 224/2002 -EDJ 2002/53172-). Partiendo de que «la conducción de detenidos no es más que una actividad administrativa sometida en este caso a un derecho fundamental que no podrá decaer ante las necesidades de funcionamiento interno de la policía»; por lo que, admitiendo «como mal menor, que el protocolo ha de existir» su contenido debería guiarse «por los principios de necesidad y proporcionalidad y contemplar situaciones especiales que permitan la puesta a disposición judicial inmediata con independencia de los sistemas reglados de conducción» que «por razones puramente operativas (...) -que se apuntan- debería hacerse siempre que sea posible en el horario de mañana, pues es cuando los juzgados cuentan con todos los medios necesarios para poder intervenir en las primeras diligencias». Por último, «la relevancia de la limitación temporal de la detención preventiva se ha puesto de relieve en la reciente reforma de la ley procesal penal por medio de la LO 13/2015, de 5-10, de modificación de la LECr -EDL 2015/169144- (...) ya que dicha norma ha introducido un nuevo párrafo en el art. 520.1 LECr. –EDL 1882/1- en el que se establece la obligación de que el atestado policial refleje «el lugar y hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o en su caso, de la puesta en libertad [del detenido]».

De cualquier forma, «la regulación de la limitación temporal de la detención preventiva no ha resuelto la cuestión de si la determinación del momento de efectiva puesta a disposición de la autoridad judicial de la persona detenida puede ser ordenada por protocolos de actuación policial relativos a la conducción material desde las dependencias policiales de las personas detenidas o debe ser materia de ordenación judicial para garantizar la correcta prestación del servicio de guardia por los Juzgados de Instrucción».

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