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Penal

La apelación de las sentencias por delitos leves

Coordinadora: Gemma Gallego

Magistrada.

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El pasado 1º de julio entró en vigor la importante reforma del Código Penal, operada por LO 1/2015 de 30 de marzo, una de cuyas principales novedades ha sido la introducción de una nueva categoría delictiva -los llamados «delitos leves» previstos en el art.13.3 que en parte, derivan de las antiguas «faltas» reguladas en el Libro III de dicho Código, ahora derogado.

Como se lee en la Exposición de Motivos de la citada Ley reformadora -EDL 2015/32370-, la reducción de tales delitos leves en la nueva regulación «viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores (...) que en el caso de los delitos leves no tienen una gravedad que justifique la apertura de un proceso y la imposición de una sanción de naturaleza penal, y en cuya sanción penal tampoco existe un verdadero interés público».

La instrucción y el enjuiciamiento de los delitos leves se atribuye en virtud de la disp.adic.2º de la LO 1/15 -EDL 2015/32370-, al procedimiento previsto en el Libro IV de la LECr, es decir, el mismo que regulaba las faltas, ordenando textualmente dicha Disposición que «las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas, se entenderán referidas a los delitos leves».

Entre muchas otras cuestiones problemáticas que están surgiendo a diario y como consecuencia de la reciente aplicación de la reforma, va a estudiarse a continuación la polémica determinación de cuál deba ser la composición del Tribunal que haya de conocer del recurso de apelación, contra las sentencias dictadas tras el enjuiciamiento de los delitos leves.

La discusión gira en torno a si dicho recurso deberá ser resuelto -como ha venido ocurriendo en los juicios de faltas- por un tribunal unipersonal, o éste deberá estar conformado, de forma colegiada, por tres magistrados.

La falta de expresa modificación del art.82.1.2º LOPJ -en la reforma posterior de ésta, por LO 7/15 de 21 de julio, que mantiene, que para las apelaciones de las sentencias de los juicios de faltas, se constituirá un magistrado (...)- ha complicado el debate, propiciando las dos líneas de interpretación de las disposiciones que se han citado, y determinando que en la discusión se planteen cuestiones tales como el rango de las leyes de la reforma, la naturaleza orgánica o procesal de las normas de la propia LOPJ -EDL 1985/8754-, o consideraciones relativas al «espíritu del legislador», en el sentido de que si se sigue el razonamiento ofrecido por él -y antes expuesto- sobre los motivos que le han llevado a la supresión de gran parte de las conductas tipificadas como falta, esto es, que no podían justificar la apertura de un proceso penal, ni resultaban merecedoras de interés público (...) bien puede deducirse que por la «levedad» de las conductas que continúan siendo típicas, no sería preciso conformar un tribunal colegiado para resolver la apelación de las sentencias recaídas por las que se han «transformado» en delitos leves, pudiendo conocer de la apelación de sus sentencias, un tribunal unipersonal.

Si por el contrario, se atiende a las consecuencias «constitucionales» (...) derivadas de cuestiones tales como la propia categoría delictiva de tales conductas - por mucho que se hayan calificado de «leves»- o las garantías constitucionales de efectiva tutela judicial, proscripción de la indefensión etc. parecería preciso, en aras a su salvaguarda, que el tribunal competente para conocer de la apelación de la sentencia, estuviera compuesto por tres magistrados.

¿Qué opinan los componentes de nuestro foro?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de septiembre de 2015.

La cuestión que se plantea no ha sido prevista por el legislador, ni tampoco abordada por la Fiscalía General del Estado en la reciente Circular 1/2015  -EDL 1985/8754- «sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015  -EDL 2015/32370-». Parece por tanto que, como luego se verá, el art.82 LOPJ sigue vigente.

Tanto los delitos leves como el procedimiento para su enjuiciamiento se regulan a partir de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal -vigente desde el 1 de julio de 2015-, en cuya Disposición derogatoria única  -EDL 2015/32370- se deroga el Libro III del Código Penal aprobado por LO 10/1995, de 23 de noviembre (CP)  -EDL 1995/16398-, dedicado a las faltas, al tiempo que se introducen los delitos leves como nueva categoría de delitos -art. 13.3 CP- y en el Libro II, CP se incluyen algunas de las conductas sancionadas como faltas en el derogado Libro III, CP, que pasan a ser consideradas como delitos leves; y, en lógica congruencia con todo ello, se modifica la rúbrica del Libro VI de la LECr en LIB 6, que pasa a denominarse Del procedimiento para el enjuiciamiento sobre delitos leves, introduciendo una modificación sustancial del articulado contenido dentro de dicho Libro, aunque se mantienen algunos de los principios inspiradores del anterior juicio de faltas.

De la lectura de la Exposición de Motivos de la L 1/2015  -EDL 2015/32370- y de la nueva redacción de los art.962 y s LECr  -EDL 1882/1- podemos concluir que los principios que rigen este nuevo procedimiento y que, casi en su totalidad comparte con el extinto juicio de faltas, pueden sintetizarse en: La oportunidad en la persecución, que permite sobreseer un procedimiento incoado por algunos delitos leves en los supuestos previstos en los art.963 y 964 LECr, en los casos en los que sean considerados de muy escasa gravedad y no exista un interés público relevante en su persecución; La simplificación y celeridad en la tramitación, que procura la celebración de los debates del juicio lo más próximo posible a la ocurrencia de los hechos sometidos el mismo, o al momento de su descubrimiento o denuncia; preferentemente en el mismo juzgado de guardia ante el que se lleve la noticia criminis. De no ser posible su celebración inmediata el señalamiento del juicio deberá fijarse en el breve plazo de los siete días. La concentración en el acto de la vista oral del juicio de la totalidad de las actuaciones precisas para la toma de la decisión. El procedimiento carece de fase instructora propiamente dicha, sin perjuicio de que en determinados supuestos hayan de llevarse a cabo algunas actuaciones necesarias para la preparación del juicio, y, la garantía de una doble instancia, que asegure que la decisión del Juez de instancia sea revisada por un Tribunal superior tanto en las cuestiones de derecho como en las relativas a los hechos, siendo plenamente vigentes, no obstante, la doctrina constitucional sobre las limitaciones de la revisión de sentencias absolutorias a partir de pruebas personales que el órgano de la apelación no haya recibido directamente.

En coherencia con la escasa entidad de estas infracciones calificadas como delitos leves, y también de las penas que llevan anexas, generalmente de multa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) contempla para su enjuiciamiento también un procedimiento rápido y desprovisto de formalidades, regulado en los artículos que van del 962 a 982, LECr  -EDL 1882/1-.

No ha sufrido reforma el art.82 LOPJ  -EDL 1985/8754- que establece: «Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: (...) 2.- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas la audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto.».

El juicio de faltas y el procedimiento sobre enjuiciamiento de delitos leves constituyen modelos sustancialmente coincidentes en aspectos de competencia judicial, postulación procesal y tramitación. Por ello no parece plausible la necesidad de conformar un Tribunal colegiado para resolver los eventuales recursos de apelación que las partes sostengan contra las sentencias que dicten los juzgados de Instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer.

Estos son los argumentos que sostienen, a mi juicio, la continuidad formal de que los recursos de apelación que se interpongan contra las citadas resoluciones seguirán siendo resueltas por un único Magistrado, mediante un turno de reparte.

Desde luego esta polémica no debería haberse producido nunca ya que para evitarla hubiera bastado con modificar los preceptos correspondientes de la LOPJ  -EDL 1985/8754- mediante ley orgánica. Aunque no es objeto de este comentario, problema parecido aunque no idéntico se plantea a la hora de determinar si la ejecución de las sentencias en juicios por delitos leves debe corresponder al Juzgado de Instrucción o al Juzgado de lo Penal, ya que el art. 89bis 2 LOPJ dispone que corresponde a los juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias por delitos dictadas por los jueces de instrucción y esa norma tampoco ha sido modificada.

Al no haberse modificado la LOPJ  -EDL 1985/8754- de forma directa, unos entienden que debe aplicarse la regla general de resolución de la apelación por tres magistrados. Por el contrario, otros consideran que debe intervenir un solo magistrado. El fundamento legal de tal conclusión lo encuentran en la disp.adic.2ª de la LO 1/2015  -EDL 2015/32370-. Este precepto dispone que «las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves». Sostienen que las reglas sobre competencia son normas procesales y que por tal motivo la disposición adicional segunda citada modifica el art.81.1.2º, párrafo 2º la LOPJ en el sentido de que las apelaciones en los juicios por delitos leves deben ser resueltas por un solo magistrado.

Vaya por delante que ambas posturas tienen sólidos fundamentos y que es muy difícil ofrecer argumentos incontestables. A mi juicio y con todas las reservas, ya que es una cuestión que ahora se está discutiendo en todos los tribunales, para la resolución de esta polémica debe tomarse en consideración lo siguiente:

a) La Exposición de Motivos de la ley  -EDL 2015/32370- no se refiere a esta cuestión, si bien una de las finalidades perseguidas por el Legislador con la supresión de las faltas ha sido la de descargar a los juzgados de trabajo y esa es la razón por la que los delitos leves van a enjuiciarse por el antiguo "juicio de faltas", que se mantiene con algunas ligeras modificaciones. Es lógico suponer que el Legislador haya querido que la apelación de las sentencias de delitos leves sea enjuiciada como hasta ahora lo eran las apelaciones de juicios de faltas, por un solo magistrado. A esa finalidad parece responder la disp.adic.2ª, aunque resulta cuando menos paradójico que se pretenda la actualización de la LOPJ  -EDL 1985/8754- mediante una norma con rango de ley ordinaria (disp.adic.7ª). Por ello no faltan voces que consideran que ante la ausencia de una modificación expresa de la LOPJ y dado que los delitos leves tienen unos efectos jurídicos distintos y más graves que los de las antiguas faltas la apelación debe ser vista con mayores garantías por un tribunal formado tres magistrados.

b) La disp.adic.2ª LO 1/2015  -EDL 2015/32370- tiene como título la «Instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves» y se argumenta que este precepto sólo es aplicable a la fase de instrucción y juicio, pero no a la de apelación. El título tiene como finalidad determinar el ámbito de la norma por lo que es necesario determinar si el concepto "enjuiciamiento" incluye solamente la fase de juicio o también la impugnación de la sentencia y la ejecución. El término «enjuiciamiento» es muy amplio y basta a tal fin recordar que la ley procesal penal, que engloba todas las fases procesales, se denomina «enjuiciamiento criminal». En la misma dirección es muy ilustrativa la lectura del Título III, Libro IV de la LECr  -EDL 1882/1-, cuya denominación es «del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos», para llegar a la conclusión de que el concepto «enjuiciamiento», incluye la fase de juicio, la de impugnación de la sentencia y la de su posterior ejecución. Por tanto, la disp.adic.2ª citada es aplicable a las reglas del recurso del recurso de apelación.

c) También se discute si la LOPJ  -EDL 1985/8754- es una norma procesal o una norma orgánica, referida al estatuto judicial, ya que si no es una norma procesal, la disp.adic.2ª LO 1/2015  -EDL 2015/32370-, no le afectaría. Entiendo que la LOPJ contiene normas orgánicas, es decir, referentes al estatuto judicial, y normas procesales, reguladoras del procedimiento. Las normas sobre competencia judicial y formación de salas tienen un incuestionable componente procesal en cuanto trascienden a las partes del proceso y regulan un aspecto esencial de éste por lo que la disp.adic.2ª de la LO 1/2015 modifica el art.81.1.2º, párrafo 2º LOPJ en cuanto norma procesal.

d) No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional ha afirmado rotundamente que la norma que atribuye a un solo magistrado la competencia para resolver determinados recursos de apelación, supone una excepción a la forma ordinaria de constitución de un tribunal colegiado y es una regla que afecta a la «constitución de los Juzgados y Tribunales» por lo que debe estar incluida en la LOPJ, conforme a lo previsto en el art.122.1 CE. Así se expresó tajantemente el alto tribunal en la STCo 254/94, de 21 de septiembre, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada frente al art.737 de la LEC, según redacción dada por la L 10/92 de 30 abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que atribuía la competencia para la resolución de los juicios verbales civiles a un solo magistrado.

e) La exigencia de que la intervención de un magistrado en determinadas apelaciones deba estar en la LOPJ  -EDL 1985/8754- no significa que deba tener rango de ley orgánica. Parece un contrasentido pero es factible que la LOPJ sea actualizada por una ley ordinaria. Según se deduce de la doctrina establecida en la STCo 224/93  -EDJ 1993/6525-, las leyes ordinarias pueden concretar el contenido de la LOPJ siempre que esa determinación no suponga una excepción al régimen establecido con carácter general en la LOPJ. En la cuestión que debatimos, y a diferencia de lo que ocurrió con el art.737 LEC  -EDL 2000/77463-, la LOPJ tenía un criterio que no ha sido modificado, consistente en que la apelación de las infracciones leves (antiguas faltas) sea resuelta por un solo magistrado, por lo que cuando el Legislador dispone que esta norma siga vigente para el enjuiciamiento de la categoría de infracciones que sustituyen a las faltas no cambia el régimen vigente, sino que lo adapta a la nueva situación y no es preciso que esa adaptación se haga mediante ley orgánica. Por lo tanto y aún sin desconocer que la argumentación es cuestionable, es defendible afirmar que la disposición adicional controvertida no sea contraria al requisito de reserva de ley orgánica.

e) Por último, aun suponiendo que la técnica legislativa haya sido defectuosa y que la disposición adicional debiera haber sido aprobada con el carácter de ley orgánica, cosa que el Legislador pudo hacer para evitar los problemas interpretativos que ahora nos ocupan, el juez no puede dejar de aplicar dicha disposición porque se trata de una ley aprobada por el Parlamento, que tiene el mismo valor normativo que una ley orgánica, salvo que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad de conformidad con el art.163 CE  -EDL 1978/3879- y demás concordantes.

La disp.adic.2ª LO 1/2015, de 30-3, por la que se modifica el CP  -EDL 2015/32370-, establece de manera expresa que la instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves que se cometan tras la entrada en vigor de dicha ley se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la LECr  -EDL 1882/1- (procedimiento para el juicio de faltas), cuyos preceptos habrán de ser adaptados a la reforma del CP  -EDL 1995/16398- en todos aquello que sea necesario. Además, dicha disposición adicional prevé que «las menciones contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves». Esta norma de carácter adicional es consecuencia de la despenalización de las faltas, que venían tipificadas hasta ahora en el Libro III del CP (derogado de manera expresa por la disposición derogatoria única punto 1 de la LO 1/2015), y de la circunstancia de que algunas conductas sancionadas como faltas en el texto original del CP hayan sido tipificadas ahora como delitos leves, esto es, infracciones penales sancionadas con una pena leve, de acuerdo con la definición que ofrece el art.13.3 CP en su nueva redacción.

Aparte de otras cuestiones problemáticas derivadas del enjuiciamiento por el antiguo cauce del juicio de faltas -con las modificaciones puntuales introducidas por la disp.final 2ª, puntos 8 a 17 de la LO 1/2015, EDL 2015/32370- de unas infracciones que ahora han pasado a ser consideradas delito (con la evidente merma de las garantías procesales para el acusado, quien se verá privado, por ejemplo, de un escrito formal de acusación en el que se concrete la imputación de unos cargos específicos), lo cierto es que el legislador no ha determinado con la precisión que sería deseable la composición del órgano judicial llamado a conocer del recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juez de Instrucción (o el Juez de Violencia sobre la Mujer, en su caso), a quienes se atribuye competencia objetiva «para el conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves», en el art.14.1 LECrim  -EDL 1882/1- en su nueva redacción, conforme a la disp.final 2ª punto 1 de la LO 1/2015. A este respecto es de destacar que ninguna de las disposiciones adicionales o finales de este texto legal han abordado de una manera expresa el tema de la composición de la Audiencia Provincial al conocer del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en el enjuiciamiento de delitos leves, como tampoco lo ha hecho la más reciente LO 7/2015, de 21-7, por lo que se modifica la LOPJ  -EDL 2015/124945-, ya que el art.82.1.2º segunda frase de la LOPJ  -EDL 1985/8754- sigue estableciendo que «para el conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas la Audiencia [Provincial] se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto».

En mi opinión, el tenor literal y la «ratio» de la disp.adic. 2ª de la LO 1/2015  -EDL 2015/32370- llevan a la conclusión de que el conocimiento del recurso devolutivo de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces de Instrucción (o los Jueces de Violencia sobre la Mujer, en su caso) en los juicios por delitos leves ha de ser atribuido a la respectiva Audiencia Provincial en composición unipersonal, ya que así lo dispone el art.82.1.2º segunda frase de la LOPJ  -EDL 1985/8754-, con referencia a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción en juicios de faltas, y la frase final de aquella disposición adicional impone que las menciones a las faltas contenidas en las leyes procesales se entiendan referidas a los delitos leves. Creo, a este respecto, que las normas de la LOPJ en las que establecen la composición y competencias de los órganos jurisdiccionales del orden penal para la instrucción y enjuiciamiento de las diversas infracciones penales (incluyendo los correspondientes recursos devolutivos) han de ser reputadas normas procesales en el sentido de aquella disp.adic.2ª, lo que ha de determinar la aplicación de la regla especial de la LOPJ que establece la composición unipersonal de la Audiencia Provincial en la resolución del recurso de apelación contra la sentencia de instancia. En cualquier caso, me parece que las exigencias inherentes al derecho a un proceso con todas las garantías que se proclama en el art.24.2 CE  -EDL 1978/3879- en el ámbito del sistema penal deberían conducir al legislador a establecer un cauce procesal específico para el enjuiciamiento de los delitos leves que responda a los estándares mínimos de garantías aplicables a los demás procesos penales por delitos, incluyendo, entre otros aspectos, el derecho a ser informado adecuadamente y por escrito de la acusación formulada, así como la atribución a un tribunal de composición colegiada y no unipersonal de la competencia objetiva para conocer del recurso devolutivo de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.

La cuestión planteada, tiene gran trascendencia, y desgraciadamente está suscitando en la práctica decisiones contradictorias en las distintas Audiencias Provinciales, si bien hasta donde he podido investigar, prevalece la tesis de que deben seguir resolviéndose por un sólo Magistrado.

La Exposición de Motivos de la LO 1/2015  -EDL 2015/32370-, justifica la destipificación de las faltas, en la necesidad de aliviar la carga de trabajo que pesa sobre los Juzgados de Instrucción, y en la aplicación estricta del principio de intervención mínima, conforme al cual, nuestras Faltas, que conviven con nosotros desde el año 1848, no merecen una sanción penal, debiendo redirigirse al ámbito de la Ley de Ordenación de la Seguridad Privada  -EDL 1992/16252-, que no por casualidad se publica en el mismo Boletín Oficial del Estado, así como al orden Civil, si bien, todo ello es una verdad a medias, ya que la mayoría de las antiguas Faltas se reconvierten en lo que ahora se denominan delitos leves.

Como hemos advertido, la justificación que anuncia la ley es sólo aparente, ya que aparte de la existencia de Faltas en cuerpos legislativos especiales, como la Ley de la Navegación Aérea, y nada menos que en el Código de Justicia Militar, la mayoría de ellas pasan a ser delitos leves, lo que supone un plus de sanción penal y conllevan repercusiones de indudable consideración, argumento éste que es utilizado por quienes sostienen que debe ser resuelto por una Sala de tres Magistrados, como si de cualquier otra apelación por delito se tratara. En efecto, aunque no pueda configurar la agravación de la reincidencia del art.22.8 CP  -EDL 1995/16398-, está en el delito de hurto se prevé la posibilidad de considerar al autor, condenado por tres delitos leves del mismo título. Que no tenga incidencia a los efectos de conceder la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, conforme al art.80 CP, no implica que no tengan acceso al Registro de Penados y Rebeldes, con todas las consecuencias que en la vida práctica ello puede tener, y en segundo lugar, que sí puedan constituir base para la revocación de la suspensión del art.80 al que antes hemos hecho referencia.

Las Faltas Contra las Personas se convierten en la mayoría en delitos leves, salvo la imprudencia leve con resultado de muerte, que pasa a la Jurisdicción Civil.

Todas las Faltas Contra el Patrimonio, se convierten igualmente en delitos leves, con la frontera ya clásica de los 400 €.

Y donde la destipificación sí que es cierta, es en todas las conductas atinentes al Orden Público, que como hemos dicho se remiten a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Por eso en materia procesal, es donde se produce la mayor trascendencia, ya que el Código remite al Juicio de Faltas para el enjuiciamiento de delitos leves, y entre otras cosas en materia de medidas cautelares, ahora no cabe duda de que por delito leve, se puede producir la detención.

Así las cosas, los argumentos para sostener que mientras que no se reforme el art.2.2 LOPJ  -EDL 1985/8754-, el Juez natural no puede ser unipersonal, serían los siguientes:

En primer lugar, los delitos leves, son eso, delitos, no faltas. Las faltas han desaparecido como categoría jurídica, y la remisión al trámite de Juicio de Faltas, no pasa de eso, pero los delitos leves, insisto, en que son delitos.

En segundo lugar, las normas que determinan la composición de un órgano judicial no son meras normas procesales, son normas Orgánicas y de contenido Constitucional, y por ello la referencia del inciso final de la disp.adic.2ª LO 1/2015  -EDL 2015/32370- a las «menciones contenidas en las leyes procesales», no es suficiente para englobar a la LOPJ  -EDL 1985/8754- en esta simple sustitución.

Debemos distinguir que una cosa es la competencia, que siempre ha sido de la Audiencia Provincial, y otra la composición, que únicamente afecta a la determinación de la constitución del Tribunal, y que en el caso del Juicio de Faltas es excepcional.

La razón de ser de la apelación, radica en la persecución de una mayor garantía de acierto basada en la probabilidad de un órgano colegiado, y como tal, ante la duda, debe prevalecer el criterio de la composición triple, lo que además se está utilizando como medio de blindaje, ante hipotéticos Recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional, que seguramente se producirán.

La tesis contraria, es decir, la de quienes sostienen, que se debe seguir resolviendo por un sólo Magistrado, se basa en que la remisión de la disp.adic.2ª  -EDL 2015/32370- es suficiente, y que no nos encontramos ante Normas Orgánicas. En definitiva, el art.82.2 LOPJ  -EDL 1985/8754-, no se ha modificado, y no por error u omisión, sino porque no se ha querido modificar, lo que se traduce en su aplicación imperativa, en opinión de quienes parten de esta premisa.

Esta es la situación en que nos encontramos, y para bien o para mal, el tiempo lo dirá, la mayoría de las Audiencias Provinciales, se han decantado por el criterio de la composición unipersonal de la Sala a efectos de resolver la apelación de delitos leves tramitados por el cauce del Juicio de Faltas.

No es casual que todos sus componentes sean en esta ocasión, titulares de plazas en diferentes Audiencias de nuestro país y junto a ellos, una ilustre representante del Mº Fiscal, que comienza su exposición apuntando que «la cuestión que se plantea no ha sido prevista por el legislador, ni tampoco abordada por la Fiscalía General del Estado en la reciente Circular 1/2015 «sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015 EDL 2015/32370».

Todas las respuestas ponen de manifiesto, que la razón del debate estriba en que «ninguna de las disposiciones adicionales o finales de este texto legal han abordado de una manera expresa el tema de la composición de la Audiencia Provincial (...) como tampoco lo ha hecho la más reciente LO 7/2015, de 21-7, por la que se modifica la LOPJ -EDL 2015/124945-, ya que el art.82.1.2º segunda frase de la LOPJ -EDL 1985/8754- sigue estableciendo que "para el conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas la Audiencia [Provincial] se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto».

«La cuestión planteada, tiene gran trascendencia, y desgraciadamente está suscitando en la práctica decisiones contradictorias en las distintas Audiencias Provinciales», de tal modo que a partir de esta realidad, se dibujan ambas posturas que «tienen sólidos fundamentos (...) "resultando" muy difícil ofrecer argumentos incontestables».

Polémica que no debería haberse producido nunca, ya que para evitarla hubiera bastado con modificar los preceptos correspondientes de la LOPJ, mediante ley orgánica (...) Al no haberse modificado la LOPJ -EDL 1985/8754- de forma directa, unos entienden que debe aplicarse la regla general de resolución de la apelación por tres magistrados (...) y otros consideran que debe intervenir un solo magistrado (...) pues «(...) las reglas sobre competencia son normas procesales y que por tal motivo la disposición adicional segunda citada -EDL 2015/32370- modifica el artículo 81.1.2º, párrafo 2º».

De la misma forma que «la mayoría de las Audiencias Provinciales, se han decantado por el criterio de la composición unipersonal de la Sala», la opinión mayoritaria de las respuestas coincide en interpretar el tenor literal y la «ratio» de las disposiciones aplicables, con la conclusión de que «no parece plausible la necesidad de conformar un Tribunal colegiado para resolver los eventuales recursos de apelación».

Pero también, debe destacarse cómo en la práctica totalidad de las respuestas, se alerta de que «las exigencias inherentes al derecho a un proceso con todas las garantías que se proclama en el art. 24.2 CE -EDL 1978/3879- en el ámbito del sistema penal deberían conducir al legislador a establecer un cauce procesal específico para el enjuiciamiento de los delitos leves que responda a los estándares mínimos de garantías aplicables a los demás procesos penales por delitos, incluyendo, entre otros aspectos (...) la atribución a un tribunal de composición colegiada y no unipersonal».

Y ello, porque «en primer lugar, los delitos leves, son eso, delitos (...). En segundo lugar, las normas que determinan la composición de un órgano judicial no son meras normas procesales, son normas Orgánicas y de contenido Constitucional (...) y la determinación de la constitución del Tribunal, en el caso del Juicio de Faltas "es excepcional"».

Si «la razón de ser de la apelación, radica en la persecución de una mayor garantía de acierto basada en la probabilidad de un órgano colegiado, y como tal, ante la duda, debe prevalecer el criterio de la composición triple (...). Lo que además se está utilizando como medio de blindaje, ante hipotéticos Recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional, que seguramente se producirán» .

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