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¿Qué órgano judicial debe resolver las incidencias de la situación de prisión provisional del condenado por un Juzgado de lo Penal, que interpone el recurso de casación contra la sentencia de apelación dictada por la Audiencia Provincial?

Coordinadora: Gemma Gallego

Magistrada.

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¿Qué órgano judicial debe resolver las incidencias de la situación de prisión provisional del condenado por un Juzgado de lo Penal, que interpone el recurso de casación contra la sentencia de apelación dictada por la Audiencia Provincial?

La reciente reforma del art.847 b) de la LECr -EDL 1882/1-, acometida por la L 41/2015 de 5 de octubre -EDL 2015/169139-, ha posibilitado el acceso al recurso de casación por infracción de ley -del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849- «contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.»

Concretando, y a los efectos interesantes al presente debate, lo expuesto determina que puedan ser susceptibles de casación las sentencias de las Audiencias, una vez resuelto el de apelación contra las dictadas por el Juzgado de lo penal (...) lo que ha suscitado cierta inseguridad en una cuestión tan delicada como es la vigilancia de los plazos de duración de la prisión provisional en que puede encontrarse el ya condenado; cuestión que, al no haber sido resuelta legalmente, está provocando diferentes respuestas judiciales. Si bien la situación no es nueva y hasta ahora venía solventándose con que en la mayoría de los Tribunales de apelación, se requería del órgano sentenciador no solo la remisión de la causa principal para resolver la impugnación planteada, sino la de la pieza de situación personal del condenado que se hallaba en prisión provisional (...) el hecho de que, la menor penalidad señalada para determinados delitos, cuya condena es ahora revisable por el Tribunal Supremo, pueda favorecer el agotamiento de los plazos a que se refiere el art.504 LECr -EDL 1882/1- mientras se resuelven las impugnaciones pendientes, sin duda complica una responsabilidad de la que no queda claro cuál sea el órgano competente para asumirla, es decir, para solventar y resolver cuantas incidencias que puedan acaecer sobre la pieza de situación personal del condenado en prisión provisional.

La cuestión a responder es si ¿debe ser asumida por la Audiencia? ¿o debe devolverse la pieza de situación al órgano sentenciador de primera instancia?


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de noviembre de 2016.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

El 26 de octubre de 2.001 uno de los Acuerdos de unificación de criterios del orden penal de la Audiencia Provincial de Madrid fue:

Tramitación. Resolución incidencias sobre situación presos, sentencia fase apelación. (1) «Habida cuenta de las lagunas legales y de las dificultades prácticas que se plantean en relación con la situación de los presos incursos en causas cuya sentencia se halle en fase de apelación ante la Audiencia, se acuerda que se indique a los Juzgados de lo Penal que envíen las piezas de situación personal junto con la causa principal, para que sea la respectiva Sección la que resuelva las incidencias que puedan surgir mientras la causa se halle en la Audiencia, pendiente de resolución.»

La reciente reforma del recurso de casación operada por L 41/2015 de 5 octubre -EDL 2015/169139- supone la inclusión en el objeto de recurso de casación de la impugnación de aquellas sentencias que hayan sido dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Penal y sean susceptibles de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por la vía de la infracción de ley del art.849.1 LECr -EDL 1882/1-.

La cuestión que se plantea en cuanto al órgano que debe resolver las incidencias relativas a la situación de prisión provisional de un condenado una vez se haya dictado sentencia, cuando ésta sea susceptible de recurso, exige que nos planteemos dos cuestiones previas en la motivación (y por ende, en la competencia) de la medida cautelar: la primera exige tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Y el segundo: que es necesario valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, de modo que si bien es cierto que, en un primer momento, la necesidad de preservar los fines legítimos de la prisión provisional así como los datos de que en ese instante disponga el instructor pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, también es verdad que el paso del tiempo modifica estas circunstancias y obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto conocidos en momentos posteriores. En definitiva, la medida de prisión provisional, debe responder en todo momento a los fines constitucionalmente legítimos de la misma, y así debe poder deducirse de la motivación de la resolución que la acuerda, aunque en un primer momento estos fines pueden justificarse atendiendo a criterios objetivos como la gravedad de la pena o el tipo de delito.

Por su parte, el art.861.bis.a) LECr -EDL 1882/1- establece: «Las sentencias contra las cuales pueda interponerse recurso de casación no se ejecutarán hasta que transcurra el término señalado para prepararlo. Si en dicho término se preparare el recurso, el Tribunal dispondrá, al remitir la causa o ramo, que se contraiga testimonio de resguardo de la resolución recurrida, que conservará con las piezas separadas de la causa para ejecución de aquélla en su caso (...)», obligando por ello al tribunal de instancia a conservar las piezas separadas.

Estas dos consideraciones y la aplicación analógica del art.861.bis.a) -EDL 1882/1- antes citado, podrían servir de argumentación para colegir que en el caso concreto que nos encontramos, si se ha resuelto la apelación en la segunda instancia y se interpone un recurso de casación, debería devolverse la pieza de situación personal a quién ponderó y resolvió en primera instancia, es decir, al juzgado de lo penal.

¿Qué órgano judicial debe resolver las incidencias que puedan surgir en relación a la situación personal de prisión provisional de los condenados, una vez se haya dictado sentencia, cuando ésta susceptible de recurso?

La jurisprudencia constitucional ha elevado el derecho a los recursos a rango de derecho constitucional. Se trata de un derecho de configuración legal, que no exige establecer impugnación en todos los casos, sino que impone el acceso a los recursos solamente cuando el Legislador lo hubiera previsto para un proceso en concreto.

En la jurisdicción penal este derecho tiene una significación especial. En efecto, el art.14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de Diciembre de 1966 -EDL 1977/998- dispone que «toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito en la Ley». Además, el art.2.1 del Protocolo Adicional número 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1984 -EDL 1984/11163-, ratificado por España, dispone que «toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tiene derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sean examinadas por un tribunal superior».

Por lo tanto, aunque la Constitución no reconoce un derecho fundamental al recurso, dejando libertad al Legislador para la configuración de éste, el derecho al recurso debe entenderse como fundamental en el ámbito penal conforme al art.10 Const -EDL 1978/3879- pero sólo respecto de las sentencias condenatorias. Ese derecho, por tanto, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y existe un auténtico deber constitucional para el Legislador de prever un recurso (TCo 116/1988 -EDJ 1988/432- y 24/1982 -EDJ 1982/24-, 42/1982 -EDJ 1982/42-, 76/1982 -EDJ 1982/76- y 230/1993 -EDJ 1993/6976-).

El sistema español no reconocía el recurso de apelación para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y esta carencia fue impugnada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con la consecuencia de la condena de España en el Dictamen de 20 de julio de 2000 (CCPR/C/69/D/701/1996-Caso Cesáreo Gómez Vázquez). El citado Comité dijo que el sistema de recursos del ordenamiento español no era respetuoso con el convenio porque el recurso de casación era limitado y no permitía la revisión de la prueba que sirviera de fundamento a la condena en primera instancia.

Con esos pronunciamientos era cuestión de tiempo que se generalizara el recurso de apelación. Distintas leyes a lo largo de los últimos años han ido instaurando este recurso (L 8 abril 1967 -EDL 1967/1931-, LO 10/1980 -EDL 1980/4404-, LO 5/1995 -EDL 1995/14191-) para el juicio por delitos leves (antiguas faltas) procedimiento abreviado antes los Juzgados de lo Penal y procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Recientemente se ha completado el proceso.

Para generalizar la doble instancia era necesario establecer el recurso de apelación también para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y el Legislador lo ha ido haciendo de forma un tanto procelosa. La LO 19/2003, de reforma de la LOPJ -EDL 2003/156995-, atribuyó la competencia de estos recursos a los Tribunales Superiores de Justicia o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero no ha sido hasta la reciente L 41/2015, de 5 octubre -EDL 2015/169139-, cuando se ha instaurado el recurso. En su art.846 ter -EDL 1882/1- se dispone que serán apelables «los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» y que los recursos de apelación «se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley», constituyéndose los tribunales o secciones que los resuelvan por tres magistrados.

La implantación del recurso de apelación para las sentencias de las Audiencia Provinciales ha dado origen a la discusión de si durante su sustanciación las incidencias que afecten a la situación personal del condenado en prisión provisional deben ser resueltas por el órgano de instancia o por el órgano de apelación, y ello porque se pretende para estos recursos la aplicación analógica de lo establecido en la casación.

El art.861.bis.a) LECr -EDL 1882/1- en relación con la preparación del recurso de casación, dispone que la Audiencia Provincial «acordará en la misma resolución que continúe o se modifique la situación del reo o reos y lo pertinente en cuanto a responsabilidades pecuniarias, así como adoptará en las mismas piezas los acuerdos procedentes durante la tramitación del recurso para asegurar en todo caso la ejecución de la sentencia que recayere», es decir, en la casación el tribunal de primera instancia es el competente para resolver sobre la situación personal del condenado en situación de prisión provisional.

Entiendo que esta última norma es excepcional y no puede ser objeto de una interpretación extensiva, es decir, no puede aplicarse a supuestos distintos de los contemplados en ella (CC art.4.2 -EDL 1889/1-). En efecto, de conformidad con el art.9 LECr -EDL 1882/1-] el órgano competente para conocer de un determinado asunto lo es también para conocer de todas sus incidencias, entre las que se encuentran las medidas cautelares.

En el recurso de apelación que comentamos la competencia para su conocimiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia o a la Sala de apelación de la Audiencia Nacional, a tenor de las previsiones de los art.73.3.c LOPJ -EDL 1985/8754- y 846.bis.a LECr -EDL 1882/1-, por lo que desde la remisión de las actuaciones al tribunal superior para la resolución del recurso se produce la pérdida de competencia del órgano de primera instancia.

Esta solución es, además, la mejor desde un punto de vista práctico. La situación de prisión provisional está vinculada, entre otras circunstancias, a la solidez de los indicios de criminalidad y también a la duración del proceso, por lo que admitido el recurso y remitidas las actuaciones, el órgano de apelación está en mejores condiciones que el órgano de primera instancia para valorar estas circunstancias.

En el recurso de casación la excepcionalidad de la norma se explica porque es un recurso de carácter extraordinario, con limitados medios de impugnación y en que es muy excepcional la revisión del juicio fáctico. En cambio, la apelación, dejando al margen la polémica de si es un medio de impugnación o de gravamen, es un recurso en el que se permite, aun cuando sea con ciertos límites, la revisión de todos los aspectos, fácticos y jurídicos, de la sentencia de instancia, por lo que lo más razonable es que sea el órgano de apelación el que durante la sustanciación del recurso controle el proceso en su integridad.

Por estos motivos la que la Audiencia Provincial de Madrid, en su reciente Junta de Unificación de Criterios de 26 de septiembre de 2016, ha establecido la siguiente pauta interpretativa: «El órgano competente para la resolución de la segunda instancia conocerá de la pieza separada de situación personal. Si resuelta la apelación se interpusiera recurso de casación, se devolverá la pieza de situación personal al órgano judicial que resolvió la primera instancia, junto con testimonio del auto por el que se tenga por preparado el recurso de casación».

Hemos de tomar aquí en consideración varios preceptos legales.

El art.504.2 LECr establece en su párrafo segundo -EDL 1882/1- que «si fuere condenado el investigado o encausado la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida».

Este artículo permite distinguir dos momentos.

Uno primero que coincide con la preparación/interposición del recurso contra la sentencia y hasta tanto se eleva la causa al órgano de apelación. En este momento el anterior artículo habilita, en mi opinión, al órgano de enjuiciamiento para resolver sobre la prórroga de la prisión provisional hasta en todo caso el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia.

El segundo momento sería aquel en el que la causa se eleva al órgano de apelación para resolver el recurso de apelación. La causa entonces deja de estar sujeta al control del órgano de enjuiciamiento. Corresponde ahora al órgano de apelación competente para resolver el recurso. Y es este órgano el que debe decidir sobre las incidencias de la situación personal de prisión provisional.

Cierto es que el art.861.bis.a LECr -EDL 1882/1-, en el ámbito del recurso de casación, dice que «Las sentencias contra las cuales pueda interponerse recurso de casación no se ejecutarán hasta que transcurra el término señalado para prepararlo.

Si en dicho término se preparare el recurso, el Tribunal dispondrá, al remitir la causa o ramo, que se contraiga testimonio de resguardo de la resolución recurrida, que conservará con las piezas separadas de la causa para ejecución de aquélla en su caso.

También acordará en la misma resolución que continúe o se modifique la situación del reo o reos y lo pertinente en cuanto a responsabilidades pecuniarias, así como adoptará en las mismas piezas los acuerdos procedentes durante la tramitación del recurso para asegurar en todo caso la ejecución de la sentencia que recayere.

Si la sentencia recurrida fuere absolutoria y el reo estuviere preso, será puesto en libertad.»

Aunque a tenor de este artículo el órgano sentenciador resuelve sobre la situación personal mientras se prepara el recurso, esta previsión responde a lo establecido en el art.504.2 segundo párrafo LECr -EDL 1882/1- antes referido y habilita al órgano de enjuiciamiento mientras se prepara el recurso y se eleva.

Pero en todo caso, elevada la causa al órgano que va a resolver el recurso este órgano debe resolver sobre la situación personal. Y ello en último extremo vendría avalado por los propios fines de la prisión provisional que se recogen en el art.503 LECr -EDL 1882/1-. Este órgano está en condiciones óptimas para valorar la concurrencia de esos fines en ese momento a la luz de lo que ha de resolver en el propio recurso.

El órgano de enjuiciamiento que ha emitido su pronunciamiento condenatorio en la sentencia que se somete a recurso ha emitido su juicio sobre la situación personal en el marco de la actuación que le compete valorando el riesgo de fuga y la proximidad del juicio oral, la evitación de destrucción de pruebas, la evitación de la comisión de otros delitos. Debe ser el órgano que resuelva el recurso frente a la sentencia el que valore los fines de la prisión preventiva y las circunstancias de lo que le corresponde resolver. Es una valoración en un momento distinto.

La reciente reforma del art.847 b) de la LECr -EDL 1882/1-, acometida por la L 41/2015 de 5 octubre -EDL 2015/169139-, ha posibilitado el acceso al recurso de casación por infracción de ley -del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849, EDL 1882/1 «contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.»

Concretando, y a los efectos interesantes al presente debate, lo expuesto determina que puedan ser susceptibles de casación las sentencias de las Audiencias, una vez resuelto el de apelación contra las dictadas por el Juzgado de lo penal (...) lo que ha suscitado cierta inseguridad en una cuestión tan delicada como es la vigilancia de los plazos de duración de la prisión provisional en que puede encontrarse el ya condenado; cuestión que, al no haber sido resuelta legalmente, está provocando diferentes respuestas judiciales. Si bien la situación no es nueva y hasta ahora venía solventándose con que en la mayoría de los Tribunales de apelación, se requería del órgano sentenciador no solo la remisión de la causa principal para resolver la impugnación planteada, sino la de la pieza de situación personal del condenado que se hallaba en prisión provisional (...) el hecho de que, la menor penalidad señalada para determinados delitos, cuya condena es ahora revisable por el Tribunal Supremo, pueda favorecer el agotamiento de los plazos a que se refiere el art.504 LECr -EDL 1882/1- mientras se resuelven las impugnaciones pendientes, sin duda complica una responsabilidad de la que no queda claro cuál sea el órgano competente para asumirla, es decir, para solventar y resolver cuantas incidencias que puedan acaecer sobre la pieza de situación personal del condenado en prisión provisional.

La cuestión a responder es si debe ser asumida por la Audiencia? ¿o debe devolverse la pieza de situación al órgano sentenciador de primera instancia?


Las respuestas a la cuestión planteada comienzan ofreciendo una detallada descripción del panorama legislativo español y de cuál ha sido la evolución del sistema de acceso a los recursos, toda vez que el derecho a impugnar las resoluciones de los Juzgados y Tribunales, se trata de un derecho de configuración legal. Y considerando que (...) «era cuestión de tiempo que se generalizara el proceso de impugnación (...) para generalizar la doble instancia» (...) se invocan las diferentes leyes, determinantes a tales efectos y demostrativas de una tarea que el legislador «ha ido haciendo, de forma un tanto procelosa».

Se contrasta igualmente en las respuestas cómo durante esa evolución, no quedó resuelta por las normas procesales la atribución de la competencia para resolver sobre la situación personal del, ya condenado, que seguía en prisión provisional (...) y si aquélla residía, en el órgano de la instancia o el de apelación, trayendo a colación las soluciones de distintos órganos judiciales, en orden a unificar los diferentes criterios de los Tribunales.

Sobre tales antecedentes, la cuestión que hoy se retoma en este Foro aparece «actualizada» (...) -como se dijo al plantear la cuestión- a raíz de la reciente reforma por L 41/2015, de 5 octubre -EDL 2015/169139-, y se analiza - por parte de la ilustre representante del Mº Fiscal- desde el planteamiento de «dos cuestiones previas (...) en la motivación (y por ende, en la competencia) de la medida cautelar que exige tomar en consideración, además de las características y gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Y el segundo: que es necesario valorar la incidencia que el transcurso del tiempo ha de tener en la toma de la decisión de mantenimiento de la prisión, (...) lo que obliga a ponderar los datos personales y los del caso concreto, conocidos en momentos posteriores».

Y ello, en orden a valorar si concurren los fines de la prisión provisional que se recogen en el art.503 LECr -EDL 1882/1- y se cumplen los plazos que dispone el art.504 de la Ley procesal (...) apuntando a este respecto la Juez de lo Penal que conforma nuestro Foro, la trascendencia de «dos momentos distintos» para concluir que «el órgano de enjuiciamiento que ha emitido su pronunciamiento condenatorio en la sentencia que se somete a recurso, ha emitido su juicio sobre la situación personal en el marco de la actuación que le compete valorando el riesgo de fuga y la proximidad del juicio oral, la evitación de destrucción de pruebas, la evitación de la comisión de otros delitos. Debe ser el órgano que resuelva el recurso frente a la sentencia, el que valore los fines de la prisión preventiva y las circunstancias de lo que le corresponde resolver. Es una valoración en un momento distinto».

Por su parte, las respuestas de los Magistrados de Audiencia, coinciden en señalar la diferente naturaleza del recurso de casación; y se aporta, en concreto, un criterio interpretativo adoptado recientemente por la Audiencia de Madrid -26.10.16- de indudable ayuda práctica, a saber, que «el órgano competente para la resolución de la segunda instancia conocerá de la pieza separada de situación personal. Si resuelta la apelación se interpusiera recurso de casación, se devolverá la pieza de situación personal al órgano judicial que resolvió la primera instancia, junto con testimonio del auto por el que se tenga por preparado el recurso de casación».

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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