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«Citaciones telefónicas» para juicio

Coordinador: Gemma Gallego

Magistrada.

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A raíz de la reforma acometida en el Código Penal por LO 1/2015 -EDL 2015/32370- que recogió ciertas disposiciones para evitar los problemas de transitoriedad derivados de la aplicación inmediata de los delitos leves, se llevó a cabo también la inclusión de ciertas normas de adaptación de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1-, relativas al enjuiciamiento y fallo de los juicios por tales delitos de nuevo cuño, así como del procedimiento a seguir para la convocatoria y celebración del acto de juicio.

Así se introdujo, en el art.962 de la Ley procesal -EDL 1882/1-, un segundo párrafo que reza como sigue:

«En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen».

Pudiera parecer que de esta manera, el legislador vino a sancionar la validez de las citaciones telefónicas que desde siempre se ha venido practicando en juzgados y tribunales, para solventar las dificultades que conlleva la localización de quienes han de comparecer y evitar así la suspensión de los juicios ya señalados.

Sin embargo la práctica generalizada, a veces indiscriminada, de simples llamadas de teléfono que pretenden acogerse a tal modalidad de citación, viene planteando no pocas cuestiones derivadas de una inadecuada aplicación del precepto, que inciden directamente en la nulidad de lo actuado.

Por ello se aborda en esta ocasión, cuáles deben ser las exigencias formales y materiales que han de cumplir las citaciones telefónicas para su validez en el proceso.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de septiembre de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

La innovación de fondo de la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015 -EDL 2015/32370- radica precisamente en la inserción en este procedimiento para el juicio sobre delitos leves del principio procesal de oportunidad reglada con el propósito de evitar en la medida de lo posible el enjuiciamiento de hechos típicos materialmente intrascendentes. Se trata de una medida que trata de reducir el número de tipos penales de naturaleza leve efectuada en el CP -EDL 1995/16398- con el fin de aligerar la carga burocrática que hasta la fecha representaba la tramitación y enjuiciamiento de las faltas. En este objetivo de simplificar y agilizar, se alza la reforma efectuada en el art.962 de la Ley procesal -EDL 1882/1- que, en definitiva, sanciona la validez de las citaciones telefónicas para llevar a efecto comunicaciones y notificaciones que el juzgado deba realizar en la tramitación del procedimiento.

Sin embargo el inconveniente que presenta esta norma radica en los diferentes problemas técnicos jurídicos que puede plantear esa citación «telefónica», que no son otros que la falta de constancia de la comunicación y la posible lesión a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la defensa y que, en definitiva, puede abocar en una declaración de nulidad. ¿Cómo puede comprobarse, a través de este método, que el receptor de la llamada es el titular del teléfono (caso de que la titularidad ya esté acreditada)? Esta lesión que se plantea versa sobre un acto de comunicación judicial a una parte interesada del proceso y es un acto de carácter esencial porque está dirigido a garantizar la presencia del denunciado en el procedimiento contradictorio con el fin de que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. De esta forma, el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art.24.1 Const -EDL 1978/3879- abarca, no solo el derecho de acceso al juicio y a los recursos legales, sino que implica una serie de garantías, entre las que podemos observar la constanciade la comunicación efectiva de las partes procesales con el juzgado en cuestión para cualquier notificación o comunicación que fuere precisa.

Para la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que está prevista en el art.24.1 Const -EDL 1978/3879- se hace necesaria una escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal en cada una de las instancias del proceso, erigiéndose el régimen procesal de emplazamientos como un instrumento de capital importancia, ya que sólo mediante unas correctas citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos que tienen lugar en el seno del procedimiento judicial cabrá garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes en litigio.

Antes de que las Audiencias Provinciales se pronunciaran en este aspecto (AP Madrid (sec 23ª) de 15 mayo de 2014 -EDJ 2014/88888- que declara nula la citación efectuada por teléfono, al negar una de las partes que se produjo la misma y pese a que en el procedimiento de juicio de faltas se hizo constar por el Secretario Judicial que la llamada se había producido), el Tribunal Constitucional en sentencia 58/2010, de 4 de octubre -EDJ 2010/218145-, dejó sentado que el incumplimiento o deficiente realización de las prescripciones legales establecidas al respecto «comportará la ineficacia del acto de comunicación procesal en la medida en que se coloque al interesado en una situación de indefensión proscrita por el art. 24.1 Constitución Española -EDL 1978/3879-». Igualmente el TCo en sentencia 94/2005, de 18 abril -EDJ 2005/61638-, dijo que además de que la citación telefónica no esté prevista en la Ley de Enjuiciamiento criminal -EDL 1882/1- como medio de comunicación procesal en los preceptos que regulan ésta (art.175 en relación con el art.166 -EDL 1882/1-), respecto de tal forma de comunicar la doctrina de este Tribunal no se plantea su eventual imperfección, sino que afirma su inidoneidad en sí misma considerada para lograr el fin que se persigue con las comunicaciones procesales, a saber:

  • la constancia o acreditación de que el sujeto a quien se pretende comunicar la decisión judicial tenga conocimiento de lo que se ha procedido hasta ese momento,
  • y de lo que se va a proceder a continuación, en orden a que adopte las medidas que estime más convenientes para la defensa de sus intereses.

Y finalmente, la STCo 175/2009, de 16 julio -EDJ 2009/171591-, en un supuesto de citación por teléfono para un juicio de faltas de uno de los denunciados, reiteró que «la citación tiene que practicarse en forma legal mediante el cumplimiento de los requisitos procesales con el fin de que el acto o resolución llegue a conocimiento de la parte y de que el Juzgado tenga la seguridad o certeza del cumplimiento de los requisitos legales para asegurar la recepción de dicha comunicación por su destinatario. Así, se ha destacado que la notificación o citación telefónica no es un medio idóneo para emplazamientos y citaciones a un juicio oral, no sólo por no estar previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1- como medio de comunicación procesal, sino especialmente porque en sí mismo considerado no es apto para cumplir el fin perseguido de dejar constancia o acreditación de que el sujeto a quien se pretende comunicar la decisión judicial tenga conocimiento de ella». En conclusión: la citación por teléfono para un juicio por delito leve no es un medio idóneo para emplazamientos o comunicaciones procesales, y de ser negada la citación por cualquiera de las partes, puede abrir la vía de la nulidad de actuaciones.

La lentitud, ineficacia e ineficiencia de la justicia ha sido tradicionalmente atribuida entre otras razones, a que la revolución social que han implicado las nuevas tecnologías, siempre ha llegado tarde a la Administración de Justicia, y ello a pesar de las buenas intenciones de sus órganos de gobierno. En una época en la que los ciudadanos, y especialmente los más jóvenes están conectados diaria y continuamente mediante ordenadores y teléfonos móviles, desplazando con claridad al papel, no podemos hipervalorar sistemas de citación sujetos a formalidades decimonónicas. Por ello el art.230 LOPJ -EDL 1985/8754- ya admitió la posibilidad de introducir en el proceso cualesquiera medios técnicos de documentación y reproducción, lo que se plasmó con claridad en el art.162 LEC -EDL 2000/77463-, que no olvidemos es de aplicación al resto de las jurisdicciones, al afirmarse que cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante que permitan el envío y recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda, añadiendo que las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección, si bien es cierto que se exceptúan los supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante un periodo.

Sin embargo por la transcendencia que el acto tiene en sede penal, el art.166 LECr -EDL 1882/1- establece que: «las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del juzgado o tribunal se harán, respectivamente, por un agente judicial o por un oficial de Sala. Cuando el Juez o presidente del tribunal lo estime conveniente podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose el acuse de recibo».

La entrega de las notificaciones que se hagan por correo con acuse de recibo se rige por el art.271 del Reglamento de los Servicios de Correos, aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 mayo, cuyo apartado 2 -EDL 1964/92-, establece que la entrega de las notificaciones podrá hacerse, de no hallarse al destinatario en el lugar designado, a un familiar, dependiente, criado o vecino suyo, siempre que sean mayores de catorce años. Pero el mencionado art.271.2 añade que, de no hacerse la entrega al propio destinatario, se hará constar la condición del firmante en la libreta de entrega y, en su caso (si la notificación va acompañada de aviso de recibo), en el aviso de recibo.

La perfecta identificación de la persona que recibe la notificación, haciendo constar en el aviso de recibo, cuando no sea el destinatario el que se hace cargo de ella, la relación que dicha persona tenga con el destinatario, esto es, si es familiar, dependiente, criado o vecino, ha sido un requisito subjetivo exigido por la jurisprudencia con el mayor rigor, ya que es el medio de tener conocimiento del concepto en que se admite la notificación, lo que asegura su entrega al destinatario, En virtud de ello el Tribunal Supremo ha declarado que es defectuosa e inválida la notificación que se hace a persona distinta del destinatario no haciéndose constar en el aviso de recibo la relación que tiene quien se hace cargo de dicha notificación con el destinatario.

El Tribunal Constitucional ha subrayado en distintas resoluciones (Sentencias 22/1987 -EDJ 1987/22-, 41/1987 -EDJ 1987/41-, 141/1991 -EDJ 1991/6634-, 17/1992 -EDJ 1992/1216-) que la finalidad esencial de la citación para la celebración del juicio es la de garantizar el acceso al proceso y la efectividad del derecho de defensa, por lo que no puede reducirse a un mero requisito formal para la realización de los siguientes actos procesales sino que es necesario que la forma en que se realice la citación garantice en la mayor medida posible que aquélla ha llegado efectivamente a poder del destinatario, siendo esencial la recepción de la cédula por el destinatario y la constancia en las actuaciones. Pero esto no significa que la citación, en este caso, al juicio de faltas tenga necesariamente que efectuarse de forma personal. La notificación por correo certificado está, por tanto, expresamente autorizada por los art.166 LECr -EDL 1882/1- y 271 LOPJ -EDL 1985/8754-, cuya utilización in genere por el órgano judicial es irreprochable desde el punto de vista constitucional, siempre que se realice con las garantías suficientes para asegurar su efectividad (TCo 36/1987 -EDJ 1987/36-, 39/1987 -EDJ 1987/39-, 171/1987 -EDJ 1987/171- y 142/1989 -EDJ 1989/8086-, entre otras).

El presupuesto básico para que se pueda hablar de indefensión con relevancia anulatoria es que exista una infracción de las normas o garantías procesales y que haya generado causalmente una indefensión real, efectiva y seria no imputable a la parte.

En consecuencia, la norma establecida en el art.962 LECr -EDL 1882/1-, facilita las notificaciones en consonancia con las nuevas tecnologías, pero si no consta la efectiva recepción, la nulidad a mi entender es imperativa.

Es evidente que la cuestión va más allá de lo que este artículo contempla dado que el anterior se refiere al procedimiento para el juicio sobre delitos leves y, en particular, al momento en que la Policía procederá a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos. Si tenemos en cuenta que en el momento de la citación ante el Juzgado de Guardia se les solicitará una dirección de correo electrónico y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y las notificaciones, parece lógico pensar que la citación se está efectuando por la policía de modo personal a denunciante, denunciado, ofendidos y testigos en ese momento con las indicaciones y apercibimientos legales y en cada caso correspondientes que el propio artículo menciona. Ahora bien, el mismo artículo parece permitir que las comunicaciones y notificaciones posteriores se realicen por correo electrónico o telefónicamente porque para eso se solicita la designación de correo electrónico y número de teléfono. Y es más, parece deducirse del mencionado artículo que esos medios son «preferentes» toda vez que solamente si no los pueden facilitar o lo solicitan expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

Por tanto, en consecuencia, en el ámbito del juicio sobre delitos leves cabría la citación telefónica, si en el Juzgado de Guardia se suspende el acto para el que fueron citados denunciante, denunciado, ofendidos y testigos y se señala otro día porque a los anteriores ya se les solicitó número de teléfono para realizar comunicaciones y notificaciones. Y es aquí donde hemos de plantearnos cuáles son las exigencias formales y materiales de esa citación telefónica para su posterior validez en aquellos casos en que los citados no comparezcan y haya de anudarse a su incomparecencia las consecuencias legales correspondientes en función de quién sea el que no comparece.

Y a partir de aquí también hemos de preguntarnos si, como quiera que son posibles las citaciones telefónicas en el ámbito de este procedimiento, son asimismo posibles en los restantes procesos penales, refiriéndonos en particular a citaciones a juicio que son las que conllevan la nulidad, en su caso, si se trata del encausado y este no comparece a juicio habiendo sido citado telefónicamente de modo tal que se vea afectado su derecho de defensa.

En este sentido, y de manera general la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1- dispone lo siguiente:

Art.166 -EDL 1882/1-

Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del Juzgado o Tribunal se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el Secretario judicial lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose el acuse de recibo.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el capítulo V del título V del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo.

Los certificados enviados conforme a lo establecido en los párrafos precedentes gozarán de franquicia postal; su importe no se incluirá en la tasación de costas.

Los que tuvieren lugar en los estrados, se practicarán leyendo íntegramente la resolución a la persona a quien se notifiquen, dándole en el acto copia de ella, aunque no la pidiere, y haciendo mérito de uno y otro en la diligencia que se extienda, que suscribirá el Secretario judicial o el funcionario que la realice.

Art.175 -EDL 1882/1-

Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma establecida para las notificaciones, con las siguientes diferencias:

La cédula de citación contendrá:

1. Expresión del Juez, Tribunal o Secretario judicial que hubiere dictado la resolución, de la fecha de ésta y de la causa en que haya recaído.

2. Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar en que se hallaren.

3. El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado.

4. El lugar, día y hora en que haya de concurrir el citado.

5. La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el art.463.1 CP -EDL 1995/16398-.

En principio, las citaciones se practicarán bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia por el funcionario correspondiente con el contenido expresado por correo o correo certificado con acuse de recibo. En el caso del encausado habrá de hacerse personalmente en todo caso siempre que la pena que se solicite sea superior a dos años y, en caso de que se solicite pena inferior a dos años en los términos del art.775.1 de la LECr -EDL 1882/1-.

Pero, la LEC -EDL 2000/77463-, a la que se remite la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, como hemos visto dice en su art.152 -EDL 1882/1-:

3. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga esta Ley:

1.ª A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.

2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.

4.ª En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia, a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.

En el mismo sentido el art.271 LOPJ -EDL 1985/8754- dice:

Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del telégrafo o de cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales.

Con arreglo a estos artículos cabrían, y volvemos al inicio, y siempre en términos dialécticos, las citaciones telefónicas en otros procesos penales de testigos, peritos y encausados cuando la pena solicitada sea inferior a 2 años.

Pues bien, centrándonos en el juicio sobre delitos leves y en esta posibilidad a efectos dialécticos en otros procesos penales (procedimiento abreviado), estas citaciones telefónicas obviamente han de realizarse, como acabamos de ver en los términos de la LEC -EDL 2000/77463- y la LOPJ -EDL 1985/8754-, de modo que quede constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma, tales como el envío, la recepción, los datos de identidad del citado (fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número de DNI), fecha y hora en que se realiza la citación telefónica y contenido de la misma con todas las advertencias correspondientes y apercibimientos en función de quién sea la persona a la que se cite, esto es, denunciante, denunciado-encausado, ofendidos, testigos y, por supuesto, en el caso del denunciado con traslado de la denuncia y la posibilidad de asistir con Letrado y con los medios de prueba de que intenten valerse (para delitos leves).

Las citaciones telefónicas en esos términos practicadas, con ese contenido y forma, habrían de realizarse por un funcionario bajo la dirección y la fe del Letrado de la Administración de Justicia. Luego habrán de documentarse con todas estas circunstancias mediante Diligencia de Constancia.

De esta manera podrían obviarse las objeciones que la jurisprudencia realiza a estas citaciones telefónicas y que han determinado la declaración de nulidad del juicio oral. AP 27-3-17; AP Valladolid 12-5-17.

Se apunta en las respuestas ofrecidas cómo el reconocimiento legislativo de la modalidad de citación telefónica, responde al objetivo general de la última reforma del Código de «simplificar y agilizar» la tramitación de los procedimientos, cuyo «inconveniente» se halla «en los diferentes problemas técnicos jurídicos que puede plantear (...) que no son otros que la falta de constancia de la comunicación».

Se aplaude la sanción legal de tal modalidad de citación, que puede llegar a considerarse incluso de carácter «preferente» vista la redacción del mencionado artículo, «toda vez que, solamente si no pueden facilitar dirección de correo electrónico y un número de teléfono o lo solicitan expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen».

En el mismo sentido se afirma rotundamente que «no podemos hipervalorar sistemas de citación sujetos a formalidades decimonónicas» cuya superación ya se inició con el art.230 LOPJ -EDL 1985/8754-, al admitirse «la posibilidad de introducir en el proceso cualesquiera medios técnicos de documentación y reproducción, lo que se plasmó con claridad en el art.162 LEC -EDL 2000/77463-, de aplicación al resto de las jurisdicciones».

Pero lo cierto es que ninguna de las respuestas omite la invocación de la reiterada Jurisprudencia constitucional para recordar cómo el Tribunal ya declaró, en relación con la modalidad de citación por teléfono y de forma oral, no ser «medio idóneo para emplazamientos y citaciones a juicio» (STCo 176/1998 -EDJ 1998/29832-). Por lo que aun siendo la Jurisprudencia que se cita, anterior a la reforma penal, se parte de que «esta idea, es la que ha de guiar la interpretación de los artículos 962.1 in fine, 944.1 y 966 Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 1882/1- y de la citación de las partes a través del correo electrónico o del teléfono que en ellos regula»; y ello sin perder de vista «la transcendencia que el acto tiene en sede penal», pues «la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que está prevista en el artículo 24.1 C.E. -EDL 1978/3879- hace necesaria una escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal en cada una de las instancias del proceso, erigiéndose el régimen procesal de emplazamientos como un instrumento de capital importancia, ya que sólo mediante unas correctas citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos que tienen lugar en el seno del procedimiento judicial cabrá garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes en litigio».

Finalmente, y a la concreta pregunta planteada sobre cómo han de realizarse las notificaciones y citaciones por correo electrónico o por teléfono para que sean válidas, se ofrece una concreta y clara respuesta:

«Los nuevos artículos 962, 964 y 966 LECrim. -EDL 1882/1- emplean los términos 'remisión' y 'remitida', lo que ha de ponerse en relación con el art. 271 LOPJ -EDL 1985/8754- y los recursos del Punto Neutro Judicial, que permiten remitir al teléfono un SMS, del que queda la debida constancia. Lo que no ocurre con las comunicaciones orales por teléfono. Por ello se habla de remisión (del mensaje) y no de llamada (...) -citando- en este sentido, el artículo 41 de la Ley Artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -EDL 2015/166690-, que regula las condiciones generales para la práctica de las notificaciones».

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