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MERCANTIL

Liquidación societaria y tutela judicial efectiva

Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez

Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

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¿Es susceptible de ejecución forzosa un pronunciamiento judicial que declare la disolución de una sociedad mercantil?, ¿en su caso, cuál sería el cauce procesal para llevarla a cabo?

Suele afirmarse que la personalidad jurídica de las sociedades no es más que un expediente técnico para dotar de subjetividad jurídica a ciertos entes, fundamentalmente en la esfera patrimonial. La limitación de responsabilidad patrimonial de los socios al importe de su aportación es el otro expediente que, junto al reconocimiento de la subjetividad, ha contribuido al desarrollo de las sociedades de capitales.

Para obtener este beneficio, el nacimiento de las personas jurídicas está sujeto al cumplimiento de rigurosas exigencias formales. De la misma forma, su extinción viene ligada a la concurrencia de ciertas hipótesis normativas.

En pasadas ediciones de este Foro Mercantil nos hemos ocupado del problema planteado por la falta de coincidencia entre la extinción de las sociedades mercantiles y la cancelación y cierre de la hoja registral, en relación con el denominado "concurso-express". Nos ocupamos aquí de un problema diferente, el de la ejecutividad de las resoluciones judiciales que declaren la disolución de la sociedad.

La Ley de Sociedades de Capital no introdujo grandes novedades en relación al régimen tradicional de la disolución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles previsto en las antiguas leyes especiales, una vez superado el régimen dispositivo previsto originariamente en el ordenamiento, en línea con la impronta liberal que inspiró al código decimonónico. La pluralidad y relevancia de intereses en juego aconsejó, ya desde la ley de anónimas de 1951, el establecimiento de un régimen imperativo que hoy persiste, si bien con concesiones a otras finalidades no meramente solutorias, dirigidas a la conservación de la empresa. Esta dicotomía de realidades, sociedad y empresa, genera problemas de muy variada índole. Limitamos aquí el estudio al problema que se genera a consecuencia de la relación entre la disolución y liquidación societarias, con olvido por el momento de las especialidades que determina la legislación concursal.

La disolución de la sociedad marca el momento inicial del proceso extintivo de la personalidad jurídica, y supone el tránsito a la fase de liquidación. Durante la liquidación, la personalidad jurídica de la sociedad subsiste, conservando ésta sus atributos (domicilio, denominación, patrimonio), pero cambiando su órgano de administración, que queda reemplazado por el nombramiento de uno o varios liquidadores. Se opera así un cambio en el fin social (o de la forma de explotar su objeto), pues la actividad social ya no se encamina a la explotación del objeto social, si no a la ejecución de las operaciones de liquidación, lo que determina a su vez importantes cambios de régimen jurídico en relación con la esfera interna. Por su parte, la liquidación de la sociedad es un proceso que se prolonga en el tiempo, dirigido a desvincular el patrimonio de la sociedad para repartirlo entre los socios.

La disolución, en principio, es una facultad de los socios, que pueden adoptarla en cualquier momento en junta, mediante acuerdo adoptado con los requisitos establecidos para la modificación de estatutos. Tal es la facultad lógica del órgano soberano que expresa la voluntad social. Pero al margen de este supuesto, contemplado en el art. 368 de la Ley de Sociedades de Capital, la disolución se presenta como una rigurosa obligación, sujeta a la concurrencia de estrictos supuestos normativos, reforzada con una norma de responsabilidad, pues si concurriendo causa legal de disolución, los administradores no convocan en dos meses junta para adoptar, en su caso, el pertinente acuerdo, o si no solicitan la disolución judicial o el concurso en dos meses desde la fecha prevista para la celebración de la junta si ésta no se hubiere celebrado, o desde su celebración, si el acuerdo no se hubiere adoptado, incurrirán en la responsabilidad solidaria por las deudas sociales contraídas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución (art. 367 LSC).

La concurrencia de la causa de disolución, por tanto, debe ser apreciada por la junta general o, en su defecto, por el juez. Declarada en tal caso en sentencia firme la existencia de causa de disolución, tal como establece el art. 371.1 de la ley -EDL 2010/112805-, la sociedad entra en período de liquidación de manera necesaria. La sociedad disuelta continúa con su personalidad jurídica de manera instrumental para proceder a la realización de las operaciones de liquidación.

El problema está en el enforcement de la sentencia de disolución, cuando la sociedad (sus administradores, los liquidadores, o los socios mayoritarios) incumplen su contenido y no acometen la ejecución del procedimiento liquidatorio. Puede argumentarse que la sentencia que declare la disolución y consiguiente apertura de la liquidación no es una sentencia de condena y como tal, en puridad procesal, no es susceptible de ejecución forzosa. Se defenderá entonces que el enforcement es indirecto, a través por ejemplo del ejercicio de acciones de responsabilidad.

Pero nos parece que tal solución no resuelve el problema, en particular desde la perspectiva de quien ha visto reconocida su pretensión de disolución y ha obtenido el correspondiente pronunciamiento judicial, que no cuenta con perspectiva alguna de ejecutarse ante la resistencia de quienes debieran hacerlo. La sentencia firme se convierte así en un pronunciamiento hueco, sin eficacia para modificar ninguna realidad.

La cuestión ha llegado con alguna frecuencia a los tribunales, que han ofrecido soluciones diversas, como en sus comentarios nuestros expertos tendrán ocasión de recordar. La reciente promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ofrece una nueva perspectiva y clarifica algunas cuestiones, desde el momento en que se introduce un nuevo procedimiento (arts. 125-128 -EDL 2010/112805-) para obtener la disolución judicial de sociedades. El ámbito objetivo de este procedimiento también resulta discutible, pero aceptado que proceda también cuando lo que se discute es la concurrencia de causa legal de disolución, el problema de la ejecutabilidad del auto que le pone fin plantea similares interrogantes: ¿cómo ejecutar este pronunciamiento cuando la sociedad no da los pasos necesarios?, ¿quién nombra al liquidador?, ¿cómo verificar el cumplimiento de las obligaciones legales?, ¿por qué cauce procesal?.

En los comentarios que siguen el lector encontrará opiniones fundadas que analizan los diferentes aspectos de la cuestión al amparo de las incesantes modificaciones legales, que, -permítasenos la digresión-, dificultan sobremanera cualquier estudio detenido de los problemas que genera el tráfico mercantil.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Mercantil", el 1 de septiembre de 2015.

La pretensión de disolución societaria, bien se haya instado en vía contenciosa bien a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria (art 125 y ss Ley 15/2015, tiene naturaleza constitutiva o, cuando menos, mero-declarativa, siendo en todo caso sustitutiva de la voluntad de los socios fijada en la correspondiente junta de socios que constituye el cauce natural de declaración de la disolución y posterior liquidación societaria.

Conviene indicar que hemos iniciado nuestra exposición refiriendo la naturaleza de la pretensión que deriva en la resolución judicial que podría servir de título de un proceso de ejecución porque a la hora de cuestionar sobre la posible ejecución forzosa de un pronunciamiento judicial, es preciso determinar su exacta naturaleza dado que la especie de las pretensiones determinante del pronunciamiento judicial condiciona la naturaleza misma de la resolución judicial que la estime. Y no cabe olvidar que al igual que las declarativas, las resoluciones judiciales con pronunciamientos constitutivos no son ejecutables en sí mismas.

Es cierto que hemos dejado abierta la puerta a la naturaleza de la pretensión de disolución societaria. Pero dicha apertura está limitada a una doble alternativa. O declarativa o constitutiva. En ningún caso, de condena.

Nosotros nos inclinamos por la naturaleza constitutiva de la pretensión de disolución societaria ya que dicha pretensión se articula para la obtención de una resolución de reconocimiento o aplicación de determinadas consecuencias jurídicas derivadas de hechos preexistentes. En el caso de la disolución societaria por vía judicial (art 365 LSC -EDL 2010/112805-), se quiere obtener un pronunciamiento de disolución (que debería haber hecho la correspondiente junta de socios) por resultar procedente al concurrir, bien una causa de las que determinan la disolución de pleno derecho (art 360 LSC), bien por haberse producido una causa legal o estatutariamente prevista (art 362 LSC) para dicha declaración.

Consecuentemente, la resolución judicial que declara procedente, por concurrir causa para ello, la disolución societaria, no hace otra cosa que reconocer el derecho subjetivo material de nueva configuración jurídica que, ante esas circunstancias, poseen los administradores, los socios o cualquier interesado, derecho de obtener un pronunciamiento de modificación jurídica de la situación sobre la que se opera y que se traduce en el caso de la pretensión disolutoria, no en la extinción inmediata de la sociedad sino en la apertura de un proceso de extinción que se inicia, propiamente, con el proceso de liquidación, coetáneo a la propia declaración disolutoria (art 371-1º LSC -EDL 2010/112805- durante el cual la sociedad “en liquidación” mantiene su personalidad -art

371-2º LSC-) al punto que incluso en determinadas condiciones –art 370 LSC- es susceptible de retorno o reactivación a la sociedad disuelta.

Es cierto que la mera declaración del estado de disolución de la sociedad puede resultar insuficiente para la definitiva extinción de la sociedad. Sin duda, el proceso liquidatorio que se apertura requiere de determinados actos, legalmente establecidos, que implican actividad. Y la primera es –con la excepción del ámbito concursal- la de designación de liquidadores, que como bien se conoce, sustituyen a los administradores (art 374 y 375 LSC -EDL 2010/112805-, haciendo la ley societaria recaer sobre ellos la activación y desenvolvimiento del proceso liquidario atribuyéndoles facultades conservatorias y de gestión social, de liquidación propiamente dicha, de reparto y adjudicación, de representación y, por supuesto, deberes.

Ello explica que en la regulación de la disolución judicial de sociedades regulada en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria -EDL 2015/109914- contemple entre los acuerdos a adoptar en la resolución judicial de conclusión del expediente, el de la designación de los liquidadores y la remisión del testimonio de la resolución al Registro Mercantil para su inscripción –art 128-2 LJV-, adelantando el cumplimiento de lo dispuesto en el art 369 LSC -EDL 2010/112805-.

Pues bien, entendemos que en el caso de una resolución judicial con un pronunciamiento sobre la disolución de una sociedad de capital, dada en un proceso contencioso, debería o sería dable al menos contener estos mismos pronunciamientos por razón de economía procesal, al menos cuando las circunstancias del caso pusieran de relieve el desacuerdo entre las partes. Un buen ejemplo lo son los casos de disolución societaria por paralización de los órganos sociales cuando la división del capital social es igualitaria entre dos partes o dos bloques antagónicos. En estos casos, de hacerse así, haría dable que el pronunciamiento de disolución en un proceso contencioso fuera autoejecutable.

Es cierto sin embargo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de abril de 2011, en interpretación de la derogada LSRL, ha mantenido un criterio distinto pues aunque acepta que los conflictos societarios protagonizados por dos socios con igual participación plantean "cierta singularidad respecto de otras causas de disolución", viene a concluir que ello no obstante no constituye no es "razón suficiente para objetar con carácter general la aplicación de la norma del art. 110.1 LSRL" sobre transformación del administrador en liquidador, admitiendo sin embargo que en presencia de "determinadas circunstancias objetivas (fraude; inidoneidad patente manifiesta complejidad; imbricación de otras sociedades; etc.)" pueda justificarse la designación judicial de un liquidador para la SL distinto de su administrador; especificando que dichas circunstancias no pueden sin más equipararse a meras "desconfianzas subjetivas, o preparación de la situación mediante el ejercicio de acciones de responsabilidad social o de naturaleza penal, de resultado desconocido o incierto". Concluye la Sentencia recordando en todo caso el régimen de la responsabilidad de los liquidadores, apuntando al mismo como solución última a los problemas que en este ámbito pudieran darse.

En suma, resulta complejo plantear una ejecución forzosa de una disolución societaria judicialmente declarada pues ésta es constitutiva de una nueva situación jurídica social que desemboca, de forma automática, en el proceso liquidatorio que se encuentra

expresamente previsto en la legislación especial en todos sus trámites en buena parte sustentados en los deberes impuestos a la figura del liquidador. Por tanto, si hubieran nombrados liquidadores, a estos corresponde cumplir con los deberes de su cargo y asumir las responsabilidades oportunas, sin que más allá del trámite social, quepa aplicar normas procesales para resoluciones judiciales de otra índole, como son las condenatorias, de imposible encaje en el proceso de que se trata.

Las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico parece que conducen a pensar, al menos inicialmente, que una Sentencia cuyo contenido sea, simplemente, la disolución de una sociedad, no goza de las cualidades que le permitan ser objeto de ejecución judicial.

La naturaleza de una tal Sentencia sería, según los casos, la de una Sentencia declarativa o constitutiva. Así lo recoge DE IZAGUIRRE; J.M. en “La disolución de la sociedad de responsabilidad limitada”; Civitas; Madrid (2000); págs. 88-91. Afirma tal autor que “la Sentencia judicial que estima la demanda de disolución posee una naturaleza constitutiva (Gestaltungsurteil), en cuanto que sobre la base de los correspondientes presupuestos (supra, 2) crea el estado de disolución. En ello se basa la diferencia, respecto de los supuestos excepcionales referidos (supra, 2 a), que dan lugar a Sentencia meramente declarativa (ex tunc) de la disolución, sobre la base de una causa de eficacia constitutiva, no tomada en consideración por la sociedad”.

Sea como fuere, de acuerdo con el artículo 521 LEC, una Sentencia con el contenido mencionado no podría ser objeto de ejecución. En dicho sentido, el artículo 521.1 LEC dispone que “no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas”.

Y el cumplimiento del único pronunciamiento de la Sentencia debería obtenerse por los cauces previstos en el artículo 521.2 LEC -EDL 2000/77463-, esto es, “mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno”, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 369 LSC -EDL 2010/112805- que dispone que “la disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil”.

Es cierto que la disolución de una sociedad de capital no es el punto final de la vida social y que, por tanto, no produce su extinción (ex artículo 395 LSC -EDL 2010/112805-). Como dice BELTRÁN, E. en Comentario de la Ley de Sociedades de Capital (T.II); Civitas; Madrid (2011); pág. 2593, “la disolución de la sociedad abre el periodo de liquidación, que corre desde la disolución hasta el momento en que la sociedad se extingue”.

En efecto, la declaración de disolución inicia el periodo de liquidación. Así lo indica el artículo 371.1 LSC -EDL 2010/112805-, según el cual “la disolución de la sociedad abre el período de liquidación”, por lo que es necesario llevar a cabo todas las operaciones denominadas legalmente “de liquidación”.

El proceso de liquidación tiene por objeto un conjunto de operaciones para realizar el activo y satisfacer el pasivo de la sociedad, cumpliendo, mientras tanto, con las obligaciones sociales y compromisos asumidos.

El que la Sentencia de disolución no pueda ser objeto de ejecución judicial no significa que la fase de liquidación pueda quedar bloqueada. Serán de aplicación las previsiones del confuso artículo 376 LEC -EDL 2000/77463-, según el cual “salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores”.

Por tanto, ex lege, salvo que los Estatutos establezcan otra cosa, o salvo que la Junta General haga la designación de los liquidadores, pasarán a serlo, de manera automática, quienes eran hasta ese momento los administradores sociales.

Serán dichos liquidadores quienes deberán realizar todas las operaciones de liquidación sometiéndose en su acción u omisión a la responsabilidad propia de los administradores sociales. Las tareas de liquidación serán a su cargo, y lo que no parece ni siquiera opinable es que deban ser los Tribunales de Justicia, vía ejecución de la Sentencia de disolución, quienes deban llevar a cabo tales operaciones.

Sin embargo, pueden darse casos en que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 376 LSC -EDL 2010/112805- conduzca a situaciones irresolubles, como cuando el bloqueo de los órganos sociales impida la designación de liquidadores según lo previsto en los Estatutos.

En ocasiones, estas circunstancias han dado lugar a que la parte interesada en la declaración de la disolución social haya solicitado del Tribunal, en la demanda de disolución, el nombramiento de liquidadores, y los Tribunales hayan accedido a ella.

Que esto es posible lo ha considerado la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 17 de abril de 2013 -EDJ 2013/79857- que contempla un supuesto como el que acabamos de mencionar, pronunciándose del siguiente modo: “citábamos precisamente en la fundamentación jurídica de nuestra sentencia de 26 de febrero de 2010 la dictada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2007, que permitió igualmente, en el caso de bloqueo, proceder a la designación judicial del liquidador judicial, supliendo el Tribunal, la posibilidad de los socios de alcanzar un acuerdo al respecto, considerando incluso que una negativa injustificada conforma un abuso de derecho, razonando dicha resolución: ‘nos hallamos ante una actitud imputable de bloqueo de la Junta, incursa en fraude por el resultado torticero perseguido’. Por otra parte debe ponerse de relieve la transcendencia de las operaciones de liquidación, que van dirigidas a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartibles entre los socios, para, previa satisfacción de los acreedores sociales, proceder, en su caso, a su reparto (S. 3 julio 2003), por lo que su finalidad de ‘protección de los intereses contrapuestos de los socios y los acreedores sociales’ (S. 15 julio 2003) exige procurar, dentro de lo posible que se efectúe por personas capacitadas y dotadas de las condiciones de objetividad e imparcialidad. De ahí que, como ocurre en el caso, cuando la previsión estatutaria es someter la designación de los administradores a la Junta de la sociedad, la falta de la mayoría al efecto, deba ser sustituida por la designación judicial”.

No obstante lo anterior, cuando la Sentencia acuerda la disolución de la sociedad pero no se pronuncia sobre la designación de los liquidadores no parece que sea posible sostener que la eficacia de la disolución judicial pueda quedar bloqueada. La doctrina ha abogado porque los Tribunales puedan despejar dicho obstáculo. La eficacia de las resoluciones judiciales así lo aconseja.

De este modo, aunque la Ley de Sociedades de Capital no contempla de manera expresa el nombramiento de liquidadores por parte de los Tribunales, la doctrina ha considerado que es una exigencia del propio procedimiento de disolución judicial. Según BELTRÁN, E. en “Comentario de la Ley de Sociedades de Capital”; Civitas; Madrid (2011); pág. 2621, “en la sociedad anónima, en defecto de nombramiento de liquidadores por la sociedad puede hacerse la designación inicial por el Juez. En la liquidación existen razones de orden público superiores a la conservación intangible de la autonomía de la sociedad. Es cierto que la Ley no dispone nada acerca de la posibilidad de la designación judicial inicial de liquidadores; pero no lo es menos que esa designación permite una razonable solución de los conflictos que puedan presentarse en esta materia y se armonizan mejor con la importancia que se ha querido dar a la disolución judicial”.

Siendo así, es destacable que la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria -EDL 2015/109914-, disponga en el apartado VIII de su Exposición de Motivos que “el Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores Mercantiles, como la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor”. Y, correlativamente, que el artículo 120.1 de dicha Ley disponga que “en todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al Secretario judicial el nombramiento de liquidador, auditor o interventor, se seguirá el expediente previsto en este Capítulo”.

Introducción  

El análisis de la posibilidad de ejecutar forzosamente un pronunciamiento de disolución judicial de una sociedad mercantil exige realizar un examen combinado de la normativa sustantiva y procesal de aplicación. En el primer plano se encuentra la regulación contenida en el Título X (“Disolución y liquidación”) de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (“LSC”). En el segundo, cobra singular relevancia la muy reciente Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -EDL 2015/109914-(“LJV”), en la que la disolución judicial de sociedades ha pasado a constituir uno de los nuevos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil (arts. 125 y ss. LJV). A ello debe añadirse que el artículo 22.1 LJV se remite expresamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- (“LEC”) para las cuestiones relativas al cumplimiento de la resolución firme que ponga fin al expediente de jurisdicción voluntaria. 


La disolución de la sociedad. Concepto y alcance 

Para determinar si cabe la ejecución forzosa de un pronunciamiento judicial de disolución de una sociedad es preciso recordar el concepto de disolución y su alcance. Esta labor se antoja necesaria para dilucidar el propio alcance del pronunciamiento judicial y, por ende, la posibilidad de que sea susceptible de ejecución forzosa. 

La doctrina ha distinguido tradicionalmente entre un concepto amplio y un concepto restrictivo de disolución. Por ejemplo, BATALLER, J. se cuestiona si los efectos de la disolución “son la extinción de la sociedad (concepto amplio de disolución) o deben circunscribirse a la apertura de la liquidación societaria (concepto restringido de disolución)” (BATALLER, J., “La Disolución”, en La Liquidación de las Sociedades Mercantiles, ROJO, A. y BELTRÁN, E. (Coord.), Valencia, 2011, págs. 23-24). 

En nuestro ordenamiento se utiliza un concepto de disolución que podría calificarse de restrictivo. No en vano el artículo 371 LSC -EDL 2010/112805- establece expresamente que “la disolución de la sociedad abre el período de liquidación”. Además, es en el marco de las normas reguladoras de la liquidación (vid. arts. 395 y 396 LSC) donde encontramos las referencias a la extinción de la sociedad. 

Así las cosas, puede considerarse que la disolución es el primer paso del proceso extintivo de una sociedad, en el que cabe distinguir tres fases: la disolución, la liquidación y la extinción. Por tanto, el efecto de la disolución es la apertura del período de liquidación. Como dicen entre la doctrina clásica IGLESIAS PRADA, J. y GARCÍA DE ENTERRÍA, J., “la disolución, cualquiera que sea el modo en que se produzca, comporta como principal efecto –y sin solución de continuidad– la apertura del período de liquidación” (IGLESIAS PRADA, J. y GARCÍA DE ENTERRÍA, J., “La Disolución y Liquidación de las Sociedades de Capital”, en Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, AA.VV., Navarra, 2014, págs. 601-609). 


Procedimiento para la disolución de la sociedad 

Demos un paso más. Una vez recordado el concepto y alcance de la disolución, conviene hacer referencia al procedimiento que se ha de seguir para que una sociedad quede disuelta. De nuevo hemos de acudir al régimen sustantivo establecido en la LSC -EDL 2010/112805-, que nos dejará a las puertas del régimen adjetivo o procesal de la disolución judicial.  

El artículo 362 LSC -EDL 2010/112805- establece que “las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial”. En definitiva, fuera de los supuestos de disolución de pleno derecho –ipso iure–contenidos en el artículo 360 LSC o de decisión libre y voluntaria de la junta general, en nuestro ordenamiento la disolución de la sociedad requiere de dos elementos imprescindibles: (i) la concurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución; y (ii) su constatación por la junta general o el juez. En relación con este último, se hace también relevante recordar que la Ley da preferencia a la decisión tomada por los socios o accionistas reunidos en junta general. La vía judicial queda configurada como remedio subsidiario, de aplicación en los casos de inactividad de la junta general. Como dice el artículo 366.1 LSC, “si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior [artículo 365 LSC], cualquier interesado podrá instar la disolución judicial de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social”. En palabras de IGLESIAS PRADA, J. y GARCÍA DE ENTERRÍA, J., “lo que hace la Ley es establecer un riguroso sistema que en esencia trata de evitar que una sociedad incursa en causa de disolución pueda mantenerse indefinidamente en esta situación, con el fin de que se disuelva o de que adopte al menos las medidas necesarias para salir de ella” (ob. cit. pág. 606).  


El expediente de jurisdicción voluntaria de disolución judicial de sociedades 

Como se ha anticipado, la disolución judicial de sociedades, en su regulación adjetiva, ha sido objeto de profundos y recientes cambios. Antes de la LJV -EDL 2015/109914-, era necesario seguir un procedimiento contencioso que no tenía una regulación adaptada a las particularidades propias de este expediente y que generaba no pocos problemas procesales. Frente a ello, los artículos 125 y ss. LJV establecen la disolución judicial como uno de los nuevos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil. De esta forma, el legislador considera ahora que la disolución judicial de una sociedad requiere la intervención de un órgano jurisdiccional, pero que no implica realmente la existencia de controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso (vid. art. 1.2 LJV). O dicho de otra forma, las peculiaridades propias de la disolución judicial parecen encajar mejor en los expedientes de jurisdicción voluntaria que en los procedimientos contenciosos regulados en la LEC -EDL 2000/77463-. Una jurisdicción que, en último término, “se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica el establecimiento de limitaciones a la autonomía de la voluntad en el ámbito del Derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados o afectados, así lo justifiquen. O también, con la imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado derecho” (vid. apartado IV de la Exposición de Motivos de la LJV). 

Como ya se ha indicado, el procedimiento de disolución judicial de sociedades se encuentra regulado, en la actualidad, en los artículos 125 y siguientes LJV -EDL 2015/109914-. Se mantienen elementos como la competencia objetiva (Juzgado de lo Mercantil del domicilio social), la legitimación activa (administradores, socios y cualquier interesado) y la necesidad de postulación a través de abogado y procurador. Pero se introducen relevantes modificaciones. Ya no existe demanda contra la sociedad, sino un “escrito en que se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disolución judicial de la sociedad, acompañando los documentos en que se apoye la solicitud” (art. 125 LJV). La tramitación sigue con el traslado a los administradores si éstos no hubieran promovido el expediente, tras lo cual el secretario judicial convocará una comparecencia a la que resultarán de aplicación las reglas del juicio verbal (art. 128 LJV). Y, sobre todo, a los efectos que aquí interesan destaca la regulación expresa del contenido de la resolución judicial que pone fin al expediente. Frente a los problemas que esta cuestión planteaba en la situación anterior, el artículo 128 LJV establece que “en el supuesto de que el Juez declare disuelta la sociedad, el auto incluirá la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores, y un testimonio del mismo se remitirá al Registro Mercantil que corresponda para su inscripción”.  

En conclusión, con base en el vigente régimen de la LJV -EDL 2015/109914-, cuando se aprecie la concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución, el expediente judicial de disolución de sociedades terminará con un auto que incluirá dos pronunciamientos: la disolución de la sociedad y la designación de liquidadores.  


La ejecutividad de la resolución que termina el expediente de disolución judicial de sociedades 

Establecido el contenido de la resolución judicial en los términos expuestos, la pregunta que surge es si alguno de esos dos pronunciamientos (disolución de la sociedad y designación de liquidadores) es susceptible de ejecución provisional.  

Comencemos por el pronunciamiento relativo a la propia disolución de la sociedad. Como antes se ha expuesto, la disolución de la sociedad, producida mediante acuerdo de junta general o resolución judicial, tiene como principal efecto la apertura automática de la fase de liquidación. En el caso de la disolución judicial, puede razonablemente considerarse que el auto que la decrete agota sus efectos en sí mismo y no es susceptible de ejecución forzosa para que pueda producir esos efectos. Desde el mismo momento en que se emite la resolución, la sociedad se encuentra disuelta y en fase de liquidación. Las actuaciones de liquidación que se realicen en esa fase se encontrarán sujetas al régimen legal establecido para ello en la LSC -EDL 2010/112805- (incluido el régimen de responsabilidad de los liquidadores), sin ninguna vinculación con el pronunciamiento previo de disolución.  

Sólo cabe realizar una observación a la anterior consideración. Para que pueda producir plenos efectos frente a terceros, el auto debe ir acompañado de una actuación adicional: la remisión de testimonio al Registro Mercantil competente para que proceda a su inscripción. El artículo 128 LJV -EDL 2015/109914- lo establece como una actuación que el Juzgado debe realizar de oficio. Además, la Ley también prevé, dentro de las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, que “si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral” y que “la calificación de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro” (art. 22 LJV). Estas previsiones ya están establecidas en los artículos 521 y 522 LEC -EDL 2000/77463- en sede de ejecución, para las sentencias meramente declarativas y las sentencias constitutivas. La exigencia no es baladí, porque el artículo 239 del Reglamento del Registro Mercantil (“RRM”) señala que “la inscripción de la disolución de las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y comanditarias por acciones (…) se practicará en virtud de escritura pública o testimonio judicial de la sentencia firme por la que se hubiera declarado la disolución de la sociedad”, expresión esta última que actualmente ha de entenderse referida al auto de disolución, que ya no se produce por sentencia. 

Tratándose, por tanto, de un pronunciamiento que agota sus efectos en sí mismo y sólo requiere de la remisión al Registro Mercantil de testimonio del auto, no parece que tenga demasiado sentido plantearse su posible ejecución forzosa. Si por el Juzgado no se procediese a la emisión y remisión del testimonio o en ello se produjesen incidencias, la solución de esos problemas (poco probables en la práctica) podría resolverse mediante una mera solicitud al Juzgado sin apertura de ejecución forzosa de ningún tipo. De hecho, desde un punto de vista conceptual no podría plantearse esa situación porque el artículo 521 LEC -EDL 2000/77463- dispone que “no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni constitutivas”. 

Como se ha visto, junto con el pronunciamiento relativo a la disolución de la sociedad, la resolución judicial debe incluir “la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores”. En este punto la Ley se queda algo corta, pues se limita a hacer referencia a la designación de los liquidadores, sin incluir otros aspectos que pueden ser relevantes para que éstos puedan tomar posesión de su cargo y comenzar las operaciones de liquidación de manera adecuada. Son muchas las situaciones que se pueden producir en la práctica y en esas situaciones puede plantearse la necesidad de recabar el auxilio judicial para hacer efectivo el pronunciamiento de nombramiento de liquidadores. No obstante, se advierte que se está haciendo referencia al establecimiento de las condiciones necesarias para que los liquidadores puedan dar comienzo y llevar a cabo su actuación. Quedan fuera de esas situaciones las que se puedan producir en la realización de las operaciones de liquidación, sometidas a la regulación de la liquidación. 

Aunque la Ley se limita a hacer referencia a la designación de los liquidadores, parece razonable considerar que el auto debería también establecer la forma en que éstos habrán de desarrollar sus funciones (solidaria o mancomunada). Se trata de una mención que, pese a no figurar expresamente en el tenor del precepto, viene reclamada por la aplicación de los artículos relevantes del RRM -EDL 1996/16064-. Así, si bien es posible inscribir el nombramiento de liquidadores, ex artículo 245 RRM, “en virtud de testimonio judicial de la sentencia firme [auto] por la que se hubieren nombrado”, será necesario que se haga constar “su identidad y el modo en que han de ejercitar sus facultades”, ex. artículo 243 RRM. No obstante, la práctica enseña que en no pocas ocasiones el auto no contiene pronunciamiento alguno sobre esta cuestión, lo que puede dar lugar a graves problemas futuros. La solución puede estar en incluir en la solicitud de disolución judicial la petición expresa de que en el auto se fije el régimen de funcionamiento de los liquidadores. Si el auto nada dice sobre ello, puede acudirse a la solicitud de subsanación y complemento del artículo 215 LEC -EDL 2000/77463-. E incluso cabría la posibilidad de plantearse el recurso al artículo 522 LEC. 

Pueden también producirse situaciones que impidan o dificulten que los liquidadores nombrados comiencen su labor y puedan realizarla en condiciones adecuadas. La casuística aquí puede ser inagotable, pero bastará con poner como ejemplos posibles impedimentos u obstáculos que desde la propia sociedad (bien por los antiguos administradores, bien por empleados) podrían ponerse al acceso a las instalaciones de la compañía, la documentación, los sistemas informáticos o los registros y libros contables. Aquí entraría en juego la previsión del artículo artículo 22.1 LJV -EDL 2015/109914-, según el cual la “la ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, y en particular en los artículos 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización de aquellos actos que resulta precisos para dar eficacia a lo decidido”. En particular, el artículo 522.1 LEC dispone que “todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surjan de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica”. Y, sobre todo, el artículo 522.2 LEC, en línea con el último inciso del artículo 22.1 LJV, añade que “quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que dispongan”. Entre quienes ostentan un interés legítimo y directo están los propios liquidadores, principales protagonistas del proceso de liquidación. También los socios, no sólo los que hayan interesado el expediente de jurisdicción voluntaria. Esas personas podrán dirigirse al juzgado y reclamar “de inmediato” la realización de los actos necesarios para dar eficacia al auto de disolución judicial y nombramiento de liquidadores, incluidas las medidas precisas para vencer eventuales resistencias a la efectividad de esos pronunciamientos. No se tratará propiamente de un proceso de ejecución forzosa, pues, como antes se dijo, el artículo 521.1 LEC dispone que no se despachará ejecución de las resoluciones judiciales meramente declarativas o constitutivas. Parece más bien que bastará con una solicitud al juzgado al amparo de los preceptos indicados, sin demanda de ejecución. Ahora bien, para la determinación de las medidas concretas que se puedan adoptar, una solución puede ser tomar como referencia las reglas dispuestas en la LEC sobre la ejecución por deberes de entregar cosas y por obligaciones de hacer y no hacer (arts. 701 a 711 LEC). Según las situaciones, el comportamiento requerido de terceros para que el auto de disolución y nombramiento de liquidadores pueda producir plenos efectos encajará en alguna de las conductas previstas en la LEC para hacer frente a sentencias que impongan alguno de esos deberes u obligaciones.

Se nos plantea si es susceptible de ejecución forzosa el pronunciamiento judicial que declare la disolución de una sociedad mercantil. Para contestar a esta cuestión hay que tener en cuenta que la respuesta depende del tipo de pronunciamiento que consideremos que supone la disolución judicial, puesto que las sentencias meramente declarativas o constitutivas no son susceptibles de ejecución (art. 521.2 LEC -EDL 2000/77463-). Por lo tanto, solo si el pronunciamiento de disolución judicial se considera una sentencia de condena podría ser susceptible de ejecución provisional. 

Como nos recuerda Juan Bataller (en “La disolución y liquidación de sociedades mercantiles” Dirigidos por A. Rojo y E. Beltrán) esta ha sido una de las cuestiones más debatidas por la doctrina española que ha discutido si el acuerdo de disolución (cuando la decisión la adopta la junta de socios o de accionistas o el juez) tiene un carácter constitutivo o declarativo. Los defensores de la naturaleza declarativa ponen de manifiesto que la junta general o el juez se limitarán a constatar la existencia de la causa de disolución (nos encontramos ante una declaración de ciencia). Dentro de los autores que defendían el carácter declarativo del pronunciamiento, algunos autores (Senen de la Fuente, Girón, García Pita y Lastre) entendían que la sociedad, a efectos internos, entra en estado liquidatorio desde la concurrencia de la causa de disolución, mientras que otros (Sequeira, Fradejas, De Eizaguirre, Muñoz Martín), aunque afirmaban el carácter declarativo postulaban por que la sociedad sólo se encontraba disuelta tras la adopción del acuerdo por la junta general o la decisión judicial. 

Es cierto, que ya durante la vigencia de la legislación anterior había autores (Beltrán, De la Cámara) que consideraban el acuerdo o la decisión judicial tenían un carácter constitutivo puesto que consideraban que la concurrencia de la causa de disolución no disuelve per se a la sociedad, sino que es imprescindible que se adopte el acuerdo por la junta o por el juez.  

Sin embargo esta polémica consideramos que está superada tras la aprobación de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-, en la medida en que la disolución judicial puede producirse sin concurrencia de las causas previstas por la ley, cuando se abre la fase de liquidación (art. 361) o cuando se produce la disolución de pleno derecho (art. 360). Así, en este momento, la doctrina entiende que la sociedad sólo se entenderá disuelta una vez que se ha dictado la sentencia que declare la disolución, de forma que el pronunciamiento de la disolución judicial es constitutiva (véase a J. Moya en “La disolución por constatación de la existencia de una causa legal o estatutaria” Ed. La ley en la obra “El procedimiento de disolución y liquidación en la Ley de Sociedades de Capital”). Además esta conclusión es acorde con lo previsto en el art. 239 del Reglamento del Registro Mercantil -EDL 1996/16064- que establece que la inscripción de la disolución de la sociedad se producirá con el testimonio judicial de la sentencia firme. 

En el mismo sentido se han pronunciado nuestros tribunales. Así la Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado en diversos autos sobre el carácter constitutivo de la sentencia que acuerda la disolución de la sociedad (Autos de 27 de junio de 2015, 3 de mayo de 2012, 4 de diciembre de 2008, 22 de diciembre de 2006). En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Zamora (Auto de 31 de marzo de 2004) de Cádiz (Auto de 28 de septiembre de 2007), de Las Palmas (Auto de 2 de octubre de 2009) o de Madrid (de 8 de septiembre de 2005). En el mismo sentido la Dirección General de Registros y del Notariado de 12 de marzo de 2001, reitera que la sentencia firme que acuerda la disolución judicial es constitutiva, por lo que ordena su inscripción (conforme a lo previsto en el artículo 239 RRM -EDL 1996/16064-), pese a que no se nombre simultáneamente a los liquidadores. En contra de esta posición judicial, que considera que las sentencias que acuerdan la disolución judicial son sentencias constitutivas, sólo hemos podido localizar el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 5 de octubre de 2006, que rechaza la oposición a la ejecución indicando que la sentencia “es plenamente declarativa y de condena en cuanto decreta la disolución de la sociedad”. 

Tal y como señalábamos al principio, las sentencias constitutivas no son susceptibles de ejecución (conforme a lo previsto en el artículo 521.1 LEC -EDL 2000/77463-). Puesto que no es necesario que se ejecuten, ya que, mediante el mandamiento judicial oportuno serán susceptible de inscripción (esto es, de ejecución) conforme a lo que establecen los artículos 521.2 LEC y 239 RRM -EDL 1996/16064-, en particular en el caso del acuerdo de disolución judicial. 

Ahora bien, varios de los autos que hemos citado –que constatan el carácter constitutivo del acuerdo de disolución judicial– se han dictado en procedimientos de ejecución de la sentencia y han aceptado continuar la ejecución. Y ello es así, porque si bien la sentencia es constitutiva, consideran que la misma contiene también un pronunciamiento de condena (el nombramiento de liquidadores) que sí son susceptibles de ejecución (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521.3 LEC -EDL 2000/77463- “Cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en la Ley”. 

Así los Autos de la AP de Madrid de 8 de septiembre de 2003, de Las Palmas de 2 de octubre de 2009. En el caso del Auto de la AP de Barcelona de 22 de diciembre de 2006, se limita a señalar que la sentencia prevé que el nombramiento del liquidador se hiciera en ejecución de sentencia, pero de la resolución no es posible saber si es el procedimiento que la citada Audiencia considera adecuado. 

Y lo cierto es que las resoluciones no son uniformes en cuanto al proceso para “ejecutar” la sentencia en la parte ejecutable (el nombramiento de los liquidadores), puesto que junto a las que acabamos de ver (que consideran adecuado el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la LEC -EDL 2000/77463-), otras remiten al procedimiento previsto por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (entonces en vigor), como el Auto de la AP de Zamora de 31 de marzo de 2004 o el Auto de la AP de Valencia de 8 de abril de 2003 que se refiere al nombramiento de un liquidador en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

A nuestro juicio, las resoluciones que acuerdan la disolución judicial son constitutivas y, por lo tanto, no son susceptibles de ejecución. Sin embargo, si las resoluciones incluyen una condena (como el nombramiento de liquidador), la misma será susceptible de ejecución conforme a lo previsto en el artículo 521.3 con los trámites de ejecución de sentencias previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-.

Las sociedades de capital se disuelven por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial (artículo 362 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en adelante LSC -EDL 2010/112805-). En el caso de las sociedades de capital, la LSC enumera las causas legales de disolución en sus artículos 360, 363, 194 o 201 LSC, sin perjuicio de que como declara el artículo 361 LSC, en el caso de concurso de acreedores, las sociedades de capital se disolverán cuando así lo determine la oportuna resolución judicial para el caso de apertura de la fase de liquidación. 

Existiendo causa legal o estatutaria de disolución, cualquier interesado puede instar la disolución judicial ante el juez de lo mercantil del domicilio social (artículo 366 LSC -EDL 2010/112805-), configurándose la acción judicial de disolución como residual al acuerdo de la junta general (artículos 364 y 160 LSC). 

La sentencia firme que declara la disolución de la sociedad, como regla general, acordará expedir testimonio de la sentencia a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente de dicha disolución, el cese de los administradores y el nombramiento de liquidadores conforme disponen los artículos 239 y 240 del Reglamento del Registro Mercantil -EDL 1996/16064-. Según dichos artículos, la inscripción de la disolución de una sociedad de capital se practicará en virtud de escritura pública o testimonio judicial de la sentencia firme por la que se hubiera declarado dicha disolución (en el mismo sentido para el nombramiento de liquidadores, se recoge en el artículo 245 del Reglamento del Registro Mercantil). 

Por otro lado, con carácter general la acción ejecutiva debe fundarse en un título que lleve aparejada ejecución señalando entre ellos el artículo 517 LEC -EDL 2000/77463-, las sentencias de condena en firme.  

El artículo 521 LEC -EDL 2000/77463- declara expresamente que no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. Mediante su certificación y, en su caso, mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en los Registros Públicos sin necesidad de que se despache ejecución; siendo a estos efectos quienes pueden pedir al Tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias y vencer eventuales resistencias a lo que dispongan, quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten un interés directo y legítimo. 

Las autoridades y los Registros Públicos deben actuar y cumplir lo que dispongan las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídica que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. 

En aquellas situaciones en las que debe adecuarse la realidad registral a la fijada en la correspondiente sentencia firme se atenderá a los términos del fallo, no precisándose demanda ejecutiva sino simple solicitud para que se expida mandamiento judicial dirigido al Registro Público correspondiente para su inscripción, siendo posible que el fallo directamente ordene expedir el correspondiente testimonio de la sentencia a los efectos de su inscripción, conforme disponen los artículos 521 LEC -EDL 2000/77463- o 239 y 240 RRM -EDL 1996/16064- (STS, Sala de lo Civil, 5565/2014 de 26 de noviembre). 

En este sentido y respecto de las operaciones de liquidación que tendrán lugar tras la sentencia firme que declare la disolución de la sociedad, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 17 de abril de 2013 -EDJ 2013/79857- que se refiere a la impugnación judicial de la calificación registral negativa a la inscripción de la escritura de disolución, liquidación y extinción de una sociedad instada por los liquidadores y, en consecuencia la negativa inicial del Registro Mercantil a inscribir la cancelación de los asientos registrales por la existencia de terceros que pudieran verse afectados, aún a pesar de existir sentencia firme a estos efectos declarando la disolución de la sociedad. En este caso la Audiencia considera altamente perjudicial que la sociedad tuviera que esperar a la conclusión de los procesos judiciales para finalizar las operaciones liquidatorias, máxime si los socios han aprobado el plan de liquidación y división del haber social, atribuyendo a la junta general de la sociedad en liquidación la potestad última de aprobar el balance final de liquidación.  

Aún incluso, en el peor de los casos, si el título ejecutivo obligara a hacer alguna cosa en el auto por el que se despache ejecución podrá requerirse al ejecutado para que dentro del plazo que el Tribunal estime conveniente cumpla lo que disponga el título ejecutivo en virtud de lo dispuesto en los artículos 705 y 699 LEC -EDL 2000/77463-.

Bajo la rúbrica «disolución judicial», el artículo 366 de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805- (en adelante, LSC), de un lado, habilita a cualquier interesado para solicitar la disolución de una sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social si, concurriendo alguna de las causas legales de disolución previstas en el art. 363.1 LSC, «la junta no fuese convocada, no se celebrara o no se adoptara alguno de los acuerdos» previstos en el art. 365 LSC (acuerdo de disolución o, constando en el orden del día, los acuerdos que fuesen necesarios para remover la causa de disolución) y, de otro, impone a los administradores el deber de solicitar la disolución judicial cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado, deber que deberá cumplirse en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado. En relación con las cuestiones procesales que plantea el ejercicio de esta acción, en la LSC, al margen de la competencia judicial objetiva y territorial, únicamente se establece la legitimación pasiva (a tenor del art. 366.1 LSC, la solicitud de disolución judicial «deberá dirigirse contra la sociedad»).  

Como es sabido, la disolución de una sociedad determina el inicio de su proceso extintivo que con carácter general comprende tres fases sucesivas: i) disolución, ii) liquidación y iii) extinción definitiva y cancelación registral. La disolución hace referencia a la fase inicial del proceso de extinción que comienza con la concurrencia de alguna de las causas legalmente establecidas, causas que en unos casos operan de manera automática (disolución de pleno derecho: art. 360 LSC -EDL 2010/112805-) y en otros, constituyen la base para la adopción del acuerdo de disolución por la sociedad afectada o, en defecto de acuerdo, de la resolución judicial que apreciando su existencia determine la disolución de la sociedad (art. 363 LSC); a su vez, sin concurrencia de ninguna de las causas legales o estatutarias, la disolución también puede derivar directamente del acuerdo adoptado por la junta general con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos sociales (art. 368 LSC). En cualquiera de estos casos, la disolución determina la apertura de la fase de liquidación (art. 371 LSC) que, a su vez, se estructura en dos etapas mediante las que, respectivamente, se deben finalizar las relaciones externas pendientes de la sociedad (operaciones de liquidación) y, en su caso, se ha de proceder a la distribución entre los socios del remanente patrimonial resultante de la finalización de las operaciones pendientes (división del patrimonio social). Finalmente, la extinción definitiva y cancelación registral marcan el punto final de la sociedad y su desaparición de la vida jurídica.  

De este modo, la resolución judicial que acuerde la disolución de una sociedad de capital determinará la apertura de la fase de liquidación de la misma. A su vez, la apertura del período de liquidación implica el cese en su cargo de los administradores y la extinción de su poder de representación (art. 374 LSC -EDL 2010/112805-), así como su sustitución por los liquidadores que asumen las funciones establecidas en la Ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios (art. 375.1 LSC). Por ello, de manera paralela a la apertura de la fase de liquidación, resulta necesario proceder al nombramiento de liquidadores, cargo que recaerá en quienes hayan ocupado el de administradores salvo que la junta general que acuerda la disolución (o, en su caso, la resolución judicial) decida atribuirlo a otros sujetos (art. 376 LSC).  

En su momento, se debatió sobre si la solicitud de disolución judicial debía tramitarse en un procedimiento judicial de naturaleza contenciosa o de jurisdicción voluntaria. Sin perjuicio de las opiniones de quienes entendían que el marco más adecuado debía ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria (vid., entre otros, BELTRÁN SÁNCHEZ, E., La disolución de la sociedad anónima, Madrid, 1997, págs. 143 y ss.), la opinión mayoritaria interpretó que la solicitud debía tramitarse a través de un proceso declarativo ordinario (por todos, SANTOS REQUENA, A.A., «La disolución judicial de las sociedades mercantiles», Revista de Derecho Procesal, 1999, 3, págs. 625 a 668, en particular, págs. 634 y ss.), lo que parecía venir confirmado por el tenor literal de los textos legales (así, en el art. 366 LSC se determina que la solicitud de disolución judicial debe dirigirse contra la sociedad y, a su vez, en el art. 239 del Reglamento del Registro Mercantil -EDL 1996/16064- (en adelante, RRM) se establece que la inscripción de la disolución de una sociedad se practicará «en virtud de escritura pública o testimonio judicial de la sentencia firme por la que se hubiere declarado la disolución de la sociedad», lo que en principio parece contemplar únicamente procesos de naturaleza contenciosa en tanto los de jurisdicción voluntaria finalizan mediante auto –sin perjuicio de la posibilidad de una interpretación distinta como la contenida en la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 2 de junio de 2000 que, en relación con la inscripción del nombramiento de liquidadores, interpreta el término «sentencia» como equivalente a «resolución judicial» para admitir que dicho nombramiento pueda realizarse en el marco de un proceso de jurisdicción voluntaria).  

La entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria -EDL 2015/109914- (en adelante, LJV) pone fin a este debate en tanto, entre los distintos procedimientos o expedientes de jurisdicción voluntaria, contempla específicamente tanto el que tiene por objeto la solicitud de disolución judicial de la sociedad (arts. 125 a 128 LJV) como el que se dirige al nombramiento judicial de liquidadores (arts. 120 a 123 LJV). En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de dicha ley, el cauce procesal para la tramitación de la solicitud de disolución judicial de una sociedad de capital será el correspondiente a un expediente de jurisdicción voluntaria.  

En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza de la actividad jurisdiccional para la disolución de las sociedades de capital, no parece cuestionable que la resolución judicial que determina la disolución tiene carácter constitutivo en el sentido de que determina la creación de una situación jurídica nueva (la sociedad pasa a la situación de disuelta y se abre la fase de liquidación). Y, como también es sabido, las resoluciones judiciales constitutivas no son susceptibles de ejecución forzosa en tanto producen sus efectos por sí mismas (cfr. art. 521.1 de la Ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-). No obstante, a pesar de ello, puede resultar necesario adoptar medidas para garantizar su plena efectividad (ejecución impropia). En este sentido, la declaración judicial de la disolución de la sociedad y la apertura de la fase de liquidación no son por sí mismas suficientes para garantizar la continuación del proceso extintivo de la sociedad hasta su completa extinción. En particular, declarada la disolución y abierta la fase de liquidación, resulta esencial el nombramiento de los liquidadores, cuya función consiste precisamente en guiar el proceso de extinción de la sociedad hasta su conclusión con la cancelación registral de la compañía. A este respecto, podía admitirse que la resolución que determina la disolución de la sociedad contuviese también el pronunciamiento relativo al nombramiento de liquidadores o, en su defecto, que se procediese a la solicitud de nombramiento judicial de liquidadores en virtud de lo previsto en el art. 377.2 LSC -EDL 2010/112805-.  

La solicitud de nombramiento de liquidadores subsiguiente a una resolución judicial que determinase la disolución de una sociedad de capital se ha caracterizado como solicitud de medidas para la plena efectividad de la sentencia constitutiva de la disolución de la sociedad (así, SANTOS REQUENA, A.A., cit., pág. 663) o, por otros autores, como incidente de ejecución de sentencia (vid. en este sentido, entre otros, NEILA NEILA, J.Mª, Los procedimientos judiciales en la nueva ley de sociedades anónimas, Madrid, 1992, págs. 1452 a 1454). A este respecto algunos Tribunales han entendido que, conteniendo la sentencia no sólo la declaración de disolución de una sociedad, sino también el nombramiento de liquidadores, se ha de deducir que aquélla contiene pronunciamientos constitutivos (la disolución) pero también pronunciamientos de condena (nombramiento de liquidadores), lo que permitiría su ejecución a tenor de lo previsto en el art. 521.3 de la Ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463- (vid. por ejemplo la SAP de Madrid, Sección 9ª, de 8 de septiembre de 2005, o la SAP de Las Palmas, Sección 5ª, de 2 de octubre de 2009, que resuelve la apelación contra una sentencia en la que expresamente se estableció que «en ejecución de sentencia se acordará la designación de liquidadores para que procedan a la liquidación de la sociedad»).  

En cualquier caso, en la actualidad las normas contenidas en la LJV -EDL 2015/109914- en relación con el expediente de disolución judicial de sociedades también resuelven esta cuestión, en tanto determinan que la resolución judicial que pongan fin al expediente, en el caso de que declare la disolución, «incluirá la designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores» (art. 128 LJV). Por tanto, el nombramiento de liquidador debe formar parte del pronunciamiento judicial que pone fin al expediente de jurisdicción voluntaria, sin que en consecuencia quepa plantearse la necesidad de proceder a la ejecución forzosa de la resolución judicial que determina la disolución de la sociedad precisamente para proceder al nombramiento de liquidadores y así permitir que continúe el proceso extintivo de la sociedad.  

En definitiva, la solicitud de disolución deberá tramitarse a través del expediente de jurisdicción voluntaria regulado en los arts. 125 a 128 LJV -EDL 2015/109914-, que culminará en un auto que debe incluir también el nombramiento de liquidadores, debiendo remitirse al Registrador Mercantil competente testimonio del mismo para su inscripción. De este modo, alcanzando firmeza el auto, el paso siguiente para la continuación del proceso de extinción de la sociedad será la aceptación del cargo por el o los liquidadores designados, aceptación necesaria salvo en el supuesto de que dicho cargo recaiga en los propios administradores sociales. Por tanto, si no se produce la aceptación de los liquidadores, deberá procederse al nombramiento de otros, y si aquéllos o éstos aceptan el cargo pero no impulsan la liquidación y el proceso de extinción de la sociedad, será necesario solicitar su remoción y el nombramiento de nuevos liquidadores (sin perjuicio de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los primeramente designados), todo ello en el marco del proceso de jurisdicción voluntaria para el nombramiento de liquidadores establecido en la LJV sin que, por consiguiente, se plantee la necesidad de proceder a la ejecución forzosa del auto de disolución.   


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