Fijada judicialmente la deuda de una sociedad ¿queda vinculado por este pronunciamiento prejudicial el juez que conoce de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra su administrador?

Es por todos conocido que las acciones de responsabilidad de admi...

Es por todos conocido que las acciones de responsabilidad de administradores por deudas sociales son una constante en la doctrina, en la práctica judicial y en la jurisprudencia. De hecho, puede decirse sin temor a equivocarse que han sido uno de los remedios más utilizados por los acreedores de una compañía como mecanismo de recuperación de sus créditos. Y se dice que han sido porque, como también es conocido, su eficacia práctica desde este punto de vista se vio sensiblemente limitada en la reforma introducida en los artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada por las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. La reforma, en efecto, limitó este régimen de responsabilidad a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución de la compañía. La redacción dada se ha mantenido en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las acciones de responsabilidad de administradores por deudas sociales también vienen generando relevantes problemas procesales directamente relacionados con la pregunta que se somete a debate, sobre todo desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil. Se está haciendo referencia a la tanta veces discutida cuestión de la coordinación de los asuntos con materias conexas y, en concreto, a si cabe o no la acumulación de acciones cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y de acciones de competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Precisamente el supuesto que se ha venido suscitando con mayor intensidad es el relativo al posible ejercicio simultáneo o acumulado de una acción contra una compañía reclamando el pago de una deuda derivada de una relación contractual ordinaria; y, al mismo tiempo, de otra acción exigiendo la responsabilidad solidaria de los administradores de la compañía por las deudas de aquélla(1). Antes de la creación de los Juzgados de lo Mercantil, no había duda sobre la posibilidad de ejercitar acumuladamente y al mismo tiempo las dos acciones. Ahora la situación es distinta. Atendiendo a la materialidad de la deuda, del cumplimiento o no de sus obligaciones por la sociedad conocen los Juzgados de Primera Instancia. Pero el análisis de la responsabilidad solidaria de los administradores es competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Son muchas las preguntas que surgen(2). La que ahora se contesta obedece a un supuesto de hecho bien concreto, que cada vez se produce con más frecuencia dados los problemas indicados. Se opta, en primer término, por acudir a los órganos de primera instancia, ante los que se obtiene un pronunciamiento -firme por el que se fija la deuda de la sociedad. Después, se ejercita la acción de responsabilidad por deudas sociales contra los administradores de esa misma compañía, en reclamación de esa misma deuda.

En la acción de responsabilidad por deudas sociales cabe identificar dos presupuestos objetivos: el primero, la existencia de una obligación de la sociedad (desde la modificación operada en 2005, que sea posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución); y el segundo, el incumplimiento por los administradores demandados de sus obligaciones relativas a la disolución de la sociedad o a la remoción de la causa legal de disolución. Sobre la naturaleza de este régimen de responsabilidad como un supuesto de responsabilidad legal al margen de la responsabilidad por daño también se ha escrito mucho (se citan sólo, a título de puro ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1999, 22 de diciembre de 1999, 20 de febrero de 2007, 14 de mayo de 2007, 2 de junio de 2008, 6 de noviembre de 2008, 12 de febrero de 2009 y 14 de marzo de 2011; y, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, sólo en los dos últimos años, Sentencias entre otras de 5 de febrero, 18 de marzo, 23 de abril, 17 de septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre y 10 de diciembre de 2010 y de 11 de febrero y 10 de marzo de 2011).

Siendo una responsabilidad de carácter solidario con la sociedad, no es necesario que el demandante se dirija previamente contra la compañía para obtener un pronunciamiento judicial que establezca la obligación social respecto de la que después se exigirá responsabilidad a los administradores. Se puede iniciar la acción de manera exclusiva contra los administradores y en el seno de esa acción cabe discutir la existencia y realidad de la deuda social. No en vano es uno de los presupuestos de este régimen de responsabilidad. Ahora bien, si el acreedor opta por dirigirse primero contra la sociedad y en el procedimiento judicial contra ésta se obtiene un pronunciamiento firme sobre la obligación social, no cabe después someter de nuevo la cuestión a discusión en el juicio relativo a la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales. La respuesta a la cuestión suscitada es, así, afirmativa. El fundamento de esta conclusión está en el efecto positivo o prejudicial de la cosa juzgada material que se establece en el artículo 222.4 LEC. Lo tiene establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre de 2005, en la que puede leerse que u0022debe distinguirse entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. La primera -es el estado jurídico de una cuestión sobre la que ha recaído sentencia firme, que tiene la eficacia de vincular al órgano jurisdiccional en otro proceso-. La eficacia de la cosa juzgada material puede ser positiva o negativa. -La eficacia es positiva o prejudicial cuando dicha cuestión no es objeto único del otro proceso sino que forma parte de éste, en cuyo caso la sentencia que recaiga deberá tener como punto de partida y en ningún caso contradecir lo resuelto en la anterior sentencia-. En el presente caso se ha producido una eficacia prejudicial de la cosa juzgada, porque habiéndose condenado en un pleito anterior a la sociedad de la que el recurrente era administrador por una obligación cuyo acreedor era el Sr. Markus, lo que se trata ahora es determinar si el mencionado administrador es o no responsable solidario de esta deuda social. Por tanto, no se vuelve a discutir lo que ya estaba decidido en el pleito anterioru0022.

El mismo criterio ha sido mantenido por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencias de 14 de octubre de 2008 y 25 de noviembre de 2009. Esta última merece comentario independiente porque se refiere a un caso en el que la deuda de la sociedad quedó fijada en un juicio cambiario, que también produce eficacia de cosa juzgada ex artículo 827 LEC: u0022los apelantes niegan la existencia de la deuda reclamada, pero olvidan de ese modo que con anterioridad al presente litigio se ha seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid proceso cambiario contra la misma en el que, por no haber deducido oposición en tiempo y forma, recayó el 4 de abril de 2003 el Auto despachando ejecución que contempla el Art. 825 LEC por la cantidad ahora reclamada, deuda que debe reputarse firme e incontestable en razón a la eficacia de cosa juzgada material que el Art. 827 LEC atribuye a la sentencia recaída en juicio cambiario (a la que se equipara en eficacia el mencionado Auto en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2º del Art. 825) respecto de las cuestiones que en él pudieron plantearseu0022. Cuestión distinta es que la deuda de la sociedad haya quedado fijada en un procedimiento judicial que no produzca eficacia de cosa juzgada. Es lo que ocurre con el caso resuelto por la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de abril de 2010, en el que se había seguido un juicio ejecutivo de los de la antigua LEC en el que se había despachado ejecución contra la sociedad por una cantidad determinada. Aquí no se habla de cosa juzgada material, sino de prueba: u0022de la referida sentencia (documento nº 1 de la demanda) resulta indiscutiblemente probado que a instancias de la entidad actora se despachó ejecución contra la mercantil administrada por los demandados por el importe de 2.005.472 pesetas (12.053,13 euros), por lo que resulta manifiestamente ilógico negar la existencia de la deuda por el hecho de que no se haya acompañado el documento que dio lugar a la ejecución, cuando en virtud del mismo, el juez competente despachó ejecución, o que no se conozca la forma en que se tramitó el juicio ejecutivo a los efectos de tener constancia de con quién se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate. Firme la referida sentencia, la deuda debió declarase probada salvo que se hubiera acreditado por la parte demandada el pago de la misma o que se hubiera seguido el correspondiente juicio declarativo sobre la misma cuestión al amparo del artículo 1.479 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil con resultado favorable para la deudora, pero, desde luego, no corresponde en este pleito dudar, sin el menor fundamento, por otra parte, de la regularidad de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y citación de remate en su día practicadau0022.

En realidad, las consideraciones expuestas no son otra cosa que aplicación al ámbito específico del régimen de responsabilidad de administradores por deudas sociales de las reglas y principios generales sobre solidaridad pasiva establecidas en los artículos 1137 y ss. Cc., en concreto, en los artículos 1141, 1144 y 1148. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios. Si lo hace sólo contra uno y en el primer procedimiento se determina judicialmente la condena, ese pronunciamiento producirá el efecto positivo de la cosa juzgada material en eventuales procedimientos posteriores contra los demás deudores solidarios e incluso en eventuales procesos que el deudor solidario condenado pueda promover contra el resto de deudores solidarios en ejercicio de la acción de regreso. La cuestión es analizada de manera interesante por Sentencias como la de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 12 de mayo de 2000 y la de la Audiencia Provincial de Málaga de 19 de diciembre de 2008.

El art. 367, apartado 1, LSC determina que los administradores de...

El art. 367, apartado 1, LSC determina que los administradores de una sociedad de capital responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal de disolución, en el supuesto de que incumplan la obligación de convocar tempestivamente la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en los casos y plazos establecidos. A partir de este supuesto de responsabilidad, caracterizado por la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia como un supuesto de responsabilidad-sanción, se plantea si, determinada judicialmente la deuda de la sociedad en un proceso previo, dicho pronunciamiento vincula al juez que conozca posteriormente de la acción de responsabilidad por deudas sociales en el proceso seguido contra un administrador de dicha sociedad.

Para resolver esta cuestión debe partirse de la caracterización legal de este supuesto de responsabilidad de los administradores como un caso de responsabilidad solidaria (la rúbrica del precepto subraya este carácter de la responsabilidad que también se establece expresamente en el propio art. 367.1 LSC). La doctrina y la jurisprudencia han interpretado que, a pesar de la redacción poco precisa del precepto, ha de entenderse que se trata de responsabilidad solidaria de los administradores entre sí y frente a la sociedad; es decir, los administradores responden frente a los acreedores sociales solidariamente junto a la sociedad. Ello significa, por tanto, que dicha responsabilidad no es subsidiaria respecto de la responsabilidad de la sociedad y, en consecuencia, que cabe dirigir la acción directamente contra los administradores sin previamente haber dirigido reclamación frente a la sociedad. El acreedor dispone, como en cualquier otro supuesto de solidaridad pasiva, de ius eligendi (derecho a elegir al deudor o deudores solidarios frente a los que dirige la acción) y de ius variandi (derecho a modificar la persona del demandado o sujeto pasivo de su pretensión).

La cuestión habría de resolverse, por tanto, en el mismo sentido en el que debería resolverse en relación con cualquier otro supuesto de solidaridad pasiva (si se ha determinado el importe de la deuda exigida frente a un deudor solidario, ¿ese pronunciamiento judicial vincula al juez que conozca de la reclamación dirigida posteriormente contra otro deudor solidario de esa misma deuda?), para lo cual podría partirse de lo previsto en el art. 1141 CC, a cuyo tenor «las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos».

En cualquier caso, en orden a la más precisa determinación del alcance de la caracterización como solidaria de la responsabilidad de los administradores por deudas sociales, la doctrina considera que en este caso se trata de un supuesto singular de solidaridad que se califica como solidaridad «imperfecta» en tanto no cabe el regreso entre todos los responsables solidarios (la sociedad que paga al acreedor no puede exigir responsabilidad a sus administradores sociales; en cambio, si quien paga al acreedor es uno de los administradores entonces si cabe la acción de regreso frente al resto de corresponsables y, en particular, frente a la sociedad que es en definitiva el deudor) lo que, a su vez, determina también una restricción de la legitimación activa para solicitar la responsabilidad de los administradores de la sociedad (al quedar limitada a los acreedores sociales).

De este modo, en este caso no se trata de obligaciones que tienen una pluralidad de deudores solidarios, sino de obligaciones que tienen un único deudor (la sociedad) de cuyo cumplimiento responde el propio deudor y, junto a éste y solidariamente, los administradores sociales. Es decir, el carácter solidario de la responsabilidad de los administradores no implica que éstos se conviertan en deudores de las obligaciones sociales; la deuda sigue siendo deuda de la sociedad y la responsabilidad de los administradores se añade a la del deudor como mecanismo sancionador por el incumplimiento de ciertos deberes legales y también como reforzamiento de la garantía de cobro de los créditos que corresponde a los acreedores sociales. De ahí que el administrador que satisface la deuda pueda repetir contra la sociedad (con independencia de que también pueda hacerlo en vía de regreso contra el resto de administradores sociales) pero, en cambio, que la sociedad una vez que ha cumplido frente al acreedor, no pueda exigir el pago a sus administradores (al menos no en ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales; al margen queda la posibilidad del ejercicio de la acción social de responsabilidad si concurren los presupuestos de la misma).

Por todo ello entendemos que, si se ha determinado judicialmente la deuda de la sociedad frente a un acreedor, y posteriormente éste dirige acción contra los administradores sociales en exigencia de la responsabilidad por las obligaciones sociales que establece el art. 367.1 LSC, el pronunciamiento judicial previo vinculará al juez que conozca de dicha acción; en último extremo, el administrador responde frente al acreedor social de la deuda de la sociedad, por lo que si el importe de esta deuda ha sido determinado en un proceso previo seguido entre sociedad y acreedor, el mismo vinculará al juez que conozca posteriormente la acción contra los administradores sociales para exigir el pago de esa misma deuda. En todo caso, el administrador podrá acreditar la concurrencia de causas de exoneración de su responsabilidad así como también oponer las excepciones subjetivas y objetivas que tuviere frente al acreedor demandante.

La Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 367 la res...

La Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 367 la responsabilidad solidaria de los administradores por su inactividad en el supuesto, entre otros, de que por la existencia de pérdidas, el patrimonio neto de la sociedad se reduzca por debajo de la mitad de su capital social (artículo 363.1.d) LSC).

En los casos en los que el patrimonio neto de la sociedad descienda por debajo del capital social (a no ser que este se aumente o reduzca en la medida suficiente) o éste quede por debajo del mínimo legal, los administradores deben promover la disolución de la entidad mediante acuerdo de la junta general o bien si esto no es posible, instar su disolución judicial o en su caso, si procediera, el concurso de acreedores (artículos 364, 365 y 366 LSC).

Para evitar la inactividad de los administradores, la Ley prevé que el incumplimiento de los administradores de instar la disolución de la sociedad en los casos previstos en la Ley, lleve a poder exigir la responsabilidad solidaria de los mismos por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución (artículo 367 LSC).

Para que pueda prosperar dicha acción de responsabilidad contra los administradores se exige que se den alguna de las circunstancias tipificadas en el artículo 363 como causas de disolución y la omisión por parte de sus administradores, una vez transcurridos los plazos señalados en la Ley, de proceder a convocar la junta general para que esta acuerde la disolución o, en caso contrario, la obligación de solicitar la disolución judicial, o bien, si procede, el concurso (SSTS de 22 de marzo de 2005; 23 de junio de 2006 o 12 de junio de 2009).

En cuanto a la exigencia de otros requisitos como puedan ser la existencia de un daño a la sociedad o a tercero y una posible relación de causalidad, la jurisprudencia no es uniforme en su criterio, aunque una gran mayoría de sentencias consideran que en el supuesto contemplado en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital actúa una responsabilidad objetiva (SSTS de 28 de abril de 2006; de 5 de octubre de 2006 o de 5 de diciembre de 2007).

Aunque para algunos resulta necesaria una relación de causalidad entre el incumplimiento de los administradores y el daño causado, en la mayoría de los casos la jurisprudencia es de la opinión de que la responsabilidad de los administradores por su incumplimiento es de carácter objetivo, surgiendo dicha responsabilidad de forma automática por la omisión de los deberes legales sin que resulten necesarios otros requisitos como la existencia previa de una declaración judicial sobre la realidad de una deuda social en virtud de sentencia firme.

Fijada, por tanto, judicialmente una deuda social mediante resolución con efectos de cosa juzgada en otro procedimiento, el juez que conoce de la acción de responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales no queda vinculado por aquella decisión.

La acción de responsabilidad por deudas sociales se fundamenta en el hecho objetivo de la omisión por los administradores de las obligaciones que les impone la Ley de convocar la junta general cuando concurran determinadas causas de disolución o, si no se adoptara el acuerdo en junta general, solicitar la disolución judicial o el concurso. El ejercicio de esta acción no requiere que se cause un daño a la sociedad o a terceros, ni la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de esa obligación por los administradores y el impago de una deuda; simplemente la mera pasividad de los administradores llevaría aparejada la responsabilidad solidaria en forma de consecuencia objetiva y, por tanto, no se requiere ni la producción ni justificación del daño, ni la existencia de un perjuicio social o una relación de causalidad.

Por esta razón los administradores podrían quedar exonerados de dicha responsabilidad con la solicitud judicial de disolución o si prueban que realizaron o pusieron en marcha todas aquellas acciones necesarias o tendentes a disolver la sociedad (SSTS de 26 de marzo de 2004; de 16 de febrero de 2006 o de 26 de abril de 2006).