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La reclamación de intereses contra el FOGASA: competencia objetiva

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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En el art.28 RD 505/1985, de 6 marzo, de Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, se regula la «terminación» del procedimiento para solicitar las prestaciones y en su apartado Siete dispone lo siguiente: «El plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación de la solicitud».

De un tiempo a esta parte es frecuente que se supere ese plazo de tres meses que tiene el Fogasa para dictar la resolución que proceda frente a la solicitud de una determinada prestación.

Esto planteó una primera cuestión relativa al sentido del silencio administrativo, que ha sido resuelta por la reciente STS 16-3-15 (rcud. 802/14) en la que, partiendo de la doctrina administrativista establecida por la Sala 3ª del Tribunal Supremo, llega a la conclusión de que el transcurso del plazo de tres meses sin resolución expresa del Fogasa constituye un supuesto de silencio administrativo positivo de reconocimiento del derecho postulado.

Pero el debate se extiende ahora a una cuestión colateral, pues una vez producido el reconocimiento del derecho por el transcurso del plazo reglamentario, se reclama por los interesados el pago de los intereses devengados desde el día en que venció el plazo de tres meses hasta el día en que se produjo el pago de la prestación.

La cuestión que se plantea a los participantes en este foro, es la determinación de la competencia objetiva para conocer de la reclamación de estos intereses. Es decir, si estamos ante una pretensión que se puede ejercitar ante los órganos de la jurisdicción social; o si, por el contrario, la competencia reside en la jurisdicción contencioso-administrativa. A efectos de responder a esta cuestión, conviene tener en cuenta que la reclamación de los intereses se puede ejercitar como (i) pretensión única, cuando la prestación ya ha sido satisfecha y solo se discute el importe de los intereses; o (ii) acumulada a la pretensión de reconocimiento de la prestación, en el supuesto de que esta no hubiere sido satisfecha -ni reconocida- al tiempo de la interposición de la demanda.


Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de julio de 2015.

1. La respuesta: el orden social es competente. El orden jurisdiccional social es también competente para conocer la reclamación de intereses, ya se plantee como petición única o bien como petición acumulada. En el primer caso, estaría vinculada al reconocimiento previo de la prestación. En el segundo, esto es, de ejercitarse acumuladamente estaría condicionada al previo reconocimiento del derecho principal (en el caso, la prestación).

2. Las razones. Básicamente son dos las razones que permiten retener la competencia del orden social en el caso planteado. Una, porque hay una previsión legal excepcional que la contempla, y otra por el carácter instrumental o accesorio de la reclamación de intereses respecto del principal.

3. Primer fundamento: es una excepción legal a la regla general de la competencia del orden contencioso-administrativo en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

Las reclamaciones relativas a las prestaciones del FOGASA tanto en lo que afecta a la impugnación de los actos de reconocimiento y denegación, como a la relación de prestaciones indebidas, son competencia del orden jurisdiccional social (art.2 ñ LRJS). La LRJS unificó en este apartado el tratamiento que ofrecía la legislación procesal precedente (LPL/1995) en dos párrafos distintos: el e), referido a las cuestiones promovidas contra el Estado, y la letra f), que aludía a las cuestiones suscitadas contra el FOGASA; en ambos casos siempre que les atribuyera responsabilidad la legislación laboral. La LRJS prefiere aludir a las cuestiones litigiosas que se promuevan contra las Administraciones Públicas y no exclusivamente contra el Estado. Esta fórmula ensancha el marco de referencia de dichas cuestiones, extendiéndose más allá de las responsabilidades laborales de la Administración General del Estado a las de Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, y a las de los entes en ellas integrados. La letra ñ) del art.2 LRJS no se está refiriendo a la responsabilidad de las Administraciones Públicas por incumplimiento de sus deberes como empresarios laborales, pues esa clase de responsabilidad está regulada en otros apartados de la LRJS. En general, la atribución de esta competencia está cubierta por el art.9.5 LOPJ y es coherente con la previsión del art.3.a LRJCA, que admite que dicho orden social conozca de cuestiones relacionadas con la actividad de las Administraciones Públicas. Esta competencia del orden social viene constituyendo un enclave excepcional dentro de la regla general de atribución de competencia en materia de responsabilidades de las Administraciones públicas al orden contencioso-administrativo (en este sentido, Montoya Melgar).

4. Sentada esta consideración la conclusión es clara con relación a la responsabilidad del FOGASA en materia de prestaciones. Específicamente, en lo que se refiere a la competencia atribuida en el apartado ñ) -litigios contra el FOGASA-, puede interpretarse, que estamos ante un supuesto específico de responsabilidad estatal, cubierto expresamente por el art.9.5 LOPJ  -EDL 1985/8754-, y ello sin perjuicio de que la responsabilidad que se exija aquí sea a un ente público bien específico, dotado de autonomía y propia personalidad jurídica (art.33.1 ET). La LRJS  -EDL 2011/222121- es clara al respecto: los litigios contra el FOGASA son competencia del orden social de la jurisdicción en todo caso. Esta previsión legal de la LRJS es heredera del criterio consolidado a partir de la L 20/1988, de 14 julio, que desplazó la competencia del orden contencioso-administrativo al social, ajustándose a los ATS (Sala Especial de Conflictos de Competencia) 16-10-86. Lógicamente, la competencia del orden social en materia de reclamaciones al FOGASA tiene límites explícitos e implícitos. El orden social de la jurisdicción es competente para conocer de reclamaciones contra el FOGASA cuando a este organismo estatal se le exigen responsabilidades que le imponga la legislación laboral. Estas responsabilidades son las establecidas en el art.33 ET, desarrollado por RD 505/1985, de 6 marzo y OM de 20 agosto 1985.

5. La segunda razón: la reclamación de intereses, en cuanto pretensión accesoria y subordinada al éxito de la acción principal (el reconocimiento de la prestación) participa de la misma naturaleza y título que ésta. Es un supuesto también de responsabilidad estatal a un organismo como el FOGASA que en materia de responsabilidades por incumplimiento de la legislación laboral, la ley (en este caso la LRJS  -EDL 2011/222121- en concordancia con el art.9.5 LOPJ  -EDL 1985/8754-, art.3 a) LRJCA  -EDL 1998/44323- y 33 ET  -EDL 1995/13475-) atribuye específicamente su conocimiento al orden social de la jurisdicción.

La reclamación de intereses es una pretensión: a) sustantivamente vinculada al reconocimiento de la responsabilidad prestacional de carácter laboral frente al FOGASA; y b) procesalmente puede articularse de manera autónoma (y posterior, si se ha producido el reconocimiento) o acumuladamente si se interesa el reconocimiento del derecho y la aplicación de intereses por demora.

La cuestión que el silencio administrativo pueda tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible desde el punto de vista material y jurídico, y que si éste se denuncia se entienda en sentido positivo cuando no ha habido resolución más allá de los tres meses desde la reclamación al FOGASA de una prestación derivada de la legislación laboral (STS 16-3-15 (rcud. 802/14)  -EDJ 2015/51859-, abre la viabilidad de reclamar por los y a beneficiarios o demandantes, el pago de los intereses devengados desde el día en que venció el plazo de tres meses hasta el día en que se produjo el pago de la prestación. Se reitera el orden social es el competente para reclamarlos. No hay regla legal que prohíba la acumulación, si es que se reclama junto con la prestación principal (art.73.1.1º LEC). Y si ésta ya ha sido reconocida, es claro que deben ser objeto de reclamación ante la jurisdicción social. Los intereses (moratorios y/o procesales) cumplen una función reparadora o indemnizatoria derivada del incumplimiento de una obligación principal. En el caso, la responsabilidad del FOGASA, en cuanto organismo autónomo del Estado, en materia prestacional, por ley, corresponde dilucidarla al orden social de la jurisdicción. Lo accesorio en el caso sigue a lo principal no sólo en lo sustantivo -deriva de un título de responsabilidad estatal- sino también en el mismo orden jurisdiccional (el social) por el que debe canalizarse la reclamación.

6. En conclusión, los tribunales laborales son los competentes para conocer la reclamación de intereses en esta materia. A partir de aquí las cuestiones se multiplican. Entre otras problemáticas: a) la relativa al plazo de prescripción si se reclaman intereses de manera autónoma; b) el cauce procesal para la fijación, en su caso, de esos intereses, esto es, si se produjo el reconocimiento de la prestación por silencio administrativo declarado en sentencia judicial (firme) y no se solicitaron los intereses caben reclamarlos en ejecución de sentencia o hay que acudir a un nuevo proceso; c) cómo opera su determinación, nacen ope legis, esto es, sin necesidad de petición ni incluso expresa condena para su exigibilidad, como suceden en el caso de los intereses de mora procesal, o bien precisan para su consideración -lo que parece técnicamente más ajustado a Derecho- la necesidad de solicitud expresa; y d) si en el caso de silencio de la Administración y el incumplimiento de su deber de resolver (y notificar ilustrando del régimen de recursos) impide que pueda invocarse la falta de agotamiento de la previa vía administrativa, con base al principio de tutela judicial efectiva y por razones de economía procesal (ver en este sentido, TS 3ª, Sec 4ª, 4-6-01, Rec 7768/95  -EDJ 2001/15433- y Sec 7ª, 20-3-01, Rec 960/92  -EDJ 2001/12154-).

Los intereses de demora que se reclaman al FOGASA por haber excedido el plazo de tres meses para el pago de la prestación de garantía salarial desde que la misma fue reconocida por silencio administrativo, tiene su fundamento legal en lo establecido en el art.24 LGP, según el cual «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.» Dicha obligación deriva, pues, de una norma administrativa no de una norma laboral como sí lo es, en cambio, el artículo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)  -EDL 1995/13475- que regula las prestaciones de garantía salarial a cargo del FOGASA, pero que no contempla el devengo de los referidos intereses de demora. La precisión realizada es importante porque el art.9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)  -EDL 1985/8754- asigna a los Juzgados y Tribunales del orden social el conocimiento de las pretensiones o reclamaciones contra el Estado, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral y en el mismo sentido recoge dicha competencia el artículo 2 ñ) LRJS  -EDL 2011/222121- que atribuye competencia al Orden Social para conocer de aquellas reclamaciones contra la Administración Pública, incluido el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral que no es el caso de los intereses de demora ahora examinados.

Por su parte el art.9.4 LOPJ  -EDL 1985/8754- atribuye a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, así como de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho y de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. En este precepto es en el que se ha de encuadrar la reclamación de los intereses de demora frente al FOGASA en la medida en que constituye un supuesto de responsabilidad patrimonial de un organismo de la Administración Pública por el retraso en el abono de las prestaciones de garantía salarial por lo que la competencia para conocer de dicha reclamación residirá en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y no en el orden social.

De las consideraciones anteriores se deduce que los referidos intereses de demora no son una obligación accesoria de las prestaciones de garantía salarial a cargo del FOGASA puesto que no aparecen contemplados en el art. 33 ET  -EDL 1995/13475- que regula aquellas, ni en ningún otro precepto laboral, sino que se trata de una obligación independiente que tiene su encaje, como ya se ha dicho, en la Ley General Presupuestaria  -EDL 2003/127843- y, por consiguiente, la competencia jurisdiccional para su conocimiento no está determinada por la que rige para las prestaciones de garantía salarial aun cuando el importe de dichas prestaciones sea la base sobre la que se aplicará su devengo.

Dicho lo anterior, no cabe desconocer que la atribución al orden social del conocimiento de las reclamaciones de los indicados intereses sería aconsejable por evidentes razones de economía procesal, habida cuenta que en un mismo proceso se podría reclamar tanto las prestaciones de garantía salarial como los intereses de demora por el retraso en el abono de aquellas, pero dichas razones que, de lege ferenda, podrían avalar un cambio en la atribución de la competencia de los referidos órdenes jurisdiccionales, resultan insuficientes, de lege data, para amparar la atribución al orden social del conocimiento de los intereses ahora examinados.

Entendemos que el orden social de la jurisdicción es el competente para conocer de la acción dirigida a reclamar del Fondo de Garantía Salarial el pago de intereses derivados de las cantidades cuyo abono le corresponde en los casos de insolvencia empresarial, porque así se desprende del art.9.5º LOPJ  -EDL 1985/8754-, y del art.2 LRJS, al establecer en su letra ñ)  -EDL 2011/222121- que le corresponde el orden social el conocimiento de las «cuestiones litigiosas» que se promuevan contra el Fondo de Garantía Salarial, «cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral», sin distinguir entre el principal y los intereses de las cantidades de las que deba responder este organismo frente al trabajador.

Es cierto que el devengo de intereses se genera por el hecho de que el Fondo de Garantía Salarial no ha llegado a dictar la oportuna resolución en el plazo legalmente previsto a tal efecto, lo que determina que opere el silencio positivo y deba considerarse estimada la solicitud del trabajador que ha quedado sin respuesta expresa, pero esto no es óbice para considerar que seguimos estando ante una obligación de pago de dicho organismo que deriva de la responsabilidad que le atribuye la legislación laboral, en la medida en que la solicitud del trabajador se sustenta justamente en reclamar el pago de una cantidad de la que debe responder legalmente en función de una deuda laboral conforme a lo establecido en el art.33 ET  -EDL 1995/13475-.

Y si el orden jurisdiccional social es el competente para conocer de la acción del trabajador en reclamación del principal de la deuda, debo serlo también para conocer de la reclamación de intereses que pudieren entenderse generados por dicha deuda.

Los intereses se generarían en este caso por la circunstancia de que el deudor de la obligación consistente en el pago de una cantidad incurre en mora conforme al art.1108 CC  -EDL 1889/1-, con lo que se constituyen en una obligación accesoria vinculada a la principal de la que no pueden escindirse a efectos de competencia jurisdiccional, que en su aplicación a la administración pública se rige por lo dispuesto en los art.24 y 17 de la L 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria  -EDL 2003/127843-, generando tales intereses de mora en los tres meses siguientes a partir del momento del reconocimiento de la obligación.

Bien es verdad que puede sostenerse que la obligación de pagar intereses no deriva de la responsabilidad impuesta a dicho organismo por la legislación laboral, sino de la responsabilidad que le impone justamente el precitado art.24 LGP  -EDL 2003/127843-, pero entendemos que se trataría de una construcción muy artificiosa que omite el hecho esencial de que la responsabilidad principal que genera tales intereses viene impuesta por la legislación laboral.

No es lógico que la deuda principal deba reclamarse en un orden jurisdiccional y la accesoria de intereses derivados de esa misma deuda en otro orden jurisdiccional distinto, lo que conduciría al absurdo de obligar en este caso al trabajador a interponer dos diferentes demandas contra el Fondo de Garantía Salarial, ante el orden social de la jurisdicción y el orden contencioso-administrativo, lo que resulta en realidad perjudicial para ambas partes sin que concurra ninguna circunstancia que lo justifique, cuando nada impide invocar ante el orden social de la jurisdicción la normas de derecho administrativo que el Fondo de Garantía Salarial pudiere considerar favorables a sus intereses, tal y como así se hace por dicho organismo cuando el trabajador reclama la deuda principal consistente en la prestación de pago de salarios o indemnizaciones que dirige contra el mismo por insolvencia de la empresa.

Y tanto se produce un funcionamiento anormal de la administración cuando la reclamación debe entenderse estimada por haber operado el silencio positivo, como cuando se considere que por esa misma circunstancia deben generarse intereses a favor del trabajador, en uno como en otro caso estamos ante la misma situación jurídica y si no hay dudas para entender que el orden social es el competente para reclamar el principal, tampoco puede haberlas para reclamar los intereses accesorios.

Como ya hemos apuntado, el art.2 LRJS  -EDL 2011/222121- atribuye la competencia al orden social de la jurisdicción de «las cuestiones litigiosas» que se promuevan contra el Fondo de Garantía Salarial «cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral», y esa mención viene sin duda referida al art.33 ET  -EDL 1995/13475- que es la norma laboral que atribuye esta responsabilidad al Fondo de Garantía Salarial, sin que haya razón legal alguna para distinguir a estos efectos entre la responsabilidad sobre el principal de la deuda y sobre los intereses, puesto que ambas tienen un mismo origen legal que no es otro que esa responsabilidad impuesta por el art.33 ET.

Sin que quepa sostener que en este caso pudiere considerarse que la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial no viene atribuida por la legislación laboral, sino por la legislación administrativa que regula los efectos del silencio positivo, o la responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de los servicios públicos, por cuanto el título de imputación de dicha responsabilidad es el pago de la deuda de la empresa insolvente que impone el art.33 ET  -EDL 1995/13475-, mientras que el silencio positivo tan solo constituye el mecanismo jurídico del que se deriva el contenido presunto de la resolución administrativa que debe considerarse como la respuesta del Fondo de Garantía Salarial a la solicitud del trabajador.

De la misma forma que no es óbice para la competencia del orden social de la jurisdicción la circunstancia de que en muchas ocasiones deba tenerse en consideración la normativa del derecho administrativo que regula la tramitación de los expedientes administrativos, los plazos, y demás cuestiones de procedibilidad que pudieren resultar aplicables.

Toda esa normativa y mecanismos de derecho administrativo, en este caso el silencio positivo, o si se quiere, la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios públicos, no desvirtúan el elemento esencial que determina la competencia de uno u otro orden jurisdiccional frente a la actuación de órganos administrativos, y que en este caso no es otro que la atribución de responsabilidad por parte de la legislación laboral que impone al Fondo de Garantía Salarial la obligación de pagar al trabajador determinadas deudas de la empresa insolvente.

Como ha venido a sentar el Tribunal Supremo, la obligación de pagar esa deuda resulta imputable al Fondo de Garantía Salarial porque opera el silencio positivo frente a la solicitud del trabajador y la competencia corresponde al orden social de la jurisdicción, con lo que siendo el mismo título de imputación de los intereses generados por esa misma deuda, la competencia jurisdiccional no puede verse alterada.

Ya en sentencia, alejada en el tiempo, el Pleno del Tribunal Constitucional, 18-4-96, Num 69/1996, BOE 123/1996, de 21 de mayo de 1996, Rec 872/1992  -EDJ 1996/1560-, se pronunciaba respecto al pago de intereses por la Administración Pública, indicando que «es el Derecho común, con una raíz que se pierde en el tiempo, quien nos enseña cuál sea la función de los intereses de demora, cualesquiera que fuere la naturaleza, privada o pública, de la relación jurídica donde surjan. En tal sentido, el Código civil les dota de una función indemnizatoria de los daños y perjuicios que pueden ser imputables a la demora en el cumplimiento de una prestación obligacional consistente en una cantidad de dinero (art. 1108). El mismo carácter les ha asignado, en el ámbito de la Hacienda pública, la doctrina legal del TS. Tal indemnización, a salvo de pacto en contrario (principio de autonomía de la voluntad) o de disposición específica (principio de legalidad) ha venido siendo el interés legal del dinero, concepto y coeficiente que han variado a lo largo de un siglo con cada coyuntura, desde 1889 (en que era un 5%) hasta 1939 (en que se redujo al 4%), y luego con la incidencia de las leyes ahora en tela de juicio, más las que contienen los Presupuestos Generales del Estado, que han dejado el tipo flotante, indeterminado pero determinable, con la pretensión de aproximarlo al tipo real en el mercado de capitales», añadiendo que la efectividad de la tutela judicial, garantizada constitucionalmente, exige no sólo que se cumpla el fallo, en todos los procedimientos, sino que el ganador consiga el restablecimiento pleno de su derecho, hasta la restitutio in integrum, en la cual se comprende la compensación por el daño sufrido (TC 32/82  -EDJ 1982/32-). «En este sentido actúa el interés de demora, cuya función exclusiva es esa, al margen de la eventual actualización monetaria para restablecer la depreciación permanente, que tiene otros mecanismos como las cláusulas de estabilización contractuales o las previsiones legales al respecto, en función de un punto de referencia dado (el patrón oro, el índice del coste de vida, etc.). No se trata, por ello, de «conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial» (TC 114/92  -EDJ 1992/8757-), sino de indemnizar al acreedor impagado el lucro cesante, dándole lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda. En definitiva, si el canon común para esta eventualidad es el interés legal del dinero, resulta evidente que el art. 36 LGP  -EDL 2003/127843-, en la parte que nos toca, cumple con su función para todos, incluida la Hacienda pública, y respeta el contenido del derecho a la ejecución de la sentencia, tal y como fue delimitado más arriba" y partiendo de tal obligación por parte de la Administración Pública del pago de intereses, cuando es condenada al pago de una determinada cantidad, el Tribunal Supremo, Sala Social, asume la competencia de forma directa, cuando reclaman al Instituto Social de la Marina, el pago de los intereses correspondientes al principal reclamado, devengados desde el 29 de mayo de 1.991, fecha en que se notificó la sentencia, hasta octubre de 1.992, en que fue pagado el principal, STS. Sala 4ª, de 17 de enero 1996, rec. 1221/1995  -EDJ 1996/924-, declarando que "Conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, manifestada en nuestras sentencias de 27  -EDJ 1993/3909- y 29 de abril  -EDJ 1993/4011-, 14 de julio  -EDJ 1993/7109- y 27 de octubre, todas ellas de 1.993  -EDJ 1993/9612-, 2 de febrero de 1.994 y 19 de junio de 1.995  -EDJ 1995/3832-, la regla específica que establece el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria  -EDL 1977/486-, a la cual hace remisión el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», ahora art.576 LEC vigente  -EDL 2000/77463-, «es aplicable a las entidades gestoras de la Seguridad Social», por así resultar de lo que dispone el art.13.7 L 33/1.987, en norma cuya vigencia excede del ejercicio económico para el que tal Ley aprueba los presupuestos generales del Estado, lo cual es coherente con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sus sentencias 63/1.986, de 21 de mayo  -EDJ 1986/63- y 127/1987, de 16 de julio  -EDJ 1987/127-», añadiendo que «La Sala, al interpretar el citado precepto, asume y reitera la línea jurisprudencial sentada por la Sala de Revisión del Orden Contencioso Administrativo de este Tribunal Supremo, manifestada, entre otras, en sus sentencias de 18 de enero, 20, 24 y 30 de marzo, 3 y 16 de abril, todas ellas de 1.990, y 10 de julio de 1.992», al tener en cuenta que es dicha Sala la que tiene la competencia genuina al respecto, la cual Según declara la primera de las mencionadas sentencias, que es la que inicia dicha línea jurisprudencial, el cómputo del interés del que ahora se trata ha de estar inspirado en el principio de igualdad «y, por ello, el momento inicial en que nace la prestación indemnizatoria por la demora en el pago, ha de situarse en el día siguiente al del vencimiento de la obligación, como establece el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria para las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública. El artículo 45 no modifica tal criterio para el cálculo, en el supuesto inverso de las deudas a cargo de la Administración y tan sólo instrumenta un plazo de tres meses para que se la pueda considerar incursa en mora, una vez producida la cual sus efectos se retrotraen al instante en que efectivamente se produjo el incumplimiento. Esta es la única lectura que permite armonizar ambas normas, aparentemente antinómicas y la conservación de su contenido a la luz de la Constitución».

De la misma forma se han pronunciado, asumiendo la competencia para resolver sobre los intereses a satisfacer por las cantidades adeudadas, por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Administración en General, los Tribunales Superiores de Justicia, a modo de ejemplo, TSJ Madrid Sala de lo Social,  7-4-98, Num 421/98, Rec 630/98  -EDJ 1998/16010-, Comunidad de Madrid, TSJ de Galicia Sala de lo Social, 27-1-00, Rec 177/00, INEM  -EDJ 2000/6986-, TSJ de Andalucía (sede Málaga) Sala de lo Social, Sec 1ª, 23-9-04, Num 1815/04, Rec 395/04, Administración Sanitaria  -EDJ 2004/246710-, TSJ de Andalucía (sede Sevilla) Sala de lo Social, Sec 1ª, 9-4-07, Num 1237/07, Rec 2868/06, Administración del Estado  -EDJ 2007/220975-, TSJ Andalucía (sede Sevilla) Num 2959, 5-10-07, Rec 4149/05  -EDJ 2007/346601-, declarando que como ya mantuvo en su Sentencia 1860/1996, de 28 mayo, reiterada en la Num 3680, 30-11-05, Rec 1032/05 y Num 2959, de 5-10-07, Rec 4149/05, siguiendo la doctrina de unificación del Tribunal Supremo en la materia, 17-1-96 y las que en ella se citan, la Administración Pública, por aplicación conjunta del art.921, párrafos 4.º y 5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC  -EDL 2000/77463- y del art.45 de la Ley General Presupuestaria, LGP  -EDL 2003/127843-, actuales art.576 LEC y art.24 L 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, viene obligada al pago de los intereses sobre la cantidad debida, siempre que trascurra el plazo de tres meses sin cumplir la sentencia firme, reclame por escrito el beneficiado por la misma, debiendo computarse en relación con la fecha de la de primer grado, de la que tales intereses se deriven; también, TSJ de Cataluña Sala de lo Social, sec. 1ª, Sentencia de 26 de febrero 2008, nº 1753/2008, rec. 5696/2006  -EDJ 2008/36315-, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y muchas otras Salas de lo Social, asumiendo la competencia y pronunciándose sobre los intereses reclamados, cuando una Administración es condenada al pago de una cantidad determinada y se retrasa en el pago más allá de tres meses, de ello resulta clara la competencia de los órganos de la jurisdicción social, para conocer de la reclamación que se realiza acumulada a la pretensión de reconocimiento de la prestación, en el supuesto de que esta no hubiere sido satisfecha -ni reconocida- al tiempo de la interposición de la demanda.

Cuando la prestación ya ha sido satisfecha y solo se discute el importe de los intereses sobre las cantidades que debe satisfacer, en relación con las indemnizaciones, reconocidas en sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los art.50, 51 y 52 de esta Ley, y de extinción de contratos conforme al art.64 de la L 22/2003, de 9 julio, Concursal, cuando la empresa resulta insolvente o se encuentra en concurso y el mismo no resuelva tal petición en el plazo de tres meses, conforme establece el art.28.7 del RD 505/1985, de 6 marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial  -EDL 1985/7973-, es una variante que sin perjuicio de no estar condenado inicialmente, competencialmente no parece debe tener distinta respuesta a la ya indicada, dado que en su art. 1.1 y 2, establece que el Fondo de Garantía Salarial es un Organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines establecidos en el art.33 de la L 8/1980, de 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores, modificado por la L 32/1984, de 2 agosto y que en su actuación se regirá por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación y, especialmente, por el mencionado Estatuto de los Trabajadores, ET  -EDL 1995/13475-, por la Ley del Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de 26 diciembre 1958; por la L 11/1977, de 4 enero, General Presupuestaria, y por el presente Real Decreto; estableciendo el art.33.1 y 2 ET que el Fondo de Garantía Salarial abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario y abonará también, en ese caso, indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los art. 50, 51 y 52 de esta Ley, y de extinción de contratos conforme al art.64 de la L 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan, estableciendo por su parte el apartado ñ), del art. 2, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social  -EDL 2011/222121-, que la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, se extenderá, al conocimiento de las cuestiones que se susciten contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral, en este caso, esta responsabilidad, como se ha indicado, le viene atribuida ex lege, por el art.33 ET, por tanto la competencia se extiende a conocer no solo de las cantidades que el FOGASA deba satisfacer, como obligaciones propias, distintas a las del deudor o de forma subsidiaria, sino también de los intereses que se generan por impago de tales obligaciones, al disponerlo así, el art.24 LGP  -EDL 2003/127843-, «Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley  », «El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios».

La STS 16-3-15  -EDJ 2015/51859- abre una nueva perspectiva en el funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, interpretando, el alcance respecto de dicha institución de garantía, tanto de determinados preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art.43,1, 2 y 3, en relación con el art.2,2 que incluye dentro de su ámbito de aplicación al FOGASA), como del art.28.7 del RD 505/1985, de 6-3-85, sobre Organización y funcionamiento de dicha institución  -EDL 1985/7973-, y que dice, taxativamente, que, «El plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud». Y de ello derivado, una diversidad de nuevas cuestiones, una de las cuales es, sin duda, la del pago de intereses (al margen de los estrictamente procesales del art.576.1 LEC  -EDL 2000/77463-), una vez transcurrido ese plazo de tres meses, su alcance cuantitativo, el procedimiento adecuado para su reclamación, el tipo de intereses (moratorio ordinario, art.1100, 1101, 1108 CC  -EDL 1889/1-, o el del art.29,3 ET  -EDL 1995/13475-, como recuerda, con carácter más general, la STS de 17-6-14  -EDJ 2014/106575-), su reconocimiento de oficio o rogado, o lo que ahora se plantea, la jurisdicción competente para ello.

Pues bien, en relación con esta estricta cuestión, sobre lo que también, sin duda, puede planear un eventual problema de prescripción, si ello es alegado, debe de diferenciarse, tal y como se señala en la cuestión planteada, según que la reclamación de intereses se realice acumulada a la demanda de reconocimiento del derecho, o que la única pretensión formulada sea la del reconocimiento y/o importe de los intereses.

En relación con la primera opción, no parece cuestionable la competencia jurisdiccional del orden social, atendiendo a la expresa indicación de competencia contenida en el art.2,ñ) LRJS  -EDL 2011/222121-, que reitera que es propia de dicha competencia social la resolución de cuestiones litigiosas que se promuevan contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral". Sin que el hecho de que pueda ser una pretensión acumulada a la principal, tenga una mayor incidencia a estos efectos competenciales, conforme al art.25.1 y 6 LRJS, para considerar que es materia propia del orden social de la jurisdicción.

En cuanto a la otra posibilidad, de exclusiva reclamación de los intereses, y dejando de lado toda otra serie de cuestiones que respecto de ello se puedan plantear, que excedan del tema meramente competencial, lo cierto es que tampoco parece que haya argumentos relevantes para considerar que no sea el social el orden competente, en cuanto que, más allá de la naturaleza que, conforme al debate doctrinal, se les pueda atribuir a los mismos, y por ende, de su carácter «indemnizatorio» (TS 17-6-14 –EDJ 2014/106575-), lo cierto es que tal reclamación deriva de la existencia de un derecho de índole laboral reconocido por el art.33 ET  -EDL 1995/13475-, en favor de una persona que ha estado -o sigue estando- vinculada por un contrato de trabajo, y que en función de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto, tiene el derecho a la subrogación regulada en el mismo, pretensión claramente de competencia social, y que en caso de atraso injustificado en su resolución, podrá general intereses indemnizatorios del mismo, sobre lo que no existe argumento especial para excluir tal discusión de ese mismo orden jurisdiccional. Pues, además, parecería procesalmente absurdo que, si se acumula con la pretensión principal -en la opinión que se mantiene por el firmante- sea claramente la jurisdicción social la que tiene competencia para resolver, y si se articula de modo exclusivo, se pueda plantear que lo es una jurisdicción distinta, la contencioso-administrativa. Más allá, igualmente en mi opinión, de la complejidad derivada del carácter positivo del silencio de los tres meses sin respuesta expresa del FGS. Y sin que la circunstancia de que la STS 16-3-15 se haya basado en argumentos utilizados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Tribunal, sea suficiente para que la solución alcanzada pueda luego, en sus derivas posteriores, verse afectada en el orden jurisdiccional competente. Pues, el «trasvase» argumental entre jurisdicciones (tanto con la contencioso-administrativa, como con la civil), junto a ser sustantiva y procesalmente saludable, en cuanto que conduce a una mayor homegeneidad en las soluciones, con mayor garantía y seguridad para el ciudadano (art.9.3 CE), no comporta sin embargo que ello vaya a afectar, de modo alguno, al que tiene legalmente la competencia para resolver las diversas pretensiones.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es, como señala el art.33.1 ET  -EDL 1995/13475-, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se trata de un ente asegurador que se nutre de determinadas cuotas y, a cambio, asume, dentro de ciertos límites, el riesgo del pago a los trabajadores de salarios e indemnizaciones que no pudieron hacerse efectivas por el empleador por su carencia patrimonial. Cumple este organismo las exigencias de protección establecidas en la Directiva Comunitaria 80/987, de 20 de octubre de 1980, modificada por la Directiva 87/164, de 2 de marzo, y Convenio 173 de la OIT (ratificado por España el 28 de abril de 1995).

Dada su naturaleza jurídica, está sujeto el FOGASA, por un lado, a la aplicabilidad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en virtud de su art.2.2  -EDL 1992/17271-, y de otro a la L 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por expresa previsión de su art.2.1 b)  -EDL 2003/127843-.

La norma que regula la organización y funcionamiento del FOGASA resulta ser el RD 505/1985, de 6 marzo, cuyo art.28.7  -EDL 1985/7973- establece que el plazo máximo de que dispone el Fondo para dictar Resolución será de 3 meses desde la presentación en forma de la solicitud. Los efectos prácticos de esta estimación por silencio administrativo, transcurridos tres meses desde la solicitud al FOGASA, son básicamente dos:

A).- En primer lugar que, transcurridos tres meses y un día desde que el trabajador presente la solicitud, plazo que se suspende en los supuestos legalmente previstos, como en el caso del requerimiento de subsanación de la solicitud o de aportación de documentación preceptiva, podrá directamente formular demanda ante los Juzgados de lo Social en reclamación de la cantidad que le es debida por el FOGASA por indemnización, salarios o ambos, y que resultó aprobada por efecto del silencio administrativo. En este orden de ideas dispone el art.43 LRJPAC  -EDL 1992/17271- que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieren deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo según proceda, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución en forma expresa. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario europeo establezca lo contrario. Esta acción de reclamación ante el Juzgado de lo Social es la más recomendable pasados los tres meses, puesto que si el FOGASA acabara resolviendo favorablemente antes de la fecha que se señale para la vista del procedimiento, siempre se podría desistir del mismo.

B).- En segundo lugar, que el FOGASA no podrá dictar una resolución desestimatoria de la solicitud del trabajador más allá de los tres meses desde la solicitud. Si lo hiciera, el trabajador siempre podría oponer la estimación ganada por silencio administrativo. O, en otras palabras, el silencio administrativo es positivo, careciendo de eficacia enervadora la resolución expresa posterior al plazo de tres meses denegatoria de la petición (STS 16-3-15, Rec 802/14  -EDJ 2015/51859- y art.43.3 LRJPAC  -EDL 1992/17271-).

Una vez producido el reconocimiento del derecho por el transcurso del plazo reglamentario de los tres meses (silencio positivo), el interesado estaría en disposición de reclamar también el pago de los intereses, puesto que las cantidades que debe abonar el FOGASA devengan el interés legal del dinero vigente a la fecha en que vence el plazo y desde que el acreedor reclama por escrito el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta la previsión contenida en el art. 24 L 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  -EDL 2003/127843-, conforme al cual si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública Estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés legal moratorio que señala el art.17, aptdo. 2 , de la misma Ley , sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. Es decir, en rigor los intereses legales moratorios no se devengan a partir del transcurso de los tres primeros meses desde que se presenta formalmente la solicitud al FOGASA, y que debe entenderse estimada por silencio positivo, sino a partir del transcurso de otros tres meses más, por lo que será a partir del sexto mes en que se presenta la reclamación al FOGASA cuando se devengan dichos intereses legales moratorios, que, nótese, no son los intereses del diez por ciento de lo adeudado previstos en el art.29.3 ET  -EDL 1995/13475-, pues atendiendo a los preceptos generales del Código Civil  -EDL 1889/1- los intereses han de abonarse en concepto de mora o retraso por el cumplimiento de una obligación, que es imputable exclusivamente a quien incurre en tal incumplimiento en el tiempo legalmente fijado, de modo que en tal concepto de compensación por retraso en su cumplimiento no queda cubierto por la prestación de garantía que incumbe al FOGASA, conforme a su norma reguladora del art.33 del ET (TSJ Cataluña 9-5-13  -EDJ 2013/108437-).

En cuanto a la determinación de la competencia objetiva para conocer de la reclamación de estos intereses, en nuestra opinión, tanto se ejercite en pretensión única, cuando la prestación ya ha sido satisfecha y solo se discute el importe de esos intereses, como cuando aparezca acumulada a la pretensión de reconocimiento de la prestación, en el supuesto de que esta no hubiere sido satisfecha, corresponde a los Juzgados de lo Social. Es verdad que el art. 29 RD 505/1985  -EDL 1985/7973- advierte que las resoluciones del Secretario General del FOGASA podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que deberá interponerse en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de recibo de la notificación, y que las resoluciones dictadas en alzada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social agotarán la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no lo es menos que del juego de los art.2 ñ), 10.1 y 69.2 LRJS  -EDL 2011/222121-, normativa de superior rango legal, hay base para sostener las resoluciones del Secretario General en esta materia son recurribles mediante la interposición de demanda ante el Juzgado de lo Social, en el plazo de un año desde su notificación, sin necesidad de reclamación administrativa previa ante el propio Organismo. Y es que, en efecto, según el art.2 ñ) LRJS los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan contra las Administraciones Públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral, y el 69.2 precisa que notificada la denegación de la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el Juzgado competente. Por lo que, en definitiva, si el pago de los intereses por el FOGASA deriva de su previa responsabilidad, dentro de los límites del art.33 ET  -EDL 1995/13475-, su reclamación ha de hacerse ante el Juzgado de lo Social.

El Tribunal Supremo, con fecha 16 de marzo pasado, y en el recurso 802/14  -EDJ 2015/51859-, ha dictado sentencia precisando las consecuencias que tiene para el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no resolver las peticiones en el plazo establecido en la normativa que resulta de aplicación (tres meses, según el apartado 7, artículo 28, de Real Decreto 505/1985  -EDL 1985/7973-, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial). Frente a la tesis contraria del STSJ Madrid, 9-1-14, el Tribunal Supremo es explícito respecto a que el art.28.7 RD 505/1985 no establece ninguna excepción y que se extiende a todos los expedientes cuya resolución corresponda al FOGASA, pero ni esa normativa, ni otra aplicable de forma expresa a este organismo, dispone nada respecto a las consecuencias derivadas del incumplimiento del plazo.

Ha de acudirse entonces a la normativa general, contenida en la LRJPAC  -EDL 1992/17271- que es de aplicación al FOGASA (conforme a lo establecido en el art.2.2. de dicha Ley), en cuyo art.43.1 se establece, respecto de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa al interesado, produce la estimación de la pretensión por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de Derecho Comunitario disponga lo contrario, todo ello sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa que, de haberse producido la estimación del derecho por silencio, no podrá contradecir tal acto presunto y sólo ha de tener significado confirmatorio. Por ello, según expone, una resolución posterior extemporánea, y desestimatoria del FOGASA, carecería de cualquier eficacia para modificar o anular un derecho que se habría ganado, a través del «silencio positivo», establecido en el art.43 LRJPAC.

Las consecuencias para la gestión del FOGASA son muy importantes, si esta resolución obligará a la resolución de los expedientes dentro de plazo, lo que motivará, sin duda, el reforzamiento de sus medios materiales y, sobre todo, humanos.

Surge, efectivamente, una cuestión colateral de dicha respuesta judicial, ya que una vez producido el reconocimiento del derecho por el transcurso del plazo reglamentario, se pueden reclamar el pago de los intereses devengados desde el día en que venció el plazo de tres meses hasta el día en que se produjo el pago de la prestación. La reclamación de los intereses se puede ejercitar como pretensión única, cuando la prestación ya ha sido satisfecha, y solo se discute el importe de los intereses, o acumulada a la pretensión de reconocimiento de la prestación, en el supuesto de que esta no hubiere sido satisfecha (ni reconocida) al tiempo de la interposición de la demanda.

La reclamación de estos intereses es una pretensión que se puede ejercitar ante los órganos de la jurisdicción social, descartando el aforamiento ante el orden contencioso-administrativo. A fin de cuentas, se trata de una reclamación ante el FOGASA, bien de la prestación o de la prestación acumulada junto a los intereses.

Es cierto que respecto a las reclamaciones contra el FOGASA, en general, ha existido históricamente una oscilación de criterio. En un comienzo, se atribuyó de forma expresa al orden contencioso-administrativo la competencia para conocer de la impugnación de sus resoluciones. Así el art.2 RD 2077/1979, de 14 agosto, que reiteraba lo establecido ya en el art.25 RD 317/1977 y más tarde, el art.29 RD 505/1985, de 6 marzo  -EDL 1985/7973-, al disponer que las resoluciones del Secretario General del Fondo de Garantía Salarial podrán ser objeto de recurso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que deberá interponerse en el plazo de quince días contados desde el siguiente al de recibo de la notificación. Las resoluciones dictadas en alzada por el Ministerio de trabajo y Seguridad Social agotan la vía administrativa y podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, la L 20/1998, de 14 julio, modificadora de determinados artículos del Texto refundido de la LPL  -EDL 1988/12367-, RD Leg 1568/1980, de 14 julio, de forma expresa se refirió a este tipo de reclamaciones en el art.1, aptdo. 2.b, las que «deriven por las responsabilidades prevista en el artículo 33 del ET al Fondo de Garantía Salarial y estableciendo en su Disposición Transitoria que los procedimientos actualmente en trámite ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo aquellos que tuvieran señalados para deliberación y fallo, serían resueltos por el órgano de la Jurisdicción laboral que fuera competente, al que se remitirían de oficio las actuaciones en el estado que se encuentren.

Incluso antes de la L 20/1988  -EDL 1988/12367- una amplia doctrina jurisprudencial entendió que correspondía al orden jurisdiccional social la competencia para conocer de las pretensiones formuladas frente a las resoluciones del FOGASA, con fundamento, entre otros argumentos, en el art.9.5 LOPJ  -EDL 1985/8754-, cuando atribuía al orden social las pretensiones que se promovieran dentro de la rama social del Derecho. Así la sentencia de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, de 16-10-86.

Después, a partir de la entrada en vigor del RD Leg 521/1990, de 27-4, que aprobó el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, ya no cabe controversia respecto a que han de ser los órganos del orden social los que conozcan de las pretensiones, todas, deducidas contra el FOGASA.

En la actualidad, una pretensión de este tipo de naturaleza corresponde enjuiciarla, sin duda alguna, a los tribunales del orden social, conforme a lo dispuesto en el art. 2.ñ) Ley 36/2011, de 10-10, reguladora de la jurisdicción social  -EDL 2011/222121-, que remite a los órganos jurisdiccionales del orden social el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan «contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral», lo que sucede, si, reclamada la prestación o la prestación y los intereses, se funda la responsabilidad del FOGASA en lo dispuesto con anterioridad en el art. 33.8 del vigente texto refundido del Estatuto de los Trabajadores  -EDL 1995/13475-; el precepto de la LRJS se encuentra en perfecta sintonía con el art. 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)  -EDL 1985/8754-, que asigna al orden social el conocimiento, entre otras materias, de las reclamaciones contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

Por ello, la presencia de un acto administrativo (presunto, en este caso) no afecta al reconocimiento de una pretensión, como la actual, en la rama social del derecho, si se deduce una demanda de pago de intereses o prestación más intereses. La definición del concepto «rama social» supuso, como siempre se reconoció, dificultades importantes en el pasado, al basarse el reparto entre el orden contencioso y el social en razones meramente históricas y convencionales y a falta de un principio general delimitador (STC 158/1985  -EDJ 1985/132-) lo que hoy, sin embargo, no sucede.

A fin de cuentas, el legislador de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha optado por la coextensión de la materia social y del orden social, de forma que en la primera se sitúa este tipo de pretensiones y al segundo corresponde conocerlas, sin que el antiguo «fetichismo» que representaba la existencia de un acto administrativo, siquiera presunto, a través del silencio positivo, pueda mudar en contencioso-administrativo lo que es simplemente un conflicto en la rama social del derecho.

Por otro lado, que se reclamaran los intereses al FOGASA en un orden distinto del social, rompería la continencia de la causa, al tratarse de reclamaciones que tienen un mismo hecho causal o título.

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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