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Social

El convenio de ámbito inferior a la empresa y su posible prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial

Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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El art.84 del Estatuto de los Trabajadores (ET) regula la concurrencia de convenios colectivos, y en su aptdo. 1 establece la regla general en la materia.

Con anterioridad a la reforma llevada cabo por el RDL 3/2012, esta regla se formulaba del siguiente modo: «Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario negociado conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2 -EDL 1995/13475-».

El RDL 3/2012, de 10 febrero -EDL 2012/6702-, y la posterior L 3/2012, de 6 julio, dieron nueva redacción al art.84 ET añadiendo al final del aptdo. 1 -EDL 1995/13475- el siguiente inciso: «y salvo lo previsto en el apartado siguiente». En ese aptdo. 2 del art.84 ET se establece lo siguiente: «La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior», en una serie de materias que se citan.

La cuestión que se plantea en este foro es si se puede aplicar la regla del art.84.2 ET, EDL 1995/13475 -prioridad aplicativa en las materias que se citan- a la negociación colectiva de ámbito inferior a la empresa, ya se trate de un convenio de centro o de un convenio franja. Es decir, si tales convenios de ámbito inferior a la empresa también tendrán prioridad aplicativa en esas materias, respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.

Resultado del foro: En esta ocasión se ha producido unanimidad en las opiniones de todos los participantes en el foro, en el sentido de entender que la regla del art.84.2 ET -EDL 1995/13475- solo es predicable respecto de los convenios colectivos de empresa y no alcanza a los convenios de centro de trabajo y de franja.

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de diciembre de 2015.

La respuesta a la cuestión planteada sobre la posibilidad de que un convenio colectivo de ámbito inferior a la empresa tenga prioridad aplicativa sobre un convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las materias previstas en el aptdo. 2 del art.84 ET  -EDL 1995/13475-, viene determinada por el propio tenor del precepto y ha de ser negativa. En efecto el art.84.2 ET sólo habla de la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa y de los convenios colectivos de un grupo de empresas o de una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas, siendo obvio que el centro de trabajo no es equivalente a la empresa ya que aun admitiendo que puede tener cierta autonomía en atención a sus peculiaridades, no tiene una dirección propia sino que se rige por la de la empresa a la que pertenece. Si el legislador hubiera querido establecer la prioridad aplicativa de los convenios de ámbito inferior a la empresa lo habría dicho expresamente al igual que ha hecho al establecer la prioridad aplicativa del convenio colectivo de un grupo de empresas o de una pluralidad de empresas vinculadas, de modo que si no lo ha hecho es porque no lo ha estimado conveniente, siendo la primera regla de interpretación de las normas la que se desprende del sentido propio de las palabras, aun cuando la misma se deba integrar con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas (CC art.3.1).

La misma conclusión se alcanza si acudimos a lo dispuesto en el aptdo.3 del art.82 ET  -EDL 1995/13475- en el que se establece la posibilidad de que la empresa, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del art.41.4, deje de aplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa y que afecten a determinadas materias que enumera a continuación. Como se ve la posibilidad de inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio del sector o de empresa no se establece respecto a un determinado centro de trabajo sino respecto a la empresa y junto con la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa prevista en el at.84.2 ET evidencia el intento del legislador de facilitar la adaptación de las condiciones de trabajo al ámbito de la empresa o del grupo de empresas con el claro objetivo de dotarlas de instrumentos que les permitan una mejor organización de sus recursos humanos en atención a sus particulares circunstancias o a fin de superar situaciones económicas adversas.

En la misma línea, es decir, a favor de excluir de la prioridad aplicativa a los convenios de centro de trabajo, se ha de decir que, dado el carácter normativo de los convenios colectivos estatutarios, si se admitiese la prioridad del convenio de centro de trabajo se estaría dando lugar dentro de la empresa a desigualdades indeseables y difícilmente justificables porque en definitiva es la situación económica de la empresa en su conjunto la que puede explicar el establecimiento de un salario distinto, por lo general inferior, al que rige en un convenio colectivo de ámbito superior al de la empresa y lo mismo cabe decir en cuanto al resto de las materias en las que se establece la prioridad aplicativa y es que no cabe olvidar que los convenios de ámbito inferior suelen establecer condiciones laborales más desfavorable que las recogidas en los de ámbito superior.

También resulta difícil admitir la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de franja porque al margen de que tampoco se establece expresamente, resulta cuanto menos complicado justificar el establecimiento de una regulación diferente de las materias contempladas en el nº 2 del art.84 ET  -EDL 1995/13475- en relación con una sola categoría o grupo profesional de la empresa y, por consiguiente, sin afectar a todo su personal y es que la empresa es un conjunto organizado de medios materiales y personales para el desempeño de una actividad económica con una dirección que ha de procurar, en aras de la cohesión social, que los derechos y obligaciones laborales de todo su personal guarden un cierto equilibrio lo que excluye el establecimiento de diferentes condiciones laborales respecto al convenio de empresa o de ámbito superior y que solo afecten a parte del personal, ya sea para beneficiarle o para perjudicarle.

Por último, no se puede dejar de hacer mención a que otorgar prioridad aplicativa a los convenios de ámbito inferior a la empresa, supondría debilitar la capacidad negociadora del banco social al poder dividirlo en tantos grupos como centros de trabajo tenga la empresa, mientras que la dirección de esta seguiría íntegra ya que, como es obvio, cualesquiera que sean los negociadores de la parte empresarial los mismos seguirán las directrices de la dirección que es común para todos los centros de trabajo, pudiéndose llegar a una degradación de los derechos laborales al margen de cuál sea la situación económica de la empresa.

Las consideraciones expuestas se han realizado a partir de la premisa de que todos los centros de trabajo se encuentren en territorio español ya que de tener centros en el extranjero con lo que ello implica en orden a la legislación aplicable y a las circunstancias productivas podría ser justificable que los convenios colectivos de dichos centros de trabajo gozasen de prioridad aplicativa, eso sí, respetando en todo caso los derechos económicos que les corresponderían a los trabajadores si prestasen servicios en territorio español (ET art.1.4  -EDL 1995/13475-), es decir, la prioridad aplicativa no alcanzaría a la posibilidad de establecer un salario inferior al del convenio colectivo de empresa, pero sí al resto de condiciones.

1. Centrando la cuestión: la prioridad aplicativa de convenios en el ámbito funcional

La cuestión planteada se enmarca en una concreta problemática interpretativa la norma legal que establece la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Se precisa que concreta problemática porque son diversas las que suscita.

La formulada tiene que ver con la que se refiere al ámbito funcional de aplicación. Se nos pregunta si la preferencia aplicativa es exclusiva para los convenios de empresa o también se extiende a los de ámbito inferior a la empresa, ya se trate de convenio de centro o de un convenio de franja.

La respuesta, se anticipa ya, ha de ser negativa. Razonaremos sobre ello.

2. Los criterios de interpretación de la norma como pauta

En principio, el art.84 (RD Leg 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), que articula ciertas reglas sobre concurrencia de convenios, debe interpretarse como un todo coherente. En este sentido, los criterios del art.3 CC  -EDL 1889/1- deben estar presentes. Los cánones gramatical, lógico, sistemático, histórico y finalista, unido al canon sociológico, de la consideración de la realidad social, han de ser manejados para dar respuesta en abstracto a la cuestión planteada. No puede ser de otra forma. Estos criterios no pueden ser eludidos. Se ha indicado que en abstracto, por la razón de que reglas de uso aplicativo tradicional como pueden ser el principio de especialidad resulta más complicado su manejo al no tomar para examinar la cuestión ámbitos materiales expresos, ni tampoco temporales (por ejemplo, la retroactividad pactada en el convenio de empresa).

3. La prioridad aplicativa absoluta del convenio de empresa frente al sectorial y sus límites

3.1 El art.84.2 ET  -EDL 2015/182832- contiene reglas de concurrencia cargadas de matices aplicativos. Sin duda, los más evidentes están centrados en determinar dos cuestiones. Si el catálogo de materias previstas (letras a /g/) en el aptdo. 2 del art.84 del RD Leg 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es abierto o bien es numerus clausus. Y segunda, la concreción conceptual de cada una de las materias reseñadas. En efecto, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior tiene un campo de aplicación limitado por razón de la materia. Se aplica a las siguientes materias: la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, la adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores, la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación, las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal y aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art.83.2 ET  -EDL 2015/182832-.

La doctrina científica y la de tribunales laborales (fundamentalmente pronunciamientos de la Audiencia Nacional -sentencia 1 de diciembre de 2014-) vienen sosteniendo que dicho catálogo es numerus clausus y además no puede ser de interpretación extensiva. Por ejemplo, un convenio colectivo de empresa no puede modificar la estructura salarial, aunque sí puede cuantificar el importe de los complementos retributivos, o los complementos de prestación de incapacidad temporal no aparecen en el listado del art.84.2 ET  -EDL 2015/182832-). En todo caso, la frontera interpretativa está en la detección del abuso de derecho.

3.2 Prevalencia de las interpretaciones literal y lógica en la determinación del ámbito funcional de las reglas de prioridad aplicativa del convenio de empresa

3.2.1 La necesidad de remontarnos a este análisis panorámico de problemática permite dar una cabal respuesta a la cuestión planteada, referida al ámbito funcional de las reglas de prioridad aplicativa. Nos ayuda a advertir que esta regla está integrada en el engranaje más amplio del sistema de concurrencia de convenios y solución ante el conflicto. Para ello, la ley da prioridades aplicativas al convenio de empresa, pero sólo al convenio de empresa. No se puede ir a otros espacios de negociación. Primero porque la norma no lo dice. Segundo, y no menos importante, porque no se trata de aplicar mecánicamente reglas de prevalencia jerárquica o piramidal -quien puede lo más en el ámbito de empresa, puede lo menos- sino que afecta a aspectos de la articulación de la negociación colectiva diferentes, como son las unidades de negociación y resultados de la misma. El convenio de empresa es -valga la redundancia- , lo que es, el convenio de empresa. Tiene un ámbito que coincide con el de la empresa, lo que determina los sujetos que lo pueden negociar (ET art.87  -EDL 2015/182832-), el contenido del mismo (ET art.83.2), la prioridad aplicativa de determinadas materias respecto de otros productos de la negociación colectiva (Et art.84.2) y las relaciones de concurrencia con otros convenios (ET art.84). Los convenios inferiores a los de empresa responden a reglas -y realidades- diferentes en ámbito y unidades de negociación.

3.2.2 El sistema de solución de conflictos ante la concurrencia de convenios está establecido en la ley. La regulación de los niveles de negociación, aunque escasa, también. La norma establece con rotundidad prioridades aplicativas específicas para el convenio de empresa que de no contemplarlas la ley no cabría entenderlas aplicables. El legislador con el art.84.2 ET  -EDL 2015/182832- da un espaldarazo definitivo a la descentralización de la negociación colectiva, y particularmente al convenio de empresa (López Aniorte, María del Carmen), con la finalidad de dinamizar las relaciones laborales y fomentar la competitividad y la adaptabilidad de nuestras empresas a los requerimientos de la demanda. Los tribunales en su cometido de ejercer la interpretación como función jurisdiccional no están para eludir esa regla de prioridad aplicativa, ni siquiera para restringir su contenido aplicativo, aunque sí para sancionar "usos estratégicos del convenio de empresa" abusivos o ilegales (García-Perrote y Mercader Uguina). Los tribunales están vinculados a la ley. La introducción de tal clase de medidas legislativas en materia de negociación colectiva responde a un momento a una realidad concreta y se instrumentan con un carácter finalístico claro. Se trata de dar respuesta a una situación acusada crisis económica y de empleo para superar situaciones económicas adversas en determinadas empresas y mejorar la competitividad y productividad mediante la reducción de costes laborales.

Ahora bien, siendo esto así, también debe tenerse en cuenta que tampoco los tribunales están llamados a llenar vacíos en la regulación que sólo pueden ser autorizados por ley al tratarse de reglas excepcionales que afectan a unidades de negociación, en definitiva, a la articulación de la negociación colectiva. Este sería el caso de extender las excepcionales reglas sobre prioridad aplicativa del convenio de empresa a otros convenios de ámbito inferior, como el de centro o el de franja. Entenderlo así supondría dar validez, sin que la ley lo autorice, a un sistema de preferencia en caso de concurrencia de convenio de empresa y otro de ámbito inferior, y a la postre, conferir prevalencia a espacios de negociación inferiores a los de empresa cuando la ley no lo contempla. En este sentido, así parece apuntarse en la SAN (Social) 4-5-15, nº 80/15, rec. 62/15.

La prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, aunque con anterioridad vino reconocida por el RDL 7/2011, de 10 junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, por la que se modifica entre otros el art.84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ET  -EDL 1995/13475-, tal regulación venía fijada con carácter dispositivo ya que los acuerdos interprofesionales y los acuerdos o convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico podían establecer reglas sobre estructura de la negociación colectiva o concurrencia entre convenios distinta a la prioridad del convenio de empresa, indicando su exposición de motivos que la reforma de la negociación colectiva pretende abordar las disfunciones antes apuntadas, respetando plenamente los elementos esenciales de nuestro sistema y, singularmente, respetando la autonomía colectiva y con esta premisa básica, entre los objetivos principales de esta reforma de la negociación colectiva, aparecía la de favorecer una mejor ordenación de nuestra negociación colectiva, propiciando a la vez una negociación colectiva más cercana a la empresa, cercanía que no se alcanzó, por ello, la reforma llevada a cabo por el RDL 3/2012, de 10 febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/6702-, también en su exposición de motivos, señalaba que la anterior reforma del mercado trabajo también pretendió incidir en la estructura de la negociación colectiva, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión flexible de las condiciones de trabajo. No obstante, la efectiva descentralización de la negociación colectiva se ha dejado en manos de los convenios estatales o autonómicos, pudiendo impedir esa prioridad aplicativa. La novedad que ahora se incorpora va encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores, para ello en su art.14. Tres, regulaba una modificación del aptdo. 2, del art.84 ET, aprobado por RD Leg. 1/1995, de 24 marzo, quedando redactado del siguiente modo: «2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias, la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa; el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos; el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones; la adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores; la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa; las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal y aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2, teniendo igual prioridad aplicativa, en estas materias, los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1, sin que los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2, puedan disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado, modificación que dio prioridad absoluta en éstas materias a los convenios de empresa, manifestaciones en la exposición de motivos y desarrollo del precepto que no varió en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, declarando la STS. 4ª, de 26 de marzo 2014, rec. 129/2013  -EDJ 2014/124166-, en lo que aquí interesa que «la nueva redacción del precepto suprime la posibilidad de que mediante acuerdos interprofesionales o acuerdos o convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico se puedan establecer reglas que no reconozcan la prioridad aplicativa del convenio de empresa» y que «si bien pudiera limitar la facultad negociadora de las organizaciones sindicales más representativas de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, no supone, como alegan los recurrentes, que se vulnere el derecho a la negociación colectiva y, por ende, el derecho a la libertad sindical como contenido esencial de dicho derecho», porque fundamentalmente, porque «la Constitución no ha establecido un modelo determinado de negociación colectiva, habiendo experimentado su regulación diversas modificaciones a partir del sistema recogido en el texto inicial del Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo, ya que es un derecho de configuración legal, tal y como resulta del artículo 37.1 de la Constitución. No obstante, al formar parte el acceso a la negociación colectiva del contenido del derecho de libertad sindical - artículo 2.2 d) LOLS, - la regulación que se efectúe ha de respetar el citado derecho a la negociación colectiva» y porque «la prioridad aplicativa del convenio de empresa no priva a los sindicatos de intervenir en la negociación del mismo pues, como ya se ha consignado, están legitimadas para negociar las secciones sindicales, si así lo acordaren, siempre que cuenten con la mayoría de los miembros del comité de empresa o delegados de personal», debiendo apuntar que en ningún momento se hace referencia a otros tipos de convenios colectivos de aplicación prioritaria o preferente.

También el Tribunal Constitucional, en la sentencia núm. 119, de 16-7-14  -EDJ 2014/113359-, se pronuncia sobre la reforma, en la medida en que se impugnaba en el recurso el apartado tres del art.14 L 3/2012  -EDL 2012/130651-, que da nueva redacción al aptdo. 2 del art.84 ET  -EDL 1995/13475-, entendiendo que esta regulación vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios del art.37.1 CE  -EDL 1978/3879-, así como la libertad sindical, art.28.1 CE, en la medida en que el precepto impugnado establece, en primer lugar, la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre los convenios de ámbito superior en una serie de materias; en segundo lugar, que los convenios de empresa podrán ser negociados en cualquier momento de la vigencia de los convenios de ámbito superior; en tercer lugar, que los acuerdos interprofesionales y convenios colectivos sectoriales, a los que se refiere el art.83.2 LET, no podrán disponer de esta prioridad aplicativa de los convenios de empresa, pronunciándose al respecto, afirmando que «No existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva, sino que el art. 37.1 CE se limita a reconocer el derecho de negociación colectiva y a encomendar su garantía al legislador (mandato que ha llevado a cabo a través de la regulación contenida en el Título III LET), a señalar quiénes son los titulares del derecho (los representantes de los trabajadores y empresarios) y a establecer la eficacia del resultado de la actividad negocial (fuerza vinculante de los convenios). El legislador dispone, por tanto, de un extenso margen de libertad de configuración en el desarrollo del derecho a la negociación colectiva, como ya hemos advertido desde nuestra STC 11/1981, FJ 24  -EDJ 1981/11-. En este sentido, no hay que olvidar que la integración de los convenios colectivos en el sistema formal de fuentes del derecho, resultado del principio de unidad del ordenamiento jurídico, supone, entre otras consecuencias, -el respeto por la norma pactada del derecho necesario establecido por la Ley, que, en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para sí determinadas materias que quedan excluidas, por tanto, de la contratación colectiva- (STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 3  -EDJ 1985/58-)», «Siendo el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) un derecho de configuración legal, corresponde al legislador ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas de concurrencia y articulación de convenios; puede pues, en función de la opción que en cada momento considere más oportuna, ampliar o restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en la fijación de dichas reglas», para concluir indicando que «la preferencia aplicativa del convenio empresarial se reconoce en determinados aspectos ligados a la retribución, tiempo de trabajo y vacaciones, sistema de clasificación profesional, modalidades de contratación o conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Los objetivos finales pretendidos por esta opción legislativa son, nuevamente, la defensa de la productividad y viabilidad de la empresa y, en última instancia, del empleo; objetivos ambos que, como ya se ha señalado, entroncan directamente con derechos y principios constitucionales, como el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE) y el fomento del empleo (art. 40.1 CE), por lo que debe concluirse que la regulación impugnada responde a una finalidad constitucionalmente legítima», ni la regulación «excluye totalmente la intervención de la negociación colectiva para establecer la estructura de la negociación, pues la ley continúa permitiendo que los acuerdos interprofesionales puedan establecer -cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva-, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito» (art. 83.2 ET), ni «el art. 84.2 LET prohíbe que los convenios sectoriales regulen las materias sobre las que los posteriores convenios de empresa gozan de prioridad aplicativa. Por ello, las cláusulas de los convenios sectoriales sobre estas materias resultarán de aplicación, con eficacia erga omnes, en todas las empresas de su ámbito que no aprueben su propio convenio de empresa, lo que sin duda sucederá en un buen número de empresas, atendido el hecho notorio de que nuestro tejido empresarial se caracteriza por la abundancia de pequeñas empresas, que carecen de representación tanto unitaria como sindical, y que, por consiguiente, no pueden negociar sus propios convenios, razón por la que quedarán sujetas en todo caso a los convenios sectoriales, en virtud de la eficacia personal general de los mismos», concluyendo en última instancia que «la negociación de los convenios de empresa y de ámbito inferior, pueden ser negociados alternativamente por la representación unitaria y sindical en la empresa», de forma prioritaria por las secciones sindicales frente a los comités de empresa y delegados de personal, por lo que la modificación introducida por el art. 14.tres de la Ley 3/2012, en el art. 84.2 LET, «no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)», en la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior y en lo referido a la prohibición a los acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa, sin que en ninguna de sus manifestaciones haga referencia alguna a la prioridad aplicativa de otros convenios colectivos, en este caso los de franja que deberán quedar limitados o mejor dicho subordinados de forma obligatoria, sin que puedan regular aspectos en los que el convenio de empresa es prioritario, en las materias ya indicadas, posición que mantiene la doctrina científica, cuando afirma que «el art. 84.2 ET se refiere a la prioridad exclusivamente de un convenio colectivo estatutario del Titulo III, esto es, no se predica de acuerdos, pactos u otras figuras que están previstas en el Título I. Como es bien sabido, la referencia al convenio estatutario exige, entre otras cuestiones, que éste se haya registrado y publicado» y que «el precepto se refiere únicamente al convenio colectivo de empresa al reconocer la prioridad aplicativa absoluta parcial, si bien con posterioridad la extiende tanto a los convenios colectivos de grupo de empresas como a los de empresas vinculadas. No así respecto a los convenios colectivos de centro de trabajo o a los convenios colectivos de franja. Es decir, el convenio colectivo que tiene prioridad ante cualquier otro es precisamente el de nivel de empresa, si bien el de grupo de empresas o empresas vinculadas pueden tenerla respecto de convenios supraempresariales», Salvador Rey Guanter, la negociación colectiva a nivel de Empresa y, en particular, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de Empresa, en las XXVII Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva, siendo ello así, «el legislador actual apuesta de manera decidida por el convenio de empresa y su aplicación preferente sobre cualquier otro en las materias seleccionadas, y para ello, por un lado, elimina el carácter supletorio de su prioridad aplicativa (la referencia al pacto en contrario conforme a lo dispuesto en el art. 83.2 ET, con la que iniciaba el anterior art. 84.2 ET), y, por otro, dice con claridad absoluta que -los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado-. De esta forma, se confirma la tendencia iniciada en la reforma de 2011 de reservar un determinado ámbito competencial al convenio de empresa, que ahora se blinda como territorio propio de negociación empresarial», Lourdes Mella Méndez, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 33 (2013), la nueva estructura de la negociación colectiva en la Reforma Laboral de 2012 y su reflejo en los convenios colectivos existentes y posteriores a su entrada en vigor. Por todo ello se llega a una conclusión, la reforma laboral no ha introducido ninguna prioridad aplicativa a los convenios colectivos, distinta a los de empresa, no de centro de trabajo, franja u otros que pudieran pactarse y de igual forma se plasma en el nuevo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, BOE de 24 de octubre  -EDL 2015/182832-, en el que se mantiene el precepto en sus mismos términos, ya que si «el legislador hubiera querido establecer la prioridad aplicativa de unidades de fijación de condiciones de trabajo inferiores a la empresa lo hubiera así establecido de forma específica. Al respecto, se advierte la insistencia y reiteración en el precepto del concepto empresa en todas sus variantes como elemento vertebrador de la nueva regla de prioridad aplicativa de orden público. Y empresa no puede confundirse con centro de trabajo ni con lugar de trabajo. Pueden coincidir, o no. En todo caso, el centro de trabajo y el lugar de trabajo son conceptualmente distintos a la empresa, pues es aquella parte de la empresa a la que el trabajador se halla adscrito para desempeñar su cometido. El centro de trabajo, como ha tenido ocasión de señalar y recordar la STJUE 13 de mayo de 2015, C-392/13 (fdtos, 44, 45, 46)  -EDJ 2015/65758- en concepto plenamente trasladable al presente, es una entidad diferenciada que, en el marco de una empresa, tiene cierta permanencia y estabilidad, está adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y dispone de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas», STSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 3ª, 18-5-15, nº 469/15, rec. 197/15  -EDJ 2015/105815-, sin perjuicio de indicar por último que respecto de las materias reservadas a los mismos, no aparece la fijación de los conceptos extrasalariales, excepto en el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, donde no se excluyen, ni referencia alguna a la jornada de trabajo.

Es cuestión compleja resolver si la prioridad aplicativa del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- se extiende a las relaciones entre convenio colectivo de sector y convenios colectivos de ámbito inferior a la empresa (centro de trabajo, pluralidad de centros y franja). Respecto a la resolución de tal debate, existen criterios judiciales divergentes (en contra de la extensión; SAN 4-5-15, procedimiento nº 62/15. A favor, SAN 1-12-14, procedimiento número 259/14).

Los ámbitos inferiores de negociación están reconocidos en el art.87 ET  -EDL 1995/13475-. Existe, por ello, la posibilidad de que en una empresa conviva más de un convenio colectivo porque la normativa autoriza la existencia de los convenios de ámbito inferior a la empresa. Sin embargo, el convenio colectivo de empresa es la unidad negocial más generalizada, ya que representa el 74,17%. Los convenios infraempresariales suponen, aproximadamente, una cuarta parte de la totalidad de los convenios de ámbito empresarial.

La reforma de 2012 ha establecido la regla de la preferencia aplicativa del convenio de empresa frente al convenio de sector en determinadas materias estratégicas para la gestión flexible de las relaciones laborales. La cuestión por las que se nos pregunta es si podemos aplicar las reglas previstas en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- a la negociación colectiva de ámbito inferior a la empresa.

Resolviendo el conflicto, la interpretación literal y sistemática de referido artículo, y apartado, nos lleva a considerar que la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y que no se amplía esta referencia a otros espacios.

Expresa referido precepto (el subrayado es nuestro) que: La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa , que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art.83.2  -EDL 1995/13475-.

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1  -EDL 1995/13475-.

Se trata, la prevista, de una excepción a la prohibición de concurrencia entre convenios estatutarios establecida en el art.84.1ET  -EDL 1995/13475-. Dispone la prevalencia del «convenio de empresa», que es diferente a la regla general de prioridad temporal y esa prioridad se extiende, además, a los convenios de «grupo de empresas» o para una «pluralidad de empresas» vinculadas y nominativamente identificadas.

La excepción a la regla general descrita consiste en reconocer la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en la lista de materias referidas. Se permite, además, negociar un convenio colectivo de empresa en cualquier momento de la vigencia de los convenios colectivos de ámbito superior sin que sea necesario esperar a la finalización de la vigencia del convenio colectivo de ámbito superior.

Se procura descentralizar de esta forma la negociación colectiva para facilitar una negociación de las condiciones en un nivel más próximo y, por ello más adecuado, a la realidad de las empresas (EM RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-).

Pero en mi opinión, tal previsión, y privilegio, no puede extenderse más allá de sus términos: el convenio de empresa se aplica en las materias que se enumeran en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- con independencia del convenio que exista a nivel no solo superior sino también inferior porque la unidad de fijación de las condiciones de trabajo es el concepto empresa (empresa, grupos de empresas, empresas vinculadas). Esta unidad no puede, a su vez, ser fragmentada por la negociación colectiva empresarial en unidades privilegiadas inferiores de fijación de condiciones de trabajo (centro o centros de trabajo, convenio franja).

El legislador hubiera podido establecer la prioridad aplicativa de unidades de fijación de condiciones de trabajo inferiores a la empresa y no lo hizo. Al contrario, se insiste en el precepto en el concepto «empresa» en varios de sus apartados, que hemos, por ello, subrayado. Y partiendo de esta literalidad, el concepto empresa se diferencia del de centro de trabajo, que solo es aquella parte de la empresa a la que el trabajador se halla adscrito para desempeñar su cometido. Es cierto que, pese a que se defina jurídicamente el concepto de centro de trabajo en el art.1.5 ET  -EDL 1995/13475-, el legislador no siempre establece una nítida distinción entre empresa y centro de trabajo.

Se trata, en cualquier caso de conceptos diferentes. Según sentencia reciente del TJUE 13-5-15 (TJCE 2015, 24) , C-392/13 (fundamentos, 44, 45, 46)  -EDJ 2015/65758-, el concepto de centro es una entidad diferenciada que, en el marco de una empresa, tiene cierta permanencia y estabilidad, está adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y dispone de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y de un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas.

El Tribunal de Justicia precisó que los conceptos de «empresa» y de «centro de trabajo» son distintos y que el centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa. Sin perjuicio, claro está, de que puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias unidades distintas.

La unidad de fijación de condiciones es, insistimos, la «empresa», concepto diferenciado, y no otro inferior, si consideramos, además, que la prioridad aplicativa del convenio de empresa es un privilegio jurídico, una excepción a la regla general de prohibición de afectación y que supone la prevalencia de un tipo de convenio sobre los restantes.

Pudiera pensarse que el legislador no considerara necesario hacer extensiva, de forma explícita, la prioridad aplicativa del convenio de empresa al convenio de centro o franja porque la entendiera sobreentendida. Sin embargo, existen razones poderosas para entender que no se trató de una mera omisión consciente. Entre ellas, que si el precepto se contrae a la unidad «empresa», y no a otra inferior, es porque así se evitan abusos que desvirtúen la negociación colectiva, en empresas disgregadas en múltiples centros, en distintos territorios, o con centros de trabajo difusos (por ejemplo, empresas de vigilancia y seguridad que disponen de «lugares de trabajo»).

Creo también que, partiendo de la empresa como exclusiva unidad de fijación privilegiada, y no de las inferiores (convenio de centro de trabajo o "convenio franja") se protege el principio de igualdad, al reconocer a todos los trabajadores de la empresa, y por el mismo trabajo, las mismas condiciones. Se hace a partir de favorecimiento del principio de único convenio colectivo, que pretende evitar desigualdades para los trabajadores de una misma empresa.

Es la empresa y no el centro de trabajo, por tanto, la unidad de imputación para la regulación de todas las materias que se consideran primordiales si se trata de conseguir una gestión flexible. Es ésta la unidad de negociación que se puede proveer con un convenio propio y con preferencia aplicativa.

Se trata de una interpretación restrictiva, sin duda, y puede considerarse, al contrario, que si la intención del legislador, y su preferencia, es la de facilitar una negociación de las condiciones en un nivel «más próximo», y por ello adecuado a la realidad de las empresas (principio de proximidad), como expresa la EM RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-, debería utilizarse una interpretación amplia, de tal forma que si las partes negocian un convenio de ámbito inferior a la empresa, en este caso el convenio de centro sería entonces el «convenio más próximo».

También puede entenderse que rechazar esta última posibilidad significa un obstáculo importante para las empresas pluricelulares que tienen plantillas muy reducidas, ya que se les impide por esta vía alcanzar el objetivo de adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades concretas de la empresa. Considerando, además, la realidad negociadora de la unidad franja donde es posible que no haya convenio de empresa sino tan sólo la coexistencia de convenios franja que regulan las condiciones de trabajo de grupos diferenciados de trabajadores.

Pero, en el caso sobre el que se nos pregunta, no se trata de modificar las condiciones de trabajo, que sí permite tomar como referencia el centro de trabajo, sino de procurar la flexibilidad y la competitividad, y el propio legislador no ha podido ser más explícito al establecer el límite del privilegio que dispone, constriñéndolo a la empresa y no al centro o al convenio franja.

El criterio se extendería también, por lo tanto, a la concurrencia entre convenio de empresa y convenio de centro. Se produciría una situación de concurso prohibido si estando vigente un convenio de empresa, se negocia con posterioridad un convenio colectivo de centro de trabajo. En el supuesto descrito, tendría prioridad aplicativa el primero, convenio colectivo de empresa, sobre el convenio colectivo de centro y la vigencia de este último quedaría aplazada hasta que el convenio colectivo de empresa entrara en fase de ultraactividad.

El debate se situaría en otros términos si abordáramos la conveniencia de modificar el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- para dar cobertura formal al supuesto ahora controvertido, añadiendo, por ejemplo, al término «convenio de empresa» la expresión, «convenios de rango o ámbito inferior». Pero el planteamiento ya es «de lege ferenda», y no el actual, que parte de unos términos claros: «condiciones establecidas en un convenio de empresa».

Tal y como se señala en la cuestión planteada, tras la L 3/2012  -EDL 2012/130651-, se da una preferencia aplicativa al pacto colectivo de empresa, respecto a lo que puede considerarse como «núcleo duro» del convenio -que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios de ámbito superior, dice el nuevo precepto-, con respecto del convenio sectorial, estatal, autonómico, e incluso, de ámbito inferior. La alteración de las reglas existentes hasta ese momento, justificándose dicho cambio, según se dice en la EEMM, en que «la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa», que pasa así a convertirse en referente prioritario de la reforma, pasando a un lugar distante tanto la autonomía colectiva, como, conforme se ha señalado, los intentos de uniformidad de las condiciones de trabajo (Merino Segovia). La cuestión no es ya por tanto, la de la propia preferencia normativa, incluso lo que supone de intromisión o inmiscusión en el ámbito de la autotutela -en el fondo, toda regla de preferencia aplicativa o de solución externa de la concurrencia de convenios lo supone-, sino el ámbito en que ello se produce, desde una cuádruple perspectiva: a) En una situación de crisis, en la que el empleo, repitiendo la frase tópica, se convierte en un bien escaso y preciado, que dificulta el reequilibrio negociador; b) En un ámbito de relaciones laborales en el que prima la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente dificultad de actuación sindical y la fuerte presencia patronal; c) Y ello, adoptado, en un momento de regresión sindical, consecuencia de la misma crisis económica; d) Y finamente, en parte consecuencia de lo anterior, desoyendo las opiniones de los agentes sindicales y los anteriores acuerdos al respecto, decidiéndose desde una perspectiva claramente unilateral y apartada de todo consenso político ni social (lo que no augura horizontes de estabilidad a dicha medida).

Viene este prolegómeno a cuento a los efectos de justificar mi interpretación de la cuestión que se plantea, de esa preferencia «parcial» (es decir, respecto a determinados contenidos del convenio), del de empresa respecto a los de ámbito superior o incluso inferior, partiendo en todo caso de que nos encontramos ante una eventual concurrencia de convenios colectivos estatutarios (así lo recuerda Cruz Villalón, entre otros). Pues bien, si ya es discutible desde una perspectiva de un sistema democrático de relaciones laborales, esa interferencia política en la autonomía colectiva, que parece introducir una regla imperativa, apartándose de la posibilidad de adopción negociada por parte de los interlocutores sociales representativos de reglas de solución de la concurrencia de convenios, acogiéndose al art.83.2 y 3 ET  -EDL 1995/13475-, mucho más lo sería en ámbitos cada vez más cercanos al empleador, donde más dificultad de intervención sindical -o unitaria- sin duda existe, y donde las diferencias de trato, por más que se puedan intentar justificar, son más apreciables y evidentes, lo que evidencia situaciones que pueden ser de incremento de los desequilibrios, hacía arriba o hacia abajo.

Dicho lo anterior, y con esa «duda de pervivencia» del nuevo precepto estatutario, una vez que «se considere» por el poder político y/o económico, superada la situación creada por la crisis financiera, o que otro distinto equilibrio político y sindical conduzca a una eventual nueva regulación de la materia social, y sin entrar en una diversidad de cuestiones que pueden derivar de la utilización de esta técnica añadida de descuelgue del convenio, relacionada pues con lo que se señala en el art.82.3 ET  -EDL 1995/13475- (como efectos temporales de dicho acuerdo, impugnabilidad del mismo, control de oficio, ec), lo cierto es que:

a) El precepto, en su literalidad, alude de modo expreso, en mi opinión, a ámbitos que son, aparte de la misma concreta actividad, puramente territoriales, y por lo tanto, cuando se refiere a «otro de ámbito inferior», entiendo que debe de considerarse que el precepto se quiere referir a un ámbito territorial inferior al de ámbito estatal, o autonómico, es decir, claramente al provincial, o eventualmente, comarcal o local, menos frecuentes. Lo que, junto a suponer una interpretación coherente y lógica del precepto, es además acorde con que se pueda negociar excluirse de un ámbito en el que se está integrado (el territorial superior), por parte de quienes puedan tener legitimación suficiente para ello, pero que sin embargo, no parece razonable que puedan «incluir», dentro del ámbito de aplicación de ese convenio de empresa excluyente, a quienes no forman parte del ámbito de aplicación del convenio del que, sobre esas materias listadas, se acuerda la exclusión. No debe olvidarse que una cosa, muy discutible sin duda, es acordar que se aplique, con preferencia a lo dispuesto en el convenio de ámbito superior a la empresa que rige en la misma, lo acordado al efecto sobre determinadas materias listadas en el art.84,2 ET  -EDL 1995/13475-, y otra bien distinta, sin soporte normativo en mi opinión, pretender que se aplique también esa nueva regulación contenida en el «acuerdo de exclusión», a ámbitos que no estaban regulados por el convenio de ámbito superior a la empresa. Pues ni es lo que parece querer la norma, ni además, se debe insistir, existe legitimación alguna para entrometerse en el ámbito regulador de un convenio preexistente, no sometido a la vigencia del convenio que, sobre ciertas materias, deja de aplicarse.

b) Añadido a lo anterior, no debe olvidarse que las reglas de legitimación para convenir estatutariamente (ET art.87  -EDL 1995/13475-) no han sido modificadas por el afán reformador. Y en su consecuencia, es lo lógico deducir que, en el ámbito de empresa, nos encontremos con legitimaciones distintas de las que permitieron convenir a nivel de mero centro de trabajo, o de franja de trabajadores, lo que haría inviable esa pretensión de «incluir dentro de su ámbito de exclusión» a quienes no representan suficientemente. Lo que, en otro caso, conduciría a una situación de evidente distorsión, tanto normativa, como de representatividad, que resultaría de muy difícil encaje.

c) Por último, entiendo que debe de tomarse como referente interpretativo, que conduzca a una evaluación normativa acorde a exigencias constitucionales, la primacía que deriva tanto de los art.28 y 37 CE como de los compromisos internacionales, que comporta la interpretación de la legalidad ordinaria, si no colisiona con tales preceptos, en el sentido menos restrictivo del ejercicio del derecho. Y en su consecuencia, que no se deba realizar una interpretación extensiva de una norma que, en cuanto es intervencionista y limitadora, por más que se justifique en razones de interés general o de la incidencia sobre el empleo de la crisis (Exposición de Motivos de la L 3/2012  -EDL 2012/130651-), del libre derecho de negociación colectiva por parte de los interlocutores sociales. Y en su consecuencia, no pareciendo admisible una interpretación extensiva de la limitación que del art.83 ET  -EDL 1995/13475- comporta la nueva redacción del precepto comentado, que regula como una facultad de los sujetos colectivos negociadores con legitimación adecuada y suficiente, la de fijar el ámbito de aplicación del pacto colectivo (el que «las partes acuerden», art. 83.1 ET) y la de articular, si tienen legitimación suficiente para ello, la estructura de la negociación colectiva.

El tiempo próximo nos dirá sobre la pervivencia del precepto, y por supuesto, sobre su interpretación judicial.

Entendemos que la prioridad aplicativa del convenio de empresa prevista en el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- no puede extenderse a los convenios de ámbito inferior a la empresa, ya sea convenios de centro de trabajo o convenios franja.

No parece que sea esa la voluntad del legislador, cuando en el primer párrafo del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- se refiere expresamente a los convenios de empresa, y en el penúltimo párrafo señala, específicamente, que esa misma prioridad aplicativa tendrán los convenios colectivos para un grupo de empresa o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1º ET, sin contener mención alguna a los convenios colectivos de ámbito inferior al de empresa, pese a que el citado art.87.1º ya contiene una referencia singular a este tipo de convenios de ámbito inferior, tanto en su párrafo primero como en el cuarto en referencia a los convenios franja para un grupo de trabajadores con perfil profesional específico.

Queremos decir con ello, que el legislador ha contemplado de manera expresa, singular y específica la relación entre el art.84.2º y el art.87.1º ET  -EDL 1995/13475-, aplicando la prioridad del art.84.2º a los convenios colectivos de ámbito superior al de empresa del art.87.1º, pero sin hacer esa misma extensión a los convenios de ámbito inferior al de empresa que igualmente regula ese mismo art.87.1º ET.

Exclusión que sin duda no es un simple olvido del legislador, sino la manifestación expresa de la voluntad de no querer extender más allá esa novedosa normativa sobre la prioridad del convenio colectivo de empresa, haciéndola descender incluso a niveles inferiores al de empresa.

Siendo esta novedad legislativa una de las reformas más relevantes y trascendentes de las contenidas en la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-, parece evidente que no se ha atrevido el legislador a dar el paso de llevas estos efectos flexibilizadores de la negociación colectiva al ámbito inferior al de empresa.

Desde la perspectiva de un análisis de la eventual inconstitucionalidad de esa posibilidad, la lectura de la STC 12-1-15 no permite despejar las dudas sobre el alcance constitucional de la hipotética prioridad aplicativa de convenios inferiores al ámbito de empresa.

Como en la misma se dice, resulta «incuestionable que la descentralización de la negociación colectiva constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pretender, atendiendo a las consideraciones de política social y económica que estime relevantes, la modificación introducida por el art. 14.tres de la Ley 3/2012  -EDL 2012/130651- en el art. 84.2 LET  -EDL 1995/13475-, tanto en lo relativo a la posibilidad de negociación de convenios de empresa dotados de prioridad aplicativa en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial de ámbito superior, como en lo referido a la prohibición de acuerdos interprofesionales y a los convenios colectivos sectoriales de disponer de tal prioridad aplicativa , no vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE  -EDL 1978/3879-), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE)».

Tras lo que seguidamente se afirma con rotundidad que «al legislador le corresponde ordenar los resultados del proceso de negociación y determinar las reglas de concurrencia y articulación de los convenios, pudiendo ampliar o restringir el margen de intervención de la autonomía colectiva en función de la opción que en cada momento considere más oportuna»; concluyendo definitivamente que esa opción «no vulnera el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE  -EDL 1978/3879-), ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 CE), teniendo en cuenta que no existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva; que respecto de esta última el legislador tiene libertad de configuración para fijar su estructura y ordenación, y que del Texto Fundamental no se deduce tampoco que la negociación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores».

Razonamientos de los que parecería desprenderse en una primera aproximación carente de mayor profundidad analítica, que el Tribunal Constitucional hubiere considerado igualmente ajustada a la Constitución la eventual prioridad aplicativa de convenio colectivos de ámbito inferior al de la empresa, si es que el legislador hubiere optado por esa solución.

No es por lo tanto este el camino para llegar a nuestra conclusión, sino simplemente la mera interpretación de las normas de legalidad ordinaria.

De haber sido voluntad del legislador extender esa posibilidad a los convenios de ámbito inferior al de la empresa debería de haberlo establecido de forma expresa en el art.84.2º ET  -EDL 1995/13475-, de la misma forma que así lo hace para los convenios de ámbito superior de grupos o pluralidad de empresas vinculadas, en aquella referencia al art.87.1º ET en el que se regulan igualmente los convenios de ámbito inferior al de empresa.

Es cierto que esta conclusión podría considerarse contraria a lo que se indica en la Exposición de Motivos de la L 3/2012  -EDL 2012/130651-, cuando explica que la novedad que ahora se incorpora va encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores, lo que podría interpretarse como una voluntad de permitir incluso la prioridad aplicativa de los convenios de ámbito inferior al de empresa por ser el nivel más cercano a la realidad empresarial.

Pero el mecanismo para ajustar la realidad empresarial a ese marco más cercano de cada uno de sus centros de trabajo lo encontramos en el art.82.3º ET  -EDL 1995/13475-, que al regular el descuelgue, nos dice expresamente que se trata de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, «sea este de sector o de empresa», lo que permitiría el descuelgue del convenio de la propia empresa en alguno de sus centros de trabajo.

Esa referencia al convenio de empresa en el descuelgue, es el mecanismo que ha habilitado el legislador para poder ajustar a los niveles más cercanos de la realidad empresarial en cada centro de trabajo lo previsto en el convenio colectivo aplicable, cuando es el de empresa.

I) Planteamiento de la cuestión: incidencia de la reforma laboral de 2012 en tres factores clave de la negociación colectiva

El convenio colectivo de ámbito sectorial suele acordar los niveles retributivos y demás condiciones laborales esenciales, pero ocurre que las situaciones económicas pueden ser muy heterogéneas en las empresas afectadas por el mismo. Partiendo de que la negociación colectiva debe ser un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a la productividad y competitividad empresarial, y demás circunstancias de la empresa, y a fin de facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, propiciando así la viabilidad económica del proyecto empresarial, la reforma laboral del 2012, primero a través del RDL 3/2012  -EDL 2012/6702-, y luego con la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-, y como se desprende de sus respectivas Exposiciones de Motivos, incorpora una serie de modificaciones como son, en primer lugar, el régimen del descuelgue de los convenios colectivos estatutarios (sectoriales o de empresa) regulados en el título III del ET  -EDL 1995/13475-, para que, ante la falta de acuerdo y solución del conflicto por otras vías autónomas, facilitando de este modo el desbloqueo, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (en adelante CCNCC) u órganos similares de las Comunidades Autónomas. A tal fin, se da nueva redacción a la Disp.Final 2ª ET (redacción dada por la disposición adicional quinta de la L 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  -EDL 2012/130651-) pasando la CCNCC, como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de carácter tripartito y paritario e integrado por representantes de la Administración General del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a asumir funciones no solo en materia de asesoramiento, estudio, información y consulta sobre la negociación colectiva, sino también, y en esto reside la novedad, de «intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de desacuerdo en el periodo de consultas para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3 de esta Ley».

La segunda modificación, que es la determinante para resolver la cuestión debatida en este Foro, se refiere a la descentralización de la estructura de la negociación colectiva favoreciendo el nivel de empresa, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión flexible de las condiciones de trabajo, disponiendo ahora el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.

La tercera modificación se refiere a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo, pretendiendo el legislador evitar una «petrificación» de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio, previniendo ahora el art.86.3 ET  -EDL 1995/13475- que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia, y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.

II) Constitucionalidad de la reforma laboral de 2012 y del modelo de negociación colectiva

El RDL 7/2011  -EDL 2011/95328- había previsto que, salvo que un acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado según el art.83.2 ET  -EDL 1995/13475- estableciera reglas distintas sobre estructura de la negociación colectiva o concurrencia entre convenios, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendría prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en una serie de materias. Pero la L 3/2012  -EDL 2012/130651- corrigió esa solución y dio un paso más de manera que ahora el art.84.2 ET dispone que los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art. 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa del convenio de empresa.

En otras palabras, la prioridad aplicativa del convenio de empresa ya no es una regla dispositiva para los convenios colectivos de ámbito estatal o autonómico, aclarando las SSTC 119/14, de 16 julio  -EDJ 2014/113359-, y 8/15, de 22 enero  -EDJ 2015/2020-, así como la STS de 26-3-14, rec. 129/13  -EDJ 2014/124166-, que la prioridad del convenio colectivo de empresa y la prohibición a los convenios colectivos sectoriales y acuerdos interprofesionales de disponer de tal prioridad aplicativa no vulnera la Constitución y son compatibles con la negociación colectiva y la libertad sindical. La Carta Magna no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, ni más concretamente, de negociación colectiva, correspondiéndole al legislador estatal, en el ejercicio de las funciones que la propia Constitución  -EDL 1978/3878- le confiere, configurar el que considere más idóneo en cada momento (STC 11/81, de 8 abril, FJ 7  -EDJ 1981/11-). Aun siendo el sindicato una pieza clave de nuestro sistema de relaciones laborales tan legítima resulta desde el punto de vista constitucional la opción legislativa que otorgue prioridad a la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, como aquella otra que considere oportuno dar preferencia aplicativa al convenio de empresa para ajustar las condiciones de trabajo a la concreta realidad y necesidades de la entidad empresarial. La opción del legislador en el actual escenario político, y como respuesta a la crisis económica global que en España ha incidido muy negativamente en el empleo, ha sido dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada sobre el resultado de una negociación centralizada, asumiendo como prioritario el de la «cercanía del representante a la empresa, sobre el de su lejanía», en lo tocante a la regulación de condiciones de trabajo sobre determinadas materias.

Y es que, en efecto, nuestro marco constitucional ha optado por un modelo plural de negociación colectiva en el que el legislador tiene libertad de elección y, en dicho marco, constan como elementos a elegir y determinar tanto la ordenación de la estructura como la propia articulación de la negociación colectiva. El legislador goza de un amplio margen de libertad para delimitar, como derecho necesario, aspectos de la estructura, contenido, alcance y límites de la negociación colectiva, en razón de la superior posición que ocupa la ley en la jerarquía normativa. De ello, se puede concluir que una regulación que prioriza el convenio de empresa no va necesariamente en contra de lo previsto en los convenios 87 y 98 de la OIT.

III) La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y no alcanza a los convenios de ámbito inferior a la empresa

El art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- establece de un lado que la regulación que se desarrolle en un convenio colectivo de empresa, el cual se puede negociar en cualquier momento durante la vigencia de un convenio colectivo superior, haciendo inaplicables con ello las reglas sobre concurrencia de convenios previstas en el art.84.1 ET, tendrá prioridad absoluta sobre lo reglado en convenio colectivo superior o sectorial y, por otro, que dicha prioridad es aplicable a determinadas condiciones de trabajo, no a cualquiera. Dicha prioridad se extiende a los convenios colectivos de grupos de empresa o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el art.87.1 ET.

Los términos de redacción del precepto permiten que el convenio colectivo de empresa se pueda negociar antes, durante y después de un convenio sectorial, eliminando la norma clásica de concurrencia prior tempore.

La doctrina científica parece convenir [así, Del Rey Guanter, XXVII Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva, Madrid, 10 diciembre 2014] en que la exégesis del art. 84.2 ET  -EDL 1995/13475- contiene una prioridad absoluta parcial, en cuanto referido a determinadas materias, entre las cuales no están contempladas la estructura salarial, los conceptos extrasalariales y la jornada, respecto exclusivamente de un convenio colectivo estatutario del Título III, esto es, no se predica de acuerdos, pactos u otras figuras que están previstas en el Título I, y su ámbito de aplicación se circunscribe al convenio colectivo de empresa, y por extensión, a los convenios colectivos de grupo de empresas y de empresas vinculadas, pero no así a los convenios colectivos ámbito inferior a la empresa que menciona el art.87.1 ET, ya se trate de unidades de carácter vertical (tales como los convenios de departamento, sección o centro de trabajo de una empresa, ex - art.1.5 ET) u horizontal, esto es, convenios colectivos de franja dirigidos a un grupo de trabajadores homogéneo desde el punto de vista de un perfil profesional específico (pilotos de líneas aéreas, médicos, jugadores profesionales).

Por otra parte, ya no es solo que la literalidad del aptdo. 2 del art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- no ha querido incluir a los convenios de ámbito inferior a la empresa dentro de la preferencia, sino que el precepto, en cuanto manifestación de una excepción o privilegio a la norma general sobre concurrencia de convenios referida en su apartado precedente, conduce indefectiblemente a la conclusión de que la voluntad inequívoca del legislador ha sido la de no dar a los convenios infraempresariales el mismo tratamiento que a los convenios de ámbito de empresa. La descentralización de la negociación colectiva lo es primando al ámbito empresarial para promocionar su adaptabilidad a las exigencias del mercado en materias clave para la competitividad y la productividad empresarial, si bien la prioridad aplicativa solo es predicable de las materias listadas y sin alcanzar a los convenios de ámbito inferior a la empresa. Expandir la solución más allá del ámbito legal sería tanto como contradecir la intención del legislador.

En suma, cuando el art.84.2 ET  -EDL 1995/13475- establece la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa sólo se refiere al ámbito de la empresa y de manera deliberada no completa esta referencia haciendo mención a otros espacios de negociación con expresiones tales como «otros convenios de ámbito inferior».

La solución que propugnamos viene respaldada por sentencia de la Sala de lo Social del AN 4-5-15, demanda 62/15  -EDJ 2015/73610-, afirmando que:

«Con arreglo al precepto reproducido [art.84.2 ET  -EDL 1995/13475-] el Convenio de empresa puede negociarse en cualquier momento aún cuando hubiere un Convenio en vigor, de lo que cabe inferir que en todo caso existe un deber de negociar el Convenio de empresa, deber este que no es predicable de igual forma respecto del convenio de ámbito inferior si existe un convenio en vigor, de manera que en este caso tanto la empresa como los representantes de los representantes de los trabajadores puedan rehusar acudir a la negociación (art. 89.1 E.T). Igualmente es de reseñar que la prioridad aplicativa del Convenio de empresa sobre el de ámbito superior en aquellas materias que relaciona el referido art. 84.2 E.T, hace que el proceso de conformación de la voluntad de las partes en la negociación de este instrumento normativo no pueda resultar válido para la adopción de un instrumento de ámbito inferior que carece de tal preferencia.»

Lefebvre - EL Derecho no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación

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